MÉXICO: EN EL PENAL DE QUERÉTARO

<Mujer, indígena y pobre
El caso increíble de doña Jacinta, condenada a 21 años por secuestrar a seis policías mexicanos


PABLO ORDAZ 28/06/2009
Doña Jacinta tiene 48 años -o tal vez 47, no se acuerda muy bien-, seis hijos, otros tantos nietos, un idioma en el que se expresa a la perfección, el otomí, otro en el que lo intenta, el español, y un puesto ambulante en el que desafía al persistente sol de Querétaro vendiendo nieve y aguas frescas. Mejor dicho, desafiaba. Porque desde hace tres veranos, desde que tenía 45 años -o tal vez 44- la indígena doña Jacinta está en la cárcel, acusada -ella que apenas mide un metro y medio de estatura- de secuestrar a seis corpulentos agentes de la policía federal mexicana. Si su dios no lo remedia, la señora de las nieves y de las aguas frescas pasará las próximas dos décadas en prisión condenada por un delito que nadie, salvo una persona, cree que cometió. La mala suerte de doña Jacinta es que esa persona es el juez.

Todo empezó el 26 de marzo de 2006. Aquel domingo, seis policías de la Agencia Federal de Investigación, sin uniformes ni placas que los acreditasen como tales, llegaron al tianguis -así se le llama aquí a los mercados ambulantes desde mucho antes de que a Hernán Cortés le diera por viajar- de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán y arramblaron con diversa mercancía bajo el pretexto de que se trataba de piratería. Los comerciantes se enfadaron, los rodearon y les pidieron la identificación. Los policías se negaron. La tensión creció. Llegaron más policías. También llegaron más vendedores ambulantes. La situación se iba poniendo cada vez más fea hasta que a uno de los jefes policiales se le ocurrió una solución: pagarían los destrozos causados y aquí paz y después gloria. A los comerciantes les pareció bien. Los policías dijeron entonces: "Nos vamos a buscar el dinero". Y los comerciantes respondieron: "Está bien. Pero que uno de los policías se quede para asegurarnos de que ustedes respetan el trato". Le tocó quedarse en prenda al agente Jorge Cervantes Peñuelas.

En el otro extremo de la plaza, sin percatarse del alboroto, se encontraba doña Jacinta vendiendo su nieve y sus aguas frescas. Había llegado temprano, pero en cuanto sintió la última campanada para la misa de once, dejó a una de sus hijas encargada del puesto y entró en la iglesia. Después del rezo, doña Jacinta ya no se movió de su lugar de trabajo hasta un poco antes del atardecer. "Tenía que ir a la farmacia a ponerme una inyección", recuerda, "y le pedí a otra de mis hijas que me acompañara porque yo no sé pronunciar bien el nombre de las medicinas y me daba pena equivocarme delante de la gente". Fue allí, mientras la inyectaban, donde la señora se enteró de la actuación de la policía y de la respuesta indignada de los comerciantes. "Cuando salí me acerqué a ver qué estaba pasando". La llegada de doña Jacinta al lugar del alboroto coincidió con el regreso de los policías que habían ido a por el dinero. Con ellos llegó un fotógrafo de un periódico de Querétaro.

Han pasado casi tres años. Doña Jacinta cuenta la historia en el patio de la prisión de mujeres de Querétaro. Lo hace de forma cronológica, sin olvidarse de ningún detalle, juntando unas frases con otras al ritmo de su desesperación. Cuenta que aquella noche se fue a su casa con su familia y que nada extraño sucedió hasta tres meses después, hasta aquel maldito 3 de agosto de 2006 que ya no se le borrará de la memoria. "Aquella tarde, cuando llegué a mi casa, ya estaban los policías. Me preguntaron: ¿tú eres Jacinta? Cuando les dije que sí, me detuvieron. Habían venido a por mí con armas y camionetas. No tuve miedo, porque sabía que no había hecho nada malo. Me dijeron que me llevaban a declarar por la tala de un árbol. Pero el conductor iba manejando muy feo, dando volantazos, frenando y acelerando. Uno de los agentes me preguntó: '¿Y tú de qué religión eres? Seguro que has votado al PRD [el partido de la izquierda mexicana]'. Le respondí que soy católica y entonces me respondió: 'Ah, disculpa'. Saqué mi rosario y empecé a rezar lo poquito que me sé de memoria. Cuando llegué al juzgado tuve que firmar muchos papeles escritos en español, papeles que no entendía". Cuando, después de mucho rato, la señora se atrevió a preguntar por qué estaba allí, la respuesta la dejó helada:

-Por secuestrar a seis policías federales.

Doña Jacinta no mide más de un metro y medio. Dice que la comida de la prisión no le gusta y que por eso ha adelgazado, pero que cuando entró pesaba más de 80 kilos. Un perfil difícil de compaginar con la acusación de secuestradora de seis policías de élite, fuertes, entrenados para forcejear con delincuentes. Nada de eso actuó en su defensa. Ni siquiera el hecho de que, en sus primeras declaraciones, ninguno de los policías hablaran de ella ni de nadie que se le parezca. Sólo mucho tiempo después los investigadores repararon en que aquel fotógrafo de Querétaro había tomado una instantánea de los minutos finales del incidente. Y allí, en tercera o cuarta fila, aparecía doña Jacinta, en la actitud pacífica del que mira, del que sólo pasaba por allí. Pero la identificaron, averiguaron dónde vivía y fueron a por ella. El proceso judicial desembocó en una condena de 21 años de prisión por el secuestro de los seis agentes.

Todo este relato, todo lo que se cuenta aquí, fue transcurriendo en el más absoluto silencio -semana tras semana, mes tras mes- hasta que una organización mexicana de Derechos Humanos, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, decidió intervenir. Y ahora doña Jacinta, al menos, alberga cierta esperanza. Animada por esa ilusión, en este rincón del patio de la cárcel, huyendo del mismo sol que ella desafiaba con sus nieves y aguas frescas, la mujer indígena va contando su vida, que es la de miles de Jacintas más. Que empezó a vender chicles por las calles del Distrito Federal a los siete años, que no fue a la escuela porque sus padres no tenían dinero para zapatos ni para cuadernos, que a los 10 años la pusieron a cuidar borregos, que a los 14 tuvo su primer novio, que se fue con él a los 15, que tuvo a su primera hija a los 16. Que nunca aprendió español ni supo, hasta que estuvo detenida, qué significaba la palabra abogado o la palabra pruebas. También cuenta que hasta los 45 años -o tal vez 44- fue feliz. Que hasta entonces -eso no lo dice ella, pero hay mil estadísticas que lo demuestran-no había probado el sabor amargo que tienen en México esos tres ingredientes juntos: mujer, indígena y pobre.


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Ruanda: Los tribunales "Gacaca"

Os presento este interesante artículo sobre los tribunales "Gacaca" en Ruanda donde se enlazan experiencias exitosas en materia de derechos consuetudinario, justicia restaurativa y penas alternativas en un tema tan complejo como el genocidio contra los Tutsi ocurrido en Ruanda


www.vientosur.info

Hélène Dumas

[Hélène Dumas, que observó durante meses el desarrollo de los procesos, analiza la puesta en marcha del sistema judicial “gacaca” en Ruanda, en un contexto en que la impunidad de los crímenes cometidos desde 1959 contra los Tutsi es considerada una de las causas del genocidio].


“¿Cómo administrar esta memoria del genocidio considerando, primero, los horrores, y segundo, que estos horrores no habían sido dichos?” José Kagabo


Por la mañana de un jueves de octubre de 20071, en la oficina del Sector de Kanyinya, se prepara la sesión semanal de la gacaca. Los jueces revisan los dossiers, el Servicio nacional de prisiones ha trasladado su lote de presos, en uniforme rosa, convocados para los procesos del día como acusados o como testigos. También están ahí los demás actores: los antiguos milicianos Interahamwe hoy arrepentidos y libres2; mujeres, muchas mujeres, llamadas en su mayor parte para testimoniar sobre las actividades de los acusados durante el genocidio; y los supervivientes. Su número se reduce, según los procesos, a dos o tres viudas. Los asistentes afluyen con cuentagotas, se forman grupos, sentados en la hierba, protegidos por los coloreados paraguas de las mujeres o por la sombra frágil de un viejo árbol. En este pequeño gentío, abigarrado pero silencioso, nada deja presagiar la gravedad de los hechos que van a ser examinados cuando haga su entrada el tribunal. Los turistas que pasan de excursión de camino al parque natural de los Virunta –donde viven una parte de los últimos gorilas de montaña- se llevan, de esta visión fugaz al borde de la carretera, una foto pintoresca, una imagen bucólica, una instantánea simpática del encuentro africano.
Sin embargo, hoy se prepara el proceso a trece hombres, todos acusados de participación en el genocidio. Una de las dos únicas supervivientes del grupo de Nyarumama espera conocer las circunstancias de la muerte de su marido. Está sentada en el banco de los demandantes, a la izquierda de la mesa central donde se reúnen los siete jueces del tribunal. Enfrente los acusados, todos libres, tan numerosos hoy que apenas caben en el banquillo. Los jueces hacen su aparición, con un pañuelo con los colores de la bandera nacional alrededor del pecho. Los asistentes se levantan, la sesión se abre con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del genocidio. Ese día los procesos se encadenan durante siete horas, descubriendo la intimidad de la masacre, la complejidad de las relaciones sociales y familiares engendrada por las estrategias de defensa o de acusación de unos y otros, la dificultad de establecer los hechos, el ejercicio peligroso del derecho aplicado por ciudadanos no juristas.
Estos miles de tribunales a cielo abierto encarnan las múltiples facetas de la política de reconciliación nacional en Ruanda, donde la exigencia de justicia y el imperativo de coexistencia social no parecen de entrada contradictorias. Más allá de su vocación judicial y reconciliadora, los tribunales gacaca resultan ser también una empresa historiográfica del genocidio. Los decenas de miles de procesos que han tenido lugar entre marzo de 2005 y diciembre de 2007 han sacado a la luz la realidad del crimen a escala local. Por primera vez desde 1994, la población está siendo invitada a reconstruir con todo detalle las escenas de las masacres y saqueos, llevados a cabo con unas formas particulares, presentadas como el resurgimiento de un modelo tradicional. La originalidad de la política de justicia en Ruanda tiene su origen en la singularidad del propio genocidio: planificado dentro de la jerarquía militar y política, su ejecución requirió la participación de la población en proporciones considerables3. Esta característica engendra por consiguiente un contencioso judicial sin precedentes. ¿Cómo juzgar al conjunto de responsables y ejecutores del genocidio? ¿Y cómo asegurar las condiciones de una coexistencia no violenta entre víctimas y verdugos? ¿Y todavía más, cómo establecer, por medio del descubrimiento de la verdad conseguida en los procesos, un relato histórico común de la catástrofe que sea una revisión completa del relato nacional? A estas cuestiones se enfrenta la sociedad ruandesa tras el genocidio. Las vías elaboradas para responderlas ponen por delante el imperativo judicial frente a cualquier forma de amnistía, que sería percibida como una prolongación de la impunidad4, analizada por su parte como uno de los factores decisivos que condujeron al genocidio de abril de 1994.
La atención concedida al aspecto judicial de la reconciliación encuentra expresión normativa en la primera Ley Orgánica del 26 de enero de 2001, que supuso la creación y organización de los tribunales gacaca. Otras dos Leyes posteriores, de junio de 2004 y marzo de 2007, disponen la organización de estos tribunales. Priorizan los procedimientos de confesión y los alegatos de culpabilidad y fomentan la aplicación de penas alternativas a la cárcel5. Hay que analizar por tanto la institución de los tribunales gacaca como un elemento central de la política nacional de reconciliación. Forman parte además de un dispositivo más amplio, en el que la vuelta al pasado constituye una referencia fundamental. A la escala más reducida de los procesos propiamente dichos, los diferentes actores (jueces, acusados, víctimas y testigos) interpretan de forma compleja las consignas de la política nacional. Así, las vehementes discusiones que tienen lugar a veces entre el tribunal de la gacaca y los supervivientes, sobre el objetivo de los juicios –entre el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y el cuidado por establecer los hechos de la forma más objetiva posible, que incluye dar crédito a la palabra del acusado (sesión Kanyinya, 8/11/07)- muestran interpretaciones divergentes de la exortación a la reconciliación. Lo mismo ocurre con las demandas de perdón más o menos estereotipadas de los acusados, preocupados por cuidar de su suerte ante el tribunal.


Castigar el crimen: un imperativo jurídico e histórico

El acento dado al aspecto judicial de la reconciliación nacional en Ruanda después del genocidio es resultado de un doble imperativo, a la vez jurídico e histórico. La misma naturaleza del crimen cometido requiere una respuesta de tipo judicial, de la que es testimonio a escala internacional la puesta en pie del TPIR [Tribunal Penal Internacional para Ruanda] en noviembre de 1994. Este Tribunal se encarga de perseguir y juzgar a los principales instigadores del genocidio, por lo que su actividad resulta marginal respecto a la masa de ejecutantes implicados en el mismo6. Su impacto sobre la reconciliación nacional está también sujeta a caución, en la medida en que su trabajo es poco conocido en Ruanda7. El trabajo del TPIR, cuyas competencias se reducen a la persecución y el juicio de los grandes responsables políticos, militares o mediáticos, interfiere poco en las actividades de los tribunales gacaca. En fin, el interés por el TPIR disminuye a medida que se acerca el final del plazo de su mandato, a finales de este año.
Por otra parte, una de las justificaciones para la puesta en pie de los tribunales gacaca consiste en la voluntad proclamada de erradicar la “cultura de la impunidad”. La Ley del 20 de mayo de 1963 es clarificadora de este punto de vista. Esa Ley otorgó la amnistía a todos los autores de los crímenes cometidos en 1959 y presentó las masacres cometidas contra los Tutsi como un acontecimiento fundamental en la lucha por la independencia del país. Fue el acto fundacional de una “cultura de impunidad” alimentada desde la independencia y que perduró hasta el genocidio de 1994, con formas más o menos atenuadas8. La implantación de los tribunales gacaca vino a romper con prácticas que tendían a legitimar las masacres. Este es también un leitmotiv en las declaraciones tanto de presos como de supervivientes, o incluso de los jueces de gacaca. Un detenido de la prisión central de Kigali interrogado en 2004 da cuenta de la banalización de los crímenes cometidos contra los Tutsi: “Tenemos confianza en gacaca. El pueblo humilde ha sido manipulado, era una costumbre hacer matanzas, no se pensaba que habría persecución por ello” 9. Otro eco, cuando en un proceso un juez interroga a un acusado: “No tenías miedo, no sabías que llegaría este momento de estar ante nosotros, y tampoco podías saber que llegaría el momento en que serías interrogado” 10. La lucha contra la impunidad muestra así en parte la dimensión punitiva de los tribunales gacaca.


El recurso a la tradición como crisol de la unidad nacional

Los tribunales gacaca son presentados como el resurgimiento de un modelo “tradicional” de arreglo de conflictos. Aunque están muy alejados de sus antepasados, tanto por los crímenes que abordan como por los muchos aspectos tomados del ritual judicial moderno. Sin embargo, este recurso al argumento de la tradición no es un simple invento. No sólo corresponde al gusto de los donantes de fondos por reactivar los llamados mecanismos “tradicionales” para resolver conflictos, sino que forma parte de un proceso general de redefinición de la historia nacional ruandesa. Desde la toma del poder por el Frente patriótico ruandés en julio de 1994, las nuevas autoridades ruandesas vienen desarrollando su propio análisis del pasado y lo quieren imponer por diversos medios (la educación nacional, los campos de solidaridad, los medios de comunicación, el Día de los Héroes). La desaparición de cualquier referencia étnica en la vida pública, la condena del “divisionismo” y de la “ideología genocida” forman parte del arsenal retórico y político puesto en pié para yugular el espectro de la división étnica que llevó al genocidio. La división inculcada por el colonialismo hizo estallar la unidad originaria de Ruanda y de su pueblo. El gobierno ruandés preconiza actualmente un nacionalismo que bebe en la fuente de la unidad. En este contexto, la “tradición” encarna el crisol inmemorial de la nación ruandesa, susceptible de aportar una solución a las trágicas divisiones de la historia. En el plano nacional, los tribunales gacaca forman parte del proceso de gestación de un nuevo relato nacional, en el que ocupa un papel vertebrador la tradición ruandesa del pasado precolonial.
Modelados por una tradición idealizada y magnificada, los tribunales gacaca se ven sin embargo confrontados en su funcionamiento concreto a la modernidad del crimen de genocidio. La vuelta al pasado se libera entonces de las asépticas consignas sobre la reconciliación nacional, puesto que debe evocar el recuerdo del racismo étnico, la descripción de la masacre, las condiciones de la supervivencia.


El genocidio en los procesos

Por primera vez desde 1994, todos los actores sociales están reunidos para recordar los acontecimientos. Con sus voces, sus preguntas, sus declaraciones, va tomando forma el mosaico de la historia del genocidio. Durante los procesos, las técnicas de movilización de los asesinos, las prácticas de asesinato, las formas de resistencia presentan características comunes de uno lugar a otro del país. La progresiva–y muy laboriosa- actualización de los hechos funde el magma de las historias individuales para hacer advenir una historia colectiva del genocidio. Se presentan a continuación algunos de los rasgos más significativos de los procesos seguidos en 2006 y 2007.


Los grupos de atacantes11

Cuando el secretario de la gacaca procede a la lectura pública del dossier del acusado, enumera los crímenes de que se le acusa. En los casos observados, se trata casi exclusivamente de participación en grupos de atacantes. Las masacres fueron ejecutados colectivamente y la tarea de los jueces consiste en definir el papel preciso del acusado dentro de su grupo. Parece ser que el número de miembros fue bastante elevado en la medida en que para cada uno de los “ataques” se pide al acusado que denuncie a sus “cómplices”, muchas veces presentes en las sesiones. Según los testimonios, estos “ibitero” se constituyen dentro de cada grupo. Parecen operar de manera diferente según los casos.
En primer lugar, los ataques pueden haberse dirigido contra los establecimientos escolares o religiosos en los que se refugiaron los Tutsi. Tal es el caso de un proceso que tuvo lugar en Kanyinya (8/11/07). Dos hombres fueron acusados de haber tomado parte en un ataque contra un refugio religioso en el que resultaron muertas unas 2000 personas. Durante los interrogatorios que siguen a la lectura de confesiones muy circunstanciales, nos enteramos de cómo se desarrolló el asalto. El ataque fue progresivo, y el número de asesinos crece durante su desarrollo, con los refuerzos de Interahamwe venidos de otros municipios. Los dos hombres en cuestión fueron los primeros en lanzar el ataque a pedradas. En Mugonero (23/10/07), dos acusados fueron reconocidos culpables del asesinato de un centenar de personas durante los ataques masivos lanzados en las colinas vecinas y en Murambi, en la prefencura de Gikongoro12. Otros testimonios revelan la importancia de la delación en la decisión de ir a “atacar”. Así, en Kibuye (10/10/06), un testigo cuenta los rumores que llevaron a dos grupos de asesinos a su casa donde efectivamente se escondían Tutsi. También en Butamwa (4/10/06) corre el rumor de que el alcalde, que tiene una mujer tutsi, esconde a gente. Parece así que los grupos se desplazan en función de informaciones desgranadas al hilo del rumor delator. Las denuncias activan numerosos ataques contra los domicilios de quienes esconden a Tutsi, o los lugares en que se pueden esconder, por ejemplo en la maleza o la marisma. En Butamwa, dos personas refugiadas en un platanar fueron descubiertos por un campesino que dio la alerta gritando y enviando a un vecino a buscar “refuerzos”. Los grupos no sólo están compuestos por Interahamwe, sino también por muchos campesinos movilizados camino del ataque. En Butamwa (4/10/06), de nuevo, uno de los hombres presentes en el momento de crimen de estas dos personas cuenta como fueron de casa en casa para reunir al grupo que debía cercar a sus víctimas antes de matarlas. Un procedimiento idéntico se describe en Kanyinya (5/10/06), donde se puede ver cómo se inician los ataques: un silbido señala la presencia en el valle de un Tutsi a abatir, los efectivos del grupo aumentan durante la persecución. También se cuenta la forma en que se organizaron las famosas barreras, que cortaron hasta los menores caminos de Ruanda durante el genocidio. En un proceso se informa de las circunstancias de la muerte de 53 personas, entre ellos muchos niños, en una barrera (Kanyinya, sesión del 5/10/05). Investigando con detalle las circunstancias de la muerte de las víctimas, el trabajo de los gacaca permite comprender la diversidad de formas de movilización y el funcionamiento de los “ibitero”, bosquejados aquí a grandes rasgos.


Las formas de participación en el genocidio

Los procesos se basan, como ya se ha dicho, en el examen de las confesiones de los acusados. La mayor parte confiesa una participación directa en la masacre, pero también hay cómplices de crímenes y el proceso permite matizar los grados de participación. El procedimiento de los gacaca presta una atención particular a la “complicidad”, una noción examinada al mismo nivel que el asesinato. Así, en Kibuye 810/10/06), uno de los acusados acaba por reconocer su complicidad en el asesinato de un muchacho, al que cerró el paso cuando intentaba huir del grupo que le perseguía.
Otro proceso, en un barrio de Kigali, muestra otra forma de participación. En Kagarama (14/10/06), una mujer es la principal acusada del proceso. Mientras los otros acusados han presentado unas confesiones bastante circunstanciales, ella proclama su inocencia. Durante el genocidio, su casa y su tienda eran un lugar de cita para los Interhamwe. Se le acusa de haberles animado a participar en el genocidio. Durante la sesión, muchos testimonios la presentan como una de las instigadoras del genocidio en el grupo. El antiguo consejero de sector afirma incluso que ella vendía machetes desde 1990. Otros dicen haberla visto entrenarse con militares. Su sistema de defensa consiste en negarlo todo, aunque acaba por confesar que quienes estaban en su casa saquearon y mataron. Ella no ha participado en los ataques, nadie puede testimoniar su presencia. El caso de esta mujer muestra la extrema complejidad de los grados de participación en el genocidio y la dificultar para determinarlos con precisión.
En el ya citado proceso de Butamwa, los jueces interrogan a acusados y testigos sobre el autor de los gritos que alertaron a los asesinos de la presencia de Tutsi en el platanar. También en esta ocasión la búsqueda de las responsabilidades no se limita al asesinato, sino que intenta restablecer el conjunto de formas de participación en el genocidio.


Las resistencias

Uno de los aspectos más interesantes de los procesos gacaca es el descubrimiento de muchas formas de resistencia al genocidio. En primer lugar, aparecen públicamente en los procesos los intentos fracasados o exitosos de salvación de Tutsi por sus vecinos Hutu. Puede tratarse de una cuestión delicada en aquellos casos en que las salvaciones son contadas por los mismos que reconocen su participación en las masacres13. Aunque es difícil obtener estadísticas fiables sobre esta cuestión, la asociación de supervivientes, Ibuka, elabora actualmente una lista con el censo de las personas que salvaron a Tutsi en peligro de muerte. En la sesión de Kibuye aparecieron dos casos en que los testigos informaron que escondían niños que acabaron por ser descubiertos y asesinados. El relato de un testigo es bastante ilustrativo. Fue molestado por un grupo de asesinos que le amenazó con matarlo a su vez. Otro grupo intervino en su favor ante el Mayor y finalmente salvó la vida. Estos casos particulares muestran no sólo las capacidades de resistencia a la ideología ambiente durante el genocidio, sino también la fuerza de la coacción. Muestran también la contingencia: el testigo de Kibuye debe su vida al hecho de que el otro grupo de asesinos se reconociera como Hutu. De igual manera, un habitante de Mugonero14 cuenta que debe su vida al hecho de haber sido reconocido por Hutu por los asesinos que sin embargo ignoraban su intento de salvar a una mujer y a sus dos hijos. En Kigali, una mujer acude a presentar ante el tribunal de Niboye (13/10/07) el relato de la salvación de varios de sus vecinos Tutsi. Los supervivientes están ahí para testimoniar su gesto.
Los procesos muestran también los intentos de algunos ediles locales para yugular la violencia en su municipio. Así, en Butamwa, los testimonios aportados por los acusados muestran que el alcalde de entonces intentó mantener la calma en su localidad antes de ser desbordado por los elementos extremistas encuadrados en las milicias Interahamwe o Impuzamugambi15. Este intento de resistencia por parte de las autoridades locales16 no constituye un caso aislado. Scott Strauss lo muestra en varias ocasiones, sobre todo en Musambira17.
En fin, algunos procesos aportan precisiones sobre los actos de resistencia de las víctimas, que en ocasiones intentan defenderse de los ataques. Estos intentos de resistencia provocan un redoblamiento de la violencia por parte de los atacantes. Los ataques toman entonces un carácter más masivo y reagrupan a responsables políticos locales, militares y milicias, secundados por los campesinos.


Conclusión

En el momento en que concluyen los últimos procesos y el Servicio nacional de los tribunales gacaca se dispone a clausurar sus actividades, el trabajo de análisis no hace sino comenzar. La masa de archivos producida por estos tribunales ofrece un importante material para la investigación histórica. El trabajo realizado por los tribunales gacaca informa sobre las modalidades de ejecución del genocidio. Permite un acceso a la intimidad del crimen, imprescindible para comprender el acontecimiento. Ruanda ha puesto en pie una empresa compleja de relato judicial de la historia del genocidio que invita a preguntrse por las relaciones entre historia y justicia, en particular cuando estas nociones están llamadas para la definición del diseño político de la reconciliación.


*Hélène Dumas es doctorante, becaria en Historia y civilizaciones en la EHESS, bajo la dirección de Elikia M’Bokolo.

Este artículo se ha publicado en el número 53 de la revista Mouvements
http://www.mouvements.info/

Traducción: VIENTO SUR




NOTAS
1. El análisis que se presenta a continuación se basa en dos encuestas de campo realizadas respectivamente en 2006 y 2007.
2. Dos oleadas de liberación de prisioneros tuvieron lugar por decisión presidencial en enero de 2003 y agosto de 2005. Fueron liberados provisionalmente aquellos detenidos que habían realizado confesiones, los incluidos en procedimientos inacabados y también los detenidos enfermos, ancianos y menores en el momento de los hechos. Unas 50.000 personas se beneficiaron de estas liberaciones provisionales.
3. La evaluación del número de personas implicadas en el genocidio es objeto de fuertes discusiones. El Servicio nacional de tribunales gacaca lo cuantifica en unas 700.000 personas. Scott Strauss evalúa el número de asesinos en unas 210.000 personas. La diferencia entre ambas cifras se debe a que la participación en el genocidio incluye actos de naturaleza diferente y no siempre precisados.
4. La cultura de la impunidad se refiere sobre todo a la ausencia de persecución contra los instigadores y ejecutantes de los pogroms anti-Tutsi que salpican la historia de Ruanda desde 1959.
5. Así, en la última Ley Orgánica del 1 de marzo de 2007, las penas aplicables a cada una de las categorías de culpables giran en torno al ejercicio de trabajos de interés general y a los plazos.
6. Los juicios realizados por el TPIR contribuyen a elevar a escala del Derecho la existencia del genocidio.
7. Ver E. Stover, H.M.Weinstein, My Neighbor, My Ennemy. Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity, Cambridge University Press, 2004, pg. 214.
8. Sobre esta cuestión particular, ver el testimonio de un magistrado ruandés, F.-X. Nsanzuwera, “La magistratura ruandesa en el engranaje del poder ejecutivo”, CLADDHO, 1993.
9. Entrevista con un prisionero, 23/09/04
10. Gacaca de Sector Mageragere, antiguo municipio de Butamwa, 4/10/06.
11. Ibitero designa al grupo de atacantes y al ataque propiamente dicho.
12. En la noche del 21 al 22 de abril de 1994 fueron asesinados más de 50.000 Tutsi refugiados en los locales de la Escuela Técnica de Murambi. Murambi es hoy día uno de los principales memoriales del país.
13. En una sesión en Kanyinya, el 8 de noviembre de 2007, se presentó el caso del jefe de la barrera de Nyarurama que escondía a Tutsi en su casa. Al ser descubiertos, un hombre le ordenó matarlos. Se negó y recibió una multa por haber escondido Tutsi. Este caso no es aislado, se encuentra con frecuencia en los procesos, aunque no se dispone de cifras al respecto.
14. Entrevista del 8/10/06.
15. Estas milicias agrupan a las juventudes de dos partidos políticos. Los Interahamwe están reclutados entre los jóvenes del MRND, partido del presidente Juvenal Habyarimana. Los Impuzamugambi pertenecen al partido CDR, el más ferozmente extremista.
16. Se cita también el conocido caso del gobernador de Butare que mantuvo el orden en su jurisdicción hasta el 19 de abril, día en que el presidente incitó a la población al ponerse “a trabajar”. El gobernador, Tutsi, fue destituído y asesinado junto con su familia ese mismo día.
17. S.Strauss, The Order of Genocide. Race Power and War in Rwanda, Ithaca, Londres, Cornell University Press, 2006, pg. 79-85.




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Holanda: por fin, un país donde sobran cárceles

EL SISTEMA PENITENCIARIO DISPONE DE 14.000 CELDAS DE LAS QUE SOBRAN 2.000


El descenso de la delincuencia en Holanda es una buena noticia, excepto para los funcionarios de prisiones, que temen perder su puesto. Por eso la Secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Nebahat Albayrak, ha anunciado una serie de medidas para solucionar los problemas laborales que trae consigo el cierre de 8 prisiones.

El excedente de celdas se debe también al descenso de la delincuencia en los Países Bajos
Habrá que reciclar los edificios para otro fin y evitar que el personal empleado en estas instituciones penitenciarias vaya al paro. De momento se han ofrecido 500 celdas en Tilburg al gobierno belga, al que le faltan cárceles y que envía delincuentes a casa por falta de espacio en las prisiones.

El actual sistema penitenciario holandés dispone de 14.000 celdas, de las que sobran 2.000. El problema del excedente de celdas tiene su “prehistoria”. En los años 70 creció la criminalidad en el país, por lo que de 1985 al 1995 se dobló el número de celdas y aún no eran suficientes.

En 1989 se introdujo un cambio en el Código Penal por el que el juez podía imponer como sanción un número de horas de trabajo en servicio de la comunidad, en vez de la pena de prisión. Por ejemplo, 240 horas de servicio en lugar de 6 meses de cárcel. Estas nuevas sanciones no se pusieron en práctica hasta 1997, y el número de encarcelados con pena de más de 6 meses bajó de 23.500 a 18.000.

Las protestas que habían surgido en décadas anteriores sobre la desproporción entre delito y pena y las críticas sobre lo inhumanos que resultaban los castigos también aceleraron el cambio de sanciones.

Sus defensores argumentaban que los trabajos a favor de la sociedad favorecerían la reinserción social del trasgresor, no se le estigmatizaba como criminal por la pérdida de libertad y, en el caso de jóvenes, se involucraba a los padres en el seguimiento de la evolución de la conducta del delincuente.

Y, en efecto, se demostró que el tanto por ciento de reincidentes entre los que habían sido condenados a trabajos sociales era un 20% inferior al de los que habían estado en prisión.

También hay argumentos económicos que abogan a favor de sistema. Un delincuente castigado a trabajos sociales sigue con su empleo y realiza las tareas en tiempo libre, su trabajo genera algún bien a la sociedad, mientras que un preso cuesta al Estado 100.000 euros por año.

Según apunta el Ministerio Fiscal, el excedente de celdas se debe también al descenso de la delincuencia en los Países Bajos. Aunque los políticos de partidos de la derecha atribuyen este descenso a que los jueces imponen penas menos severas en delitos como atracos con violencia, crimen, homicidio y delitos relacionados con drogas.

Esto último ha originado discusiones en la Segunda Cámara. Los partidos de la oposición, Liberales VVD y Populistas, PVV, han pedido un debate sobre la situación. El Ministro de Justicia, Enrst Hirsch Ballin, democristiano, ha tenido que enviar una carta a los diputados puntualizando qué tipo de faltas se pueden sancionar con trabajos sociales y qué delitos son suficientemente graves como para merecer prisión.

EL SALVADOR: “Mesas de la esperanza” en centros penales

Jueves, 11 de Junio de 2009



Douglas Moreno, Director General de Centros Penales, acompañado de la nueva administración, da a conocer el nuevo proyecto de readaptación para los privados de libertad, en cumplimiento de su pena. Foto Diario Co Latino/Ricardo Chicas Segura


El nuevo director general de centros penales, Douglas Moreno, dio a conocer su plan de trabajo en dicha dependencia del Estado.

Moreno asegura que durante su gestión conformará las llamadas “Mesas de la Esperanza”, para lograr la concertación entre personas que se encuentran recluidas en siete de los diez centro penitenciarios del país, los familiares y representantes de diferentes instituciones del Estado relacionadas con la justicia.

Además, el nuevo director general de centros penales buscará la conformación de mesas de trabajo con los empleados de los centros penales, todo con la finalidad de buscar alternativas para flexibilizar el sistema penitenciario y encontrar soluciones, tanto para los privados de libertad como para la sociedad en general.

El funcionario considera que es necesario promover la profesionalización y la especialización de los funcionarios y el personal de las instituciones relacionadas con la readaptación de los privados de libertad.

Otra de las apuestas del nuevo director es la rehabilitación y la readaptación familiar, social y laboral de las personas que se encuentran privadas de libertad y cuyas faltan no son consideradas de gravedad.

“Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad la reforma, readaptación, la rehabilitación de los condenados, la reintegración familiar y por supuesto, la protección de las víctimas y la sociedad”, dijo Moreno.

Respecto al hacinamiento que impera en los diferentes centros penales del país, el director dijo que se implementarán diversas medidas, entre las que se encuentran un convenio con el sistema de justicia para viabilizar la libertad condicional como alternativa a la prisión; crear programas para la inclusión de los internos; crear un modelo de supervisión para aplicar medidas que sustituyan a la detención provisional, entre otras.

Para el nuevo director general de centros penales es importante que se mejoren las técnicas investigativas y que de esa manera se eviten las capturas masivas y carentes de pruebas para no saturar las cárceles, de lo contrario, Moreno estima que para los próximos años se duplicará el número de privados de libertad en las cárceles del país, agravando la actual situación de hacinamiento.

Directores de recintos serán evaluados
En cuanto a la posibilidad de cambios de directores de los diferentes centros penales, Moreno asegura que durante sus visitas a los diferentes recintos penitenciarios evalúa diferentes aspectos de los mismos y que con base a ello analizará la necesidad de cambiar o no a los directores.

Educación en Cárceles: Informe de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales e Culturales

Derechos Humanos

Nuevo informe del Relator Especial para el Derecho a la Educación discute la situación educativa de las personas privadas de libertad

Documento fue presentado por Vernor Muñoz al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el día 2 de junio

El Derecho a la Educación de personas en la cárcel es el tema del “Informe de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales e Culturales, incluyendo el Derecho al Desarrollo” que el Relator Especial para el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, Vernor Muñoz, presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Asamblea General el día 2 de junio.

El informe defiende que la enseñanza en la cárcel es más que una medida de reintegración social de las personas privadas de libertad, de preparación para que consigan trabajo después de libertadas, o aún una forma de prevenir la reincidencia. La educación, dice el Relator, “más que una herramienta para el cambio es un imperativo en si propia”. Así se contrapone el concepto de una educación correctiva a otro que considera que la educación es un derecho humano.

El análisis ha incorporado las contribuciones de actores relevantes, como gobiernos, organizaciones internacionales, académicos, ONGs y de las propias personas que viven en contextos de encierro. En las páginas del informe se identifican las particularidades que caracterizan a las mujeres prisioneras y a los niños, así como demás personas del sexo masculino en la cárcel – cada grupo tiene necesidades y condiciones específicas respecto al acceso a la educación.

La versión en inglés ya está disponible en la página del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y en breve se dará a conocer la versión en español.

Lea, a seguir, entrevista con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz:


¿Como el informe analiza la situación de la educación en la cárcel?
Si la realización del derecho a la educación de por sí enfrenta limitaciones y amenazas profundas, en la cárcel esas limitaciones y amenazas se multiplican. Las personas privadas de libertad no solamente son discriminadas y estigmatizadas por su condición, sino que enfrentan además la ausencia de financiamiento educativo, de docentes preparados y la ausencia de libros de texto y material didáctico, entre otros. Además, hemos visto que en los centros de detención, la oferta educativa es generalmente muy limitada, prácticamente inexistente para personas con discapacidades y nada, absolutamente nada pertinente para la atención de las necesidades de los y las privadas de libertad.

No existe tampoco una relación orgánica entre la pretendida función rehabilitadora de la cárcel y la oferta educativa, de modo que la aspiración a desarrollar una educación que realice y potencie los derechos y las oportunidades, en el caso de las prisiones sigue siendo un sueño lejano. O una pesadilla, en muchos casos.

¿Cómo se ha hecho el informe – investigación de datos, número de países visitados, criterios adoptados…? ¿Algún caso que merece destaque?
Todos mis informes, y éste no es la excepción, se preparan recurriendo a fuentes gubernamentales, fuentes de la sociedad civil y fuentes de organizaciones intergubernamentales. Pero además, usualmente hago consultas directas a niños, niñas y adolescentes y a personas involucradas personalmente con el tema del informe. En este caso, con la ayuda invaluable de muchas organizaciones y colegas, hicimos una amplísima consulta a personas privadas de libertad, quienes atendieron nuestro llamado y nos enviaron cientos de cartas, documentos y registros en el que consignan sus puntos de vista y sus propias recomendaciones sobre la situación de la educación en las prisiones. Lamentablemente, no logramos obtener los puntos de vista de todos los países ni de todas las regiones.

Sin embargo, las opiniones de los y las prisioneras, confirmaron muchas de las hipótesis de trabajo y ofrecieron múltiples ejemplos de los hechos que encontramos en nuestras visitas y en las informaciones obtenidas de los Estados y ONGs. Preparamos un cuestionario a los gobiernos y obtuvimos respuestas de Albania, Argelia, Argentina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Cuba, Chipre, República Checa, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Alemania, Grecia, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazakstán, Letonia, Lebanon, Lituania, Islas Mauricio, México, Noruega, Omán, Perú, Polonia, República de Moldavia, Romania, Singapur, República Eslovaquia, Surinam, Suiza, Suazilandia, República Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, Reino Unido, Ucrania y Uzbekistán.

Durante mis visitas oficiales a países, siempre incluyo centros de detención de adultos-as y de personas menores de edad. El caso que me interesaría destacar en esta entrevista, es el de adolescentes que egresan de prisión y que no logran incorporarse de nuevo a los procesos educativos. Las informaciones que disponemos demuestran claramente que los chicos y chicas regresan a sus comunidades, pero difícilmente regresan a sus escuelas, de manera que el sistema penitenciario para personas menores de edad, no sólo tiene un efecto criminalizador, sino además segmenta y excluye a los y las jóvenes que buscan nuevas oportunidades para vivir con dignidad.

¿Cuál fue la principal preocupación que orientó la elección del tema?
Cuando inicié mi mandato, decidí dedicar mis esfuerzos a la atención de las comunidades y grupos humanos que son históricamente excluidos. Por esta razón he producido informes sobre la situación de las niñas, de las personas con discapacidades y de las víctimas de emergencias naturales y conflictos armados.

Dada la ausencia de información sobre la situación de las personas detenidas y a la falta de un interés legítimo hacia estas personas, me propuse también informar al respecto, con varias intenciones: primero, recordar a la comunidad internacional que el derecho humano a la educación no puede ser suspendido ni negado bajo ninguna circunstancia; segundo, que la educación es un derecho que además permite a las personas construir y obtener oportunidades, de modo que en el caso específico de los sistemas penitenciarios, juega un papel estratégico indiscutible; y tercero, me propuse demostrar con argumentos, cifras y ejemplos, cuáles son las tendencias educativas actuales en los sistemas penitenciarios y hasta qué punto fallan en respetar, proteger y promover la dignidad humana.

¿Existen diferencias entre la situación de las mujeres, niños y hombres en la cárcel en relación a la educación? ¿Cuáles son?
Las mujeres y los-as adolescentes son minoría entre la población privada de libertad. Las mujeres corresponden apenas a un 4% de la población privada de libertad. Sin embargo, los intereses, necesidades y derechos de las mujeres y las y los adolescentes, son ampliamente violentados en los contextos de encierro. No existe en la mayoría de los países, por ejemplo, ninguna valoración preliminar de las necesidades educativas de las mujeres al momento de ingreso en prisión y la oferta pedagógica para ellas sigue siendo en muchos casos enfocada en la capacitación para tareas estereotipadas, como la cocina y las manualidades. No se trata de una verdadera educación y esta situación empeora si consideramos que el perfil de la mujer encarcelada, es el de una persona empobrecida, desempleada, joven y con historia de exclusión social y educativa. Estas características continúan siendo invisibilizadas en la oferta educativa. En el caso de las personas adolescentes privadas de libertad, la respuesta prevaleciente de los gobiernos es la punitiva, antes que la educativa. La educación sigue siendo una de las últimas prioridades y esto lleva a la ausencia de indicadores o de sistemas de monitoreo que permitan siquiera conocer las tasas de participación de los chicos y chicas en la educación en prisiones.

¿Cómo es posible diferenciar una educación correctiva de una educación como derecho humano?
Esta diferencia debería poderse identificar a partir de los fines que la educación propone. La educación debe ofrecer y construir oportunidades de todo tipo: cognitivo, social, cultural, económico. Los sistemas correccionales han fallado dramáticamente en todo el mundo. Tal como indicaba el Profesor Zaffaroni: "enseñar a vivir en libertad mediante el encierro, es como enseñar a jugar fútbol dentro de un ascensor".

¿Cuáles son las principales recomendaciones – u obstáculos a superar, quizá – para que la educación en la cárcel sea finalmente entendida como un derecho humano?
Hay mucho camino que falta por recorrer y los retos permanecen en prácticamente todos los ámbitos del quehacer social y gubernamental. Debe empezarse por asegurar y garantizar constitucionalmente el derecho a la educación para TODOS y TODAS. Deben garantizarse fondos públicos suficientes para que las personas detenidas tengan oportunidades educativas y esas oportunidades deben atender las necesidades específicas de las personas, por lo que resulta indispensable no limitar la oferta a la educación primaria o vocacional, sino ampliarla a la secundaria y universitaria. Los estados deben conocer, estudiar y contrarrestar las barreras sociales que enfrentan las y los prisioneros, de modo que la oferta educativa signifique realmente una oportunidad de libertad en todos los sentidos. Los programas educativos deben atender con especial interés la diversidad humana en los centros de detención y particularmente velar por el interés superior de las personas menores de edad y por las necesidades y derechos de las mujeres y las mismas personas privadas de libertad, debería tener la posibilidad de participar activamente en el diseño curricular. Nadie mejor que ellos y ellas conoce sus necesidades. Este ejercicio, además, puede combatir la tendencia a ofrecer a las y los prisioneros cursos inútiles e innecesarios.


*Eugênio Raúl Zaffaroni, Professor de la Universidad de Buenos Aires y Ministro de la Suprema Corte de Argentina, considerado uno de los mayores expertos en derecho penal del mundo.

Costa Rica: Frente a la reforma que se anuncia de la ley de justicia penal juvenil

Reproduzco a continuación una CARTA ABIERTA publicada por DEFENSA DE NIÑAS/OS- INTERNACIONAL- DNI COSTA RICA, como respuesta a una materia periodística publicada recientemente por el diario EXTRA en la que se informaba sobre una reforma a la ley de justicia penal juvenil en este país.

La carta ya ha generado sus primeros frutos. Próximamente se llevará a cabo una reunión con todos los actores involucrados.


¿REFORMAR LA LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL?


La Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica contempla los extremos más altos de privación de libertad en Latinoamérica. Para edades entre 12 y 15 años se puede imponer una sanción privativa de libertad hasta 10 años. Para edades entre los 15 y los 18 años, la sanción de privación de libertad puede llegar hasta 15 años. Las sanciones no privativas de libertad (Sanciones Socioeducativas) implican procesos sancionatorios y educativos que pueden extenderse hasta por 5 años.


Para una persona adolescente, dadas sus particulares circunstancias de encontrarse en proceso de crecimiento y formación, la prisión en tales dimensiones se vive en realidad como si fuera una cadena perpetua, quedando así desvirtuados los propósitos de reintegración social y familiar.


Si la reforma que se anuncia en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa, apunta en esta dirección, es decir, a elevar en años la privación de libertad o recortar las garantías, se transitará nuevamente por el camino equivocado, al pretender con más sistema penal, hacer frente a los delitos cometidos por personas menores de edad.


El problema que tenemos en Costa Rica con los delitos y la violencia en la que se ven envueltas personas menores de edad como actoras, no obedece a que se tenga una Ley débil o alcahueta con el delito, el problema es que la Prevención del Delito y la Violencia se nos están quedando en discursos sin la suficiente voluntad política que conduzca a una Política General de Justicia Penal Juvenil, articulada a una real Política Social, que genere las oportunidades en materia Económica, Social y Cultural, para que los niños, niñas y adolescentes ejerzan todos sus derechos humanos.


Se estigmatiza y criminaliza constantemente a las personas adolescentes y jóvenes, se les muestra como algo peligroso, se les quiere adjudicar fenómenos de los cuales no son causa; según lo registran las estadísticas del Departamento de Planificación del Poder Judicial y de la Fiscalía Penal Juvenil[1], lo real es que las cifras sobre criminalidad asociada a las personas menores de edad no han crecido de manera significativa; en el año 2003 ingresaron 11.304 causas a las fiscalías penales juveniles, en el 2007: 9.921 y en el 2008: 11.789, se observa entonces que a pesar del aumento de la población de Costa Rica, la cifra de 2003 y 2008 es similar; por parte de los juzgados penales juveniles en el 2003 hubo 280 sentencias condenatorias, éstas en el 2007 llegan a 231 y en el 2008 a 139[2]; hay que reconocer si, que ha crecido la intensidad y complejidad de la violencia con que se cometen algunos delitos como los homicidios, y esto tiene que ver especialmente con el tráfico y proliferación de armas de fuego, con el narcotráfico en gran escala, la delincuencia organizada (incluida la de cuello blanco) y el crecimiento de la inequidad social (GINI).

El programa “Avancemos” y la apertura del Centro para el Tratamiento de las Adicciones, como parte de las acciones que desarrolla el actual gobierno, partieron de reconocer la necesidad de actuar sobre las vulnerabilidades sociales que subyacen a la población adolescente que entra en conflicto con la Ley penal. Pero es necesario avanzar hasta un punto tal en que estas acciones hagan parte de una política de Estado, sosteniendo tal política en el tiempo, a partir de una reforma tributaria progresiva que permita financiar la política social: en la cual se cumpla con elevar al 8% el presupuesto para Educación y rehabilitar las zonas urbanomarginales, incentivar el empleo y la seguridad social.

La Comisión de Seguridad Ciudadana que ha dado muestras de interés en acertar a la hora de legislar en materia de Seguridad, no puede equivocarse, el camino represivo y violento transitado por los gobiernos del triángulo norte de Centroamérica es catastrófico, con sus leyes antimaras, tolerancia cero, plan escoba, mano dura y supermano dura, no han hecho más que lanzarle combustible al fuego, han pretendido resolver los problemas sociales con más sistema penal y el resultado está a la vista: la problemática de maras y pandillas no solo existe en dichos paises, sino que ha alcanzado mayores grados de complejidad y clandestinidad.

En el I Foro sobre Justicia Penal Juvenil realizado en Tegucigalpa, Honduras el 21 y 22 de noviembre de 2008 convocado por SICA-USAID, el representante del gobierno de Honduras denunció que en su país todas estas políticas contra las maras y pandillas, se usaron como distracción para no enfrentar al Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.

En Costa Rica la Ley de Justicia Penal Juvenil fue complementada por la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles; poniendo en desarrollo los programas y la especialización del sistema de Justicia Penal Juvenil que esta legislación contempla, se puede avanzar significativamente en la respuesta que debe dársele al Delito y la Violencia. Pero la Prevención de la Violencia y el delito es una gran empresa que trasciende los mecanismos disponibles en el Sistema Penal y la Ejecución de las Sanciones, es una gran responsabilidad Estatal que se tiene que asumir desde la Política Social.

Desde Defensa de Niños y Niñas Internacional - DNI-Costa Rica, convocamos e invitamos a todos los sectores comprometidos con la Seguridad Humana, el Desarrollo Económico con equidad social y la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, a que participemos en esta discusión que se inicia en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la que traerá efectos lamentables en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, si la reforma solo propone más sistema penal y no política social y oportunidades para el disfrute de los Derechos Económicos y Sociales.


Centroamérica: Extremos máximos de Privación de Libertad en la Justicia Penal Juvenil.


Extremos máximos de la Sanción y/o “Medida” de Privación de Libertad


El Salvador

5 años para edades entre 12 y 16
7 años para edades entre 16 y 18

Guatemala

2 años para edades de 13 hasta 15
6 años para edades de 15 hasta 18

Honduras

8 años

Panamá

12 años para homicidio agravado


Nicaragua

6 años para lista taxativa de delitos[3]

Costa Rica

10 años para edades entre 12 hasta 15
15 años para edades entre 15 hasta 18

Fuente: Elaboración DNI-CR con la legislación de la Subregión


Para mayor información puede contactar al Programa Justicia Penal y Seguridad Juvenil, a Jorge Conte programajusticia@dnicostarica.org y Dario Gómez migrantes@dnicostarica.org o a los números telefónos 2236-9134 / 2297-2880 / 2297-2885




[1] Ver anuarios estadísticos del Departamento de Planificación del Poder judicial y la Memoria del Ministerio Público del 2008, www. poderjudical.go.cr







[3] La Lista taxativa de 13 delitos por los que se puede imponer la privación de libertad, va desde el asesinato atroz hasta el envenenamiento o adulteración de agua potable, bebidas, comestibles o sustancias medicinales.

Cataluña: Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos

Os presento hoy el El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. La web está disponible en Castellano, Catalán e Ingles y os la recomiendo.

A continuación reproduzco una breve presentación del Observatorio.


Presentación

El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona está integrado por profesores, estudiantes, licenciados, postgraduados y profesionales que mediante actividades de inverstigación, docentes y de observación de las instituciones del sistema penal trabajan para la cultura de los derechos humanos, la defensa de los derechos y libertades de las personas y fortalecer los principios y valores del Estado democrático de derecho.
El Estado de derecho y la democracia están hoy en una encrucijada. La hegemonía político-cultural del neoliberalismo populista, las políticas de seguridad, vigilancia y control de los Estados y el nuevo orden social de la globalización capitalista están poniendo en cuestión los pocos avances conseguidos por las culturas de los derechos humanos y de la democracia, especialmente en los países occidentales. El Estado de derecho padece una progresiva y subtil conversión en un Estado legal-guardían. Detrás de la máscara de la legalidad, los derechos humanos y la democracia crecen las desigualdades, se fortalece el panóptico carcelario, se erigen nuevos muros para la exclusión, aumenta la represión y el control y actúan nuevos poderes sociales clandestinos e invisibles.
El OSPDH focaliza su mirada en fenómenos como: la extensión del sistema carcelario, el aumento del uso de las penas privativas de libertad, los malos tratos y la tortura, el internamiento y la expulsión de personas extranjeras, la violencia de género, las ordenanzas municipales de vigilancia y orden público, la cultura del miedo, el encarcelamiento de jóvenes y menores, las políticas de “tolerancia cero”, la Europa fortaleza, la fragmentación del sistema penal en subsistemas administrativos, las políticas de emergencia, la creación de cárceles secretas e ilegales, la implementación de las culturas de la inseguridad y del enemigo en las instituciones del Estado de Derecho, las medidas alternativas para la resolución de los conflictos sociales, la justicia de proximidad, el papel de la jurisdicción en el sistema penal y la consolidación de las culturas del castigo, del control y de la exclusión en el seno de las instituciones del Estado, especialmente del sistema penal.
El OSDPH busca dar intrumentos para que las personas y las organizaciones sociales sean más fuertes y tengan los instrumentos necesarios en su lucha por los derechos, la libertad, la democracia y la justicia. Lograr que todo ser humano, independiente de su sexo, etnia, religión e ideología, sea reconocido y respetado como una persona con derechos requiere que las personas sean verdaderamente autónomas, independientes y libres ante los poderes sociales, especialmente ante el Estado y el sistema penal.

España: Gallizo alerta de la sobrepoblación reclusa

Europa Press - 02/06/09

Hay más de 75.000 presos



La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, alertó de que el actual sistema penitenciario "corre algunos riesgos" y planteó varios desafíos, entre los que destaca la sobrepoblación reclusa en España, donde hay más de 75.000 presos.

Otro de los desafíos es el "crecimiento espectacular de personas sometidas a medidas alternativas" que asciende a 84.326 en el territorio de la Administración General del Estado, a los que habría que sumar los de la Comunidad Catalana con competencias en esta materia; el aumento de personas extranjeras en las prisiones; y el incremento de reos con enfermedades mentales.

En la inauguración de las XVIII Jornadas de los magistrados de Vigilancia Penitenciaria, que se desarrollarán hasta el jueves en Las Palmas de Gran Canaria, Gallizo llamó la atención porque el sistema penitenciario en España, "uno de los referentes a nivel internacional", pensado en reinsertar a personas que han cometido delitos, "corre algunos riesgos". Así, indicó que "preservar este sistema penitenciario pasa por racionalizar el recurso a la prisión".

"La sobrepoblación de nuestro sistema penitenciario es uno de los principales desafíos de la Administración Penitenciaria", señaló Gallizo, que indicó que en el territorio competencia del Estado hay 65.753 personas en prisión y 84.326 en cumplimiento de medidas alternativas.

En lo que se refiere a las personas en prisión, desde el año 2000 a 2008 aumentó la población reclusa en España un 63 por ciento "sin que la tasa de delincuencia se haya modificado de la media de 20 puntos por debajo de los países europeos". Sin embargo, destacó que "España ha escalado el primer puesto entre los países europeos en la proporción de población reclusa respecto del conjunto de la población".

NUEVOS DELITOS

Atribuyó este incremento a "los nuevos tipos penales, a los efectos retardados de diferentes reformas penales y a la presencia cada vez mayor de extranjeros en el sistema penitenciario". Así, incidió en analizar los límites del recurso a la prisión y "qué espacios de cumplimiento alternativo pueden desarrollarse". No en vano, aseguró que España tiene "un gran déficit de entender que el cumplimiento de las penas en los pequeños delitos tradicionales". Gallizo confesó creer "mucho en la justicia reparadora, algo que tanto para el infractor como para la víctima es un camino todavía inexplorado en España para los delitos tradicionales".

A este respecto, propuso "un esfuerzo de racionalización del cumplimiento del régimen de semilibertad" y recordó que la Administración pretende revisar "de forma decidida los procedimientos de clasificación de personas condenadas a penas cortas". Según Gallizo, "en España hay una creencia popular de que las penas menores de 2 años no se cumplen en prisión". Sin embargo, actualmente hay 12.285 personas en las cárceles con condenas inferiores a 3 años.

En cuanto a las penas alternativas, resaltó el "crecimiento espectacular porque en España había apenas 500 personas sometidas a medidas alternativas y hoy hay más de 80.000 en el territorio de la Administración General del Estado, a los que habría que sumar los de la administración catalana". Para que estas medidas sean efectivas reclamó "un esfuerzo compartido", especialmente por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos para establecer los puestos en los que deben desarrollarse estos trabajos comunitarios. Así, criticó que "hay un muy insuficiente compromiso en el conjunto de la comunidad en el desarrollo de esta acción".

REVISAR LAS CONDENAS A "CORREOS DE LA DROGA"

El tercer desafío que comentó es el del aumento de otros países en el sistema penitenciario de España, que alcanza casi el 35 por ciento de la población reclusa, dato que aclaró que "no se corresponde necesariamente con la proporción de extranjeros que delinquen, sino que éstos permanecen más tiempo en las prisiones por la aplicación de determinadas leyes y su falta de arraigo en España, lo que les hace acceder más difícilmente a regímenes en semilibertad o a condicional".

Así, planteó revisar las condenas que se aplican a personas que hacen de "correos de la droga, que vienen a España por supervivencia económica manejados por mafias internacionales y que son penalizados casi en la misma medida" que los que dirigen el tráfico de drogas. De este modo, apostó por que "el cumplimiento de la condena efectiva sea menor y decretar libertad condicional con expulsión en un tiempo más breve para que puedan ir a sus países".

Por último, recalcó "la presencia cada vez más numerosa de personas con patologías psiquiátricas en las prisiones". Afirmó que éstas "se han convertido en un recurso asistencial" ante la falta de "centros de larga estancia para personas con enfermedades mentales" y subrayó que "no es justo ni es el papel que debe tener el sistema sanitario ni el sistema penal con las personas que tienen una enfermedad mental". De esta forma, reclamó a las comunidades contar con recursos sociales que "prevengan el delito".

LA EXPERIENCIA CATALANA

Por su parte, el secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, Albert Batlle, alertó de los "posibles cambios" que comporta el cambio de paradigma del sistema penitenciario, al pasar de "reeducar" a "una concepción que considera que el sistema penal es la concatenación de una personalidad delictiva y una insuficiencia de respuesta cognitiva por parte del Estado", aunque, en su opinión, "eso no es así pues las leyes penales son de importante dureza".

Además, alertó de la modificación de la Ley Orgánica General de Vigilancia Penitenciaria y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dotar de un instrumento legislativo que regule cómo ejecutar las medidas penales alternativas.

"España se ha convertido en el país más penitenciarista de Europa", remarcó Batlle, que admitió que ello significa que "hay algo que no funciona, como es el recurso continuado al encarcelamiento y que las largas condenas hacen muy difícil el proceso de reinserción social". Así, pidió "racionalidad en el momento de atender a las modificaciones legislativas" y que no se modifiquen más leyes sin una suficiente dotación presupuestaria porque "se está al borde del colapso".

Agregó que en los dos últimos años han crecido en Cataluña las medidas penales alternativas cerca de un 200 por ciento y alertó del "peligro de las prescripciones porque eso es igual a impunidad y eso es una burla absoluta".

Las vocales del CGPJ Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán resaltaron la importancia del encuentro para poner en común experiencias, "sobre todo en la situación actual de elevado porcentaje de personas que cumplen penas en prisión", según Montalbán, que resaltó la incidencia de las nuevas leyes como la de seguridad vial, violencia de género y delitos contra la libertad sexual.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, expresó la importancia de las jornadas para "la aplicación homogénea de las escasas normas sobre el cumplimiento de las penas privativas de libertad", al tiempo que reclamó el "derecho a la defensa de personas privadas de libertad". El fiscal superior de la Comunidad Canaria, Vicente Garrido, insistió en la "saturación de los centros penitenciarios" y la "necesidad de cada vez más armonizar otro tipo de medidas alternativas que sustituyan la entrada en prisión".

La viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, hizo hincapié en la importancia de la falta de especialización de los juzgado de vigilancia penitenciaria y el problema de la dispersión de la normativa en esta materia. Además, aceptó la demanda del decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, de crear una especialidad dentro del turno de oficio para la asistencia a presos.