Mundo Penitenciario

Maras: ruta circular San Salvador-Los Angeles

2010-01-11T00:36:00.000-08:00

Maras: ruta circular San Salvador-Los Angeles

ENTREVISTA / Juan Carlos Narváez Gutiérrez

Después de estudiar el tema de las migraciones entre Estados Unidos y México durante varios años, el académico Juan Carlos Gutiérrez Narváez decidió entrar de lleno en el mundo de las maras, o pandillas transnacionales, luego de una visita a El Salvador. “En un viaje personal, llegué a la ciudad de San Salvador en diciembre del 2002 y fue ahí dónde mi lente sociológico se reorientó geográficamente; mi trabajo anterior se concentraba sólo en las producciones culturales generadas en el espacio que se construye entre la frontera nacional de los Estados Unidos y México”, comenta Narváez.

Del trabajo minucioso y muy cercano a integrantes y ex integrantes de maras surgió su libro “Ruta transnacional: a San Salvador por Los Ángeles. Espacio de interacción juvenil en un contexto migratorio”, En el que Narváez relaciona el tema de la migración con el de la juventud y el fenómeno de la transnacionalidad de estas pandillas cuyos miembros circulan –mayormente vía deportación- Estados Unidos y Centroamérica.

“Durante mi estancia en El Salvador pude darme cuenta que el tema de las maras está en las calles, tatuado en la memoria colectiva y es parte de la agenda nacional. La formación de la Mara Salvatrucha en Centroamérica es la consecuencia de las migraciones forzadas que llevaron a un gran contingente de salvadoreños a establecerse durante los años 80 en Estados Unidos. Se podría decir que la Mara Salvatrucha 13 es el fruto de la diáspora salvadoreña en California, son los hijos de la guerra, una guerra que aún no termina”, afirma el investigador.

Comunidad Segura habló con Narváez sobre las maras y acerca de algunos de los intentos de usar sus estructuras como herramientas de inclusión social, tal como lo han hecho la organización de expandilleros Homies Unidos y el religioso californiano Gregory Boyle.

Además del soporte teórico, el libro cuenta con muchas entrevistas. ¿Cómo fue el acceso a los protagonistas de este fenómeno, qué tan dispuestos estuvieron a contar su historia y cómo reaccionaron frente a un abordaje investigativo de su situación?

Llevar a cabo una investigación como ésta me planteó varios retos. Primero, el acercamiento a una comunidad que vive en la marginalidad en Estados Unidos. Segundo, la coyuntura en la que realicé el trabajo de campo para la investigación, que coincidió con la implementación de políticas de mano dura tanto en Estados Unidos como El Salvador, lo cual me ponía frente a los jóvenes de la comunidad como sujeto permanentemente sospechoso. Más de una vez, alguno ya entrada la noche, la plática o los días me aplicaba un cuestionario exhaustivo sobre quién era yo, qué hacía ahí y por qué el interés en ellos.

Así seguí una estrategia de acercamiento desde la comunidad hasta los individuos, pasando por sus líderes y organizaciones, de ahí que el libro se estructura de tal forma que lleva al lector a comprender los orígenes del desplazamiento de los salvadoreños en el contexto de la guerra civil de los años ochenta, su establecimiento en los Los Ángeles, la interacción con los otros grupos de migrantes –mexicanos su mayoría-, la formación de pandillas de corte étnico, y algunos modelos de intervención desde las mismas bases. En suma, lo que me ayudó a acceder al mundo de los jóvenes asociados a las pandillas fue, darles mi confianza e ir sin prejuicios esperando reciprocidad, por que al final, al final, en el contexto de los Estados Unidos, ellos salvadoreños, yo mexicano, ambos latinoamericanos.

Luego de varias décadas de migración centroamericana a Los Ángeles, de acuerdo con estadísticas citadas en el libro, los jóvenes de origen centroamericano ya no son una minoría con respecto a los jóvenes de origen anglosajón, afroamericano, asiático o nativo. ¿Por qué la existencia de la mara como mecanismo de autoafirmación continúa vigente?

Hoy día la Mara Salvatrucha es una de las pandillas centroamericanas más grandes de California y El Salvador. Originalmente, la MS13 exaltaba su condición étnica sobre otros grupos como los mexicanos, los afroamericanos, los nativos, o los rusos. El nombre se lleva con el orgullo de la nación, de ser salvadoreño por encima de todo. Así nacen y de ahí la fortaleza de sus vínculos identitarios.

Ahora bien, aunque la pandilla ha crecido exponencialmente durante los últimos 15 años, en Los Ángeles existe una cultura de las pandillas previa a la formación de la Mara Salvatrucha: el pachuquismo y el cholismo son antecedentes directos de la organización y estética que hoy portan pandilleros miembros de la MS13 o la Pandilla del Barrio 18, ésta última conocida en los medios de comunicación como la Mara 18, que es una evolución de la Eighteen Street Gang.

Ésta fue una pandilla formada en los años 60 por mexicanos y chicanos principalmente; la historia de la pandilla o Mara 18 es un buen ejemplo para hablar sobre la transformación de las pandillas en este principio del siglo XXI, y hacer una diferenciación regional de las pandillas, ya que lo que hoy estamos viendo en Centroamérica con la MS13 y la Mara 18 es un escenario que sí deviene de la cultura pandillera gestada en Norteamérica, pero que se agudiza y se potencia en América Latina por las condiciones de pobreza, marginación, violencia y ausencia del Estado.

¿Algo ha cambiado en estos grupos?

En ellas, conceptos como amistad, carnalismo, solidaridad, respeto, apoyo o compresión han pasado a un segundo plano. No estoy diciendo que sean inexistentes hoy día, sin embargo, ahora convergen en esa estructura de alto capital social que es la pandilla, principalmente el delito y el crimen.

Estamos ante una segunda generación de mareros, jóvenes que no tienen un vínculo directo con las migraciones de los años ochenta a Estados Unidos, pero que dentro de esas remesas culturales enviadas por las vías de la deportados se internalizaron en el modelo de ser joven en Centroamérica, ese joven que ante la carencia de opciones –laborales y de educación-, encuentra en la pandilla el único mejor espacio posible de realización.

En California es otra historia. La lucha interétnica por el espacio es la constante: barrios, escuelas, trabajos segregados socio-espacialmente son el eje de la cotidianidad. El cine desde Zoot Suit, American Me, Blood in blood out, y recientemente Wats up rockers, muestran como este rito de paso ha trastocado la cultura de las comunidades latinas en USA.

La respuesta represiva de la sociedad frente a las maras llevó que el condado de Los Ángeles tuviera más prisiones juveniles que escuelas comunitarias. ¿Esto refuerza el ciclo exclusión-violencia-exclusión? ¿Ha demostrado tener algún resultado el enfoque represivo en términos de mayor seguridad para la comunidad de Los Ángeles?

El binomio juventud–violencia es la fórmula sobre la que definen sus políticas hacia los jóvenes los gobiernos. Es decir, mantienen y promueven espacios de control social, coartando la libertad creativa de los jóvenes. Prisiones y políticas de mano dura han mostrado que no son la vía para enfrentar el fenómeno de las pandillas. En Estados Unidos, se está en presencia de una cultura que ha pasado del siglo XX al XXI con la misma fuerza que inició; se mantiene un estructura donde las segregación económica, racial, étnica, laboral, religiosa y política acomoda el todo social; la seguridad está en el respeto cultural, la violencia se crea en la ignorancia y en el desconocimiento del otro. En Norteamérica las emociones que se generan a la llegada de un vecino asiático, hindú, salvadoreño, nicaragüense, o hacia el nuevo colombiano que se ha mudado al apartamento de a lado, lo que abre un espacio la confrontación, absurda, pero real.

Cuéntenos un poco de la experiencia del religioso George y de Homies Unidos en California, basada en el aprovechamiento de la estructura de la mara para diseminar valores positivos y ofrece oportunidades de educación e inclusión en general.

A mediados de la década de los 90, se organiza Homies Unidos por miembros fundadores de diversas pandillas del área de Los Ángeles, pandilleros veteranos como Alex Sánchez, que después de vivir dentro de las pandillas desde su adolescencia, deciden por una membresía inactiva como pandilleros, trabajar desde espacios de intervención juvenil para bajar los índices de violencia al interior y al exterior de las pandillas, así como para influir en los jóvenes en el uso y no abuso de las drogas.

Este modelo que sigue Homies Unidos, lo implementan otras organizaciones como Homeboys Industries fundada por el padre Gregory Boyle, y en ambas se parte de la idea de trabajar con los jóvenes pandilleros desde un escenario de respeto a sus identidades y respectivas membresías. Lo interesante de Homies Unidos es que realizan trabajo de base tanto en Los Ángeles como en El Salvador, teniendo una oficina y llevando a cabo un par de programas de reinserción socia en lo laboral, lo escolar y en actividad política en ambas sociedades, la norteamericana y la salvadoreña.

¿Tienen apoyo social estas iniciativas?

Desde la perspectiva de la comunidad y de las instituciones gubernamentales - entiéndase policía- el trabajo de Homies Unidos no tiene credibilidad y de hecho interfieren en la labor de la organización. Hace un par de meses en California el FBI arrestó a Alex Sánchez director de Homies acusado de tener vínculos con la MS13, pandilla de la que fue miembro activo hace más de diez año. Adicionalmente, en El Salvador más de un director de Homies Unidos ha sido asesinado desde su creación y sus miembros han sido víctimas de atentados tanto por parte de la policía como por miembros de pandillas activas.

Las migraciones no van a acabar, las deportaciones tampoco… ¿Qué debería cambiar en el modelo que se utiliza para enfrentar la violencia generada por las maras?

Las migraciones internacionales no paran y por el contrario diversifican sus destinos tanto al interior de Norteamérica como a Europa: pandillas de corte étnico se multiplican como alternativa al desencanto: Latinkings, Ñetas, Trinitarios, Mara Salvatrucha, Sureños, Norteños, todas ellas son identificaciones y diseños socioculturales que expresan un malestar ante las naciones, ante el mundo y sus sistemas de dominación.

Las políticas de Mano de Dura no integran a los jóvenes a los proyectos de nación, desintegran en cambio los proyectos personales de las juventudes latinoamericanas, así vivan en las sociedades de origen o en las sociedades huéspedes. Estados Unidos se está latinizando, las población hispana para mediados del siglo XXI por mucho será la minoría étnica más numerosa de Norteamérica, las segundas generaciones estarán transformando el mapa cultural de América, la movilidad implica cambios visibles e imperceptibles y entrañan dilemas y contradicciones en torno a los reacomodos profundos de las sociedades globales. Democracias simuladas, inclusión con exclusión, son los escenarios que al día de hoy, en plena era de la globalización, nos enseñan como es el no futuro.

PERÚ: 2 mil reos peruanos salen de la cárcel con brazaletes GPS

2009-11-23T00:58:00.000-08:00

El Gobierno peruano decidió sacar de las cárceles de ese país a 2.000 presos para ponerles el brazalete electrónico de vigilancia y reducir el hacinamiento en estos centros de reclusión.
El Consejo de Ministros de Perú aprobó ayer una iniciativa legislativa que busca reducir el hacinamiento de las cárceles del país a través del uso de brazaletes electrónicos de vigilancia, que, en un primer momento, se utilizarán con 2.000 presos.

La iniciativa, que fue presentada por el Ministerio de Justicia y modifica varios artículos del Código Penal, el Código Procesal Penal y el Código de Ejecución Penal, debe ahora ser aprobada por el Congreso peruano, tras lo que se convocará a un concurso de licitación internacional para la provisión del sistema y los brazaletes de seguridad, informó el Ministerio de Justicia en una nota de prensa enviada a los medios.

Según el titular de esta dependencia, Aurelio Pastor, el objetivo de su ministerio es que el concurso de licitación sea convocado en enero del 2010. El plan piloto del proyecto, aún pendiente de aprobación, pretende aplicar este sistema a 2.000 internos de cárceles peruanas, lo que supondrá una inversión total para el plan de unos cinco millones de dólares.

“Es un ahorro porque actualmente el costo es de 12 dólares por interno y día”, afirmó Pastor.

El ministro explicó que el sistema de vigilancia electrónica tiene como objetivo controlar el movimiento tanto de procesados como de los condenados.

De este modo, y según la iniciativa legislativa, los brazaletes podrán aplicarse a personas procesadas por un delito cuya pena máxima no exceda los ocho años y para condenados cuya sentencia tampoco supere esta cifra.

“En el caso de los condenados que obtengan los beneficios penitenciarios de semilibertad o libertad condicional, el uso del brazalete electrónico será por el tiempo que todavía le falta para el cumplimiento total de la pena”, explicó Pastor.

Según cifras oficiales del Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE), los 79 penales del país, con una capacidad total de 23.331 internos, alojan a 44.607 reclusos, el 55 por ciento de los cuales aún no ha sido sentenciado, afirma los datos.

El uso de brazaletes con GPS para el control de reos en prelibertad se da cuando los reos intentaron violar las medidas de seguridad. Lima, EFE

fuente: www.la-razon.com

MASTER OFICIAL EN CRIMINOLOGÍA Y SOCIOLOGIA JURÍDICO PENAL

2009-11-11T22:45:00.000-08:00

MASTER OFICIAL EN CRIMINOLOGÍA Y SOCIOLOGIA JURÍDICO PENAL
Universitat de Barcelona
Facultat de Dret
Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans

SEMINARIOS A CELEBRAR

Dra. Patricia Faraldo: Profra. de Derecho Penal, Universidad de A Coruña
Tendencias punitivistas en las reformas del Código Penal
Lunes 16 de Noviembre, 16 hs. Aula: Seminario 30 (Fac. Derecho-UB)

Profra. Natalia Castro: Profra. Derecho Penal, Universidad Nacional de Mar de Plata (Rep. Argentina); Defensora Pública Oficial ante los Juzgados Federales de 1ª Instancia de Mar de Plata.
Trata de niñas, niños y jóvenes con fines de explotación sexual
Martes 17 de Noviembre, 16 hs. Aula: Seminario 13 (Fac. Derecho-UB)

Prof. Vincezo Ruggiero: Prof. de Sociología en las Universidades de Middlesex (Londres-Reino Unido) y Pisa (Italia); Fundador y coDirector de Forum on Crime and Society, revista editada por Naciones Unidas.
Presentación de su libro:
La violencia política. Un análisis criminológico
Lunes 23 de Noviembre, 19 hs. Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB)
Aula 1

Conferencia: Concepto de violencia política: implicancias históricas, transformaciones...
Martes 24 de Noviembre, 16 hs. Aula: Seminario 13 (Fac. Derecho-UB)

Dr. Massimo Pavarini: Prof. Derecho Penitenciario e Instituciones del Derecho Penal, Facoltà di Giurisprudenza, Universidad de Bolonia (Italia)
El regreso a una pena fundamentalista y la guerra a las no-personas
Lunes 30 de Noviembre, 16 hs. Aula: Seminario 30 (Fac. Derecho-UB)

20 ANIVERSARIO DE REFORMA PENAL INTERNACIONAL

2009-11-11T02:19:00.000-08:00

Sistemas Penitenciarios y Penas Alternativas en Iberoamérica: Análisis a partir de la situación de la criminalidad y las políticas criminológicas

2009-11-06T12:27:00.000-08:00

Estimadas amigas y amigos. Ya ha visto la luz el libro en el que hago un análisis de la situación penitenciaria y de la implementación de la pena alternativas en la región. A continuación os dejo una sinopsis y el índice. Pinchando en el título de este artículo podéis acceder a la editora para su compra. Trataré de, si es posible, colgarlo de aquí para su acceso público.

Espero que os guste y me hagáis llegar vuestros comentarios

Sistemas penitenciarios y penas alternativas en Iberoamérica
Mauricio Benito Durá
09/2009 - Tirant lo Blanch - Homenajes y Congresos
Edición bilíngüe Español-Portugués
1ª Edición / 636 págs. / Rústica / Castellano / Libro
ISBN10 8498764254; ISBN13 9788498764253

Sinopsis

Las cárceles se han utilizado para proteger a la comunidad, disuadir a los posibles infractores, exigir retribución y rehabilitar a los delincuentes. Sin embargo las condiciones de vida en muchas prisiones y los malos tratos que se producen no ofrecen la oportunidad para equilibrar esas funciones. Gran parte de los reclusos esperan juicio y las cárceles están llenas de pequeños delincuente, enfermos mentales, minorías objeto de discriminación y pobres. Además de tratarse de una importante cuestión de justicia, la reforma de las cárceles es un componente clave del marco de seguridad. Las prisiones no pueden controlar su entrada: reciben los resultados de las decisiones que se toman en otros ámbitos del sistema de que imparte justicia y seguridad. La cantidad y categoría de quienes están en prisión es el resultado de la interacción de la cultura, historia, política y situación socioeconómica, de la ley penal y de las decisiones de funcionarios de policía, fiscales y jueces.  El objeto del presente trabajo es hacer un acercamiento a esta realidad abordando el tema de los sistemas penitenciarios y de las penas alternativas desde una óptica criminológica y de seguridad ciudadana que promueva su integración en las políticas nacionales de desarrollo y defensa de los derechos humanos. La articulación entre políticas sociales y de seguridad deben permitir un eficaz abordaje de la exclusión social, la violencia, la delincuencia y el desarrollo con equidad de las comunidades.

Índice

Prólogo
Agradecimientos
I. Instrumentos internacionales y regionales de Derechos Humanos pertinentes
1. Instrumentos Básicos de Derechos Humanos de Ámbito Universal
1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos
1.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
1.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
1.4. Otros Instrumentos Universales de los Derechos Humanos
2. Instrumentos Básicos de Derechos Humanos de Ámbito Americano
2.1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
2.2. Convención Americana sobre los Derechos Humanos
3. Instrumentos Básicos de Derechos Humanos de Ámbito Europeo
3.1. Convenio Europeo de Derechos Humanos
3.2. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes
3.3. Otros Instrumentos Regionales
4. Instrumentos Penitenciarios
4.1. Instrumentos Penitenciarios de Ámbito Universal
4.1.1. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
4.1.2. Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
4.1.3. Principios Básicos para el Tratamiento de los reclusos
4.1.4. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
4.1.5. Otros instrumentos de derechos humanos en la administración de justicia
5. Instrumentos Penitenciarios de Ámbito Latinoamericano
5.1. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas
6. Instrumentos Penitenciarios de Ámbito Europeo
6.1. Reglas Penitenciarias Europeas
7. Un modelo de Derechos y Obligaciones para los Sistemas Penitenciarios Iberoamericanos
7.1. Personal Penitenciario y administración de prisiones
7.1.1. Valores y comunicación
7.1.2. Las prisiones en la estructura de la administración pública
7.1.3. Contratación de personal
7.1.4. Capacitación de personal y condiciones de empleo
7.2. Los Reclusos y los Derechos Humanos
7.2.1. La Tortura y el Maltrato
7.2.2. Procedimientos de Admisión
7.2.3. Condiciones de Vida
7.2.4. Religión
7.3. La Atención Sanitaria
7.3.1. El Derecho a la Atención Sanitaria
7.3.2. Un Entorno Sano
7.3.3. Tratamiento Individual
7.3.4. Personal de Atención Sanitaria
7.4. Gestión de Prisiones
7.4.1. Seguridad y Programas de Reintegración Social
7.4.2. Seguridad y Contacto con el Mundo Exterior
7.4.3. Control y Orden
7.4.4. Colapso del Control y el Orden: Medidas para Combatir la Violencia y las Situaciones de Emergencia
7.4.5. Condiciones de Máxima Seguridad
7.4.6. Reclusos Difíciles y Problemáticos
7.5. Procedimientos y Sanciones disciplinarias
7.5.1. Procedimientos disciplinarios ecuánimes
7.5.2. Sanciones Justas y Proporcionadas
7.5.3. Confinamiento Solitario
7.6. Actividades Constructivas y Reinserción Social
7.6.1. Reconocimiento de la Persona Privada de Libertad como Individuo
7.6.2. Capacitación Laboral y Aptitudes
7.6.3. Actividades Educativas y Culturales
7.6.4. Preparativos para la Puesta en Libertad
7.7. Contacto con el Mundo Exterior
7.7.1. Visitas, Cartas y Llamada
7.7.2. Acceso a material de lectura, radio y televisión
7.7.3. Reclusos extranjeros
7.8. Peticiones y Denuncias
7.9. Procedimientos de Inspección. Informar y responder a las inspecciones
7.10. Prisión Preventiva y Personas Privadas de Libertad Detenida sin Condena
7.10.1. Derecho a la Representación Legal
7.10.2. El Tratamiento de las Personas Privadas de Libertad de forma Preventivas
7.10.3. Otras Personas Privadas de Libertad sin Condena
7.11. Jóvenes y Personas Menores de Edad
7.12. Mujeres en Prisión
7.13. Penas Prolongadas y Cadena Perpetua
7.14. Pena de Muerte
7.15. Diversidad
7.16. El uso de las Penas Alternativas a las Penas y Medidas Privativas de Libertad

II. Seguridad ciudadana y política criminal: Aportes a la cohesión social

1. Violencia y Criminalidad en América Latina
1.1. Buena Práctica: Seguridad Ciudadana como política de Estado en Bogotá
2. Pobreza en América Latina: aumento de la brecha social e incremento de la delincuencia
3. Tolerancia Cero: las «ventanas rotas» de Iberoamérica
4. Victimización de los jóvenes
5. «Maras» en Centroamérica: del abandono a la limpieza social

III. Políticas penitenciarias y sistemas penitenciarios en Iberoamérica

1. Aproximación a la realidad penitenciaria Iberoamericana
1.1. Tasas penitenciarias
1.2. Sobrepoblación y hacinamiento
1.3. Infraestructura penitenciaria
1.3.1. Chile
1.3.2. Colombia
1.3.3. Uruguay
1.3.3.1. Antecedentes de la ley 17.897: Una primera medida
1.3.3.2. Síntesis de las principales disposiciones de la ley 17.897
1.3.3.3. Alternativas al encierro
1.3.3.4. Modificación al régimen de libertad anticipada
1.3.3.5. Un nuevo instituto
1.3.3.6. Políticas de integración social
1.3.3.7. Objetivos alcanzados
1.3.4. La privatización de los centros penales
1.3.4.1. Las cárceles privadas. Elías Carranza
1.4. Población penitenciaria por sexo
1.5. Condiciones de detención y Derechos Humanos fundamentales: morir en prisión
2. Mujeres en Prisión
3. Grupos Especiales
3.1. Presos sin condena
3.2. Pena de Muerte
4. Salud en prisión
4.1. Habitabilidad: albergue, condiciones de detención y vestido
4.2. Alimentación y Agua potable
4.3. Enfermedades Infecciosas
4.4. Enfermos Mentales
5. Educación
5.1. En cuanto a su instrumentalización, desarrollo y alcance
5.2. En cuanto a las universidades y la educación en prisión
5.3. En cuanto a la educación y los derechos humanos
5.4. Los desafíos para el disfrute del derecho a la educación en las prisiones
6. Personal penitenciario y administración penitenciaria
6.1. Gestión penitenciaria
6.1.1. La sociedad
6.1.2. La estructura arquitectónica
6.1.3. Personal al servicio de la Administración
6.1.4. Los internos
6.2. Servicio público
6.3. Selección de personal y condiciones de trabajo
6.4. Formación profesional
6.5. España: Los Módulos de Respeto

IV. Penas alternativas

1. ¿Crisis de las penas de prisión?
1.1. La prisión: un enfermo terminal con salud de hierro
1.2. El apoyo popular a las penas de prisión
1.3. El apoyo popular a las penas alternativas
2. El costo de la pena de prisión
2.1. El costo económico
2.2. El costo social
3. Penas alternativas y alternativas a la prisión
4. Penas alternativas y prisión preventivas
5. Tipos de penas alternativas
5.1. La substitución por otra medida privativa de libertad
5.2. La substitución por otras penas no privativas de libertad
6. Penas alternativas y el miedo a lo nuevo
7. Buenas prácticas
7.1. Brasil
7.1.1. Red social y penas alternativas en el caso brasileño
7.1.2. Lecciones aprendidas
7.2. El Salvador
7.2.1. La ley Penitenciaria
7.2.2. La ley Orgánica Judicial
7.2.3. Estrategias de trabajo del Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DEPLA)
7.2.3.1. Gestión y sistematización de la información
7.2.3.2. Atención de casos en fases
7.2.3.2.1. Valoración diagnóstica y formulación de Plan de Seguimiento
7.2.3.2.2. Ejecución del plan de seguimiento
7.2.3.2.3. Fase de cierre

V. Monitoreo de los centros penales

1. Organismos Internacionales
1.1. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
2. ONG Internacionales
2.1. Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
2.2. Reforma Penal Internacional (RPI)
2.3. Centro Internacional de Estudios sobre Prisiones
2.4. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
3. Organismos Regionales
3.1. Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)
3.2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los derechos humanos de las personas privadas de Libertas de las Américas
3.3. Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT)
4. Organismos Nacionales
4.1. Defensorías del Pueblo
4.2. Parlamentos Nacionales
4.2.1. Procuraduría Penitenciaria en Argentina
4.2.2. Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario del Uruguay
4.3. ONG Locales
4.4. Medios de Comunicación
VI. Conclusiones y recomendaciones

VII. Bibliografía y fuentes de referencia

CINE: Celda 211

2009-11-06T03:19:00.000-08:00

En esta ocasión os dejo la referencia de una película que se estrena hoy. En breve espero estar poniendo el link para que podáis ver la película.

TÍTULO ORIGINAL
Celda 211

AÑO
2009

DIRECTOR
Daniel Monzón

REPARTO
Alberto Ammann, Luis Tosar, Antonio Resines, Manuel Morón, Carlos Bardem, Fernando Soto,Marta Etura, Luis Zahera, Vicente Romero

GUIÓN
Jorge Guerricoechevarría, Daniel Monzón

NACIONALIDAD
España

FECHA DE ESTRENO
06/11/2009

Argumento

Basada en la novela de Francisco Pérez Gandul, cuenta la historia de un funcionario de prisiones que comienza a trabajar en una carcel sevillana el mismo día que se produce un motín de presos.

Allí dentro, tendrá que hacerse pasar por uno más de ellos usando su inteligencia para poder sobrevivir...

El guión estará escrito por Jorge Guerricaechevarría y el propio Daniel Monzón.

Crítica por Emilio Martínez
Desde que estrenase El Corazón del Guerrero allá por el año 2000, Daniel Monzón demuestra con cada nueva película un paso adelante en su madurez como director. Si ya La Caja Kovak era un excelente homenaje al cine de Hitchcock, ahora en Celda 211 cambia completamente de registro y nos brinda uno de los grandes títulos del cine español reciente.

El tándem Monzón-Guerricaechevarría adapta brillantemente la novela de Francisco Pérez Gandul elaborando un título duro, polémico y desgraciadamente, muy de actualidad. Celda 211 es una invitación a reflexionar sobre algunos ángulos oscuros de los entresijos políticos y las consecuencias que estos tienen sobre grupos que permanecen en el anonimato.

Celda 211 habla de supervivencia, lealtad y coraje. Habla de mentiras, embustes y miseria humana. Es una demostración de cómo en situaciones extremas uno puede dar lo mejor (o peor) de sí mismo. Monzón consigue de forma magistral una comunión perfecta entre el espectador y sus personajes. Convierte a los "malos" en "buenos" sin dejar de lado la credibilidad de un título prácticamente redondo.

Alberto Amman es todo un descubrimiento y Luis Tosar hace el mejor papel de su carrera hasta ahora. Su interpretación de Mala Madre es inolvidable y le coloca muy bien situado para conseguir un nuevo Goya en su carrera (aunque después de que ni tan siquiere preseleccionasen a la película para los Oscar me espero cualquier cosa).

No os dejéis a engañar por el título. Que nadie espere un drama carcelario al más puro estilo Encerrado. Celda 211 es un thriller intenso y violento, un ejercicio inusual en nuestro cine pero que consagra a Monzón como uno de los grandes directores actuales en nuestro país. Un título imprescindible.

Lo Mejor: Es la mejor película española del año.

Lo Peor: El mal cuerpo que te deja.

BRASIL: Rio faz mutirão carcerário e beneficia mais de 4 mil presos

2009-11-05T17:25:00.000-08:00

Foram concedidos benefícios como progressão de pena, visita ao lar e trabalho extramuros em 22 presídios

Maíra Teixeira, www.estadao.com.br

SÃO PAULO - Um mutirão carcerário analisou 8.026 processos e concedeu 4.027 benefícios previstos na Lei de Execuções Penais, como progressão de pena, visita periódica ao lar e trabalho extramuros para presos de 22 presídios do Estado.

As análises começaram em 1º de outubro, com a formação de um polo de trabalho formado cinco juízes, sete defensores públicos, cinco promotores de justiça e cerca de 100 servidores do Tribunal.

Nesta sexta-feira, 6, em cerimônia no Instituto Penal Plácido Sá Carvalho, no Rio de Janeiro, serão inaugurados terminais de autoatendimento dentro dos presídios. Esses terminais vão possibilitar que os presos acompanhem seus processos de dentro das unidades prisionais.

Será também lançado o Projeto Começar de Novo, do Conselho Nacional de Justiça, que tem o objetivo de ressocializar os presos e promover sua inserção no mercado de trabalho.

PNUD - Informe de Desarrollo Humanos 2009/2010 para América Central: "Abrir espacios para la seguridad ciudadana y el desarrollo humano"

2009-10-22T04:36:00.000-07:00

El día 20 de octubre tuvo en lugar en San Salvador la presentación del Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 del PNUD. En esta ocasión el tema abordado es el de la seguridad ciudadana.

En los próximos días se estará llevando a cabo la presentación del informe en los demás países de la región: Ciudad de Guatemala (21 de octubre), Managua (22 de octubre) y Ciudad de Panamá (27 de octubre).

Adjunto a continuación la nota de prensa:

20 de octubre 2009
América Central: respetar el Estado de derecho, remedio contra la violencia

San Salvador - Ni mano dura, ni mano blanda. Las soluciones a los elevados niveles de inseguridad en la región pasan por una “mano inteligente” en el marco del respeto a la democracia y el cumplimiento del Estado de derecho, afirma el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano, presentado hoy en San Salvador. El acto de lanzamiento del Informe fue presidido por el primer mandatario salvadoreño, Mauricio Funes, junto a la Directora Regional para América Latina y el Caribe del PNUD, Rebeca Grynspan; la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas y Representante Residente del PNUD El Salvador, Jessica Faieta; el Secretario General del Sistema de Integración Centroamericana (SICA), Juan Daniel Alemán, y el Coordinador general del Informe, Hernando Gómez Buendía.

La inseguridad ciudadana en América Central es un gran desafío al desarrollo humano, señala el Informe, pero este reto tiene solución. El documento afirma que la mano dura y la mano blanda han fracasado y deben evolucionar hacia una estrategia inteligente de seguridad ciudadana para el desarrollo humano. Esta nueva estrategia integral debe considerar las acciones preventivas y coercitivas, respetar la coherencia con el sistema de justicia y la estructura de valores de civilidad. Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano asegura que las claves del éxito de esta nueva estrategia de seguridad se encuentran, entre otras medidas, en una real voluntad política, un liderazgo claro y continuidad entre gobierno y gobierno.

“Este Informe obliga a mirar con más atención la formulación de estrategias regionales”, señaló el presidente Funes, para luego agregar que “el éxito en la lucha contra el crimen no se alcanzará sino en el ejercicio pleno de la democracia”. “Si existe la voluntad de resolver los problemas, primero hay que conocerlos, y para conocerlos se debe admitirlos, jamás negarlos”, agregó el Presidente. América Central se ha convertido en la región del mundo con mayores niveles de violencia ordinaria. Según los datos del Informe, unas 79.000 personas han sido asesinadas en la región en los últimos 6 años. A pesar de las diferencias notables entre países, la tasa promedio de homicidios para 2008 fue de 33 asesinatos por cada cien mil habitantes, tres veces mayor que el promedio mundial. A pesar de estos elevados niveles de violencia, resolver el problema de inseguridad que afecta a la región es posible en el marco de la democracia, según el IDH para América Central.

“Más allá de su indudable costo económico concreto, una de las principales razones por las que este es un tema fundamental es que la violencia y la delincuencia están afectando las decisiones que toma a diario la población, convirtiéndose en una limitante clara al desarrollo humano. Uno de los costos más difíciles de cuantificar es el de las libertades perdidas”, destacó Rebeca Grynspan.

Luego, la Directora Regional para América Latina y el Caribe del PNUD agregó que “la violencia está afectando una de las formas esenciales de la libertad. Ningún aspecto de la seguridad humana es tan fundamental como el hecho de impedir que la población sea víctima del temor y la violencia física”.

La seguridad, indica el Informe de PNUD, supone un diagnóstico inteligente, una real voluntad política y un sistema integrado para adoptar y ejecutar acciones de corto y de largo plazo. Entre las claves del éxito se encuentra el disponer de información objetiva, confiable y permanente destinada a entender la evolución del fenómeno, orientar el trabajo de campo, evaluar las estrategias, controlar a los funcionarios y adoptar los cambios necesarios. La seguridad no es sólo un problema de policías y de jueces, según el Informe, por lo que esta política integral y coherente requiere de la participación de las instancias responsables de las estrategias de prevención.

“La seguridad es un derecho de todos y el Estado tiene el deber de proveerla. Sin seguridad no hay inversión, sin inversión no hay empleo y sin empleo no hay desarrollo humano. La seguridad es una parte esencial de la estrategia de desarrollo de los países y de las ciudades”, afirmó Hernando Gómez Buendía, Coordinador general del Informe.

La seguridad necesita de un manejo del problema muy cercano por lo que esta estrategia inteligente de seguridad ciudadana para el desarrollo no estaría completa sin la participación de los gobiernos locales. Esto supone conocimiento directo del problema, proximidad, descentralización y flexibilidad de parte de las autoridades nacionales y locales, según el Informe.

La ciudadanía debe estar bien informada sobre el problema, sus soluciones y los avances de la estrategia. El Informe también enfatiza que al igual que el desarrollo humano, la seguridad ciudadana es seguridad de la gente, por la gente y para la gente.

Las soluciones más eficaces a la inseguridad respetan y refuerzan el Estado de derecho. Más cohesión social y un sistema de seguridad ciudadana y de justicia penal (SSCJP) inteligente garantiza una seguridad más equitativa y perdurable. Las democracias de América Central sí pueden reducir la inseguridad de su gente, afirma Abrir espacios a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano.

EEUU: Pena de Muerte - Declaración del hombre que sobrevivió a su propia ejecución

2009-10-11T22:54:00.000-07:00

www.elpais.com
11/10/2009

18 pinchazos no mataron a Romell Broom

Un equipo de aplicación de la pena capital en el Estado de Ohio fracasó en el intento de matar con una inyección letal a Romell Broom, de 53 años, el 15 de septiembre pasado. La ejecución fue suspendida por el gobernador, Ted Strickland, después de que el condenado hubiera recibido 18 pinchazos en diversas partes del cuerpo. Lo que sigue es la traducción de la declaración presentada por el superviviente de este ajusticiamiento fallido.

" EN EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE ESTADOS UNIDOS, DISTRITO SUR DE OHIO
ROMELL BROOM contra TED STRICKLAND
CONDADO DE SCIOTO. ESTADO DE OHIO

DECLARACIÓN JURADA DE ROMELL BROOM:

Por la presente, yo, Romell Broom, declaro y doy fe de lo siguiente:

1. Estoy interno en el corredor de la muerte en el Estado de Ohio.

2. Mi ejecución estaba prevista para el martes 15 de septiembre de 2009. La ejecución debía llevarse a cabo en la Prisión Sur (Southern Correctional Facility, SOCF), en Lucasville, Ohio.

3. Los funcionarios de prisiones me llevaron de la Penitenciaría del Estado de Ohio a la SOCF, el 14 de septiembre de 2009.

4. Tras mi llegada, vino una enfermera al lugar en el que estaba albergado, la celda J-1. La enfermera llegó, encontró dos venas en mi brazo derecho y mi brazo izquierdo, me ató el brazo y tomó nota de lo que había encontrado.

5. Después de que viniera la enfermera, los funcionarios de prisiones estuvieron ofreciéndome líquidos todo el tiempo. Yo acepté. Durante ese día bebí café, Kool-Aid y agua. Tomé siete tazas de café, cinco tazas de agua y tres tazas de Kool-Aid.

6. El 15 de septiembre de 2009, me desperté, me duché y hablé con mi hermano por teléfono. En un momento dado, el jefe de los funcionarios encargados de la ejecución me contó que uno de los tribunales estaba revisando mi caso y que la ejecución se había retrasado mientras tanto. Debido a la longitud del retraso, creí que el tribunal iba a aceptar mis argumentos en favor de un recurso.

7. Sin embargo, alrededor de las 14.00, mi abogada me informó de que el tribunal había rechazado mi apelación y que no quedaban más vías de acción. El Estado iba a seguir adelante con mi ejecución.

8. Cuando estaba en la celda, el funcionario jefe Phillip Kerns entró con varios guardias y me leyó la orden de ejecución. Después entraron dos enfermeros que me dijeron que me tumbase. Uno de los enfermeros era un hombre blanco y la otra una mujer blanca.

9. Había tres guardias presentes en la habitación. Un guardia estaba a mi derecha, otro a mi izquierda y otro junto a mis pies.

10. Los enfermeros intentaron acceder simultáneamente a las venas de mis brazos. La enfermera intentó en tres ocasiones acceder a las venas en el centro de mi brazo izquierdo. El enfermero intentó en tres ocasiones acceder a las venas en el centro de mi brazo derecho.

11. Después de esos seis intentos, los enfermeros me dijeron que descansara un poco. Seguí tendido en la cama durante dos minutos y medio, aproximadamente.

12. Después de la pausa, la enfermera intentó dos veces acceder a las venas de mi brazo izquierdo. Debió de pinchar un músculo porque el dolor me hizo gritar. El enfermero intentó tres veces acceder a las venas de mi brazo derecho. La primera vez, el enfermero consiguió acceder a una vena en mi brazo derecho. Intentó insertar la vía intravenosa, pero la perdió y empezó a correrme la sangre por el brazo. La enfermera salió de la habitación. El funcionario de prisiones le preguntó si se encontraba bien. Ella respondió: "No", y se fue.

13. Los funcionarios encargados de la ejecución declararon que aquello era difícil para todos y sugirieron hacer otra pausa. Entonces se fue el enfermero. El funcionario que estaba a mi derecha me tocó en el hombro derecho y me dijo que me relajara mientras descansábamos un momento. A esas alturas, estaba muy dolorido. Las heridas de los pinchazos me dolían y hacían que me fuera difícil estirar o mover los brazos.

14. El enfermero regresó con unas toallas calientes que colocó en su brazo izquierdo. Colocó las toallas sobre mis brazos y masajeó mi brazo izquierdo. Me dijo que las toallas les ayudarían a acceder a las venas.

15. Después de aplicar las toallas, el enfermero intentó acceder a mis venas, una vez en el centro de mi brazo izquierdo y tres veces más en la mano izquierda. Después del tercer intento de acceder a las venas en las manos, el enfermero comentó que el consumo de heroína me había dañado las venas. Ese comentario me disgustó porque nunca he consumido heroína ni ninguna otra droga intravenosa. Le repliqué al enfermero que nunca le había dicho que hubiera consumido heroína.

16. El enfermero siguió diciendo que la vena estaba allí pero que no podían cogerla. Intenté colaborar ayudando a atar mi propio brazo. Un funcionario de prisiones se acercó, dio un golpecito en mi mano para indicar que él también veía la vena e intentó ayudar al enfermero a localizarla.

17. El jefe de los funcionarios encargados de la ejecución me dijo que iban a hacer otra pausa y volvió a decirme que me relajara.

18. Entonces me descompuse. Empecé a llorar porque me dolía todo y mis brazos estaban inflamándose. Los enfermeros estaban pinchando agujas en zonas que ya estaban inflamadas y con hematomas. Pedí que interrumpieran el proceso y pedí hablar con mi abogada.

19. El jefe de los funcionarios encargados de la ejecución me pidió que me sentara para que la sangre circulase mejor. Entonces entró en la habitación la enfermera jefe, una mujer asiática.

20. La enfermera jefe intentó acceder a las venas en mi tobillo derecho. Pidió que alguien le diera "un veinte" y alguien le entregó una aguja. Durante ese intento, la aguja me pinchó en el hueso y fue muy doloroso. Grité. Al mismo tiempo que la enfermera jefe intentaba acceder a una vena en la parte inferior de mi pierna izquierda, el enfermero intentó acceder a una vena en mi tobillo derecho. Después de esos intentos fallidos, la enfermera jefe cogió la aguja y salió de la habitación.

21. El enfermero hizo otros dos intentos de acceder a las venas en mi mano derecha. Parecía que habían desistido ya del brazo izquierdo porque estaba hinchado y lleno de hematomas. El nivel de dolor estaba en el máximo. Me habían pinchado al menos 18 veces en múltiples zonas, todo con la intención de inyectarme unas drogas que iban a quitarme la vida.

22. El jefe de los funcionarios encargados de la ejecución volvió a decirme que me relajara. Hubo conversación entre los funcionarios sobre el hecho de que podían ver las venas.

23. Al cabo de un rato, el director, Terry Collins, entró en la habitación y me dijo que iban a interrumpir la ejecución. Collins indicó que valoraba mi cooperación y que tomaba nota de mis intentos de ayudar al equipo. También expresó su confianza en su equipo de ejecución y su profesionalidad. El director Collins me dijo que iban a llamar al gobernador Strickland para informarle de la situación.

24. Cuando se fueron los enfermeros y el director Collins, los funcionarios me preguntaron si me apetecía un café y un cigarrillo. Yo seguía en la cama con las luces atenuadas.

25. Aproximadamente media hora después, mi abogada, Adele Shank, vino y me dijo que el gobernador había dictado la orden de aplazar la ejecución una semana. Le hablé a la abogada Shank de mi dolor y le enseñé las zonas que tenían hematomas.

26. Después de que se fuera la abogada Shank, los funcionarios de prisiones me trasladaron al hospital.

27. A la mañana siguiente, mis brazos empezaron a dar más señales de hematomas e inflamación. Cada sitio del brazo en el que se había hecho un intento mostraba hematomas e inflamación visibles. Algunos de los hematomas de las manos y el tobillo han desaparecido y parte de la inflamación desapareció a lo largo de la tarde siguiente.

28. Todavía hoy, mis brazos tienen grandes hematomas visibles, y siguen estando inflamados. Los múltiples sitios en los que los enfermeros trataron de acceder a mis venas siguen doliéndome.

29. Los funcionarios de prisiones decidieron mantenerme en la SOCF durante la semana de aplazamiento. Durante este tiempo, estoy constantemente bajo observación del equipo encargado de la ejecución y los guardianes.

30. Esperar a ser ejecutado es angustioso. Me produce mucha tensión pensar en que el Estado de Ohio tiene la intención de causarme el mismo dolor físico la próxima semana.

31. Me veo obligado a recordar constantemente el hecho de que la semana próxima tendré que sufrir la misma tortura que el Estado de Ohio me infligió el martes 15 de septiembre de 2009 , porque no ha habido ningún cambio en el protocolo de ejecución de Ohio y no ha habido ningún cambio en mis venas. El declarante no tiene nada más que decir.

Rommel Broom

Jurado, afirmado y suscrito en mi presencia el 17 de septiembre de 2009.

Marcia Dukes, notaria pública."

2009-10-06T04:58:00.000-07:00

PALESTINA: Niños presos en cárceles militares israelíes

2009-09-26T15:15:00.000-07:00

www.ipsnoticias.net

Por Mel Frykberg

BI'ILIN, Cisjordania, 24 sep (IPS) - Soldados israelíes arrestaron a ocho niños palestinos de entre 10 y 17 años en las ciudades de Naplusa y Qalqilya, en el norte de Cisjordania, en operaciones realizadas el lunes de noche y el martes de mañana.

La filial palestina de la organización no gubernamental Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) informó en un comunicado que la cantidad de menores de edad en cárceles o en centros de detención temporaria del ejército israelí aumentó 17,5 por ciento respecto de 2008.

"El promedio de niños palestinos mantenidos en centros de detención israelíes en 2009 sigue siendo alto, 375 al mes ante los 319 de 2009", indicó la institución. "En agosto fueron detenidos 39 niños de entre 12 y 15 años, 85 por ciento más los 21 del mismo periodo de 2008."

Israel figura entre los 191 firmantes de la Convención de los Derechos de la Infancia, vigente desde 1990, según la cual "la detención, encarcelamiento o prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda".

Nashmi Muhammad Abu Rahme tiene 14 años y vive en el poblado de Bi'ilin, cerca de Ramalah. Soldados israelíes irrumpieron en su hogar a las 3 de la madrugada del 15 de agosto y lo sacaron de la cama para arrestarlo.

Bi'ilin es escenario de una larga campaña de desobediencia civil y no violenta contra el muro que Israel construye alrededor de Cisjordania y que atraviesa predios agrícolas cercanos, además de separar a parte de la población local de sus lugares de trabajo.

Los ciudadanos de Bi'ilin reclamaron con éxito ante la justicia israelí la modificación del trazado del muro, pero el ejército no cumplió con la sentencia.

"Mi familia se despertó con los gritos y golpes en la puerta de los soldados israelíes, que luego me vendaron los ojos y me maniataron fuertemente y me arrojaron a la parte trasera de un 'jeep'", recordó Abu Rahme en declaraciones a IPS.

"En el trayecto a la base militar me abofetearon, golpearon y patearon hasta hacerme sangrar. Yo estaba muy asustado", agregó.

Médicos israelíes trataron a Abu Rahme por las hemorragias y contusiones antes de maniatarlo y vendarlo nuevamente para conducirlo a un interrogatorio que duró tres horas, durante las cuales fue acusado de arrojar piedras a soldados.

El muchacho estuvo en la cárcel una semana. El fiscal militar fijó una fianza de 5.000 shekels (equivalente a 1.340 dólares) y lo liberó.

En el cercano poblado de Ni'ilin "unos 12 niños de nuestro poblado han sido arrestados y detenidos por los israelíes", dijo a IPS el maestro de escuela Hassan Moussa.

Los procedimientos de detención administrativa de Israel permiten a las fuerzas armadas mantener a un palestino preso tres meses sin acusarlo ante la justicia. El periodo de arresto es prorrogable por otros tres meses.

De ese modo, la educación de las niñas y los niños se interrumpe "durante semanas y meses, sin que sean llevados siquiera ante el juez", lamentó Moussa.

La mayoría son detenidos por arrojar piedras. El Decreto Militar 378 de Israel prevé una pena máxima de 20 años por este motivo, apenas cinco menos que la condena promedio por homicidio en un tribunal civil.

"En los interrogatorios se les niega la asistencia de un abogado y la visita de familiares a niños de apenas 12 años", aseguró DNI. "También son sometidos a técnicas prohibidas, como el uso excesivo de vendas y esposas, bofetadas, patadas, posiciones dolorosas por tiempo prolongado, confinamiento solitario, privación de sueño y combinaciones de amenazas físicas y psicológicas."

La organización israelí de derechos humanos B'Tselem explicó que para el confinamiento se utilizan celdas denominadas "bloqueo" (sin luz, de 1,5 por 1,5 metros), "armario" (con techo bajo, en la cual el detenido puede pararse pero es incapaz de sentarse o moverse) y "tumba" (una caja de un metro de altura, 80 centímetros de frente y 60 de profundidad).

DNI documentó al menos siete casos de detención durante la guerra en Gaza, entre diciembre y enero pasados, en los cuales los niños fueron usados como escudos humanos por el ejército israelí.

"Existe una gran diferencia en el modo en que la ley israelí trata a los menores de edad de esa nacionalidad y a los palestinos", dijo a IPS Jaled Quemar, de DNI Palestina.

Palestinos de al menos 12 años pueden ser procesados en las cortes marciales israelíes y considerados adultos a los 16. Los israelíes, sólo a partir de los 18.

El ejército anunció en julio la instalación de una corte marcial separada para los menores de edad. Mientras, niños y adultos son juzgados por los mismos tribunales.

"La buena noticia es que, después de 42 años de ocupación, los israelíes reconocen que el tratamiento legal que deparan a los niños palestinos ha sido moralmente indefendible", evaluó Quemar.

"La mala noticia es que los cambios son meramente semánticos. Los niños continuarán siendo procesados por los mismos jueces y en las mismas cárceles. La única diferencia es que los menores tendrán un juicio separado del de los mayores", agregó. (FIN/2009)

EL SALVADOR: En marcha reforma del sistema penitenciario

2009-09-17T15:11:00.000-07:00

Moreno explica los objetivos de la “Carretera de Oportunidades”

Douglas Moreno, Director de Centros Penales. Foto Diario Co Latino/Rosa Campos

Beatriz Castillo
Redacción Diario Co Latino

La crisis al interior del sistema carcelario en el país es grave, según lo explica el director Douglas Moreno. Sin embargo, la nueva administración impulsa “Carretera de Oportunidades”, un proyecto que busca industrializar el sistema, darle orden y reducir el hacinamiento en los 19 centros de resguardo.

- Existe una población de más de 20 mil reos, ¿cuál va a ser el modelo o las políticas que se van implementar para buscar la readaptación y la reinserción?
En primer lugar, voy a enfocarme que la solución (al problema de la sobrepoblación) no se construye desde el sistema, pero hay cosas que nos competen a nosotros y otras que no nos competen, como es el hecho que más personas delincan y hayan más capturas por la efectividad en la actividad policial. Nosotros hemos encontrado un proceso crítico de más de 20 mil personas dentro de la cárcel, eso no solo debería ser para medir la efectividad policial, debería ser preocupante para el país.

Lo que urge ahorita es una serie de programas sociales y económicos, porque es vergonzoso encontrar más de 21 personas en el sistema carcelario. Hoy que tenemos el problema, nos toca idear una estrategia en la cual hemos contratado un equipo especial que va a construir las propuestas para los jueces con respecto a las medias penas y a los terceras partes de la pena, para aquellas personas que puedan entrar en libertad condicional.

Esto tiene que ser bien escogido porque son personas en tercera edad, personas enfermas y luego hay personas que no necesitan estar más detenidas y podrían entrar en libertad condicional. Más o menos tenemos el consenso de 3 mil a 3 mil 500, que podrían entrar en el proceso de planteamiento hacia los jueces.

- Los que se pueden acoger…
Que se pueden acoger bajo ese estatus de libertad condicional, y esa es la diferencia que tenemos que hacer. Nosotros no vamos a poner libre a nadie, nosotros proponemos al juez que hay condiciones y que ellos consideren si la libertad condicional procede; en tal sentido los jueces decidirán si otorgan la libertad o no.

- ¿En cuánto tiempo van a tener ese diagnóstico?
El diagnóstico ya ésta, hoy los equipos que se han contratado es para que en los próximos tres meses pasen estas propuestas.

- Uno de los problemas en los últimos años en el sistema es el ocio carcelario. ¿Cómo van a combatirlo?
Primero, tratar el hacinamiento, no podés procurar ocupación, si no tratás el hacinamiento primero. Vamos a tratar el hacinamiento y mientras esto se va evacuando, paralelo se impulsará las un mil actividades ocupacionales que podamos diseñar a través de los equipos como programas. Pero le estamos apostando a que las cárceles deben de tener un trabajo de carácter industrial, debe de salir una producción de carácter industrial, eso las hace diferentes a la visión de trabajos ocupacionales; esa es una cosa valiosa, pero la cárcel debe de ser industrial.

- ¿Ese es el rostro que ustedes quieren darle?
Sí

- ¿Hay proyectos para industrializar?
Estamos analizando una propuesta, que el señor Presidente con la Primera Dama están viendo si es factible todavía, para ver si Brasil nos puede proporcionar la técnica y el equipo para la elaboración de pelotas, pero solo es una propuesta y el señor presidente está viendo que factible puede ser. También queremos ver con la Embajada de Taiwán si podemos trabajar en cultivos en espacios pequeños, pero, tiene que ser siempre a nivel grande, no puede ser una cosita artesanal.

- Pero, ¿los talleres no quedarían al margen de estos proyectos de rehabilitación?
Para nada. Incluso, esos talleres pueden seguir sirviendo, pero no deja de ser muy poco, muy artesanal y lo que queremos es llegar a una proyección industrial.

- ¿Eso busca “Carretera de Oportunidades”?
Con justicia y seguridad, son cinco líneas estratégicas dadas por el plan de Paz Social diseñado en 2007, y en base a esas cinco líneas hemos diseñado 26 estrategias. Si tu consultas nuestro programa de gobierno te dice que se diseñarán estrategias brindando un trato especial, con respecto a la dignidad humana de la persona infractora, reduciendo al mínimo su deterioro y facilitando su inserción social por medio de un proceso de reconocimiento, reconciliación, reparación.

- ¿Ustedes están conscientes del problema que han encontrado?, porque se habla de estructuras criminales que están planificando homicidios, secuestros y extorsiones.
Estamos tan conscientes que cuando se les escaparon (bartolinas del Centro Judicial Isidro Menéndez) en diciembre (2008) 12 pandilleros y el 13 (líder de pandillas); luego las declaraciones de que el FBI tenía información de que el 13 había ordenado desde Zacatecoluca homicidios; entonces, se imaginaran cómo ha estado ésta situación desde hace tiempo. Porque si se podía ordenar eso desde Zacatecoluca, quería decir que tenemos un grave problema de corrupción.

- ¿Cómo se va combatir esa corrupción?
Depurando. Vamos a tener que depurar fuertemente el sistema penitenciario.

- ¿Ya hay un plan estratégico?
Sí. Sabemos que hay buenos elementos que han defendido, han apoyado y trabajado fuertemente en el sistema. Pero, definitivamente estamos encontrando que hay una corrupción fuerte de cierta parte del personal y que habrá que combatirla.

- ¿Cómo dejó la administración pasada el sistema?
Muy mal. No hay un sistema penitenciario, lo que se tiene es un bloque de 19 cárceles, de las cuales 7 están para pandilleros, una especial en Metapán, Zacatecoluca de Máxima Seguridad, quedan 10. No hay un sistema. Ha existido un pésimo manejo.

- En el tema de infraestructura, ¿cuál será la apuesta?
Vamos a formar los patronatos por centro penal, la sociedad civil tiene que participar, porque se tiene una mala infraestructura, no se ha invertido nada.

- ¿Cómo funcionará este patronato?
Tenemos mucha sociedad civil (iglesias, empresas, ONG con proyectos que se ejecutan en las cárceles) que está trabajando bajo sus propios esfuerzos en una forma desorganizada, y la forma de organizarlos es a través del patronato.

- ¿Habrán más centros penales de máxima seguridad?
Vamos a seguir con los centros que habían quedado construidos como es Izalco que es muy grandes y la ampliación de Zacatecoluca que se va a seguir, porque en un 80% esta próximo a terminarse. Pero hoy por hoy, no hay plata para eso, nosotros le apostamos más a trabajar en los programas y en reducir el hacinamiento. A trabajar más a fuera de la cárcel, porque si no, nos vamos a convertir en lo que hemos sido en los últimos 20 años: un diseño de multiplicidad de capturas que terminan en la cárcel, y no logramos darle tratamiento debido, y tenemos un colapso del sistema.

- ¿Cuánto necesita para echar andar los proyectos de Carretera de Oportunidades, infraestructura, mejorar la tecnología?
12 millones de dólares, ya empezaron a llegar algunas donaciones. En ese aspecto sabemos que lo de seguridad (en penales) está asegurado, lo de los programas de rehabilitación es lo que vamos hacer con los patronatos, esa plata saldrá de los patronatos, esa será la estrategia. Yo veo muy buena voluntad en las iglesias. La infraestructura tendrá que enfrentarla el Estado

- ¿Cómo será la inversión en tecnología?
Desde los famosos bloqueadores hasta el escaneo de cavidades es estratégico, porque no le tocaríamos ni un pelo a las personas, esta es tecnología en forma computarizada. Puertas escaneadoras y cámaras también, aspectos que hemos denominado protocolos de seguridad especializados.

- ¿En qué penales se estaría trabajando primero, en el tema se seguridad?
Zacatecoluca, Ciudad Barrios, Gotera, Izalco y Mariona, los más grandes.

- Se ha estado manejando mucho el tema del traslado del Sirra y la investigación que existe sobre su supuesta participación en dos secuestros, y posterior asesinato de dos mujeres…
La policía está haciendo sus investigaciones, yo creería que una investigación no debería de revelar varias cosas, porque mientras no ha reunido varias pruebas se puede poner en riesgo la investigación. Nosotros estamos desarrollando una investigación con respecto a lo que pudo haber pasado, pero no la estamos manejando públicamente.

COSTA RICA: Sistema de oportunidades para privados de libertad con edades entre 18 y 21 años

2009-09-17T13:09:00.000-07:00

www.lanación.co.cr
YURI LORENA JIMÉNEZYJIMENEZ@NACION.COM

Enderezar el rumbo

Privados de libertad con edades entre 18 y 21 años, algunos con un amplio historial delictivo, están estrenando el sistema de oportunidades y compromisos con el que el Minis- terio de Justicia apuesta por su rehabilitación. Mas la medida no está exenta de polémica.

Sentados alrededor de la mesa, prestos a hablar de sus historias sin remilgo alguno, todos parecen colegiales comunes y corrientes. Aunque son mayores de 18 años, algunos aparentan menos. Son varios privados de libertad de la cárcel Adulto Joven, ubicada dentro de las instalaciones del Centro Penitenciario La Reforma, y que alberga en total a 70 condenados con edades entre 18 y 21 años.

Es martes, son las 10 de la mañana y el rabioso sol estrella sus rayos afuera. Ajenos, o quizá acostumbrados al calibre de los hechos que los tienen tras las rejas, todos acceden a empezar la charla-entrevista contando la razón por la que purgan condena. Dan sus nombres reales o sus apodos. Uno tras otro, se presentan al mejor estilo de los estudiantes el primer día de clases: “Jeffry, 18 años, vecino de Hatillo. Homicidio”. “Juan Carlos, 19. Desamparados. Cómplice de homicidio”. “Javier, 20 años. Robo agravado”. Y así.

Será por el ambiente de internado, más que de cárcel, que reina en el entorno en aquel soleado día, que el ambiente expele cualquier cosa menos peligro, aunque las lapidarias confesiones de estos muchachos con mirada de “niños-hombres” se antojan tan inverosímiles como tenebrosas.

Ellos forman parte de un grupo de 24 internos del Centro Adulto Joven que, a partir del 12 de junio, engrosan la cifra de privados de libertad acogidos al programa de Oportunidades y Compromisos del Sistema Penitenciario, uno de los proyectos estrella del actual Ministerio de Justicia. Este modelo empezó a funcionar en diciembre del 2008 y ya se desarrolla en otras cuatro cárceles. Próximamente se instaurará en el Buen Pastor.

A grandes rasgos, el sistema promueve un intercambio en el cual los presos se comprometen a convivir en armonía, en módulos especiales; con horarios estrictos para levantarse, estudiar, trabajar, mantener el entorno en estricto orden, respetar en un 100 por ciento la propiedad y la integridad ajena (tanto de sus compañeros como de los guardas), exiliar el vocabulario soez u ofensivo en el trato cotidiano y, uno de los compromisos más importantes: respetar la prohibición absoluta de usar o comerciar cualquier tipo de psicotrópicos.

Quienes se acogen a este sistema reciben a cambio la oportunidad de graduarse en primaria, secundaria, educación técnica o universitaria; aprender algún oficio; trabajar en los diferentes talleres y ganarse algún dinero; recibir las tres comidas diarias fuera de sus ámbitos, y hacer deporte a diario (en el sistema normal, estos jóvenes salían una única vez al mes a ejercitarse).

También se les permite que las visitas de sus familiares sean más frecuentes y que utilicen la computadora o vean televisión en horarios regulados.

Viviana Martín, jerarca del Ministerio de Justicia, afirma que al principio de su gestión, tras visitar las 26 cárceles del país, le llamaron sobremanera la atención las condiciones carcelarias de los muchachos de la cárcel Adulto Joven, y desde entonces estableció entre sus prioridades el propiciar un cambio pronto.

“Se trata de muchachos que están en la flor de la vida, que por su edad tienen gran energía e ímpetu. No puede ser que tengan oportunidad de hacer ejercicio solo una vez al mes, o que purguen sus condenas en medio del ocio y en un ambiente nocivo y contraproducente para cualquier intento de rehabilitación. Por eso estamos tan contentos de la respuesta que ha habido con estos primeros 24 muchachos, de hecho ya estamos trabajando en habilitar dos módulos para otros 24. La población que tenemos en esa sección es de 70, y la idea es incorporarlos a todos en este sistema”, explica Marín.

Su posición ha despertado críticas y ha levantado las voces de diversos sectores que consideran que los delincuentes juveniles están siendo tratados como si estuvieran en un internado, y que la privación de libertad en esas condiciones no les da el castigo que merecen por las graves faltas que cometieron (Vea nota ¿Oportunidad o alcahuetería? ).

Sin embargo, Martín rechaza de plano estas premisas y justifica las razones para fomentar la rehabilitación y, eventualmente, otras oportunidades (como indultos) con diferentes argumentos que van desde postulados universales de derechos humanos hasta cifras que demuestran, según dijo, que la mayoría de privados de libertad, dentro y fuera del penal, están abiertos a recibir y a aprovechar esas segundas oportunidades.

Promesas de enmienda

Por su parte, tras la súbita mejoría en su estilo de vida carcelario, todos aseguran que lo último que harían es lanzar por la borda esa oportunidad. No solo para hacer más llevadera y hasta provechosa su estancia en prisión, sino porque dicen que quieren rehacer sus vidas lejos de la delincuencia una vez que salgan.

Puede sonar utópico. A muchos de ellos mismos les suena a utopía. Porque saben que una cosa es estar dentro, contenidos y a la vez protegidos por el sistema, y otra muy diferente será cuando se enfrenten de nuevo a la vida en sociedad con todos sus problemas y tentaciones y, en muchos casos, al sinnúmero de enemigos que dejaron afuera.

Sin embargo, por el momento, estos muchachos intentan vivir un día a la vez. Varios de ellos eran menores de edad cuando atentaron contra la vida, la integridad o la propiedad ajena, por lo que sus condenas son mucho más laxas que las de quienes infringen la ley después de los 18.

Y, como el año carcelario es de 10 meses, más los descuentos por buena conducta, días feriados, etcétera, a la postre varios podrían estar fuera antes de cumplir sus 25 años –según sus propios cálculos–, independientemente del crimen que los puso tras las rejas.

Pero por ahora, mientras la legislación actual esté vigente, la ministra Martín insiste en que su deber es entregarle a la sociedad mejores ciudadanos de los que recibió cuando entraron a prisión.

Entretanto, la opinión pública sigue más alarmada por la ola de delincuencia que por cualquier otro tema, incluida la crisis económica. Tema especialmente álgido para el Ministerio de Justicia si se toman en cuenta las estadísticas que ubican a los adolescentes y adultos jóvenes como una población delictiva en franco crecimiento.

Según datos del Poder Judicial, solo en el 2008, un total de 13.677 menores implicados en algún delito fueron pasados a los diversos juzgados juveniles. Esta cifra muestra un crecimiento del 18,5 por ciento con respecto al 2007, cuando fueron procesados 11.541 jóvenes.

En lo que a veces parece un laberinto sin salida, quienes tal vez puedan opinar con mayor conocimiento de causa son los mismos privados de libertad, tanto los que vienen de otros centros de internamiento (el caso del centro Zurquí, que alberga a infractores adolescentes hasta los 18 años), como los que llegan “de la callecita” –como dicen ellos–, pues fueron condenados entre los 18 y los 21 años.

Sin excusa

Jeffry tiene pinta de universitario nerdo . Por su talante y actitud, difícilmente alguien relacionaría su imagen con la de un delincuente, mejor dicho, un asesino juvenil. Y es que sí, sí existen estereotipos, muchos de estos muchachos con sus miradas cándidas y sus gestos infantiles son la muestra viviente de que las apariencias engañan.

A favor y en contra. Porque muchos se cruzan de calle ante lo que consideran “una pinta ” que, a la larga, es un tipo inofensivo y al revés: otros muchos bajan la guardia ante el tipo (o la tipa) bien vestidos que, de pronto, a medio metro de distancia, se convirtió en su pesadilla.

Así que Jeffry, en la calle, posiblemente se ubica en el segundo grupo, en el de “los que no parecen”. Ni siquiera está tatuado, como la gran mayoría, o al menos no en áreas visibles tras su t-shirt.

Según sus propias palabras, está “ caneando por un enjache ” (es decir, encarcelado por asesinar a un vecino con el que venía retándose visualmente desde hace meses). Su decir refleja el odio absurdo que se gesta entre pandillas de barrio; en su caso, ni siquiera por un tema de drogas o de posesión territorial.

“Viéndolo ahora que ya ha pasado el tiempo, uno se pone a pensar lo idiota que fue. Porque yo a él no lo conocía, éramos vecinos de alameda y la verdad nunca nos dijimos ni una palabra. Era puro ‘enjache’, pura envidia. El mae se picaba porque yo andaba con buenos chaines, nos hicimos enemigos de la nada, llegó el momento en que yo solo pensaba en él con un odio rarísimo, hasta que se me metió en la cabeza que tenía que matarlo, era él o yo (…) Una noche cogí el chopo (el arma) y el finado como que se me puso…” (en ese momento hace una pausa y expresa su preocupación porque “la familia del occiso” se pueda sentir afectada por sus declaraciones).

Su historia se repite en los demás, apenas con variaciones. Algunos mataron a dos, tres o más, aunque también hay quienes confiesan que solo han sido juzgados por algunos de sus homicidios. Se les pregunta qué se siente matar a alguien. Guardan silencio. Se encogen de hombros. Alguno balbucea... “Diay, errores de la vida”.

Otros no han matado, pero se hicieron de “cosas finas” gracias a robos de toda índole. La mayoría admite haberse vuelto adicto a las drogas, en especial al crack , pero ninguno, al menos al calor de la entrevista, le endosa su responsabilidad a otro factor que no sean sus malas decisiones.

Uno a uno fueron desgranando los traidos (problemas) que los llevaron tras las rejas. Y cada uno tiene a su haber su propia suma de variables, desde infancias problemáticas y abusadas, hasta crianzas holgadas con todas las comodidades, en hogares de clase media-alta, en las que el muchacho simplemente se desvió del camino recto.

Todos hablan de las duras experiencias que enfrentaron en prisión antes de acceder al módulo de Oportunidades y Compromisos. “Yo vengo del Zurquí, oiga… ¡el Zurquí es un jardín de niños, es un paraíso en comparación con lo que uno se encuentra cuando llega aquí! (en referencia a la sección corriente de Adulto Joven)”, dice uno de los muchachos, quien se confiesa exadicto y condenado como cómplice de homicidio.

A casi un mes de haber estrenado las modificaciones en el módulo actual, los jóvenes dicen estar respirando un oxígeno diferente. Desde su área se observan los módulos de Adulto Joven que aún no han sido incorporados al nuevo sistema y, ciertamente, la diferencia es sustancial.

Hasta la misma cárcel tomó matices diferentes. Literal y figuradamente hablando. Los grises dieron paso a tonos apastelados, que por el momento conservan la pintura intacta (el primer rayonazo implica regresar al módulo común); las pertenencias de cada quien están ordenadamente apiladas junto a los camarotes, y la ventilación natural es reforzada con potentes abanicos. En el área de patios, rige un rol para que todos laven su ropa y los platos y cubiertos del almuerzo. Deben madrugar para cumplir con los trabajos que seis empresas han subcontratado al Ministerio. Así aprenden un oficio y, de paso, pueden aportar algún dinero a sus familias. Parte del compromiso que asumen también es estudiar para ir escalando peldaños: la mayoría está tratando de terminar la secundaria.

La idea del “compromiso”, explican ellos mismos, es que no haya agresiones de ningún tipo, ni siquiera verbales; cero drogas, cero robos, cero discusiones con las autoridades carcelarias. Se saben la lista al dedillo. En teoría, tampoco pueden andar con el torso descubierto, aunque durante la visita, el calor hizo que varios se despojaran de sus camisetas. De seguro, ante lo que se veía antes, tal infracción es considerada leve por los celosos gendarmes.

De hecho, Martín hizo lo imposible por conseguir 20 nuevas plazas de guardas cuando se dispuso que “Adulto Joven” ingresaría al módulo de Compromiso y Oportunidades. “Una de las principales objeciones era que si estos muchachos iban a andar con cierta libertad de tránsito en sus módulos, tenían que estar bien vigilados. ¿Quieren guardas? Pues los van a tener. Y conseguí las 20 plazas pero pedí expresamente que la mayoría fueran de ingreso reciente, sangre nueva, que no estuvieran contaminados, para que empezaran de cero con los muchachos.

“El 12 de junio inauguramos el módulo y, como ha ocurrido con los 700 privados de los otros cuatro penales, hemos obtenido un 100 por ciento de respuesta exitosa, es decir, ningún privado ha ocasionado falta alguna que lo devuelva a los módulos corrientes, lo cual nos estimula a seguir”, dice la ministra.

Pero ¿cómo saber si su actitud positiva, juiciosa, obediente y disciplinada no desaparecerá cuando regresen, tras cumplir su sentencia, a sus antiguos barrios, a sus viejos problemas?

La pregunta provoca silencios y reflexión entre los muchachos. Jeffry admite que, así como añora su libertad a diario, también piensa mucho en el temor de enfrentarse con sus fantasmas cuando salga de la cárcel: su víctima provenía de una numerosa familia en la que abundaban los hermanos y primos.

“Me la tienen jurada. Yo sé que salgo de aquí y tengo que irme bien lejos, a mi familia se la perdonaron porque me están esperando a mí… qué tonto que es uno. Saber que yo pude haber buscado a ese mae y haberle dicho: ‘Oiga, ¿sabe qué? Nosotros podemos ser compas , la verdad es que somos enemigos por nada… yo pienso mucho en eso, en que si a mí no me hubiera dominado ese odio rarísimo, tal vez Bryan (ahora menciona a la víctima con familiaridad) y yo hubiéramos hablado y todo bien… hasta pienso que tal vez hubiéramos llegado a ser los mejores amigos… Pero diay, las cosas no se dieron así. Ahora él está en el cementerio, y yo aquí, pensando en él todos los días, igual que cuando estaba vivo”, reflexiona.

Así como la mayoría asume sus delitos con naturalidad pasmosa, también confiesan lo vulnerables e indefensos que se han sentido una vez que fueron condenados e ingresaron a prisión.

Martín, el único que prefirió omitir la causa de su condena al principio de la entrevista (aunque en segundos alguno de sus compas murmuró: ‘Fue por abusos deshonestos’), es oriundo de una bella zona rural del país y no hay día en que no añore regresar a sus montañas, a su pintoresco pueblo, a sus faenas agrícolas.

A sus 20 años, tiene un físico privilegiado y su verbo no se queda atrás. No se le nota el dejo citadino barriobajero (léase pachuco) en el lenguaje. Y es el que menos se justifica por sus acciones.

“Yo nunca pensé que el problema iba a llegar a esto. La güila tenía 12 años pero ya era una mujer, lo que pasa es que la mamá se ciñó mucho, y entre audiencia y audiencia, me dieron cinco años. Viera la Navidad pasada (la primera que pasó en prisión), no podía parar de llorar, me dio un sentimiento horrible pensar en mi familia, más en mi mamá. Uno aquí valora cosas a las que jamás les hubiera puesto mente.

“ Yo antes me levantaba y mami me preguntaba: ‘¿Papito, va a desayunar? ¿quiere pintico , qué le hago?’. Y tal vez uno medio respondía de mala forma: ‘Ay mami, ahora después’…

“Vea, hoy daría lo que fuera por levantarme y oler el café recién hecho de mi mamá, oírla a ella en la cocina con el trastero haciéndole chineos a uno, los que uno nunca valoró.

“ Yo sé que todos decimos lo mismo, pero yo le juro que el día que salga de aquí es para no volver nunca más, yo me voy a convertir en un gran maestro de obras allá donde vivo…

“Aquí he visto y oído cosas horribles, pero yo decidí que eso no me va a marcar, el que quiere puede, Dios es la fuerza que uno tiene. Yo estoy consciente de mi error pero apenas tengo 20 años, tengo toda la vida por delante”, dice este joven, uno de los que se muestra más consistente en su discurso de enmienda.

Así, entre sueños, oscuros recuerdos, violentos pasados y utopías, transcurren los días de esta “generación piloto” del Módulo de Oportunidades y Compromisos.

La gestora, Viviana Martín, insiste en que la rehabilitación no una quimera.

Y una vez más, se ampara en las estadísticas. “Le cito solo un ejemplo. Del 100 por ciento de la población penal que hay en San Sebastián –unos 600 privados– el 75 % son delincuentes primarios, (jóvenes que por primera vez cometen un delito); solo un 25 por ciento es reincidente. Eso quiere decir que un 75% que alguna vez pasó por ahí no regresa a la cárcel. Para mí es una cifra muy alta y reveladora, nos dice que algo estamos haciendo bien y nos ratifica que sí vale la pena invertir en la rehabilitación de las personas”.

ARGENTINA: El derecho a la educación pública en las cárceles

2009-09-15T05:26:00.000-07:00

Comparto en esta ocasión una invitación recibida del GESEC para una interesante jornada de debate en torno al tema de educación en cárceles.

GRUPO DE ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN EN CÁRCELES INVITA A JORNADA SOBRE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN CÁRCELES

Los diputados de la Nación ARIEL BASTEIRO Y JORGE RIVAS, tienen el agrado de invitar a usted a participar de la Jornada "El derecho a la educación pública en las cárceles", que se realizará el día 24 de septiembre a las 09.00 hs., en el Salón Auditorio de la H. Cámara de Diputados, sito en el primer subsuelo de Riobamba 21, ciudad de Buenos Aires, con el siguiente cronograma de actividades:

9.00: Acreditación
09.30: Apertura a cargo del Diputado Nacional Ariel Basteiro y del Ministro de Justicia, Seguridad y DD.HH de la Nación Dr. Julio César Alak (a confirmar).
10.00: Panel: Fortalezas y debilidades en el ejercicio del derecho a la educación en cárceles.
Panelistas:
- Diputada Nacional Adriana Puigross, presidenta de la Comisión de Educación de la H. Cámara de Diputados.
- Lic.Isabel Ribet, coordinadora del Programa Nacional de Educación en Contextos de Encierro en el Ministerio de Educación de la Nación
- Dr. Alejandro Marambio, Director del Servicio Penitenciario Federal.
Coordina: Dra. María José Burgos, asesora de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de JGMN.

12.00: Pausa

12.15: Panel: Avances normativos en la justiciabilidad en el disfrute del derecho a la educación en las cárceles.
Panelistas:
- Diputado Nacional Emilio García Méndez, secretario de la Comisión de Justicia de la H. Cámara de Diputados.
- Representante de la Procuración Penitenciaria Nacional.
- Dra. Cristina Caamaño, docente del Centro Universitario Devoto (CUD) de la UPF 2.
Coordina: Marianela Perafán, miembro del GESEC.

14.15: Pausa para almorzar

15.30: Panel: "El impacto del disfrute del derecho a la educación en la vida de las personas privada de la libertad".
Panelistas:
- Diputada Nacional Victoria Donda Pérez, secretaria de la Comisión de Derechos Humanos y Garantías de la H. Cámara de Diputados.
- Dr. Nicolás Rojas, egresado de la UNLP.(a confirmar)
- Lic. Fernando Scarfó, Presidente del GESEC.
Coordina: Ing. Sandra Cozzo, asesora de la Secretaría de Relaciones Parlamentarias de la JGMN.

17.30: Cierre a cargo del Secretario de Relaciones Parlamentarias de la JGMN, Dr. Oscar González.

CHILE: Salidas alternativas a los juicios: Fiscalía aplica sistema de mediación para reparar daños por delitos menores

2009-09-13T08:42:00.000-07:00

www.emol.com
MARIO GÁLVEZ

Un cara a cara entre víctima y victimario permite soluciones consensuadas que evitan llevar algunos casos a los tribunales.

Un exitoso sistema de mediación, que busca privilegiar los acuerdos reparatorios y la suspensión condicional del procedimiento cuando se trata de delitos menores, desarrolla la Fiscalía Centro Norte en conjunto con la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).
De acuerdo con lo explicado por el fiscal Andrés Montes, uno de los profesionales que trabajan en el programa, el objetivo final "es que buscamos soluciones de mejor calidad para casos en que está permitido por nuestro ordenamiento jurídico".
Los delitos derivados a este tipo de procedimientos son apropiaciones indebidas, que los ve la Fiscalía Especializada de Delitos Económicos; amenazas, cuasidelitos de lesiones, daños simples, problemas entre vecinos con significación penal y lesiones leves, entre otros hechos, que van a las fiscalías territoriales.
Montes señaló que una vez que las partes logran un consenso, los acuerdos son visados por un juez de garantía.
Mediación en cifras
El año pasado, por ejemplo, fueron derivados 108 casos. De éstos, 63 rechazaron la mediación y 45 la aceptaron.
Finalmente, 37 casos -el 82%- consiguieron acuerdo y sólo ocho fracasaron, por lo que continuaron el procedimiento judicial normal.
Este año, el resultado es casi similar. De los 75 casos derivados, treinta aceptaron mediación. Y terminaron exitosamente 25, equivalente al 83%.
La abogada Mónica Valdés, coordinadora técnica en Resolución Alternativa de Conflictos y Mediación de la CAJ, explica que el sistema es rápido pues, dependiendo de la complejidad del caso, los acuerdos se logran entre veinte y treinta días.
El procedimiento comienza con la citación de las partes. En algunos casos en que se detecta complicación, la primera reunión se hace por separado. Allí, la mediadora les explica los alcances judiciales del caso y la posibilidad de una salida alternativa vía conciliación.
Si se acepta la mediación y hay acuerdo para solucionarlo sin ir a juicio, se cierra el procedimiento previo visto bueno de un juez de garantía.
Mónica Valdés destaca que entrevistaron a cien personas que fueron derivadas al sistema de mediación, sin distinguir si llegaron a acuerdo o no: "Más del 80% lo calificaron como positivo y declararon que si volvieran a tener un problema penal, o un amigo o un pariente, recomendarían la mediación antes de ir a tribunales".
Los casos son muy variados. Por ejemplo, un perro mordió al vecino. Y el propietario se comprometió a que el animal, cada vez que sale a la calle, debe portar bozal y traílla. O un joven que pintó un grafiti en la pared de un vecino debió comprometerse a repintar la muralla para reparar el daño causado.
El fiscal Montes señala que con este sistema "se reafirma la responsabilidad que le cabe al ofensor y se explicita el sufrimiento de la víctima, pero al mismo tiempo se ofrece al ofensor la posibilidad de reparar a la víctima", según explica.

"Pedí disculpas a todos mis vecinos"

Carlos Aid Escamilla vive en un departamento del cuarto piso de un edificio de calle Echaurren. Hace algunas semanas organizó una fiesta en su casa e invitó a varios amigos.
"La verdad es que los invitados llevaron a otros amigos y el 'carrete' subió de nivel en música y gritos", relata a este diario.
En resumen, el tema se le fue de las manos y los vecinos reclamaron. Llegó Carabineros hasta con megáfono, le notificó una infracción y fue derivado al tribunal.
"Me ofrecieron la mediación y yo acepté", explica. Su contraparte fue Cecilia Flores, quien además de vivir en el mismo edificio de Carlos, es administradora del lugar.
Luego de algunas reuniones se llegó a una solución. El denunciado pidió disculpas a todos los vecinos del condominio y se comprometió a avisar cuando haga otra fiesta. Y obviamente, el compromiso implica que la música debe estar a decibeles normales y hasta cierta hora.
Cecilia Flores se declara satisfecha por el acuerdo. "Este sistema lo encuentro excelente. Yo administro hace como doce años el edificio y a veces hay gente muy negativa que no se puede llegar a ningún acuerdo. Esta es la primera vez que usamos el sistema y pudimos llegar a un avenimiento rápido a satisfacción de todos los vecinos", explica.

Pusieron fin a 40 años de duros conflictos

Los problemas entre las familias de Sergio Lisboa y Alma Herrera llevaban 40 años de existencia. Desde que sus abuelos y padres, respectivamente, llegaron a vivir a un condominio de casas pareadas en calle Marín, Santiago Centro, las disputas, acusaciones y conflictos fueron permanentes.
Ninguno de ellos cedía a los requerimientos del otro. Se cortaban cables que pasaban por las respectivas casas, se derribaban antenas, se clausuraban portones con candado. Los carabineros del sector fueron asiduos visitantes ante las denuncias que se hacían unos a otros.
La amistad de los niños de entonces terminó. Prácticamente, se hicieron enemigos permanentes, relata Alma. "Me dio mucha pena. Con Sergio éramos amigos. Cuando él nació yo lo fui a ver, porque es menor que yo. Pero, con esta cosa se rompió la relación, no nos mirábamos, no nos hablábamos, ninguna cosa", relata.
Lisboa presentó una denuncia por daños en contra de su vecina. Y aceptaron ir a la mediación. "Fue lo mejor que pudo pasar, porque pudimos hablarnos, explicarnos las cosas y llegar a un acuerdo", dice Alma Herrera.
Y Sergio destaca el hecho que se comprometieron a mejorar la convivencia. "El sistema es útil porque superamos cosas que con el paso del tiempo se fueron acumulando", dice.

CHILE: Foro multisectorial y de distintos colores políticos fue convocado por Fundación Paz Ciudadana: Propuesta transversal para enfrentar el delito

2009-09-13T08:38:00.000-07:00

ELMERCURIO.COM
Pilar Molina A.
Domingo 13 de septiembre de 2009

"Hay que hacer una reforma desde las bases, con más técnicos y profesionales, porque si no, las inversiones no despliegan sus efectos". Francisca Werth Directora ejecutiva Paz Ciudadana
Después de casi un año de trabajo, los 30 profesionales plantean profesionalizar, evaluar y
mantener sólo los programas que funcionan, cirugía radical al Sename y Gendarmería y dirigir el foco a prevención, rehabilitación y reinserción, los grandes olvidados en el sistema penitenciario.

Sin duda que el primer tema de preocupación ciudadana es la delincuencia, los asaltos, los robos. Se sigue manteniendo en primerísimo lugar, siempre creciendo y a larga distancia de los otros problemas del país como el desempleo (ver relacionada). Por el otro lado, las cárceles donde se matan los reclusos, la incapacidad del Sename para rehabilitar niños como el Cisarro que delinquen y la reincidencia han sido tema de todo el año.
En este contexto, el próximo miércoles 23 se conocerán las propuestas para modernizar la seguridad ciudadana que organizó la Fundación Paz Ciudadana. El abogado Jorge Navarrete valora el procedimiento de trabajo con reuniones bimensuales que terminaron en julio. "Algunas fueron muy disputadas porque congregaron a personas con distinto pensamiento político y de diferentes disciplinas, muchos de los cuales no éramos expertos en el tema, pero pudimos discutir y llegar a conclusiones valiosas".
Las propuestas, desplegadas en 300 páginas, serán comentadas por Eugenio Tironi y Cristián Larroulet en Icare. Allí mismo, hace un año, el ministro del Interior, Edmundo Pérez, lanzó el desafío de hacer una profunda reforma para modernizar al Estado, que Paz Ciudadana aterrizó en su ámbito propio, la seguridad pública.
Sólo respuesta penal
Entre las conclusiones del documento es que la respuesta estatal en Chile frente al delito sólo ha sido la persecución penal. En prevención y la indispensable rehabilitación para evitar la reincidencia, la inversión es marginal. De su presupuesto total, Gendarmería solo asigna el 2,4% a rehabilitar los 47 mil condenados que se hacinan en las cárceles y apenas el 3% a los programas de reinserción y seguimiento de los 50 mil condenados a medidas alternativas a la cárcel. Por último, los 23 mil que egresan anualmente tienen que pelearse alguno de los 350 cupos del único programa de reinserción postpenitenciaria que existe.
Ha habido algo de modernización, y la principal iniciativa ha sido la reforma procesal penal y también el plan cuadrante de Carabineros, el que opera focalizadamente desde 2000.
"Pero hay sectores de la justicia muy atrasados, como el Servicio Médico Legal y el sistema penitenciario con Gendarmería y Sename, lo cual impide que las reformas y las inversiones hechas desplieguen sus efectos", señala Francisca Werth, directora ejecutiva de Paz Ciudadana.
La propuesta es mejorar la prevención, la cual se supone que estará en manos de la nueva subsecretaria de prevención y rehabilitación que propone el proyecto en trámite en el Congreso, el que crea el Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Sugieren dos principios, que la oferta programática sea descentralizada para que los municipios puedan desplegarlos a nivel comunal y, a la vez, focalizados en las personas en riesgo delictual. Terminar con la prevención universal es la consigna, porque "el 10% de quienes cometen delitos son responsables del 55% del total".
Cirugía mayor
Bisturí postulan para Gendarmería, el eje del sistema penitenciario, cuya población en las cárceles ha aumentado en 120% en el período 2000-2008 y en 43% la que cumple condena en el medio libre.
Según el documento, Gendarmería sólo debiera continuar a cargo de las penas privativas de libertad y otra entidad tendría que asumir la ejecución de las medidas alternativas a la reclusión.
Ambos dependerían y serían coordinados, sin embargo, por un mismo ministerio.
Respecto del segundo brazo, Sename, coinciden en su reestructuración completa: dividir sus 3 líneas de acción (adopción, protección de derechos y responsabilidad juvenil) y dejar la última bajo la nueva subsecretaría de prevención y rehabilitación de Interior. Aquí hay un énfasis en tratar los niños o jóvenes como "casos" que se siguen y en la coordinación por la "altísima intersección" entre jóvenes vulnerados e infractores.
Postulan la coordinación como uno de los 4 aspectos críticos de la institucionalidad que hay que modernizar (junto a prevención, Gendarmería y Sename). En todas las conclusiones se la enfatiza como indispensable para reducir la delincuencia.
"La seguridad requiere coproducción, una visión de conjunto y una actuación que hasta ahora no ha habido", señala el especialista y asesor de la PDI Patricio Tudela, doctor en Antropología.
También plantean coordinar policías y fiscales y que el Ministerio Público y las policías compartan información sobre los hechos que investiguen y coordinen estrategias de persecución.
Evaluación-accountability
En materia de recursos humanos, la idea no es menos ambiciosa: profesionalizar las instituciones y elegir sus directivos con el Sistema de Alta Dirección Pública; especializar a los jueces, fiscales y defensores que intervienen en el sistema de responsabilidad penal adolescente, y cambiar el criterio para determinar la dotación judicial. Desde el de población al de la demanda de policía y los indicadores de victimización.
Se incorpora fuerte, además, el concepto evaluación y accountability . Proponen evaluar los programas -como los de rehabilitación y reinserción- antes, durante y al término, de manera de mantener sólo los efectivos. De la misma forma, que cuando las autoridades, como el Ministerio Público, den cuenta anual, introduzcan indicadores que les hagan responder por factores como la reincidencia.
El último capítulo detalla iniciativas para mejorar el conocimiento, programas y estadísticas en seguridad pública. Hoy "no es posible determinar la historia de un mismo sujeto dentro del sistema penitenciario", porque los sistemas abierto y cerrado no comparten información.

________________
120%
Aumentó la población en la cárcel entre 2000-2008
53%
subió la que cumple condena en el medio libre
47.000
condenados están presos
50.000
con medidas alternativas a reclusión

Uruguay: sobrepoblación y muerte en centro penal COMCAR

2009-08-28T23:05:00.000-07:00

Tensión en Comcar tras la tragedia

EDUARDO BARRENECHE (www.elpais.com.uy)

Se trata del peor episodio ocurrido en las cárceles uruguayas. Cinco presos murieron al incendiarse una celda del Comcar. El incidente generó ayer un clima de tensión en dicho penal.
"Se preocupan de que todas las visitas tengan tapabocas, pero adentro dejan achicharrarse a los reclusos", protestó ayer una anciana durante la visita de familiares a los presos del Comcar.
La frase reflejaba la indignación de gran parte de los familiares por la muerte de los encarcelados. Los guardias recomendaban a los familiares que se retiraran lo antes posible ante la eventualidad de que la tensión reinante en el penal derivara en un motín.

Entre las 21.30 y las 22 horas del lunes 24, un griterío sacudió la modorra de los tres o cuatro policías que se encontraban de guardia en el Sector Boxes ubicado en la entrada del Módulo VI del Comcar.
El incendio se desató en una celda de cuatro por tres metros ocupada por cinco reclusos. Tres de ellos se encontraban allí esperando un traslado al Penal de Libertad. Habían protagonizado un incidente con otros presos el fin de semana pasado. Los otros dos encarcelados habían solicitado su traslado al Penal de Libertad porque tuvieron problemas de convivencia con otros presos, según afirmaron a El País fuentes carcelarias. Estos carecían de observaciones por problemas de conducta, lo que llamó la atención a las autoridades penitenciarias. Es que las condiciones de internación del Penal de Libertad son más rigurosas que las del Comcar.

RECHAZO
Los reclusos fallecidos en el incendio fueron Jorge Peñaloza (23), Romeo Garín (28), Adrián Salaberry (27), Christian Alemán (30) y Robert Correa (28). Los cinco habían sido remitidos por rapiñas y hurtos.
En el Sector Boxes se alojan presos sancionados o en tránsito hacia otras cárceles. La mayoría de las veces tienen como destino el Penal de Libertad, un lugar usado por las autoridades penitenciarias para derivar a internos considerados conflictivos.
En el Penal de Libertad -la única cárcel de máxima seguridad existente en el país- el encierro es casi total. Allí los presos no deambulan durante varias horas por "la planchada" -pasillo que une el celdario en el Comcar- sino que permanecen gran parte del día dentro de sus celdas.
Los calabozos del Sector Boxes son similares a los que se ven en las películas: rejas frontales y los laterales y fondo fueron construidos de material.
Una de las hipótesis manejadas ayer por la Policía es que uno o dos presos sancionados iniciaron la protesta o llamado de atención porque reclamaban una mayor rapidez en el traslado. Doblaron un colchón y lo prendieron fuego. Luego intentaron pasarlo a través de la reja. Este se hinchó y cayó encendido dentro de la celda sobre otros colchones. El fuego se extendió. Las llamas llegaban hasta el sector superior, tal su intensidad. Según fuentes policiales, este tipo de protestas son comunes en las cárceles. Generalmente el colchón cae en el pasillo, genera un foco ígneo y luego corren los policías a apagarlo. Al otro día, como sanción, los presos revoltosos son trasladados.
Al escuchar el griterío, los policías abandonaron la Guardia ubicada en la puerta del Módulo VI y corrieron hacia el Sector Boxes. Se encontraban a siete metros del lugar. Debieron cruzar dos portones con cerrojos hasta llegar al celdario.
Al llegar al lugar, los policías constataron que estaba a oscuras. El sistema eléctrico había colapsado por las llamas. Debieron regresar a la Guardia a buscar linternas y elementos para cubrirse el rostro para enfrentar el humo y el calor. Dos guardias sufrieron intoxicaciones.
En una primera instancia, los guardias abrieron la puerta de las celdas contiguas a la incendiada y evacuaron 14 reclusos. Luego munidos de cinco extintores apagaron el fuego de la celda desde el pasillo.
El calor había dañado la cerradura de la puerta y destruido los vidrios del pasillo. Ello obligó a los policías a retornar por segunda vez a la Guardia para buscar herramientas para romper la puerta.
De adentro de la celda sacaron a un recluso que estaba cerca de la puerta. Su cuerpo sin vida quedó en el pasillo. Los otros cuatro perecieron por asfixia dentro de la celda. El fuego carbonizó sus cuerpos.
Según fuentes médicas, lo máximo que resiste una persona en un escenario similar al vivido por los reclusos son seis minutos.
"Los productos de la combustión que generan elementos tóxicos son el óxido y el monóxido de carbono. En este caso en particular, los colchones, además producen cianuro, un elemento tóxico que en un corto período determina una intoxicación fulminante", dijo el director de Bomberos, Raúl Perdomo. Agregó que su experiencia como bombero dice que, en estas circunstancias, "un 75% de las personas que mueren en el incendio es como consecuencia de los productos de la combustión; sólo 25% por efecto directo del fuego".

AJUSTE.
En la mañana de hoy, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé presentará un informe al Parlamento sobre lo sucedido en el Comcar.
El lunes 24, Garcé arribó a ese penal poco después de la muerte de los presos. Al mediodía de ayer, regresó al Comcar para dialogar con autoridades del penal.
"Vi la escena tal como estaba. Observé a un cuerpo sin vida en el corredor y cuatro cuerpos calcinados dentro de la tercer celda del Sector Boxes", indicó.
Consultado sobre si el incidente podría haber sido el resultado de un ajuste de cuentas entre los reclusos, Garcé desestimó esa versión.
"A mi juicio es muy difícil que haya sido un problema entre presos", señaló el comisionado.
Por su parte el director de Cárceles, Horacio Zaugg afirmó que todas las celdas del Sector Boxes "estaban trancadas" antes del incendio. De esta forma, el jerarca policial descartó cualquier posibilidad de que el foco ígneo se hubiera originado fuera de la celda y luego propagado dentro de la misma.
El juez penal Luis Charles no encontró elementos o pruebas que vinculen el episodio como una venganza entre presos.

GRAVEDAD.
En la mañana de ayer, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Jorge Bruni calificó de "desgraciado suceso" las muertes de los cinco encarcelados.
Por su parte Zaugg señaló que, además de la instancia judicial, se está realizando en el Comcar una investigación interna para tener más detalles de lo ocurrido en el Sector Boxes.
La demora en abrir la puerta de la celda fue reconocida por el director interino de la Policía Nacional y titular de Bomberos, Raúl Perdomo. Una cárcel, agregó, es un edificio particular muy diferente de un edificio de apartamentos o un liceo.
"En un penal el componente de la seguridad es importante. Hay que abrir portones y rejas. Ante una situación como un incendio, ello conspira con la velocidad de evacuación", dijo a El País el director de Bomberos.
Según Perdomo, los policías debieron abrir puertas y celdarios porque, de otra forma, los reclusos "no tienen posibilidades" de autoevacuación.

Familiares de presos muertos criticaron reacción de la guardia
Ayer (27/08/09), a unos 20 metros de la entrada del penal de Santiago Vázquez (Comcar), tres familiares de uno de los reclusos fallecidos en el incidente del lunes 24 se quejaban de la presunta omisión policial en abrir la puerta de la celda. "La guardia los dejó morir, porque estaban haciendo una protesta. Acá lo sabe todo el mundo", afirmó uno de ellos.
El padre de uno de los reclusos fallecido responsabilizó a las autoridades que custodiaban el módulo y afirmó que llegará a las últimas consecuencias, según consignó ayer radio El Espectador.
La esposa de otro de los fallecidos dijo que no había podido reconocer a su marido. "Vine a buscar los papeles para tramitar su entierro, porque está calcinado. No lo puedo reconocer; tengo que ir a la morgue a levantar el cuerpo", dijo.
Ayer el malestar era generalizado en el Comcar. Varios presos señalaron a El País que los guardias demoraron en brindar asistencia y agregaron que los pedidos de auxilio no son atendidos con celeridad. También se quejaron del hacinamiento en que se encuentran alojados donde, en piezas de tres por tres metros, conviven nueve internos.
Las críticas de los presos también apuntan a la calidad de la alimentación del "rancho". "Casi nunca vemos algo de carne. Pero los guardias comen asados casi diariamente", se quejó un interno.
Los policías a su vez se quejan de los horarios extendidos y el elevado estrés generado por la convivencia con reclusos. También señalan que el régimen laboral -una semana de trabajo por otra de asueto- afecta sus relaciones familiares.

Los hitos del INCENDIO

Los fallecidos
Los reclusos que perecieron en el incendio en el Sector Boxes fueron Jorge Peñaloza (23), Romeo Garín (28), Adrián Salaberry (27), Christian Alemán (30) y Robert Correa (28).

Por qué estaban allí
Tres de los cinco reclusos muertos se encontraban sancionados en el Sector Boxes por un incidente. Los otros dos pidieron su traslado al Penal de Libertad por problemas de convivencia.

Reacción oficial
El ministro del Interior calificó de "desgraciado" el episodio ocurrido en el Comcar. La Dirección Nacional de Cárceles inició una investigación interna para dilucidar si los guardias actuaron en forma rápida o no.

Informe al Parlamento
El comisionado parlamentario descartó que el incidente haya sido el resultado de un ajuste de cuentas entre presos. Hoy presentará un informe sobre el hecho fatídico al Parlamento.

La resolución judicial
A pedido de la fiscal Dora Domenech, el juez Luis Charles archivó el expediente que indagó los hechos. Concluyeron que no hubo omisión de los guardiacárceles, ya que intentaron socorrer a los reclusos.

Comcar: la cárcel más hacinada
El Comcar cuenta con 3.000 reclusos, siendo que su capacidad original es de 1.624 plazas, lo que lo transforma en el centro penitenciario más superpoblado de todo el país. El hacinamiento en el centro es del 70%, según lo estableció el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé en su último informe elaborado en el pasado mes de abril. Si bien en los últimos meses el Ministerio del Interior habilitó 750 nuevos cupos -lo que permitió un leve descongestionamiento- esa cantidad se tornó insuficiente en poco tiempo debido a que mensualmente el Comcar suma un promedio de 70 nuevos reclusos, en virtud de que el Penal de Libertad también está "topeado" y prácticamente no puede recibir internos, según indicó en los últimos días el Círculo Penitenciario, asociación que reúne a la gran mayoría de los guardiacárceles de todo el país. A fines del pasado mes de marzo, durante una visita a Uruguay, el relator de Derechos Humanos de la ONU, Manfred Nowak, cuestionó duramente las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios uruguayos. En particular, sostuvo que el Penal de Libertad es una de las peores cárceles que visitó en el mundo. En relación al Comcar, el experto internacional dijo que si bien la situación no es tan dramática, existen algunos módulos donde es igual a Libertad, y puso como ejemplo el módulo 2, en el que fueron alojados más de mil presos cuando su capacidad es para 120.

"El Comcar es un pequeño pueblo, pero en condiciones terribles"
Alejandro Mendieta (amendieta@elpais.com.uy)

En un día de visitas, cerca de 4.000 personas se congregan en el predio que ocupa el Complejo Carcelario Santiago Vázquez. "Esto es igual a la población que tienen algunos pequeños pueblos del interior, pero en condiciones terribles", dijo el senador blanco Carlos Moreira.
Esto es porque esa masa de personas vive en medio de un peligroso hacinamiento, sin habilitación de Bomberos y sin un protocolo de evacuación ante una emergencia, agregó el legislador a EL PAÍS digital.
La tragedia ocurrida a principios de semana, donde cinco reclusos perdieron la vida tras incendiar un colchón en la celda donde estaban recluidos, reavivó la polémica sobre el caos que reina en el Comcar.
Además, los informes presentados ante el Parlamento por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé y las autoridades del Ministerio del Interior mantienen claras discrepancias que, dijo Moreira, merecen ser investigadas.

El ministro Jorge Bruni dijo ayer ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario que todavía estaba en proceso una investigación administrativa y aclaró que en los testimonios recogidos durante la pericia policial, no había testimonio alguno que denunciara la falla de un extintor.
Pero Garcé afirma que algunos testigos le informaron que los guardias habían demorado y que el primer extintor utilizado no funcionó. "Hay discrepancias en los testimonios. Quedan dudas y hay que seguir profundizando la investigación", dijo Moreira, quien quedó con la impresión de que el ministerio no tenía la intención de averiguar cosas que pudiesen contradecir lo que ellos dijeron.

HABILITACIÓN.
La polémica también está en que una dependencia estatal de alto riesgo como es una cárcel no cuente con una habilitación de Bomberos. Moreira se preguntó cuándo había sido la última vez que se habían revisado los extintores, ya que no había coordinación alguna para una emergencia.

El legislador dijo que esto no es una luz amarilla, sino ya roja, que alerta sobre la necesidad de tomar medidas sobre una inmensa población que convive con la droga y el hacinamiento.
"Ojala nunca vuelva a pasar. Pero se encierran siete o diez personas en un lugar que es para uno. Falta que alguien se vuelva loco, prenda fuego un colchón y mate a todos los que están con el. El tema del hacinamiento tiene mucho que ver con esto", puntualizó Moreira.
Otro problema es la falta de criterio a la hora de mezclar a la población reclusa. En ese bloque de celdas, que tampoco contaba con un baño, Moreira afirmó que había presos que estaban procesados por cometer rapiñas con otros que lo estaban por hurto.
El director de cárceles, Horacio Zaugg, respondió ante la comisión que a cada preso se le pregunta si no tiene problemas en compartir una celda con tal o cual persona.
Para Moreira esta metodología no es una verdadera clasificación y que tampoco se recomienda en ningún manual internacional. "Eso es un gran caos. Yo me imagino que el director hace lo que puede, pero es una situación muy compleja, casi imposible", opinó.
El camino parlamentario será esperar un poco por el avance de las investigaciones que siguen en curso. Moreira pedirá, además, que se habilite la comparecencia de Garcé para que pueda ampliar sobre lo presentado en su informe y enfrentarlo a las contradicciones que se generaron tras la reunión con el ministro Bruni.

EL SALVADOR: Bloqueo de teléfonos celulares en centros penales

2009-08-20T15:56:00.000-07:00

www.laprensagrafica.com
Escrito por Karla Ramos
Jueves, 20 agosto 2009

Negocian con telefónicas bloqueo señal en penales
El presidente Funes afirma que buscará, en su visita a Brasil, asesoría en este tema.

El presidente de la República, Mauricio Funes, confirmó ayer que siguen negociando con las empresas de telefonía en el país la instalación de un "sofisticado" sistema de bloqueo de señal de celulares en los centros penitenciarios, como medida para contener la realización de homicidios y extorsiones que se ordenan desde allí.

Hasta el momento, explicó el mandatario, una de las complicaciones identificadas es la ubicación de los centros penitenciarios, ya que al estar en zonas urbanas, la medida podría afectar a las familias que viven en los alrededores. "¿Qué pasa si bloqueamos la salida y entrada de la señal en esas zonas? Habrá vecinos que se quejarán por su señal, entonces tenemos que definir un mecanismo más sofisticado que nos permite hacer frente a esto", dijo. En ese sentido, además de la negociación con las empresas, el Gobierno buscará la asesoría de Brasil en este tema.

El 8 de septiembre, el mandatario tiene prevista una visita a ese país suramericano, y un punto de la agenda es abordar el tema del bloqueo de señales de celulares, ya que Brasil "ha sido exitoso en ese sentido, en bloqueo de celulares y eso permite reducir la delincuencia", explicó.

También agregó que han pedido a las empresas que les permitan acceso a los registros de los teléfonos prepago que han sido identificados en denuncias de extorsión para identificar a responsables y bloquearlos. Este punto también se ha discutido en la Asamblea Legislativa, donde se ha pedido una reforma al Código Penal en este sentido.

El mandatario dijo que estas medidas forman parte de la negociación que se sostuvo con la Dirección de Centros Penales y con las autoridades de Justicia y Seguridad, en las que se pidió no flexibilizar las medidas de seguridad en las 19 cárceles que existen en el país ante el incremento de las extorsiones.

"Obviamente ha habido necesidad de no llevar a cabo algunas medidas para no enviar el mensaje de que estamos siendo sumamente tolerantes con la delincuencia", reconoció el mandatario, quien precisamente el pasado 13 de agosto le había hecho la solicitud a Centros Penales de no descuidar el control del delito. Una semana después, el director Douglas Moreno anunció que daba marcha atrás con la flexibilización de algunas medidas hasta no contar con el equipo y la tecnología apropiada para la revisión de las visitas a los detenidos.

Los últimos datos presentados por la Fiscalía afirman que, en los primeros siete meses del año, las denuncias de extorsiones ordenadas desde las cárceles crecieron en un 147%, y llegaron a más de 1,300. Además, se ha verificado que el 84% de las extorsiones que solo han recibido una llamada ha salido desde las cárceles.

Estados Unidos ya ofreció al Gobierno salvadoreño apoyo para combatir este delito, y solo en el Plan Mérida hay $850,000 destinados a reforzar las medidas de seguridad en los centros penales.

Otra herramienta que está en proceso es la creación de una ley de escuchas telefónicas, pero esto va a un paso más lento.

ECUADOR: Plan permite estudiar a 1.500 presos

2009-08-19T08:37:00.001-07:00

El Telégrafo 17 de agosto del 2009.

Los adolescentes en conflicto con la ley y aislados en los CAI serán los principales beneficiados con este proyecto.
Mediante elservicio de Internet los reos pueden recibir cursos de formación a distancia

Al menos 60 centros de rehabilitación social del país (instituciones carcelarias y de atención de adolescentes infractores) tendrán el servicio de Internet, lo cual permitirá que cientos de internos culminen los estudios de bachillerato en la modalidad a distancia.

Esta iniciativa, informó Fabián Sáenz, director del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fodetel), parte de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), se inició el 31 de julio, a través de un convenio tripartito entre el organismo estatal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).

El proyecto de conectividad, según el funcionario, estará totalmente implementado a finales de 2010 y también contempla la posibilidad de que las universidades dicten talleres prácticos y tutorías sobre el uso de la tecnología y el desarrollo de oficios o artes.

Sáenz explicó que la educación a distancia, a través de Internet, será uno de los mayores beneficios para las personas que permanecen recluidas en estos lugares.

Asimismo, indicó que el convenio viabiliza que el Fodetel administre las señales y facilite el acceso por Internet a todos los equipos de información en los centros.

Ximena Costales, subsecretaria de Rehabilitación Social, explicó que los menores en conflictos con la ley, aislados en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) tendrán acceso a las tutorías, por medio de un programa denominado “Voluntad”, impulsado por el Ministerio de Educación y la Fundación Virtual Iberoamericana (Fuvia).

Esta entidad, desde el 2002, presta servicios en el país, a través del asesoramiento, promoción y desarrollo de proyectos de educación en Línea (e-Learning), desarrollado en servicios web. Además, ofrece alojamiento de cursos en línea en su plataforma educativa de aula virtual.

Costales informó que hasta el momento 1.500 personas privadas de libertad (PPL) de los centros de rehabilitación se han inscrito en los cursos, ya sea de alfabetización, primaria o ciclo básico.

Paralelamente, el Ministerio de Educación, como miembro del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, impulsa un programa de tutorías, en el que los instructores acuden a los centros para, junto con los internos, realizar un seguimiento de los estudios personalizados, ya que, indicó Costales, los casos en los PPL son muy heterogéneos.

“Algunos de ellos están por poco tiempo, hay de diferentes edades y con diversos niveles de escolaridad, y por esa complejidad se ha definido hacer el trabajo semipresencial”, explicó la funcionaria.

Romeo Silva, principal de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, dijo que los recursos para realizar el proyecto provienen del ministerio correspondiente, es decir, cada Secretaría tiene su responsabilidad, ya sea el área de Salud, Trabajo, Educación, en una perspectiva en la que el Estado está actuando por primera vez en esos espacios.

Néstor Arbito, ministro de Justicia y Derechos Humanos, manifestó que con la intención de modificar o reforzar el proyecto, se lo revisará con los representantes del recientemente creado Ministerio de Telecomunicaciones.

Sin embargo, señaló que actualmente se lo ejecuta, a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), entidad estatal.

La idea, según Arbito, es mejorar el convenio y subirlo de nivel ministerial, por lo que en los próximos días conversará con Jorge Glass, titular de la Secretaría de Telecomunicaciones.

“Una vez que se tenga habilitado el enlace de Internet su uso será tanto interno como externo, es decir público y privado, se complementará con la educación primaria, secundaria y universitaria técnica a distancia”, informó Arbito.
Sistema enlazará a penitenciarías
Ximena Costales, subsecretaria de Rehabilitación Social, informó que se implementa a nivel nacional el Sistema de Información General Penitenciaria (Sigpen), con el propósito de que, a través de los datos que ingresen diariamente de los departamentos técnicos de las cárceles, se tenga una veeduría y un control directo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La funcionaria explicó que el Sigpen funciona en una plataforma informática operativa en Internet, en la que se tiene la información inherente a los internos y al área administrativa de los 36 reclusorios del país.

El sistema informático comenzó a funcionar en Azogues, en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Quito, El Inca; en Esmeraldas y en Latacunga.

Costales agregó que en Santo Domingo de los Tsáchilas existe un enlace de datos y en Archidona (provincia de Napo) está instalado el cable estructurado, pero aún no hay señal.

El sistema, explicó Costales, no solo es de uso administrativo sino también orientador, ya que con él se pueden fijar políticas específicas para algunos temas.

Además, se conocerá el número de enfermos y discapacitados, internos en prelibertad, la descripción de sus capacidades laborales y habilidades o destrezas que tengan las personas, etc.

MEXICO - Prisión preventiva: un lastre social

2009-08-13T02:04:00.000-07:00

Domingo 9 de Agosto de 2009
Kutzi Hernández/El Diario NTR

En medio de un ambiente donde la inseguridad pública va en aumento y el crimen organizado ha ido ganando terreno en el control de los centros penitenciarios, la prisión preventiva es una de las medidas en que más se apoyan las políticas criminológicas en México.

Sin embargo, la prisión preventiva se ha convertido en una carga para la sociedad, pues además de que no ha ayudado a que se cometan menos delitos, representa altos costos sociales y económicos. En la actualidad, el 42% de los reclusos en el país se encuentran en prisión preventiva, es decir: no han sido declarados culpables o inocentes, por lo que no han recibido una sentencia.

En este sentido, a nivel mundial, México ocupa el sitio número 15 entre los países con mayor población penitenciaria preventiva (la lista es de 160 países). El abuso en esta medida ocasiona sobrepoblación penitenciaria, hacinamiento, autogobierno (los reos imponen sus reglas), problemas de salud, entre otros.

Los estragos del cautiverio

La prisión preventiva consiste en retener al presunto responsable de un delito para evitar que se fugue, informa el especialista Uriel Márquez Valerio. En la cárcel, se pasa por diferentes etapas: indiciado (cuando la persona es señalada como responsable), procesado, acusado, sentenciado (cuando es absuelto o condenado) y reo.

Pueden pasar meses, incluso años, antes de que a una persona en este país le sea comprobada su inocencia y por lo tanto obtenga su libertad. Mientras tanto, no sólo ha perdido un valioso tiempo de su vida, sino que sus relaciones familiares y sociales se deterioran, su salud sufre mermas importantes y tendrá que sobrellevar el estigma social como consecuencia de haber pisado la cárcel.

Cabe considerar que a esa persona no sólo se le dificultará encontrar empleo, sino que durante el tiempo en que estuvo presa, dejó de percibir un salario y de gozar de los derechos civiles que le permiten cotizar ante el IMSS o el Infonavit. Pero esto es sólo la punta del iceberg, ya que paralelo a esto hay un daño psicológico, emocional y moral de dimensiones inciertas.

Además, la tasa de homicidios es cuatro veces mayor dentro de las cárceles que fuera de ellas, y la de suicidios, nueve veces más grande. Por otro lado, por cada seis meses en prisión, se pierden 17 días de expectativa de vida por prisionero, ahonda Guillermo Zepeda, investigador del Iteso, quien es autor de varias publicaciones sobre el tema.

Por si fuera poco, las familias de los detenidos en México dejan de percibir en promedio un millón 300 mil pesos anuales por concepto de sueldos que ya no puede devengar el reo. A esto se le suman los gastos que se generan durante el proceso, tanto para la familia como para el Estado.

De acuerdo con los registros proporcionados por Zepeda, en junio de 2009 había en México 225 mil personas en cautiverio, de las cuales, 92 mil se hallaban en prisión preventiva, es decir: el 42% de la población penitenciaria no había recibido sentencia. Los estados con índices más altos son Jalisco (57%) y Sonora (50%).

Este índice preocupa a los especialistas en el tema, particularmente a Zepeda, quien en su estudio “Mitos de la prisión preventiva” señala que la prisión preventiva contradice los principios constitucionales y del derecho internacional, y considera que es una medida exorbitada de la cual han abusado las autoridades mexicanas.

Entrevistado por NTR, Guillermo Zepeda informó que cada preso en este país representa un costo promedio de 130 pesos diarios, cifra que puede variar según la entidad, pues Aguascalientes gasta 180 pesos diarios por cada convicto.

Esconden datos en Zacatecas

De acuerdo con estimaciones del investigador, en el estado de Zacatecas se invierte 186 mil 550 pesos diarios en mantener a la población penitenciaria. La cifra ya incluye no sólo alimentos, ropa e insumos en general, sino también gastos en servicios, viáticos y sueldos del personal.

En abril de 2009 había en el estado de Zacatecas mil 475 reclusos, de los cuales 360 aún no habían sido sentenciados. Esto significa que 24% de la población penitenciaria en la entidad (es decir, uno de cada cuatro), se encuentra en prisión preventiva, lo cual está muy por debajo de la media nacional.

Zepeda consideró que las cifras en el caso Zacatecas son alentadoras, ya que en noviembre de 2008, el número de personas en prisión preventiva ascendía a 416, lo que significa que cinco meses después había 56 personas menos en esta situación.

Por otra parte, mencionó que hay en esta entidad 27.7 reclusos por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es de 90 reos en la misma proporción.

Aunque estos son datos halagüeños para Zacatecas, el gobierno del estado parece no entenderlo así, ya que a toda costa impidió que NTR Medios de Comunicación obtuviera estas cifras que son de interés público. En primera instancia acudimos a la Secretaría General, donde se nos dijo que ahí no contaban con indicadores sobre población penitenciaria, sino en la Dirección de Prevención y Readaptación Social.

En dicha dependencia, Ricardo García Rojas primero nos prometió entregarnos la información al día siguiente, pero luego nos dijo que era la Secretaría de Seguridad Pública —de la cual forma parte dicha dirección, de acuerdo con la nueva ley— la instancia competente.

Aunque anteriormente dicha secretaría se encontraba en las instalaciones del C-4, se nos informó que su nueva ubicación es la sede de la Policía Estatal Preventiva. De cualquier forma, en ambos domicilios nos negaron el acceso y la información requerida.

Comparativamente, fue más fácil para NTR contactar con Guillermo Zepeda, en el Iteso en Guadalajara, y con Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de la Institución Renace, en Monterrey, y obtener a través de ellos las cifras que aquí se presentan.

Esfuerzos humanitarios

La asociación Renace (www.renace.org.mx) se dedica específicamente a defender a personas inocentes que han sido encarceladas injustamente. Pocas son las instituciones en el país dedicadas a ello. La Fundación Telmex dedica parte de sus recursos a apoyar con fianzas a personas de escasos recursos; Pastoral Penitenciaria apoya a los familiares, al igual que Lomas Bizantinas, mientras que en el D. F., la asociación Reintegra defiende los derechos humanos de menores de edad.

Renace ha generado varios estudios sobre la prisión preventiva. A decir de su director general, las reformas al sistema penal han ayudado a disminuir la prisión preventiva, dado que permite salidas alternas en el caso de las personas acusadas por delitos menores.

Actualmente, Renace atiende a 250 personas en sus distintos programas, como atención jurídica, psicológica, fianzas, etc. Sus servicios son gratuitos y por ahora sólo se encuentran en el estado de Nuevo León, aunque a decir de Sánchez Bocanegra, la Barra Mexicana de Abogados está interesada en abrir de forma conjunta centros de atención en San Luis Potosí, Distrito Federal y Jalisco.

El error judicial, figura ausente

Para el jurista zacatecano Uriel Márquez Valerio, los altos índices de población preventiva en nuestro país “denotan la crisis tremenda que está sufriendo el sistema de justicia en nuestro país; desde luego, no nos debería sorprender si el sistema judicial o el sistema de impartición de justicia está en crisis, si distintos aspectos de la vida de nuestro país, están también en crisis”.

“La constitución señala un término máximo para la duración del proceso; no puede quedar al arbitrio de los jueces. Sin embargo, por las deficiencias que tiene el sistema judicial, frecuentemente —yo creo que es la regla general—, no se dictan las sentencias dentro del término legal”, advierte el abogado litigante.

Entre otras fallas del sistema, Márquez señala que “por otro lado, una vez que concluye el proceso, y si la persona que estuvo detenida todo ese tiempo es absuelta, no existe en nuestra Constitución ninguna consecuencia favorable al que estuvo detenido injustamente, y adversa a quien la tuvo detenida todo ese tiempo”.

“En España, por ejemplo, la constitución vigente establece que cuando existe error judicial, esto es, cuando por un error injustificable de un juez se mantiene a una persona indebidamente detenida, cuando esa persona es absuelta, tiene derecho a demandar al Estado por daños y perjucios; a su vez el Estado analiza la conducta del juez o de las autoridades durante el lapso del proceso, e independientemente de que indemnice al demandante injustamente detenido, le cobra al juez lo que le paga a la otra persona”.

Otra deficiencia del sistema penal que señala el universitario consiste en que en México no existe el error judicial. “Esto es doblemente injusto porque frecuentemente ni siquiera una disculpa le piden a la persona injustamente encarcelada. Yo creo que esto es más constante de lo que quisiéramos”.

Corrupción, otro factor en contra
“En lo particular le puedo contar uno de los últimos casos que llegué, de una persona que estuvo indebidamente por casi dos años, acusada de que vendía pastillas psicotrópicas, lo que no resultó cierto. La policía judicial federal inventó dos testigos que nunca existieron. Fue condenada en primera instancia, fue condenada en segunda instancia federal y sólo pudimos obtener su libertad hasta en el tribunal colegiado de circuito mediante un amparo, pero ya habían transcurrido casi dos años. Esta persona que tiene diabetes y obesidad, incrementó sus males en la cárcel.

“Para tener el caso más notorio, el de los presos de Acteal, la Suprema Corte reconoció que cuando menos en once casos de los 40 condenados, la Procuraduría General de la República había inventado pruebas. Esto es terrible”.

Añadió que lo anterior está conectado con otro problema: la falta de autonomía de los ministerios públicos, pues mientras sigan dependiendo de los poderes ejecutivos —federal o estatales—, “se va a seguir utilizando los procesos con frecuencia para encarcelar inocentes porque son adversos críticamente al sistema político o judicial”.

Un problema de carácter institucional que señala el especialista es “el hecho de que no existan jueces de condena, jueces que vigilen el cumplimiento de las sentencias. Está previsto en la constitución que exista este tipo de jueces, pero todavía, que yo sepa, no se ha implementado, y la Constitución está dando una vacacio legis, es decir, un lapso de ocho años para que se pueda implementar, entre otras, esta reforma”.

De acuerdo con Márquez Valerio, a los problemas institucionales se suman los de carácter técnico, además de que no puede faltar la presencia de la corrupción, aunque ésta es proporcionalmente menor respecto a los estragos de los errores judiciales, desde la percepción del jurista.

“La óptica de uno está limitada a su experiencia, pero yo he conocido solamente tres jueces corruptos. En realidad, muchas de las injusticias que se cometen son por error judicial, por descuido, por burocratismo”.

A esto cabría agregar un tercer problema, que la reciente reforma constitucional busca solucionar. Se trata del hecho de que “el ejecutivo federal o local tiene las dos pinzas de la justicia: la pinza del ministerio público mediante el cual consigna, y la pinza de la ejecución de las penas, mediante el cual vigila el cumplimiento de las sentencias de los jueces”, agregó el entrevistado.

El ciudadano y el enemigo: una visión discriminatoria

Sobre el caso de los 53 ex custodios que son procesados tras la fuga de reos del Cereso de Cieneguillas el pasado 16 de mayo, Márquez Valerio señaló en primer lugar: “yo no conozco en esencia las imputaciones que se les hace, pero yo lo que advierto es que estuvieron arraigados durante más de un mes en Zacatecas; que fueron trasladados para ser procesados en Nayarit”.

Citó un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, el cual “le da competencia a cualquier juez de cualquier lugar del país para conocer de un delito de carácter federal en contravención al principio de que el lugar rige el acto”. Explicó que “si aquí supuestamente cometieron el delito de evasión de presos o cualquier otro delito que se les impute, debieron haber sido juzgados aquí”.

Uriel Márquez consideró que “el hecho de que se les haya llevado allá, a pesar del acuerdo de la corte, que aparentemente legitima la competencia del juez de Nayarit, desde mi punto de vista viola, si no el texto, cuando menos sí el espíritu del artículo 18 constitucional, que señala en su penúltimo párrafo que los sentenciados —sentenciados, no procesados, subraya— podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, y esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada”.

Sobre éste último aspecto, el legista consideró que “a los mejor les están imputando también algún delito relacionado con delincuencia organizada, y esto nos lleva a otro problema, a lo que se ha dado en llamar el derecho penal del enemigo, esto es: hay dos derechos penales, el derecho penal para la gente común y corriente, y el derecho penal para el enemigo, que es la delincuencia organizada”.

Advirtió: “Yo no abogo por la delincuencia organizada; yo lo que critico es la falta de igualdad, independientemente de que sean más severas las penas para el caso de delincuencia organizada, pero son dos reglas para medir a los delincuentes”.

Estos conceptos, indicó Márquez Valerio, fueron acuñados “por un jurista alemán que todavía vive, Günther Jakobs, que está inspirado en la doctrina nazi concretamente de Carl Schmitt, un gran jurista alemán, un gran constitucionalista, pero que fue ideólogo de Hitler y esas son las consecuencias de tratar de adaptar doctrinas que son injustas, que violan los derechos humanos”.

“Aquí el problema está en la aparente disyuntiva entre derechos humanos y seguridad pública; bien aplicados los principios de ambas, no tienen por qué reñir; es cuestión de ponderarlos y de armonizarlos. Pero frecuentemente se dice por los enemigos de los derechos humanos que éstos violan la seguridad pública y que por eso hay tanta delincuencia”.

Finalmente, hizo hincapié en la ola de delincuencia como un fenómeno derivado del neoliberalismo; “a partir de la década de los 80 se disminuyeron los trabajos, se echó a mucha gente a la calle, al comercio informal. Yo no justifico a la delincuencia organizada, pero hay que ver cuáles son las causas reales de carácter social que motivan esta ola delictiva”.

URUGUAY: Centro Nacional de Rehabilitación Social (CNR)

2009-08-12T02:05:00.000-07:00

Crio. (PE)(CP) Psic. Diana Noy López
SUB-DIRECTORA DE INTERVENCIONES TÉCNICAS

¿Qué es el CNR? El 31 de julio de 2002 se inauguró el Centro Nacional de Rehabilitación, concebido como una instancia de transición hacia el egreso, de preparación para la vida en libertad, enmarcado dentro del sistema progresivo de aplicación de la pena privativa de libertad, sus objetivos son:
- Disminuir la tasa de reincidencia
- Incrementar los recursos personales de los internos
- Reducir al máximo sus conductas negativas.
- Favorecer que los programas tengan continuidad y generalización en la comunidad
- Desarrollar una intervención educativa y prosocial en el más riguroso respeto de los Derechos Humanos de los involucrados.
¿A quiénes va dirigido? A jóvenes varones infractores de la Ley Penal, entre 18 y 34 años de edad. Provenientes del sistema penitenciario nacional. Mediante voluntariedad expresa de participar de un proceso de preselección e ingreso, diagnóstico y construcción del plan individual de trabajo.
¿Dónde está ubicado? El CNR funciona en las instalaciones del Ex Hospital Musto, ubicado en Cno. Carlos A. López s/n, entre Av. E. Garzón y Pororó.
El personal del Centro está constituido por técnicos, administrativos, personal de salud y de seguridad en tareas ejecutivas. Los cargos de dirección, técnicos y educadores, fueron provistos por concurso público en el año 2005 al pasar a depender del Ministerio del Interior.
Proceso de selección
El procedimiento consiste en algunas etapas: 1) se realiza una solicitud de ingreso; 2) se estudia la situación jurídica (no pueden quedarle más de 4 años de privación de libertad); 3) se le realiza una entrevista en el Establecimiento donde está alojado; 4) se evalúan las entrevistas; 5) se realiza una entrevista familiar. También se reciben solicitudes de ingreso presentadas por familiares, notas de internos, instituciones sociales, abogados defensores o jueces penales.
¿Cómo se los prepara para la vida en libertad? Dentro de los objetivos del Centro, puede decirse que es un deber que los programas se desarrollen en estrecho contacto con la comunidad. Las acciones de reinserción se sustentan en una cercana vinculación con lo familiar, cultural y laboral, con el mundo externo. Por eso, dentro de lo posible no sólo se realizan trabajos para el barrio (vecinos, escuelas, etc.) sino que se estimula y orienta también un relacionamiento con otras instituciones, así como organizaciones barriales y del Estado.
¿Qué ocurre cuando la persona egresa? Se ha comenzado un trabajo que intenta mantener una referencia con el egresado durante el primer año de libertad. En algunos casos no es necesario mantener una asiduidad en la presencia, ellos mismos buscan al referente Institucional, en otros casos se los va a buscar y en otros se interviene desde el momento del egreso. En lo posible se intenta establecer de antemano una “Hoja de ruta” o Plan de Trabajo para el egreso, pero no es posible siempre, ya que no se sabe con exactitud salvo algunos casos la fecha en que la persona egresará. A partir de que se define una situación de Proyecto de Egreso, dicho Componente dentro del CNR comienza a intervenir con otra perspectiva, la de facilitar oportunidades de contacto con el mundo del empleo, los emprendimientos productivos y la dimensión social.

Dentro de las dificultades más grandes que se encuentran en la vida en libertad:
1) el núcleo familiar: puede que no siempre “se esté esperando el regreso de la persona”. Esto tiene que ver con que las familias no han logrado estabilizarse desde que la persona cayó privada de libertad, por ello, aún no hay un lugar para él, a veces ni siquiera una cama.
2) el barrio ha cambiado, el consumo de cualquier sustancia adictiva es mayor que hace 5 años (más o menos el tiempo que un joven pasa privado de libertad por rapiña, por ejemplo).
3) adaptarse nuevamente a vivir con un grupo familiar en los que en su mayoría la que gobierna es una mujer, hay hermanos/as de diferentes edades. Si bien se extraña a la familia luego se extraña no vivir con jóvenes varones de su misma edad aproximadamente, en un momento evolutivo donde los grupos de pares tienen tanta importancia.
4) no hay trabajo sobre todo para aquel que no puede justificar en su currículum 5 años de ausencias de no trabajo y de si encierro.
5) las responsabilidades: luego de pasada la “luna de miel” todos/as se reconcilian con el liberado, pero llega un momento en que tiene que aportar a la olla y las obligaciones económicas del hogar. Allí comienza la presión y la demanda de las familias, hasta ahora el joven tuvo un peculio (sueldo por llamarlo de alguna manera) que se paga en la cárcel, mal o bien, tuvo agua, luz y comida. Ahora tiene que pagar por ellas.
El CNR acompaña en la medida de lo posible intenta que aquellos que han tenido un muy buen desempeño accedan a una plaza laboral para cuando estén en libertad y a veces en lo posible ocupan dicha pasantía desde que están en el internado.
Algunos países extienden la ayuda económica por un tiempo por lo menos un año después de obtenida la libertad.
Hemos tenido casos que nos han pedido volver al CNR a vivir y/o trabajar, nos dicen que se sienten seguros allí. Otros al comienzo llaman para charlar, otros nos visitan, algunos vuelven a caer en el delito pero casi siempre luego de un período de consumo de sustancias adictivas.
Para los jóvenes hay respuestas posibles, hoy no son suficientes. Hoy se puede justificar este desconcertante estado de situación, ya sea por los cambios vertiginosos en lo social, por el poco tiempo que le dedicamos a los niños/as o cualquier otra respuesta y además sabemos que somatizan sus tensiones desembocando en cuadros clínicos agudos, unos; otros, realizando llamados de atención, que quizá los adultos preparados que les rodean no hayan logrado interpretar o no hayan logrado parar a tiempo. Desde lo social (sus familias) tampoco han tomado cuenta de los sucesos que han ido marcando sus cambios. Los actos violentos o “inadaptados”, como lo atestiguan la cotidianeidad y el dolor que provoca el COMCAR y otras cárceles, que diariamente ven aumentada la cantidad de sus “pacientes” de estos “hospitales” para infanto-juveniles, demuestran que quizá hubiese sido necesario actuar antes. Entonces ¿qué ocurre con los actores sociales? ¿con el control, con el acompañamiento?, ¿dónde están puestos los cuidados?, ¿quién cuida a quién?, ¿Cuándo hay que actuar?

España: Muchos presos para tan pocos delitos

2009-08-05T09:29:00.000-07:00

Fuente: El País
PERE RÍOS 05/08/2009

España tiene la tasa de encarcelamiento más alta de Europa y una de las más bajas de criminalidad - Crecen las voces que abogan por suavizar el Código Penal y favorecer la redención de las penas

El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media.

El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media.

Varias razones explican esta paradoja: la dureza de las penas para los delitos habituales -robo y tráfico de drogas-; el continuo endurecimiento del Código Penal y la incorporación de nuevos delitos; la imposibilidad de redimir condena y la cicatería del Estado para conceder la libertad condicional.

"Las prisiones españolas están llenas de pobres, enfermos y drogadictos. Suman más del 70%. La cárcel se está convirtiendo en el único recurso asistencial y esa no es su función". Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias lleva años recordando la función resocializadora que debería tener la cárcel, pero admite que ese principio constitucional está cada día más lejano.

El Código Penal de 1995 originó un aumento de la población penitenciaria que llena a un ritmo acelerado las nuevas cárceles. Hace tres años había 63.800 presos. Ahora son 76.485. La tasa de encarcelamiento se sitúa en España en 166 reclusos por 100.000 habitantes, por delante de Gran Bretaña (153) -que siempre había encabezado la lista- Portugal (104), Francia (96) e Italia (92). Sin embargo, la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada mil habitantes), es una de las más bajas de los Quince. La relación del año 2008 la encabeza Suecia (120,4), seguida de Reino Unido (101,6). En España es de 47,6, por delante solo de Grecia (41,2), Portugal (37,2) e Irlanda (25,2).

"Hace ya muchos años que se constata que la tasa de encarcelamiento no guarda relación con la criminalidad, sino con la política penal. Lo que ocurre en España no es que los jueces metan a más gente en la cárcel, sino que pasan mucho tiempo", dice José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología.

El delito principal que han cometido más del 40% de los penados (22.416 reclusos) fue contra el patrimonio y el orden socioeconómico, según los define el Código Penal. En lenguaje más inteligible: robos, tirones y atracos.

"Depende de cómo sea el tirón se puede castigar hasta con cinco años. ¿Debe ir a la cárcel esa persona si ha delinquido por primera vez?", se pregunta Eduardo Navarro, magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, con 20 años de experiencia, 17 de ellos en juzgados de instrucción. "La sociedad no entiende que no sea así. Los incidentes que he tenido como juez han sido por no enviar a alguien a la cárcel", afirma.

Díez Ripollés ratifica que algunas penas son desproporcionadas. "No es razonable que un delito urbanístico se castigue con un máximo de dos años de cárcel, lo mismo que un hurto agravado, porque al final siempre acaban en la cárcel los mismos". Es el inicio de una tela de araña en la que queda atrapado el preso y que él ayuda a tejer en muchas ocasiones, pues los índices de reincidencia se sitúan entre el 40% y el 70%.

El perfil del recluso español apenas ha variado con los años. Es un hombre, de 30 a 40 años y condenado por robo o tráfico de drogas. Las reclusas suponen el 8% del total de la población. La mayoría están condenadas por tráfico de drogas (48,4%).

El llamado Código Penal de la democracia de 1995 que impulsó el ex ministro de Justicia Juan Alberto Belloch eliminó la redención de pena por trabajo o estudio y estableció el cumplimiento íntegro. Eso significa que la mayoría de las condenas se pagan "a pulso", en lenguaje carcelario, y que se aplica en muy pocas ocasiones la secuencia lógica en la vida penitenciaria: prisión preventiva, segundo grado, permisos, tercer grado, libertad condicional y libertad definitiva.

Siete de cada diez penados están en segundo grado, y así pasan la mayor parte de su estancia entre rejas, sin lograr permisos. Solo el 15,1% cumple condena en régimen abierto, y los que logran la libertad condicional suponen el 11%. "Es totalmente innecesario estar tanto tiempo en la cárcel. El cumplimiento íntegro no es bueno desde ningún punto de vista porque aumenta la reincidencia", sostiene José Cid, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, que ha analizado el fenómeno en el libro El incremento de la población reclusa en España entre 1996 y 2006.

El abogado madrileño José Luis Galán lleva en la profesión más de 35 años y sigue en el turno de oficio. Tiene claro que la situación se hace cada más vez insostenible y que urge un cambio legislativo en sentido contrario al incremento punitivo de los últimos años. "Lo que no se puede hacer es buscar el aplauso fácil. No siempre se legisla para sacar votos, porque, si no, no habría impuestos. Hay que cambiar las normas que se aplican para que la cárcel sea el último recurso, no el primero y único", asegura. A renglón seguido reprocha al PSOE la aplicación de una política punitiva que, de manera sustancial, coincide con la del PP. "La izquierda se ha abonado a la chita callando a esa política represora. Cuando no se ha puesto al frente de la procesión, ha ido detrás con el capirote y gran mansedumbre".

Galán también cuestiona que algunas conductas estén tipificadas como delito. "Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, es disparatado que las amenazas del marido a la esposa sean delito. Y con la última reforma sobre seguridad del tráfico se han pasado". Ahora hay en España 3.721 presos penados cuyo delito principal es de violencia doméstica, desde un asesinato -una minoría-, a lesiones o amenazas. También hay 816 reclusos por delitos al frente del volante.

"La delincuencia patrimonial de escasa importancia no es razonable que se castigue con penas que comportan la entrada en prisión", dice Díez Ripollés. Con tres matices: que sean delitos graves, que los cometan reincidentes o altos sectores de la sociedad. "A esos solo se los puede intimidar con la cárcel", afirma el jurista. Y es que los delincuentes de cuello blanco que acaban entre rejas son una excepción. Casi nadie discute el efecto ejemplarizante que eso causa en la sociedad, aunque tarden en entrar porque pagan mejores abogados y agotan todos los recursos, muchas veces con el beneplácito de los tribunales.

"El Código Penal es duro con el débil y débil con el duro", asegura Díez Ripollés. "Los tribunales tienden a ser más comprensivos con determinados delitos porque la ley es interpretable", opina la abogada barcelonesa Lidia Lajara, con 16 años de experiencia como penalista. "Hay muchos tipos de jueces y sería injusto no reconocer que muchos creen en la rehabilitación y apuestan por ella", dice José Cid. Lo que ocurre es que las administraciones no les ofrecen la posibilidad de imponer medidas alternativas. "Hay que decir que los jueces de Cataluña somos unos afortunados y que sí podemos imponer penas al margen de la cárcel de las que en otras comunidades no han oído ni hablar", dice el juez Navarro.

"Otra política criminal es posible", afirma el catedrático Díez Ripollés, y las penas alternativas para delitos menores son un ejemplo. Ayudarían a descongestionar las prisiones y reducirían el gasto público. Una medida así cuesta 3,05 euros diarios, y el coste de un preso es de 78,29 euros al día, según un estudio de la Generalitat catalana, la única comunidad con competencias en prisiones.

"No se puede dejar de castigar al delincuente, pero sin tanta dureza y aplicando las políticas que ya han dado resultados en otros países", dice Díez Ripollés. Como en Finlandia, recuerda, que a principio de los ochenta tenía una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa y ahora está a la cola.

La droga y 'los BBC'
Un grupo de presos que cumplía condena en Madrid por tráfico de drogas fue conocido durante muchos años como los BBC: procedían de Bogotá, habían aterrizado en Barajas y acabaron en la cárcel de Carabanchel. En las prisiones españolas hay ahora 15.868 penados con el vigente Código Penal por delitos contra la salud pública, que representan el 27,8% del total. Quedan otros 200 con el código derogado hace 13 años, lo que da idea de la dureza de las penas por esos delitos.

"No puede ser que se condene igual a quien se le pilla con 800 gramos de cocaína que al que se le coge con varios kilos. Y, además, éste saldrá antes porque tiene mejores abogados", advierte el juez Eduardo Navarro. "Por esos 800 gramos de cocaína le pueden caer de 9 a 13 años y medio, seguramente más que por un homicidio, que se castiga de 10 a 15 años".

Mercedes Gallizo también constata que "el pequeño traficante casi siempre acaba cumpliendo una pena muy alta". ¿Debería cambiarse el Código Penal? "No me gusta pronunciarme sobre eso. Es el legislador el que debe analizarlo. Lo que hay que tener claro es que la droga lleva a la cárcel y que las penas son muy altas", dice. "Cuando impones una pena así, duele, porque ves que ese mulero se ha jugado una condena muy alta por 3.000 euros, pero la ley dice lo que dice", añade Navarro. "Con el tráfico de drogas existe muy poca consideración de los jueces. Y no solo para condenar, sino para que se aplique un atenuante de drogadicción", razona la abogada Lidia Lajara. "No se tienen en cuenta las circunstancias personales y sociales del que llega con una bola en el estómago jugándose la vida. Es verdad que la ley no permite considerarlo como estado de necesidad, pero tampoco se puede ser ajeno a los motivos que lo han llevado a delinquir", añade.

Hay otros casos. "Está muy bien que cerremos los psiquiátricos, pero no los hemos sustituido por nada", dice Gallizo. Y eso que el 25% de la población reclusa padece algún tipo de trastorno mental.

Y después están los extranjeros, que son el 37% de los presos. Como no tienen domicilio conocido es más fácil que acaben en prisión preventiva y más difícil que logren un permiso. Muchos son expulsados cuando salen de la cárcel y por haber delinquido una sola vez.

URUGUAY: Informe del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.

2009-07-30T14:38:00.000-07:00

Entre los días 22 y 27 de marzo de 2009, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, de Naciones Unidas, el profesor Manfred Nowak, llevo a cabo una visita a Uruguay a invitación del gobierno de dicho país.

En el informe (ver aquí) se hace referencia a las condiciones de detención en comisarías, prisiones, centros para adolescentes e instituciones psiquiatricas.

El informe rescata con claridad las precarias condiciones en que se encuentran los centros penales en el país: “Durante la dictadura militar, el Penal de Libertad se convirtió en un símbolo infame de la tortura y los malos tratos. Dos décadas después, sigue siendo conocido por sus condiciones infrahumanas. En particular, las condiciones en los módulos de acero conocidos como Las Latas, son un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a la de los guardias que tienen que trabajar ahí, corriendo ambos riesgo para su vida. Este lugar, en donde los procesados y condenados se alojan como animales en contenedores sobrepoblados durante casi 24 horas al día, es detestable. Debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo forzados a tomar el agua del inodoro, y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. También tienen acceso médico limitado, por lo que los detenidos tienen que hacerse cortes en el cuerpo a si mismos, para poder ver a un médico”.

No menos clara es la descripción de los centros para adolescentes “La privación de libertad de adolescentes se utiliza como primer recurso y no como el último. Los adolescentes detenidos en establecimientos de máxima seguridad viven en condiciones extremadamente pobres. En su mayoría, carecen de oportunidades de educación, empleo o rehabilitación, y los menores se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día. Las condiciones sanitarias en los centros que visité son terribles. Los adolescentes no tienen inodoros en sus celdas, y en ocasiones tienen que esperar durante horas para que un funcionario les deje ir al baño. Como resultado, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en botellas y bolsas de plástico, las cuales después tiran por la ventana, dejando el lugar con un olor repugnante. Un gran número de adolescentes privados de libertad son adictos o consumidores de drogas. Muchos de ellos reciben sedantes como sustituto a las drogas. Son muy comunes las quejas de golpizas y castigos colectivos durante los motines y rebeliones”.

Especialmente interesantes resulta la lectura de las recomendaciones, útiles para cualquier país de la región que quiera adoptar una política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos.

ESPAÑA: Bestezuelas: qué hacer con los niños criminales

2009-07-27T09:24:00.000-07:00

www.abc.es

ALFONSO ARMADA 26-7-2009 05:59:01

Están los hechos, luego vienen las interpretaciones. El 17 de abril, un niño de ocho años fue violado en Motril por otro de 15 mientras su pandilla grababa la agresión en vídeo. El 2 de julio, cinco menores y un adulto violan en Baena a una niña de 13 años a plena luz del día en una piscina pública. El pasado domingo, otra niña de la misma edad es violada en Isla Cristina por siete menores. Los tres hechos ocurrieron en Andalucía y tanto las víctimas como la mayoría de los victimarios eran menores de edad.
El carácter espeluznante de los casos retrotrae a episodios especialmente turbadores, como el de Sandra Palo, la joven que en 2003 fue violada, atropellada y quemada en Getafe por tres menores y un chico de 18 años, o el todavía más inquietante de los británicos Jon Venables y Robert Thompson, que cuando tenían diez años, en 1993, mataron a James Bulger, de dos años, y que fueron puestos en libertad tras haber cumplido ocho años y cuatro meses de internamiento. La alarma y el estupor han vuelto a suscitar un intenso debate sobre la condición «inimputable» de los menores de 14 años en el ordenamiento jurídico español, la idoneidad de la Ley del Menor y las fallas en la educación, en un sistema que parece quedar desnudo y a contraluz cuando ocurren hechos que obligar a buscar palabras que expliquen el espanto.
¿Es preciso rebajar le edad penal para castigar y evitar este tipo de comportamientos? «Si lo que queremos evitar es la comisión de hechos delictivos, lo fundamental es investigar las causas de la delincuencia», dice Octavio García Pérez, profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Málaga y autor de libros como «La delincuencia juvenil ante los juzgados de menores» y «Legislación penal del menor». García Pérez cree que a partir de ahí «sería posible actuar sobre las circunstancias que llevan a cometer delitos» y evitarlos: «Cuando nos planteamos rebajar la edad para castigar a edades más tempranas, no nos movemos en esta dirección, pues simplemente sancionamos al que ha cometido un delito, pero ni sabemos por qué lo ha hecho ni hacemos nada para que otros no lo hagan. Castigando al que ya ha cometido un delito no vamos a evitar que se sigan cometiendo delitos porque no estamos combatiendo sus causas. En este sentido, los que abogan por rebajar la edad penal con frecuencia lo justifican en que hay menores con problemas de riesgo social que no están siendo atendidos por las entidades de protección y ante la inacción de éstas, sería necesario que actuara la justicia penal. Sin embargo, si el problema radica en que las entidades de protección no están actuando donde deben, lo que hay que hacer es mejorar su actuación».
Patuca Fernandez Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios de Madrid, y Javier Baeza, sacerdote y educador en la parroquia San Carlos Borromeo, niegan que comportamientos como los de Baena e Isla Cristina queden a menudo impunes: «No es cierto. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial no denotan un incremento de los delitos cometidos por menores de edad. Sin embargo, desde el año 2001 se han incrementado exponencialmente las plazas en centros cerrados y semiabiertos. En Madrid en el año 2000 había 3 centros de reforma con unas 45 plazas, en la actualidad hay 15 prisiones de niños en Madrid. Se castiga y se interna a los niños que cometen delitos, bajo un reglamento homólogo al reglamento penitenciario de adultos, pero sin las garantías jurídicas aplicables a estos "porque son menores". Cuando vamos a ver a menores en cárceles de niños no hay ninguna diferencia en la estructura con las cárceles de adultos. No podemos obviar que las personas nos construimos en contextos determinados. ¿Qué contexto es una cárcel para construir o re-construir vidas que comienzan?».
«Sacar a los menores del ámbito del derecho penal ha sido una conquista histórica de la civilización», piensa Luis Carlos Nieto, juez de menores en Ávila. A la pregunta de si se debería rebajar la edad de los menores para ser juzgados, el juez cree que «evitar que la sanción penal se instale en personas que están en un periodo muy temprano de su desarrollo evolutivo es la razón de ser de la justicia de menores. Por eso las medidas que se pueden imponer por la jurisdicción de menores deben centrarse en prevenir futuros comportamientos delictivos del menor desde el convencimiento que la reeducación es un factor que puede contribuir a que hechos delictivos no se repitan. El endurecimiento de las leyes puede tener un efecto simbólico en momentos de conmoción social, pero no tiene relación con una disminución de los delitos. De hecho desde la publicación de la ley todas las reformas, sin excepción, han ido introduciendo en la justicia de menores parámetros del derecho penal de adultos mientras que las estadísticas sobre delitos cometidos por menores permanecen sin variación significativa. Desgraciadamente en el análisis de la delincuencia de menores no siempre prima el rigor basado en datos empíricos para dar respuesta a problemas reales, sino que existe una tendencia a legislar simbólicamente».
«Si nos planteáramos responsabilizar mayormente al menor, ello debería comportar sin ninguna duda ni vacilación también una creciente responsabilidad del entorno social, inmediato (y no tanto), hasta sobrepasar incluso, según casos y circunstancias, el límite de la "penabilidad", de la posible imputabilidad penal». Son palabras de Joan Badía, psicólogo clínico que trabaja en el hospital San Juan de Dios de Barcelona. Y sigue preguntándose: «¿Qué hacían esos menores a esas horas, en qué circunstancias las familias sabían o miraban para otro lado prefiriendo ignorar, no ya tan sólo hechos de la mayor gravedad cual claros crímenes, sino las vivencias, inquietudes y cuitas de sus allegados? De parte de las familias (todas: clásica, monoparental, desestructurada...) toman cada vez mayor relevancia figuras "menores" del maltrato: no por activo, sino por negligencia, desatención, desasimiento, abandono. El legislador, en su momento, debería incorporar medidas claras y eficaces de protección a las familias con prole, con la finalidad de que éstas puedan seguir siendo agentes relevantes de la educación de sus hijos».
Luis Carlos Nieto es contrario a reformar la ley del menor, y menos «en un momento en el que se han producido hechos de especial gravedad y de fuerte repercusión mediática. La valoración y crítica de la ley debe hacerse desde una reflexión serena y profunda que no se puede dar en estos momentos».
Saco de boxeo
¿Hay una quiebra de valores y tabúes? «No creo que se pueda hablar de una quiebra de valores», estima Octavio García Pérz. «Lo que sucede es que a veces a ciertos menores no les llegan los valores porque las instancias que se ocupan de su transmisión no cumplen con su papel. En efecto, hay menores que no tienen familia o si la tienen, ésta no cumple adecuadamente su papel, no van a la escuela y, en consecuencia, no aprenden valores».
Patuca Fernández Vicens y Javier Baeza encienden otra alarma: «Los niños son el saco de boxeo de nuestra sociedad. Los que más sufren los problemas que afectan a la sociedad española: la pobreza se ha incrementado especialmente en los niños de entre 0 y 16 años, la violencia y agresividad de nuestra sociedad, la falta de referentes en la vida pública que sean ejemplo para nuestros chicos, el sistema educativo sometido a los intereses políticos: todo eso hace que nuestros chavales y chavalas sufran y reproduzcan nuestros males. El mundo del menor es la caja de resonancia de los desastres de los adultos. Cuando una sociedad "teme" a los menores, es que está gravemente enferma».

NICARAGUA: 90 enfermos mentales están en las prisiones

2009-07-27T09:10:00.000-07:00

El Nuevo Diario

NO CUENTAN CON ATENCIÓN PROFESIONAL, ASEGURA PROCURADORA DE CÁRCELES

* La mayor parte presenta esa condición por el consumo de drogas, igual que los jóvenes del Hospital Siquiátrico de Managua * Los siete mil internos comparten galerones con discapacitados, y tener sólo a uno de ellos en una galería común distorsiona todo, dijo María Auxiliadora Urbina * También denuncia que el régimen de convivencia familiar ha servido para que los beneficiarios vuelvan a delinquir con “técnicas refinadas”

Tania Sirias
END - 21:06 - 25/07/2009

La salud mental es un derecho humano que sigue pendiente en los penales del país, declaró la procuradora de Cárceles, María Auxiliadora Urbina, pues los 90 pacientes mentales que se encuentran recluidos, conviven en las celdas con el resto de privados de libertad.

Urbina demandó la presencia de un siquiatra en los sistemas penitenciarios, pues el discapacitado metal también debe ser atendido por un especialista.

“Cada penitenciaría cuenta con un sicólogo y un médico para atender los problemas de gastritis, o cualquier otra enfermedad, pero también es necesario un experto en siquiatría”, dijo la funcionaria.

Además, comentó que la mayoría de enfermos mentales se encuentra en esta condición debido al consumo de sustancias tóxicas. Al igual que en el Hospital Siquiátrico, en los penales la mayor parte de jóvenes diagnosticados con discapacidad mental se relacionan con el consumo de drogas.
Presos conviven con enfermos
La funcionaria reconoció que la crisis económica está afectando al sistema penitenciario, ya que existe un hacinamiento en las celdas, y los enfermos mentales conviven con el resto de presidiarios.

“Los siete mil internos comparten galerones con los 90 discapacitados mentales, y tener un enfermo mental en una galería común distorsiona todo”, expresó la Procuradora de Cárceles.

“Nuestra demanda es que a los privados se les brinde una atención en salud mental. Recordemos que no es fácil estar recluido, y éstos son enfermos mentales crónicos. Por el momento no contamos con siquiatras en los penales y para poder atenderlos son referidos al Hospital Siquiátrico”, reiteró Urbina.

Además, dijo que el Hospital Siquiátrico está impartiendo cursos de actualización médica a los galenos del penal, y que también se está hablando de la creación de un pabellón especial, y de un espacio propio para poder atender a este tipo de paciente, pero son proyectos futuros.
Posgrado a funcionarios del penal
Estas declaraciones las brindó la procuradora de Cárceles, María Auxiliadora Urbina, durante la inauguración del posgrado en “Ciencias Penitenciarias y Derechos Humanos” dirigido a funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional.

En este posgrado están participando 57 funcionarios de todos los penales del país, dijo Urbina, con el objetivo de fortalecer el relevo generacional, pues la mayoría tiene de 28 a 30 años de laborar en el sistema.

“Se deben mejorar las condiciones del privado de libertad, y eso pasa por educar al funcionario”, afirmó Urbina. Además, lamentó que muchos de los privados de libertad cuando cumplen con sus condenas o salen bajo el régimen de convivencia familiar, vuelvan a delinquir y regresan a los penales.

“Esto se debe a que no se les brinda una educación y no se les prepara para una reinserción social y laboral”, señaló la Procuradora.

Agregó que “muchas veces lo penales se convierten en escuelas para refinar las actividades delictivas. Si no le damos herramientas al individuo para que se vaya con una mejor condición, va a regresar. Igual pasa si es un enfermo mental, va a regresar. Nicaragua es un país enfermo, empobrecido que necesita educación y oportunidades”.

EEUU: Polémica por la decisión del gobernador de vaciar las prisiones en Illinois

2009-07-26T01:36:00.000-07:00

Por Agencia EFE – 10/07/2009
Chicago, 10 jul (EFE).- Ante la difícil situación fiscal que atraviesa Illinois y la falta de un acuerdo con los legisladores, el gobernador ha anunciado una serie de medidas drásticas que incluyen la liberación de miles de reos, lo que ha levantado la polémica en el estado.
El gobernador demócrata Patrick Quinn, quien está enfrentado a la Asamblea Legislativa por la aprobación del presupuesto y las formas de cubrir un déficit de 9.200 millones de dólares, anunció una serie de "opciones difíciles" para solucionar la crisis.
Además de recortar fondos a servicios y programas sociales que benefician a familias inmigrantes, Quinn anunció 2.600 despidos de funcionarios estatales, de los cuales 1.000 pertenecen al sistema penitenciario de Illinois que perderá recursos por 125 millones de dólares.
Para que ocurra la reducción del personal carcelario, dijo el gobernador, primero tendría que dejar en libertad a unos 11.000 de los 45.500 reclusos alojados actualmente en el sistema penitenciario estatal.
La lista de posibles liberados incluiría a quienes cumplen el último año de sus sentencias, sin contar los convictos por homicidio en primer grado, crímenes sexuales y conspiración para traficar drogas y armas.
Con esta medida, el estado ahorraría 125 millones de dólares, ya que se gastan en promedio 23.000 dólares anuales en el alojamiento de cada prisionero.
Aunque un vocero del gobernador aclaró que "nada es definitivo, todo está a estudio", las reacciones contrarias no se hicieron esperar.
Anders Lindall, vocero del sindicato que representa a los guardias penitenciarios, dijo que el plan de Quinn es "temerario" y socava la seguridad pública, porque las prisiones quedarían sin la custodia adecuada.
"Se pueden revisar sentencias y los programas de rehabilitación, pero nunca actuar bajo la presión del recorte de presupuesto porque pueden aumentar los riesgos en las prisiones estatales y las comunidades que las rodean", dijo al Chicago Tribune.
Quinn respondió que medidas similares han sido adoptadas por otros estados, y afirmó que "en caso de concretarse", se haría bajo condiciones estrictas.
Por su parte, el representante estatal republicano Jim Durkin dijo que "no deberíamos premiar el mal comportamiento como forma de convencer a los legisladores a votar un aumento de impuestos".
Durkin está preocupado además por los despidos porque en muchas ciudades de Illinois, la prisión local es el principal empleador.
Otros legisladores opinaron que ésta sería la última de una serie de "amenazas vacías" del gobernador para obligarlos a votar un incremento en el impuesto al ingreso personal para cubrir el déficit, lo que ha sido negado por la Asamblea en varias instancias.
Sin embargo, la oficina del gobernador dijo que los recortes y despidos ocurrirán aunque Quinn logre el aumento impositivo buscado.
Inclusive, a los 2.600 despidos generales anunciados podrían sumarse otros 2.500 para reducir la plantilla actual de 58.000 funcionarios estatales.
El gobernador vetó esta semana un presupuesto provisional votado por la Asamblea antes del receso, por considerarlo desbalanceado.
Con ese presupuesto el gobierno estatal continuaría funcionando unos meses a la espera de la solución final de los legisladores, que volverán a reunirse la próxima semana para discutir el tema.
Daysi Funes, directora ejecutiva del Centro Romero que atiende a inmigrantes salvadoreños en el norte de Chicago, dijo que se ha creado un caos entre las organizaciones por los rumores sobre quiénes serán los más afectados por los recortes.
El centro encabeza una campaña de llamadas telefónicas de la comunidad hispana a los legisladores para pedirles la aprobación del presupuesto. EFE

CENTROAMÉRICA: III ENCUENTRO REGIONAL VÍAS ALTERNAS “Promoviendo las salidas alternas a la prisión en Centroamérica”

2009-07-26T01:25:00.000-07:00

Fuente: DNI Costa Rica

23 y 24 de julio de 2009

En Centroamérica se encuentran aproximadamente 2.897 personas adolescentes y jóvenes privadas de libertad bajo la Justicia Penal Juvenil.

Esto tiene que llamarnos a reflexionar sobre por qué aún las Salidas Alternas a la prisión, no se han convertido en la opción principal que proponen los estándares contenidos en los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue ratificada por todos los Estados.

Sobre esta problemática y sobre la no consolidación de sistemas especializados de Justicia Penal Juvenil, en un contexto de incumplimiento de los Derechos Económicos y Sociales de las personas adolescentes y jóvenes, tratará el III encuentro del Proyecto “Vías Alternas”.

El Proyecto inició ejecuciones en julio de 2006, gracias al auspicio de la Embajada de Holanda, y cuenta con la participación de las siguientes contrapartes en la región además de DNI-CR: la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), por El Salvador; la Fundación de Protección a los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (FUNPRODE), por Nicaragua; la Comisión de Justicia y Paz, por Panamá; el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), por Honduras; y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).

La presentación oficial del documento se realizará por DNI-CR el viernes 24 de julio a las 09:00 a.m. y se contará con los comentarios del Dr. Elías Carranza Lucero, director del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD)

EEUU: El 10% de los presos de las cárceles de EEUU cumplen cadena perpetua y de ellos dos tercios son negros o latinos

2009-07-24T08:12:00.000-07:00

NUEVA YORK, 23 Jul. (del corresponsal de EUROPA PRESS, Emilio López Romero)

El 10 por ciento de los presos que purgan su pena en las cárceles de Estados Unidos cumplen condenas a cadena perpetua, de los cuales dos tercios son negros o latinos, según se desprende del último informe de una organización dedicada al estudio de la reforma del sistema penitenciario.

Los números son sorprendentes. De los 2,3 millones de presos que en la actualidad cumplen condena en las cárceles de Estados Unidos, unos 240.000 se enfrentan a toda una vida entre rejas, lo cual representa un récord desde que Sentencing Project inició sus estadísticas en 1984.

El porcentaje de reclusos condenados a pasar el resto de su vida en prisión se eleva al 20 por ciento cuando se trata de California, el estado con la mayor población carcelaria de Estados Unidos, según los datos recogidos por la organización.

De los 170.000 presos que cumplen condena en California, unos 34.000 cumplen una sentencia de por vida, lo que supone el triple de casos de los registrados en 1992, mientras que en otros cuatro estados del país --Alabama, Massachusetts, Nevada y Nueva York-- la proporción es uno de cada seis presos.

La creciente población carcelaria de Estados Unidos y el elevado número de condenados a cadena perpetua ha abierto un gran debate, en medio de la grave crisis económica y los problemas presupuestarios que afrontan muchos estados como California, según recuerda el 'New York Times'.

Las estadísticas recogidas por la ONG revelan que dos tercios de los condenados a cadena perpetua son negros o latinos, y en el caso del estado de Nueva York, sólo el 16,3 por ciento de esos reclusos son de raza blanca.

Y aunque bien es cierto que una gran mayoría de esos presos que pasarán el resto de sus días en prisión fueron condenados por cometer crímenes violentos, los expertos aseguran que cada vez son más los casos de sentencias de por vida por otro tipo de delitos.

La organización también denuncia que ni los sistemas penitenciarios de seis estados de la unión --Illinois, Iowa, Louisiana, Maine, Pennsylvania y Dakota del Sur-- ni el sistema federal ofrecen la posibilidad a los presos que cumplen cadena perpetua la posibilidad de solicitar la libertad condicional.

Uruguay: Ideas contra el delito

2009-07-20T15:12:00.000-07:00

Fuente: FABIÁN MURO. El pais de Montevideo.

Las causas de la delincuencia son múltiples. Las posibles soluciones también. En lo único que parece haber consenso entre expertos es que el problema de la seguridad pública no admite respuestas unidimensionales.

Más policías, exclaman unos. Mejores cárceles, piden otros. Más gasto social para mitigar las causas del delito, sostienen de un lado. Del otro se retruca exigiendo mayor severidad en todo.

La seguridad pública -quién lo duda- fue y será uno de los temas más importantes del debate político y social. Las ideas que parten del sistema político para transmitir la sensación de que Uruguay es un país seguro, además, sobran.

Pero el camino que va de la propuesta lanzada al calor de una coyuntura a la definición de una política sostenida y sometida a una evaluación es, en el caso uruguayo, tan largo como sinuoso. Ahora que la carrera hacia el gobierno ya comenzó, la seguridad será uno de los temas más polémicos de la campaña. Este informe es un intento de aportar otros argumentos que los que habitualmente son utilizados por los políticos en plena campaña. A veces por conveniencia, otras por necesidad, las campañas no suelen aportar las ideas más complejas y elaboradas.

Avisos Google

DATOS. Hay una multitud de indicadores que pueden servir como sustento para diagnosticar si se vive en un país más o menos seguro. El "más o menos" es clave: nunca se estará completamente seguro. El delito siempre existió y siempre existirá. El reclamo de seguridad absoluta es un imposible que solo revelaría la poca reflexión que le ha dedicado al tema quien pronuncie el dislate.

Adentrarse en el terreno de datos y números puede resultar tedioso para quien reclama, con tanta legitimidad como impaciencia, soluciones concretas y rápidas. Pero una mirada serena sobre este mundo demuestra que se trata de un fenómeno complejo y que se rehusa a ser encasillado en un único y fijo lugar. Conviene tener presente esas dificultades cuando obviedades como "merecemos un país más seguro", o soluciones supuestamente fáciles como "sacarles el vicio a prepo" son las que más se escuchan.

Uruguay tiene una de las tasas de homicidio más bajas del continente: entre seis y ocho homicidios por 100.000 habitantes. Este es un indicador contundente. Es mucho más difícil que un homicidio se escape de los filtros institucionales. Una rapiña o hurto puede no ser denunciado. Un asesinato rara vez deja de ingresar a las estadísticas.

La tasa de homicidios uruguaya está apenas por encima de la que exhiben países como Canadá. Y es un indicador que se ha mantenido durante décadas, de acuerdo a un estudio realizado por el sociólogo Javier Donnangelo. En comparación, solo San Pablo tiene una tasa de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a un informe de 2006 de The Economist. Las comparaciones, como se sabe, son odiosas. Y más en un tema que hace a la seguridad e integridad del ciudadano. De poco le sirve saber a la persona afectada por una rapiña o una lesión, que tal o cual metrópolis es menos segura que en la que vive.

Pero no parece desmedido pedirles a los que elaboran y aprueban leyes normas y decretos una mirada con un alcance mayor que la que se extiende hasta la esquina.

Más allá de que la tasa de homicidios sea un indicador que podría servir para apaciguar a los ánimos más encolerizados, hay otros que generan justificada alarma: Uruguay tuvo, de 1990 a 2004, un aumento de 176% en las rapiñas. Durante ese mismo período, la cantidad de presos aumentó en un 155%, según datos oficiales del Ministerio del Interior proporcionados para este informe. Uruguay es uno de los países con más presos en relación a su población. La tasa de personas privadas de libertad supera las 200 cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente latinoamericano.

Según datos comunicados a diversos medios por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcé a principios de este año, Uruguay tiene una tasa de 235 presos por 100.000 habitantes, cuando el promedio latinoamericano es 130. Además, más de la mitad de los reclusos, 65%, no tiene una sentencia judicial que lo declare culpable.

La disparidad entre estos indicadores, que dan cuenta de una aparente paradoja, tiene algunas explicaciones. Una de ellas es que el notorio incremento en el delito de rapiña y en las encarcelaciones comienza a partir de 1995, cuando se aprobó la ley de Seguridad Ciudadana. Ese año es considerado por algunos como el que definitivamente enterró la "primavera democrática" luego del fin de dictadura militar en 1985.

Pero además, la contradicción entre un nivel de violencia que se mantiene y un incremento explosivo de la rapiña, sirve para ilustrar que encarar los problemas de la seguridad pública requiere de métodos y enfoques cada vez más abiertos e interdisciplinarios.

Además de que, como dice el abogado penalista Diego Camaño, se necesitan esfuerzos mancomunados: Policía, sistema político, poder judicial, académicos y otros, "deberían sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo sobre qué tipo de medidas implementar y cómo evaluarlas".

En esto coincide el sociólogo y criminólogo Nicolás Trajtenberg, quien hace años se está especializando en el tema del delito, sus causas y las posibles soluciones que se han experimentado en diversos países.

"La situación respecto a la seguridad pública en Uruguay es, en mi opinión, tenebrosa", afirma el académico y agrega: "Si alguno de mis alumnos manejara datos y propuestas con la irresponsabilidad que veo todos los días por parte de políticos, periodistas y otros actores sociales, pierden el parcial y no van a examen. Yo me tiro de los pelos al constatar la ignorancia y la ligereza con la que muchos se manejan".

El académico también hace un mea culpa. Según él, no se ha generado en el país el suficiente conocimiento acerca de la problemática del delito, sus causas y las soluciones que pueden aplicarse. Ni siquiera hay en el mundo académico una carrera de criminología, una materia que él tuvo que estudiar en otros países.

Para Trajtenberg, todo acercamiento a la confección de un modelo que pueda aplicarse con un grado satisfactorio de éxito para combatir el delito debe empezar por plantearse cuatro preguntas:

1) ¿Por qué se cometen delitos?

2) ¿Cómo se miden?

3) ¿Qué se está haciendo al respecto? y

4) ¿Cuáles son los fundamentos normativos y morales para el castigo?

"Para ninguna de estas preguntas tenemos respuestas satisfactorias", remata Trajtenberg y agrega que las encuestas que se han realizado, encomendadas por el Ministerio del Interior a consultoras privadas evidencian serios problemas metodológicos. "Venimos con un atraso en muchas cosas. Este año, por ejemplo, será el primero en el cual se realiza un censo de menores infractores. Lo estamos haciendo en el departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, y en unos meses estarán los resultados". Contar con información veraz, sofisticada y consensuada es un debe del Estado uruguayo, sostiene.

MIRANDO HACIA FUERA. Aún con todos los datos arriba de la mesa, el combate al delito es una materia en la cual no hay consensos, ni acá ni en ninguna otra parte. "Hace poco regresé de un congreso de criminología en Estocolmo", cuenta Trajtenberg. "Y para el cierre, varios de los principales criminólogos del mundo debatieron con la ministra de Justicia. Además de que la ministra poseía un nivel de conocimientos muy sólido, no siempre coincidía con los técnicos".

Un caso al que muchos recurren, tanto para la crítica como para el elogio, es el de Estados Unidos. El Foro Batllista llegó a importar directamente el eslogan "tolerancia cero" para su campaña hacia las elecciones internas. Aplicado durante la década pasada en la ciudad de Nueva York, el modelo de tolerancia cero es exhibido por unos como un gran éxito: se redujeron los delitos violentos casi a la mitad, según algunos de los estudios realizados a partir de esa experiencia. Algunos de los delitos violentos (como violación y rapiña) disminuyeron casi hasta la mitad de los que se registraban antes de la puesta en funcionamiento el modelo.

En resumen, el modelo significó una inversión mucho mayor en seguridad: más policías, con más y mejor equipamiento y una actitud por parte de la Policía más agresiva y omnipresente.

Otros rechazan ese esquema de mano dura. "El modelo de tolerancia cero significó, entre otras cosas, la saturación policial: muchos agentes patrullando. Eso no detuvo el delito. Lo detuvo en esa zona, pero la delincuencia se fue a otros lugares, con menor presencia policial", dice Camaño, docente grado 3 en la Facultad de Derecho, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y actuante en casos de repercusión pública, como la defensa de los hermanos Peirano y Alberto Roselli.

Trajtenberg aporta otra reflexión: "Muchas veces se habla de Estados Unidos como si fuera un todo homogéneo, y hay grandes diferencias entre los estados". La pena de muerte, por poner un caso, no se aplica en todos los estados. Y entre aquellos que no la aplican, a veces se exhiben indicadores delictivos más bajos que en aquellos lugares que sí ejecutan a los reos.

Hace casi una década que se había llegado a esta conclusión. De acuerdo a un estudio efectuado por el diario The New York Times en 2000, se determinó que un indicador como la tasa de homicidios era entre 48% y 100% más alta en los estados que aplicaban la pena de muerte que entre los que no lo hacían. Además, un preso con una condena de muerte es mucho más "caro" que uno que no lo está.

"A menudo se piensa en la severidad como única variable", continúa Trajtenberg. "Es cierto que influye, no se la puede descartar. Pero la certeza importa mucho también. Un delincuente no toma únicamente en cuenta la severidad de la pena. Si calcula que es improbable que vaya a ser atrapado, es más probable que siga delinquiendo".

Otra cosa que muchas veces se olvida cuando se importan eslóganes como si fueran latas de sopa Campbell es que por razones culturales e idiosincráticas, una sociedad como la estadounidense posee mecanismos para el "control social blando", afirma Camaño. "Allí donde el Estado no es tan fuerte, no tiene una presencia tan marcada, existe otro tipo de contralor entre los ciudadanos. En Europa, que tiene una tradición de estados benefactores con una fuerte presencia, la gente se apoya más en esos mecanismos para sentirse segura, contenida".

Para el penalista, lo mejor es desprenderse de los razonamientos esquemáticos y simplificadores: "El modelo represivo, el de mano dura, no es patrimonio exclusivo de Estados Unidos".

BENEFACTORES. Del lado opuesto a ese modelo, que ya se vio contiene matices, se exhibe, generalmente por parte de políticos y otros asociados a la izquierda, el o los modelos llevados a cabo por varios de los países europeos que cuentan con una tradición de Estado de Bienestar, como los nórdicos, Inglaterra y otros. Ahí, dicen, el combate contra el delito se concentra en el diseño de políticas públicas que estimulen la equidad social, además de que se aplican políticas punitivas más blandas.

El razonamiento es que si no hay motivos económicos, es menos probable que el potencial delincuente lleve a cabo el crimen. A su vez, si el castigo es menos severo y más humano, la probabilidad de reincidencia sería menor. El ejemplo inglés puede servir para ilustrar algunos de los resultados de este modelo. De acuerdo al British Crime Survey -órgano encargado de recopilar y elaborar los datos relativos a la criminalidad- la delincuencia bajó casi a la mitad en los años que van de 1995 hasta el año pasado.

Las medidas que se aplicaron ahí tienen mucho del rótulo "europeo": policía comunitaria, penas alternativas a la cárcel, inexistencia de la pena de muerte y programas sociales que integran a potenciales jóvenes pandilleros en torno a un proyecto común financiados por dineros públicos, como el que se denominó Acción contra los cuchillos, donde policías, asistentes sociales y vecinos se pusieron de acuerdo para dialogar y estar en contacto continuo con los jóvenes considerados como problemáticos por autoridades y adultos.

El ex subsecretario del Ministerio del Interior Juan Faroppa está de acuerdo con parte de esta línea de razonamiento, pero no toda. "Hay determinadas formas de delitos que son inmunes a los números macroeconómicos. Delitos a los que se los debe atacar desde lo cultural y no desde lo económico. Cuando se habla de la `pérdida de códigos` es este aspecto cultural al que me refiero. Por más que el Estado solucione buena parte del bienestar económico de la población, esos delitos seguirán existiendo; ya están como galvanizados. Pienso en delitos como el hurto, pero también en ciertos aspectos del delito organizado", afirma.

Trajtenberg relata la experiencia laboral en una cárcel en Barcelona. "En comparación con una cárcel uruguaya, había una gran diferencia. Se atendía al recluso con asistentes, psicólogos y las condiciones eran mucho más humanas. Aún así, la reincidencia era relativamente alta, cercana al 30%".

Pero también en el modelo propuesto como "europeo" hay matices. En Inglaterra se es imputable desde los 11 años. Y Londres es la ciudad más vigilada del mundo por las cámaras. En ninguna otra metrópolis se filma tanto a los ciudadanos como ahí. Esa presencia estatal y policial parece directamente inspirada en las visiones más ominosas de George Orwell. "El modelo que propone lidiar con el delito con políticas sociales y públicas, y con una actitud punitiva menos severa, no es patrimonio exclusivo de los estados de bienestar europeos", dice Camaño y deja claro que todos los modelos, provengan de Estados Unidos o la Unión Europea, mezclan, evalúan y prueban, siempre de acuerdo a un equilibrio entre los objetivos políticos y las normas morales que una sociedad adopta.

Hace aproximadamente un mes, el sociólogo argentino Pablo Alabarces, especialista en temas de violencia en el fútbol, relató la mezcla de medidas que el Estado británico tomó para solucionar, efectivamente, el problema de los hooligans. Entre éstas, se incrementó la vigilancia mediante cámaras, se reformó la estructura de los estadios para hacerlos más seguros y amigables para el público y se subió el precio de las entradas considerablemente. Hoy, el fútbol inglés es tan seguro como elitista.

URUGUAY. ¿Cuál es entonces, el modelo uruguayo? ¿Existe? Para algunos, como Diego Camaño, sí: "El modelo uruguayo es claramente represivo, tanto en el discurso como en los resultados", afirma y explica que eso va más allá de la división entre izquierda y derecha: "La ley de Seguridad Ciudadana en el 95 tuvo los votos del Frente Amplio, para asegurar la `gobernabilidad`. Y fue este gobierno, de izquierda, que convirtió el decreto de la dictadura 690/80, que permite detener a alguien para `averiguaciones`, en una ley, la de Procedimiento Policial".

Faroppa rechaza con énfasis la apreciación del abogado y señala que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos habilita a restringir estos derechos cuando la sociedad así lo decide y esté amparado en la ley. "Lo que no se puede es restringir los derechos humanos por decreto".

Trajtenberg, por su parte, opina que no hay nada que indique se haya pensado en aplicar un modelo definido y elaborado. "No se ha pensado mucho. En el mundo existe una gran cantidad de conocimiento generado en torno a este tema, donde todo está sujeto a un balance y una evaluación, dado que se trata de dineros públicos. Hay que justificar el dinero invertido con resultados".

Aunque sostenga la importancia de la evaluación costo-beneficio, Trajtenberg también recuerda que se trata de un tema en el cual la moral permea todo el debate. Por eso planteaba que entre las cuatro preguntas fundamentales que una sociedad debe responder está el grado de castigo que ésta se dispone a tolerar. Y para graficar su postura, recurre a un ejemplo extremo: "Sería muy efectivo rociar con gas mostaza a barrios enteros y matar a todos ahí adentro. Eso disminuiría sensiblemente la delincuencia, pero ¿estamos dispuestos a aceptar eso como sociedad?".

Faroppa cree que hay cinco ítems que podrían facilitar un acuerdo entre todos los partidos para elaborar un modelo uruguayo: modernización de la estructura organizativa del Ministerio del Interior; profesionalización y jerarquización de la carrera policial; combate al crimen organizado y el narcotráfico; reforma del sistema carcelario y, finalmente, una discusión sobre el nivel de punibilidad, o castigo, que la sociedad uruguaya está preparada para aceptar.

A poco de abandonar el sillón presidencial, la promesa de Tabaré Vázquez de ser implacable con el delito, y también con sus causas, ha demostrado ser notoriamente difícil de cumplir.

Las drogas bajo ataque
Es imposible encontrar un jerarca o político que no hable del "flagelo" o del "azote" de la droga. También es imposible escuchar la opinión de que el consumo de sustancias ilícitas (o lícitas) no incide en los actos delictivos. Todos coinciden en que la droga (así, sin discriminar entre una y otra) es una de las principales causantes de la delincuencia. Esto a pesar de que no existen datos acerca de dicha incidencia. Que no los haya no depende solo de voluntad política para llevar a cabo los correspondientes estudios. Medir cuánto importó la dosis de pasta base fumada antes de cometer la rapiña requeriría que se le realizara los correspondientes exámenes al delincuente una vez que se lo atrapa, por ejemplo. En un contexto como el uruguayo, en el cual la Policía debe lidiar no solo con el delito sino también con una situación salarial muy grave. Hoy se calcula que el servicio 222 constituye más de la mitad de los magros ingresos que perciben los efectivos policiales. Sin embargo, el combate al tráfico de drogas está entre lo más exitoso que pueda exhibir la Policía y el Ministerio del Interior en la actualidad. En los últimos cinco años, la cantidad de droga incautada -principalmente cocaína y pasta base- ha sido mayor que todo lo que se registró hasta la fecha. Sin embargo, en muchos casos persisten en (o aumentan) los niveles de delincuencia y violencia.

El desafío que plantean los menores
La edad de inimputabilidad ha sido un tema caro a los políticos. Los jóvenes delincuentes son un el desafío para cual el Estado uruguayo aún no ha encontrado la solución, aunque se trate de apenas 500 personas. Un modelo que ha probado ser exitoso es el de Seguridad y Convivencia, aplicado en la ciudad de Medellín. La ONG sueca Save The Children escribe que la "cultura de la autorregulación" es el componente fundamental en este plan. "En lugar de gastar millones en policías que controlen todo, cada comunidad define participativamente reglas de convivencia y las respeta". Esa idea rectora ha conseguido reducir los homicidios a una sexta parte en cinco años, focalizada principalmente en los jóvenes varones y empobrecidos.

Equilibrios
Ricos y pobres
Durante mucho tiempo se sostuvo desde la izquierda que mejorando las condiciones económicas, sociales y culturales de las mayorías, el delito disminuiría. Hoy, con la primera experiencia de gobierno a punto de culminar, ese discurso ha sido sustituido por una heterogénea diversidad de opiniones que en algunos casos divergen de lo que tradicionalmente se postuló, como por ejemplo lo que sostiene Juan Faroppa en la nota central de este informe. Sin embargo, sigue predominando en el oficialismo la idea de que los índices macroeconómicos son decisivos a la hora de buscar las causas del delito, y sus posibles soluciones. Se afirma en un comunicado publicado el mes pasado en el sitio web de Presidencia que "la seguridad pública es un concepto global que depende de las políticas sociales" (donde además se informa que el gasto público en seguridad creció 75% en los últimos cinco años). De ser así, el más reciente informe del Ministerio de Desarrollo Social preocupa. Aunque los niveles de pobreza descendieron casi un 30% desde 2005, la distribución de la riqueza -medido por el Índice Gini, donde 0 es la igualdad total y 1 la desigualdad total- indica mayor desigualdad hoy (0,457) que en 1999 (0,437).

URUGUAY: Reclusos: 63% no reincide

2009-07-20T14:36:00.000-07:00

Fuente: El Espectador
El ministro del Interior, Jorge Bruni, reafirmó que la superpoblación carcelaria se solucionará, pero no en este gobierno y reveló que el 63% de los reclusos que recibió ayuda del Estado no reincidió.

El secretario de Estado no descartó la implementación de medidas alternativas a la prisión en esta administración y defendió la Ley de Humanización del sistema carcelario.

El ministro del Interior, Jorge Bruni, calificó de parciales las versiones de prensa sobre sus dichos respecto al sistema carcelario, cuando señaló que el problema del hacinamiento carcelario era “insolucionable”.

Bruni indicó el hacinamiento en los centros de reclusión es un tema complejo y que el proceso no tendrá solución en este período de gobierno, sino que deberá ser retomado por administraciones posteriores.

“Al ser la seguridad, es un problema de todos. Al ser la seguridad un problema de política de Estado, no sólo es de un gobierno. Este gobierno ha hecho esfuerzos notorios y los números los vamos a presentar la próxima semana. Esos esfuerzos notorios son una demostración de que se está encarando el problema del hacinamiento de cárceles, pero una frase aislada de que diga que no se va a solucionar el hacinamiento de cárceles puede llegar a desvirtuar el concepto que dije ayer (miércoles), que fue mucho más amplio. Así que reivindico totalmente lo que dije ayer (miércoles), pero que no se interprete parcialmente”.

El jerarca aseguró que más allá de los traslados que están previstos para descongestionar los centros más complicados, el país debería redoblar la apuesta por otras vías, apostando, entre otras cosas, a la implementación de medidas alternativas.

“Tiene que ver con las políticas de prevención tiene con las políticas de la enseñanza y del trabajo tiene que ver con proyectos de leyes de penas alternativas. Tienen que ver en que no siempre, en la medida de lo posible, deberían tipificarse penas con prisión, a veces hay otros tipos de penas alternativas. Y también el tema de los traslados es otro de los elementos y otras de las herramientas que por enésima vez repetiré no es sólo de este gobierno sino de todos los gobiernos, porque la seguridad es un problema de todos”.

El ministro destacó el saldo positivo de la Ley de Humanización de Cárceles y agregó que el 63% de los reclusos que recibieron apoyo del Estado, no reincidieron.

“Ha tenido resultados en que se duplicó el número de presos que trabaja y se triplicó el número de docentes que están en la materia. Forma parte de eso que yo decía recién, que es un tema global, es un tema que a veces exige represión, pero fundamentalmente exige prevención y fundamentalmente también, dentro de esa globalidad, está todo lo que tiene que ver con penas alternativas, de la cual, la Ley de Humanización de Cárceles es un muy buen ejemplo”.

Este jueves, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, expresó su preocupación por la superpoblación en los centros de reclusión.

Garcé detalló que la habilitación de 1.500 nuevas plazas en los últimos 18 meses da la pauta de lo que ha crecido la población carcelaria.

El jerarca aseguró que hay cifras que año a año se mantienen constantes: “Creo que cuando alguien plantea una alternativa, alguna vez lo dijimos, es también una forma de ser optimista. Uno plantea recomendaciones que la realidad se pude modificar. Desde ya que la preocupación subsiste en la medida que hay determinados datos de la realidad que se mantienen constantes y esto de un crecimiento que nada lo detiene y que nos hace superar año a año los máximos históricos de personas encarceladas”.

Por otra parte, el ministro Bruni confirmó un caso de gripe A H1N1 en una mujer recluida en la Cárcel de Cabildo y adelantó la extensión del protocolo definido por Salud Pública para el Comcar a todos los centros del país.

En cada centro se dispondrá una sección independiente con un determinado número de camas para contener un posible brote del virus. Además, como medida preventiva, se extenderá el uso del scanner en los días de visita para detectar a las personas que tengan más de 37 grados de temperatura.

EL SALVADOR: Centros Penales invertirá en $20 millones en tecnología para garantizar seguridad

2009-07-20T14:18:00.000-07:00

El director de centros penales dijo que está en la disposición de asisitir a la Asamblea Legislativa para explicar sus proyectos.

El director de Centros Penales Douglas Moreno anunció que se buscará la inversión tecnológica para mejorar la seguridad y la dignidad en los 19 centros penitenciaros del país.

Moreno negó que se pretenda disminuir los mecanismos se seguridad como un beneficio para los internos, pero principalmente para los familiares que llegan a visitarlos.

El funcionario explicó que no se busca reducir los controles de seguridad sino garantizar la dignidad de algunas mujeres en el sentido que sean profesionales de la medicina quienes hagan los cacheos (registros vaginales) cuando haya sospecha que llevan droga u otros instrumentos como celulares.

En ese sentido dijo que hay una proyección de invertir unos 20 millones de dólares en tecnología de punta que permita garantizar la seguridad y contribuir en la reducción de los delitos como la extorsión que en un 60 por ciento se cometen desde el sistema penitenciario.

Agregó que está en la disposición de asistir a la Asamblea Legislativa para explicar sobre su proyectos dentro del sistema penitenciario.

MÉXICO: EN EL PENAL DE QUERÉTARO

2009-06-29T02:11:00.000-07:00

<Mujer, indígena y pobre
El caso increíble de doña Jacinta, condenada a 21 años por secuestrar a seis policías mexicanos

PABLO ORDAZ 28/06/2009
Doña Jacinta tiene 48 años -o tal vez 47, no se acuerda muy bien-, seis hijos, otros tantos nietos, un idioma en el que se expresa a la perfección, el otomí, otro en el que lo intenta, el español, y un puesto ambulante en el que desafía al persistente sol de Querétaro vendiendo nieve y aguas frescas. Mejor dicho, desafiaba. Porque desde hace tres veranos, desde que tenía 45 años -o tal vez 44- la indígena doña Jacinta está en la cárcel, acusada -ella que apenas mide un metro y medio de estatura- de secuestrar a seis corpulentos agentes de la policía federal mexicana. Si su dios no lo remedia, la señora de las nieves y de las aguas frescas pasará las próximas dos décadas en prisión condenada por un delito que nadie, salvo una persona, cree que cometió. La mala suerte de doña Jacinta es que esa persona es el juez.

Todo empezó el 26 de marzo de 2006. Aquel domingo, seis policías de la Agencia Federal de Investigación, sin uniformes ni placas que los acreditasen como tales, llegaron al tianguis -así se le llama aquí a los mercados ambulantes desde mucho antes de que a Hernán Cortés le diera por viajar- de la comunidad indígena de Santiago Mexquititlán y arramblaron con diversa mercancía bajo el pretexto de que se trataba de piratería. Los comerciantes se enfadaron, los rodearon y les pidieron la identificación. Los policías se negaron. La tensión creció. Llegaron más policías. También llegaron más vendedores ambulantes. La situación se iba poniendo cada vez más fea hasta que a uno de los jefes policiales se le ocurrió una solución: pagarían los destrozos causados y aquí paz y después gloria. A los comerciantes les pareció bien. Los policías dijeron entonces: "Nos vamos a buscar el dinero". Y los comerciantes respondieron: "Está bien. Pero que uno de los policías se quede para asegurarnos de que ustedes respetan el trato". Le tocó quedarse en prenda al agente Jorge Cervantes Peñuelas.

En el otro extremo de la plaza, sin percatarse del alboroto, se encontraba doña Jacinta vendiendo su nieve y sus aguas frescas. Había llegado temprano, pero en cuanto sintió la última campanada para la misa de once, dejó a una de sus hijas encargada del puesto y entró en la iglesia. Después del rezo, doña Jacinta ya no se movió de su lugar de trabajo hasta un poco antes del atardecer. "Tenía que ir a la farmacia a ponerme una inyección", recuerda, "y le pedí a otra de mis hijas que me acompañara porque yo no sé pronunciar bien el nombre de las medicinas y me daba pena equivocarme delante de la gente". Fue allí, mientras la inyectaban, donde la señora se enteró de la actuación de la policía y de la respuesta indignada de los comerciantes. "Cuando salí me acerqué a ver qué estaba pasando". La llegada de doña Jacinta al lugar del alboroto coincidió con el regreso de los policías que habían ido a por el dinero. Con ellos llegó un fotógrafo de un periódico de Querétaro.

Han pasado casi tres años. Doña Jacinta cuenta la historia en el patio de la prisión de mujeres de Querétaro. Lo hace de forma cronológica, sin olvidarse de ningún detalle, juntando unas frases con otras al ritmo de su desesperación. Cuenta que aquella noche se fue a su casa con su familia y que nada extraño sucedió hasta tres meses después, hasta aquel maldito 3 de agosto de 2006 que ya no se le borrará de la memoria. "Aquella tarde, cuando llegué a mi casa, ya estaban los policías. Me preguntaron: ¿tú eres Jacinta? Cuando les dije que sí, me detuvieron. Habían venido a por mí con armas y camionetas. No tuve miedo, porque sabía que no había hecho nada malo. Me dijeron que me llevaban a declarar por la tala de un árbol. Pero el conductor iba manejando muy feo, dando volantazos, frenando y acelerando. Uno de los agentes me preguntó: '¿Y tú de qué religión eres? Seguro que has votado al PRD [el partido de la izquierda mexicana]'. Le respondí que soy católica y entonces me respondió: 'Ah, disculpa'. Saqué mi rosario y empecé a rezar lo poquito que me sé de memoria. Cuando llegué al juzgado tuve que firmar muchos papeles escritos en español, papeles que no entendía". Cuando, después de mucho rato, la señora se atrevió a preguntar por qué estaba allí, la respuesta la dejó helada:

-Por secuestrar a seis policías federales.

Doña Jacinta no mide más de un metro y medio. Dice que la comida de la prisión no le gusta y que por eso ha adelgazado, pero que cuando entró pesaba más de 80 kilos. Un perfil difícil de compaginar con la acusación de secuestradora de seis policías de élite, fuertes, entrenados para forcejear con delincuentes. Nada de eso actuó en su defensa. Ni siquiera el hecho de que, en sus primeras declaraciones, ninguno de los policías hablaran de ella ni de nadie que se le parezca. Sólo mucho tiempo después los investigadores repararon en que aquel fotógrafo de Querétaro había tomado una instantánea de los minutos finales del incidente. Y allí, en tercera o cuarta fila, aparecía doña Jacinta, en la actitud pacífica del que mira, del que sólo pasaba por allí. Pero la identificaron, averiguaron dónde vivía y fueron a por ella. El proceso judicial desembocó en una condena de 21 años de prisión por el secuestro de los seis agentes.

Todo este relato, todo lo que se cuenta aquí, fue transcurriendo en el más absoluto silencio -semana tras semana, mes tras mes- hasta que una organización mexicana de Derechos Humanos, el centro Miguel Agustín Pro Juárez, decidió intervenir. Y ahora doña Jacinta, al menos, alberga cierta esperanza. Animada por esa ilusión, en este rincón del patio de la cárcel, huyendo del mismo sol que ella desafiaba con sus nieves y aguas frescas, la mujer indígena va contando su vida, que es la de miles de Jacintas más. Que empezó a vender chicles por las calles del Distrito Federal a los siete años, que no fue a la escuela porque sus padres no tenían dinero para zapatos ni para cuadernos, que a los 10 años la pusieron a cuidar borregos, que a los 14 tuvo su primer novio, que se fue con él a los 15, que tuvo a su primera hija a los 16. Que nunca aprendió español ni supo, hasta que estuvo detenida, qué significaba la palabra abogado o la palabra pruebas. También cuenta que hasta los 45 años -o tal vez 44- fue feliz. Que hasta entonces -eso no lo dice ella, pero hay mil estadísticas que lo demuestran-no había probado el sabor amargo que tienen en México esos tres ingredientes juntos: mujer, indígena y pobre.

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Ruanda: Los tribunales "Gacaca"

2009-06-21T01:15:00.000-07:00

Os presento este interesante artículo sobre los tribunales "Gacaca" en Ruanda donde se enlazan experiencias exitosas en materia de derechos consuetudinario, justicia restaurativa y penas alternativas en un tema tan complejo como el genocidio contra los Tutsi ocurrido en Ruanda

www.vientosur.info

Hélène Dumas

[Hélène Dumas, que observó durante meses el desarrollo de los procesos, analiza la puesta en marcha del sistema judicial “gacaca” en Ruanda, en un contexto en que la impunidad de los crímenes cometidos desde 1959 contra los Tutsi es considerada una de las causas del genocidio].

“¿Cómo administrar esta memoria del genocidio considerando, primero, los horrores, y segundo, que estos horrores no habían sido dichos?” José Kagabo

Por la mañana de un jueves de octubre de 20071, en la oficina del Sector de Kanyinya, se prepara la sesión semanal de la gacaca. Los jueces revisan los dossiers, el Servicio nacional de prisiones ha trasladado su lote de presos, en uniforme rosa, convocados para los procesos del día como acusados o como testigos. También están ahí los demás actores: los antiguos milicianos Interahamwe hoy arrepentidos y libres2; mujeres, muchas mujeres, llamadas en su mayor parte para testimoniar sobre las actividades de los acusados durante el genocidio; y los supervivientes. Su número se reduce, según los procesos, a dos o tres viudas. Los asistentes afluyen con cuentagotas, se forman grupos, sentados en la hierba, protegidos por los coloreados paraguas de las mujeres o por la sombra frágil de un viejo árbol. En este pequeño gentío, abigarrado pero silencioso, nada deja presagiar la gravedad de los hechos que van a ser examinados cuando haga su entrada el tribunal. Los turistas que pasan de excursión de camino al parque natural de los Virunta –donde viven una parte de los últimos gorilas de montaña- se llevan, de esta visión fugaz al borde de la carretera, una foto pintoresca, una imagen bucólica, una instantánea simpática del encuentro africano.
Sin embargo, hoy se prepara el proceso a trece hombres, todos acusados de participación en el genocidio. Una de las dos únicas supervivientes del grupo de Nyarumama espera conocer las circunstancias de la muerte de su marido. Está sentada en el banco de los demandantes, a la izquierda de la mesa central donde se reúnen los siete jueces del tribunal. Enfrente los acusados, todos libres, tan numerosos hoy que apenas caben en el banquillo. Los jueces hacen su aparición, con un pañuelo con los colores de la bandera nacional alrededor del pecho. Los asistentes se levantan, la sesión se abre con un minuto de silencio en memoria de las víctimas del genocidio. Ese día los procesos se encadenan durante siete horas, descubriendo la intimidad de la masacre, la complejidad de las relaciones sociales y familiares engendrada por las estrategias de defensa o de acusación de unos y otros, la dificultad de establecer los hechos, el ejercicio peligroso del derecho aplicado por ciudadanos no juristas.
Estos miles de tribunales a cielo abierto encarnan las múltiples facetas de la política de reconciliación nacional en Ruanda, donde la exigencia de justicia y el imperativo de coexistencia social no parecen de entrada contradictorias. Más allá de su vocación judicial y reconciliadora, los tribunales gacaca resultan ser también una empresa historiográfica del genocidio. Los decenas de miles de procesos que han tenido lugar entre marzo de 2005 y diciembre de 2007 han sacado a la luz la realidad del crimen a escala local. Por primera vez desde 1994, la población está siendo invitada a reconstruir con todo detalle las escenas de las masacres y saqueos, llevados a cabo con unas formas particulares, presentadas como el resurgimiento de un modelo tradicional. La originalidad de la política de justicia en Ruanda tiene su origen en la singularidad del propio genocidio: planificado dentro de la jerarquía militar y política, su ejecución requirió la participación de la población en proporciones considerables3. Esta característica engendra por consiguiente un contencioso judicial sin precedentes. ¿Cómo juzgar al conjunto de responsables y ejecutores del genocidio? ¿Y cómo asegurar las condiciones de una coexistencia no violenta entre víctimas y verdugos? ¿Y todavía más, cómo establecer, por medio del descubrimiento de la verdad conseguida en los procesos, un relato histórico común de la catástrofe que sea una revisión completa del relato nacional? A estas cuestiones se enfrenta la sociedad ruandesa tras el genocidio. Las vías elaboradas para responderlas ponen por delante el imperativo judicial frente a cualquier forma de amnistía, que sería percibida como una prolongación de la impunidad4, analizada por su parte como uno de los factores decisivos que condujeron al genocidio de abril de 1994.
La atención concedida al aspecto judicial de la reconciliación encuentra expresión normativa en la primera Ley Orgánica del 26 de enero de 2001, que supuso la creación y organización de los tribunales gacaca. Otras dos Leyes posteriores, de junio de 2004 y marzo de 2007, disponen la organización de estos tribunales. Priorizan los procedimientos de confesión y los alegatos de culpabilidad y fomentan la aplicación de penas alternativas a la cárcel5. Hay que analizar por tanto la institución de los tribunales gacaca como un elemento central de la política nacional de reconciliación. Forman parte además de un dispositivo más amplio, en el que la vuelta al pasado constituye una referencia fundamental. A la escala más reducida de los procesos propiamente dichos, los diferentes actores (jueces, acusados, víctimas y testigos) interpretan de forma compleja las consignas de la política nacional. Así, las vehementes discusiones que tienen lugar a veces entre el tribunal de la gacaca y los supervivientes, sobre el objetivo de los juicios –entre el reconocimiento del sufrimiento de las víctimas y el cuidado por establecer los hechos de la forma más objetiva posible, que incluye dar crédito a la palabra del acusado (sesión Kanyinya, 8/11/07)- muestran interpretaciones divergentes de la exortación a la reconciliación. Lo mismo ocurre con las demandas de perdón más o menos estereotipadas de los acusados, preocupados por cuidar de su suerte ante el tribunal.

Castigar el crimen: un imperativo jurídico e histórico

El acento dado al aspecto judicial de la reconciliación nacional en Ruanda después del genocidio es resultado de un doble imperativo, a la vez jurídico e histórico. La misma naturaleza del crimen cometido requiere una respuesta de tipo judicial, de la que es testimonio a escala internacional la puesta en pie del TPIR [Tribunal Penal Internacional para Ruanda] en noviembre de 1994. Este Tribunal se encarga de perseguir y juzgar a los principales instigadores del genocidio, por lo que su actividad resulta marginal respecto a la masa de ejecutantes implicados en el mismo6. Su impacto sobre la reconciliación nacional está también sujeta a caución, en la medida en que su trabajo es poco conocido en Ruanda7. El trabajo del TPIR, cuyas competencias se reducen a la persecución y el juicio de los grandes responsables políticos, militares o mediáticos, interfiere poco en las actividades de los tribunales gacaca. En fin, el interés por el TPIR disminuye a medida que se acerca el final del plazo de su mandato, a finales de este año.
Por otra parte, una de las justificaciones para la puesta en pie de los tribunales gacaca consiste en la voluntad proclamada de erradicar la “cultura de la impunidad”. La Ley del 20 de mayo de 1963 es clarificadora de este punto de vista. Esa Ley otorgó la amnistía a todos los autores de los crímenes cometidos en 1959 y presentó las masacres cometidas contra los Tutsi como un acontecimiento fundamental en la lucha por la independencia del país. Fue el acto fundacional de una “cultura de impunidad” alimentada desde la independencia y que perduró hasta el genocidio de 1994, con formas más o menos atenuadas8. La implantación de los tribunales gacaca vino a romper con prácticas que tendían a legitimar las masacres. Este es también un leitmotiv en las declaraciones tanto de presos como de supervivientes, o incluso de los jueces de gacaca. Un detenido de la prisión central de Kigali interrogado en 2004 da cuenta de la banalización de los crímenes cometidos contra los Tutsi: “Tenemos confianza en gacaca. El pueblo humilde ha sido manipulado, era una costumbre hacer matanzas, no se pensaba que habría persecución por ello” 9. Otro eco, cuando en un proceso un juez interroga a un acusado: “No tenías miedo, no sabías que llegaría este momento de estar ante nosotros, y tampoco podías saber que llegaría el momento en que serías interrogado” 10. La lucha contra la impunidad muestra así en parte la dimensión punitiva de los tribunales gacaca.

El recurso a la tradición como crisol de la unidad nacional

Los tribunales gacaca son presentados como el resurgimiento de un modelo “tradicional” de arreglo de conflictos. Aunque están muy alejados de sus antepasados, tanto por los crímenes que abordan como por los muchos aspectos tomados del ritual judicial moderno. Sin embargo, este recurso al argumento de la tradición no es un simple invento. No sólo corresponde al gusto de los donantes de fondos por reactivar los llamados mecanismos “tradicionales” para resolver conflictos, sino que forma parte de un proceso general de redefinición de la historia nacional ruandesa. Desde la toma del poder por el Frente patriótico ruandés en julio de 1994, las nuevas autoridades ruandesas vienen desarrollando su propio análisis del pasado y lo quieren imponer por diversos medios (la educación nacional, los campos de solidaridad, los medios de comunicación, el Día de los Héroes). La desaparición de cualquier referencia étnica en la vida pública, la condena del “divisionismo” y de la “ideología genocida” forman parte del arsenal retórico y político puesto en pié para yugular el espectro de la división étnica que llevó al genocidio. La división inculcada por el colonialismo hizo estallar la unidad originaria de Ruanda y de su pueblo. El gobierno ruandés preconiza actualmente un nacionalismo que bebe en la fuente de la unidad. En este contexto, la “tradición” encarna el crisol inmemorial de la nación ruandesa, susceptible de aportar una solución a las trágicas divisiones de la historia. En el plano nacional, los tribunales gacaca forman parte del proceso de gestación de un nuevo relato nacional, en el que ocupa un papel vertebrador la tradición ruandesa del pasado precolonial.
Modelados por una tradición idealizada y magnificada, los tribunales gacaca se ven sin embargo confrontados en su funcionamiento concreto a la modernidad del crimen de genocidio. La vuelta al pasado se libera entonces de las asépticas consignas sobre la reconciliación nacional, puesto que debe evocar el recuerdo del racismo étnico, la descripción de la masacre, las condiciones de la supervivencia.

El genocidio en los procesos

Por primera vez desde 1994, todos los actores sociales están reunidos para recordar los acontecimientos. Con sus voces, sus preguntas, sus declaraciones, va tomando forma el mosaico de la historia del genocidio. Durante los procesos, las técnicas de movilización de los asesinos, las prácticas de asesinato, las formas de resistencia presentan características comunes de uno lugar a otro del país. La progresiva–y muy laboriosa- actualización de los hechos funde el magma de las historias individuales para hacer advenir una historia colectiva del genocidio. Se presentan a continuación algunos de los rasgos más significativos de los procesos seguidos en 2006 y 2007.

Los grupos de atacantes11

Cuando el secretario de la gacaca procede a la lectura pública del dossier del acusado, enumera los crímenes de que se le acusa. En los casos observados, se trata casi exclusivamente de participación en grupos de atacantes. Las masacres fueron ejecutados colectivamente y la tarea de los jueces consiste en definir el papel preciso del acusado dentro de su grupo. Parece ser que el número de miembros fue bastante elevado en la medida en que para cada uno de los “ataques” se pide al acusado que denuncie a sus “cómplices”, muchas veces presentes en las sesiones. Según los testimonios, estos “ibitero” se constituyen dentro de cada grupo. Parecen operar de manera diferente según los casos.
En primer lugar, los ataques pueden haberse dirigido contra los establecimientos escolares o religiosos en los que se refugiaron los Tutsi. Tal es el caso de un proceso que tuvo lugar en Kanyinya (8/11/07). Dos hombres fueron acusados de haber tomado parte en un ataque contra un refugio religioso en el que resultaron muertas unas 2000 personas. Durante los interrogatorios que siguen a la lectura de confesiones muy circunstanciales, nos enteramos de cómo se desarrolló el asalto. El ataque fue progresivo, y el número de asesinos crece durante su desarrollo, con los refuerzos de Interahamwe venidos de otros municipios. Los dos hombres en cuestión fueron los primeros en lanzar el ataque a pedradas. En Mugonero (23/10/07), dos acusados fueron reconocidos culpables del asesinato de un centenar de personas durante los ataques masivos lanzados en las colinas vecinas y en Murambi, en la prefencura de Gikongoro12. Otros testimonios revelan la importancia de la delación en la decisión de ir a “atacar”. Así, en Kibuye (10/10/06), un testigo cuenta los rumores que llevaron a dos grupos de asesinos a su casa donde efectivamente se escondían Tutsi. También en Butamwa (4/10/06) corre el rumor de que el alcalde, que tiene una mujer tutsi, esconde a gente. Parece así que los grupos se desplazan en función de informaciones desgranadas al hilo del rumor delator. Las denuncias activan numerosos ataques contra los domicilios de quienes esconden a Tutsi, o los lugares en que se pueden esconder, por ejemplo en la maleza o la marisma. En Butamwa, dos personas refugiadas en un platanar fueron descubiertos por un campesino que dio la alerta gritando y enviando a un vecino a buscar “refuerzos”. Los grupos no sólo están compuestos por Interahamwe, sino también por muchos campesinos movilizados camino del ataque. En Butamwa (4/10/06), de nuevo, uno de los hombres presentes en el momento de crimen de estas dos personas cuenta como fueron de casa en casa para reunir al grupo que debía cercar a sus víctimas antes de matarlas. Un procedimiento idéntico se describe en Kanyinya (5/10/06), donde se puede ver cómo se inician los ataques: un silbido señala la presencia en el valle de un Tutsi a abatir, los efectivos del grupo aumentan durante la persecución. También se cuenta la forma en que se organizaron las famosas barreras, que cortaron hasta los menores caminos de Ruanda durante el genocidio. En un proceso se informa de las circunstancias de la muerte de 53 personas, entre ellos muchos niños, en una barrera (Kanyinya, sesión del 5/10/05). Investigando con detalle las circunstancias de la muerte de las víctimas, el trabajo de los gacaca permite comprender la diversidad de formas de movilización y el funcionamiento de los “ibitero”, bosquejados aquí a grandes rasgos.

Las formas de participación en el genocidio

Los procesos se basan, como ya se ha dicho, en el examen de las confesiones de los acusados. La mayor parte confiesa una participación directa en la masacre, pero también hay cómplices de crímenes y el proceso permite matizar los grados de participación. El procedimiento de los gacaca presta una atención particular a la “complicidad”, una noción examinada al mismo nivel que el asesinato. Así, en Kibuye 810/10/06), uno de los acusados acaba por reconocer su complicidad en el asesinato de un muchacho, al que cerró el paso cuando intentaba huir del grupo que le perseguía.
Otro proceso, en un barrio de Kigali, muestra otra forma de participación. En Kagarama (14/10/06), una mujer es la principal acusada del proceso. Mientras los otros acusados han presentado unas confesiones bastante circunstanciales, ella proclama su inocencia. Durante el genocidio, su casa y su tienda eran un lugar de cita para los Interhamwe. Se le acusa de haberles animado a participar en el genocidio. Durante la sesión, muchos testimonios la presentan como una de las instigadoras del genocidio en el grupo. El antiguo consejero de sector afirma incluso que ella vendía machetes desde 1990. Otros dicen haberla visto entrenarse con militares. Su sistema de defensa consiste en negarlo todo, aunque acaba por confesar que quienes estaban en su casa saquearon y mataron. Ella no ha participado en los ataques, nadie puede testimoniar su presencia. El caso de esta mujer muestra la extrema complejidad de los grados de participación en el genocidio y la dificultar para determinarlos con precisión.
En el ya citado proceso de Butamwa, los jueces interrogan a acusados y testigos sobre el autor de los gritos que alertaron a los asesinos de la presencia de Tutsi en el platanar. También en esta ocasión la búsqueda de las responsabilidades no se limita al asesinato, sino que intenta restablecer el conjunto de formas de participación en el genocidio.

Las resistencias

Uno de los aspectos más interesantes de los procesos gacaca es el descubrimiento de muchas formas de resistencia al genocidio. En primer lugar, aparecen públicamente en los procesos los intentos fracasados o exitosos de salvación de Tutsi por sus vecinos Hutu. Puede tratarse de una cuestión delicada en aquellos casos en que las salvaciones son contadas por los mismos que reconocen su participación en las masacres13. Aunque es difícil obtener estadísticas fiables sobre esta cuestión, la asociación de supervivientes, Ibuka, elabora actualmente una lista con el censo de las personas que salvaron a Tutsi en peligro de muerte. En la sesión de Kibuye aparecieron dos casos en que los testigos informaron que escondían niños que acabaron por ser descubiertos y asesinados. El relato de un testigo es bastante ilustrativo. Fue molestado por un grupo de asesinos que le amenazó con matarlo a su vez. Otro grupo intervino en su favor ante el Mayor y finalmente salvó la vida. Estos casos particulares muestran no sólo las capacidades de resistencia a la ideología ambiente durante el genocidio, sino también la fuerza de la coacción. Muestran también la contingencia: el testigo de Kibuye debe su vida al hecho de que el otro grupo de asesinos se reconociera como Hutu. De igual manera, un habitante de Mugonero14 cuenta que debe su vida al hecho de haber sido reconocido por Hutu por los asesinos que sin embargo ignoraban su intento de salvar a una mujer y a sus dos hijos. En Kigali, una mujer acude a presentar ante el tribunal de Niboye (13/10/07) el relato de la salvación de varios de sus vecinos Tutsi. Los supervivientes están ahí para testimoniar su gesto.
Los procesos muestran también los intentos de algunos ediles locales para yugular la violencia en su municipio. Así, en Butamwa, los testimonios aportados por los acusados muestran que el alcalde de entonces intentó mantener la calma en su localidad antes de ser desbordado por los elementos extremistas encuadrados en las milicias Interahamwe o Impuzamugambi15. Este intento de resistencia por parte de las autoridades locales16 no constituye un caso aislado. Scott Strauss lo muestra en varias ocasiones, sobre todo en Musambira17.
En fin, algunos procesos aportan precisiones sobre los actos de resistencia de las víctimas, que en ocasiones intentan defenderse de los ataques. Estos intentos de resistencia provocan un redoblamiento de la violencia por parte de los atacantes. Los ataques toman entonces un carácter más masivo y reagrupan a responsables políticos locales, militares y milicias, secundados por los campesinos.

Conclusión

En el momento en que concluyen los últimos procesos y el Servicio nacional de los tribunales gacaca se dispone a clausurar sus actividades, el trabajo de análisis no hace sino comenzar. La masa de archivos producida por estos tribunales ofrece un importante material para la investigación histórica. El trabajo realizado por los tribunales gacaca informa sobre las modalidades de ejecución del genocidio. Permite un acceso a la intimidad del crimen, imprescindible para comprender el acontecimiento. Ruanda ha puesto en pie una empresa compleja de relato judicial de la historia del genocidio que invita a preguntrse por las relaciones entre historia y justicia, en particular cuando estas nociones están llamadas para la definición del diseño político de la reconciliación.

*Hélène Dumas es doctorante, becaria en Historia y civilizaciones en la EHESS, bajo la dirección de Elikia M’Bokolo.

Este artículo se ha publicado en el número 53 de la revista Mouvements
http://www.mouvements.info/

Traducción: VIENTO SUR

NOTAS
1. El análisis que se presenta a continuación se basa en dos encuestas de campo realizadas respectivamente en 2006 y 2007.
2. Dos oleadas de liberación de prisioneros tuvieron lugar por decisión presidencial en enero de 2003 y agosto de 2005. Fueron liberados provisionalmente aquellos detenidos que habían realizado confesiones, los incluidos en procedimientos inacabados y también los detenidos enfermos, ancianos y menores en el momento de los hechos. Unas 50.000 personas se beneficiaron de estas liberaciones provisionales.
3. La evaluación del número de personas implicadas en el genocidio es objeto de fuertes discusiones. El Servicio nacional de tribunales gacaca lo cuantifica en unas 700.000 personas. Scott Strauss evalúa el número de asesinos en unas 210.000 personas. La diferencia entre ambas cifras se debe a que la participación en el genocidio incluye actos de naturaleza diferente y no siempre precisados.
4. La cultura de la impunidad se refiere sobre todo a la ausencia de persecución contra los instigadores y ejecutantes de los pogroms anti-Tutsi que salpican la historia de Ruanda desde 1959.
5. Así, en la última Ley Orgánica del 1 de marzo de 2007, las penas aplicables a cada una de las categorías de culpables giran en torno al ejercicio de trabajos de interés general y a los plazos.
6. Los juicios realizados por el TPIR contribuyen a elevar a escala del Derecho la existencia del genocidio.
7. Ver E. Stover, H.M.Weinstein, My Neighbor, My Ennemy. Justice and Community in the Aftermath of Mass Atrocity, Cambridge University Press, 2004, pg. 214.
8. Sobre esta cuestión particular, ver el testimonio de un magistrado ruandés, F.-X. Nsanzuwera, “La magistratura ruandesa en el engranaje del poder ejecutivo”, CLADDHO, 1993.
9. Entrevista con un prisionero, 23/09/04
10. Gacaca de Sector Mageragere, antiguo municipio de Butamwa, 4/10/06.
11. Ibitero designa al grupo de atacantes y al ataque propiamente dicho.
12. En la noche del 21 al 22 de abril de 1994 fueron asesinados más de 50.000 Tutsi refugiados en los locales de la Escuela Técnica de Murambi. Murambi es hoy día uno de los principales memoriales del país.
13. En una sesión en Kanyinya, el 8 de noviembre de 2007, se presentó el caso del jefe de la barrera de Nyarurama que escondía a Tutsi en su casa. Al ser descubiertos, un hombre le ordenó matarlos. Se negó y recibió una multa por haber escondido Tutsi. Este caso no es aislado, se encuentra con frecuencia en los procesos, aunque no se dispone de cifras al respecto.
14. Entrevista del 8/10/06.
15. Estas milicias agrupan a las juventudes de dos partidos políticos. Los Interahamwe están reclutados entre los jóvenes del MRND, partido del presidente Juvenal Habyarimana. Los Impuzamugambi pertenecen al partido CDR, el más ferozmente extremista.
16. Se cita también el conocido caso del gobernador de Butare que mantuvo el orden en su jurisdicción hasta el 19 de abril, día en que el presidente incitó a la población al ponerse “a trabajar”. El gobernador, Tutsi, fue destituído y asesinado junto con su familia ese mismo día.
17. S.Strauss, The Order of Genocide. Race Power and War in Rwanda, Ithaca, Londres, Cornell University Press, 2006, pg. 79-85.

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Holanda: por fin, un país donde sobran cárceles

2009-06-16T01:16:00.000-07:00

EL SISTEMA PENITENCIARIO DISPONE DE 14.000 CELDAS DE LAS QUE SOBRAN 2.000

El descenso de la delincuencia en Holanda es una buena noticia, excepto para los funcionarios de prisiones, que temen perder su puesto. Por eso la Secretaria de Estado del Ministerio de Justicia, Nebahat Albayrak, ha anunciado una serie de medidas para solucionar los problemas laborales que trae consigo el cierre de 8 prisiones.

El excedente de celdas se debe también al descenso de la delincuencia en los Países Bajos
Habrá que reciclar los edificios para otro fin y evitar que el personal empleado en estas instituciones penitenciarias vaya al paro. De momento se han ofrecido 500 celdas en Tilburg al gobierno belga, al que le faltan cárceles y que envía delincuentes a casa por falta de espacio en las prisiones.

El actual sistema penitenciario holandés dispone de 14.000 celdas, de las que sobran 2.000. El problema del excedente de celdas tiene su “prehistoria”. En los años 70 creció la criminalidad en el país, por lo que de 1985 al 1995 se dobló el número de celdas y aún no eran suficientes.

En 1989 se introdujo un cambio en el Código Penal por el que el juez podía imponer como sanción un número de horas de trabajo en servicio de la comunidad, en vez de la pena de prisión. Por ejemplo, 240 horas de servicio en lugar de 6 meses de cárcel. Estas nuevas sanciones no se pusieron en práctica hasta 1997, y el número de encarcelados con pena de más de 6 meses bajó de 23.500 a 18.000.

Las protestas que habían surgido en décadas anteriores sobre la desproporción entre delito y pena y las críticas sobre lo inhumanos que resultaban los castigos también aceleraron el cambio de sanciones.

Sus defensores argumentaban que los trabajos a favor de la sociedad favorecerían la reinserción social del trasgresor, no se le estigmatizaba como criminal por la pérdida de libertad y, en el caso de jóvenes, se involucraba a los padres en el seguimiento de la evolución de la conducta del delincuente.

Y, en efecto, se demostró que el tanto por ciento de reincidentes entre los que habían sido condenados a trabajos sociales era un 20% inferior al de los que habían estado en prisión.

También hay argumentos económicos que abogan a favor de sistema. Un delincuente castigado a trabajos sociales sigue con su empleo y realiza las tareas en tiempo libre, su trabajo genera algún bien a la sociedad, mientras que un preso cuesta al Estado 100.000 euros por año.

Según apunta el Ministerio Fiscal, el excedente de celdas se debe también al descenso de la delincuencia en los Países Bajos. Aunque los políticos de partidos de la derecha atribuyen este descenso a que los jueces imponen penas menos severas en delitos como atracos con violencia, crimen, homicidio y delitos relacionados con drogas.

Esto último ha originado discusiones en la Segunda Cámara. Los partidos de la oposición, Liberales VVD y Populistas, PVV, han pedido un debate sobre la situación. El Ministro de Justicia, Enrst Hirsch Ballin, democristiano, ha tenido que enviar una carta a los diputados puntualizando qué tipo de faltas se pueden sancionar con trabajos sociales y qué delitos son suficientemente graves como para merecer prisión.

EL SALVADOR: “Mesas de la esperanza” en centros penales

2009-06-16T01:06:00.000-07:00

Jueves, 11 de Junio de 2009

Douglas Moreno, Director General de Centros Penales, acompañado de la nueva administración, da a conocer el nuevo proyecto de readaptación para los privados de libertad, en cumplimiento de su pena. Foto Diario Co Latino/Ricardo Chicas Segura

El nuevo director general de centros penales, Douglas Moreno, dio a conocer su plan de trabajo en dicha dependencia del Estado.

Moreno asegura que durante su gestión conformará las llamadas “Mesas de la Esperanza”, para lograr la concertación entre personas que se encuentran recluidas en siete de los diez centro penitenciarios del país, los familiares y representantes de diferentes instituciones del Estado relacionadas con la justicia.

Además, el nuevo director general de centros penales buscará la conformación de mesas de trabajo con los empleados de los centros penales, todo con la finalidad de buscar alternativas para flexibilizar el sistema penitenciario y encontrar soluciones, tanto para los privados de libertad como para la sociedad en general.

El funcionario considera que es necesario promover la profesionalización y la especialización de los funcionarios y el personal de las instituciones relacionadas con la readaptación de los privados de libertad.

Otra de las apuestas del nuevo director es la rehabilitación y la readaptación familiar, social y laboral de las personas que se encuentran privadas de libertad y cuyas faltan no son consideradas de gravedad.

“Las penas privativas de libertad tendrán como finalidad la reforma, readaptación, la rehabilitación de los condenados, la reintegración familiar y por supuesto, la protección de las víctimas y la sociedad”, dijo Moreno.

Respecto al hacinamiento que impera en los diferentes centros penales del país, el director dijo que se implementarán diversas medidas, entre las que se encuentran un convenio con el sistema de justicia para viabilizar la libertad condicional como alternativa a la prisión; crear programas para la inclusión de los internos; crear un modelo de supervisión para aplicar medidas que sustituyan a la detención provisional, entre otras.

Para el nuevo director general de centros penales es importante que se mejoren las técnicas investigativas y que de esa manera se eviten las capturas masivas y carentes de pruebas para no saturar las cárceles, de lo contrario, Moreno estima que para los próximos años se duplicará el número de privados de libertad en las cárceles del país, agravando la actual situación de hacinamiento.

Directores de recintos serán evaluados
En cuanto a la posibilidad de cambios de directores de los diferentes centros penales, Moreno asegura que durante sus visitas a los diferentes recintos penitenciarios evalúa diferentes aspectos de los mismos y que con base a ello analizará la necesidad de cambiar o no a los directores.

Educación en Cárceles: Informe de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales e Culturales

2009-06-15T02:47:00.000-07:00

Derechos Humanos

Nuevo informe del Relator Especial para el Derecho a la Educación discute la situación educativa de las personas privadas de libertad

Documento fue presentado por Vernor Muñoz al Consejo de Derechos Humanos de la ONU el día 2 de junio

El Derecho a la Educación de personas en la cárcel es el tema del “Informe de Promoción y Protección de los Derechos Humanos, Civiles, Políticos, Económicos, Sociales e Culturales, incluyendo el Derecho al Desarrollo” que el Relator Especial para el Derecho a la Educación de las Naciones Unidas, Vernor Muñoz, presentó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Asamblea General el día 2 de junio.

El informe defiende que la enseñanza en la cárcel es más que una medida de reintegración social de las personas privadas de libertad, de preparación para que consigan trabajo después de libertadas, o aún una forma de prevenir la reincidencia. La educación, dice el Relator, “más que una herramienta para el cambio es un imperativo en si propia”. Así se contrapone el concepto de una educación correctiva a otro que considera que la educación es un derecho humano.

El análisis ha incorporado las contribuciones de actores relevantes, como gobiernos, organizaciones internacionales, académicos, ONGs y de las propias personas que viven en contextos de encierro. En las páginas del informe se identifican las particularidades que caracterizan a las mujeres prisioneras y a los niños, así como demás personas del sexo masculino en la cárcel – cada grupo tiene necesidades y condiciones específicas respecto al acceso a la educación.

La versión en inglés ya está disponible en la página del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y en breve se dará a conocer la versión en español.

Lea, a seguir, entrevista con el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muñoz:

¿Como el informe analiza la situación de la educación en la cárcel?
Si la realización del derecho a la educación de por sí enfrenta limitaciones y amenazas profundas, en la cárcel esas limitaciones y amenazas se multiplican. Las personas privadas de libertad no solamente son discriminadas y estigmatizadas por su condición, sino que enfrentan además la ausencia de financiamiento educativo, de docentes preparados y la ausencia de libros de texto y material didáctico, entre otros. Además, hemos visto que en los centros de detención, la oferta educativa es generalmente muy limitada, prácticamente inexistente para personas con discapacidades y nada, absolutamente nada pertinente para la atención de las necesidades de los y las privadas de libertad.

No existe tampoco una relación orgánica entre la pretendida función rehabilitadora de la cárcel y la oferta educativa, de modo que la aspiración a desarrollar una educación que realice y potencie los derechos y las oportunidades, en el caso de las prisiones sigue siendo un sueño lejano. O una pesadilla, en muchos casos.

¿Cómo se ha hecho el informe – investigación de datos, número de países visitados, criterios adoptados…? ¿Algún caso que merece destaque?
Todos mis informes, y éste no es la excepción, se preparan recurriendo a fuentes gubernamentales, fuentes de la sociedad civil y fuentes de organizaciones intergubernamentales. Pero además, usualmente hago consultas directas a niños, niñas y adolescentes y a personas involucradas personalmente con el tema del informe. En este caso, con la ayuda invaluable de muchas organizaciones y colegas, hicimos una amplísima consulta a personas privadas de libertad, quienes atendieron nuestro llamado y nos enviaron cientos de cartas, documentos y registros en el que consignan sus puntos de vista y sus propias recomendaciones sobre la situación de la educación en las prisiones. Lamentablemente, no logramos obtener los puntos de vista de todos los países ni de todas las regiones.

Sin embargo, las opiniones de los y las prisioneras, confirmaron muchas de las hipótesis de trabajo y ofrecieron múltiples ejemplos de los hechos que encontramos en nuestras visitas y en las informaciones obtenidas de los Estados y ONGs. Preparamos un cuestionario a los gobiernos y obtuvimos respuestas de Albania, Argelia, Argentina, Brasil, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Cuba, Chipre, República Checa, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Alemania, Grecia, Guatemala, Guyana, Hungría, Irlanda, Italia, Japón, Kazakstán, Letonia, Lebanon, Lituania, Islas Mauricio, México, Noruega, Omán, Perú, Polonia, República de Moldavia, Romania, Singapur, República Eslovaquia, Surinam, Suiza, Suazilandia, República Siria, Trinidad y Tobago, Túnez, Reino Unido, Ucrania y Uzbekistán.

Durante mis visitas oficiales a países, siempre incluyo centros de detención de adultos-as y de personas menores de edad. El caso que me interesaría destacar en esta entrevista, es el de adolescentes que egresan de prisión y que no logran incorporarse de nuevo a los procesos educativos. Las informaciones que disponemos demuestran claramente que los chicos y chicas regresan a sus comunidades, pero difícilmente regresan a sus escuelas, de manera que el sistema penitenciario para personas menores de edad, no sólo tiene un efecto criminalizador, sino además segmenta y excluye a los y las jóvenes que buscan nuevas oportunidades para vivir con dignidad.

¿Cuál fue la principal preocupación que orientó la elección del tema?
Cuando inicié mi mandato, decidí dedicar mis esfuerzos a la atención de las comunidades y grupos humanos que son históricamente excluidos. Por esta razón he producido informes sobre la situación de las niñas, de las personas con discapacidades y de las víctimas de emergencias naturales y conflictos armados.

Dada la ausencia de información sobre la situación de las personas detenidas y a la falta de un interés legítimo hacia estas personas, me propuse también informar al respecto, con varias intenciones: primero, recordar a la comunidad internacional que el derecho humano a la educación no puede ser suspendido ni negado bajo ninguna circunstancia; segundo, que la educación es un derecho que además permite a las personas construir y obtener oportunidades, de modo que en el caso específico de los sistemas penitenciarios, juega un papel estratégico indiscutible; y tercero, me propuse demostrar con argumentos, cifras y ejemplos, cuáles son las tendencias educativas actuales en los sistemas penitenciarios y hasta qué punto fallan en respetar, proteger y promover la dignidad humana.

¿Existen diferencias entre la situación de las mujeres, niños y hombres en la cárcel en relación a la educación? ¿Cuáles son?
Las mujeres y los-as adolescentes son minoría entre la población privada de libertad. Las mujeres corresponden apenas a un 4% de la población privada de libertad. Sin embargo, los intereses, necesidades y derechos de las mujeres y las y los adolescentes, son ampliamente violentados en los contextos de encierro. No existe en la mayoría de los países, por ejemplo, ninguna valoración preliminar de las necesidades educativas de las mujeres al momento de ingreso en prisión y la oferta pedagógica para ellas sigue siendo en muchos casos enfocada en la capacitación para tareas estereotipadas, como la cocina y las manualidades. No se trata de una verdadera educación y esta situación empeora si consideramos que el perfil de la mujer encarcelada, es el de una persona empobrecida, desempleada, joven y con historia de exclusión social y educativa. Estas características continúan siendo invisibilizadas en la oferta educativa. En el caso de las personas adolescentes privadas de libertad, la respuesta prevaleciente de los gobiernos es la punitiva, antes que la educativa. La educación sigue siendo una de las últimas prioridades y esto lleva a la ausencia de indicadores o de sistemas de monitoreo que permitan siquiera conocer las tasas de participación de los chicos y chicas en la educación en prisiones.

¿Cómo es posible diferenciar una educación correctiva de una educación como derecho humano?
Esta diferencia debería poderse identificar a partir de los fines que la educación propone. La educación debe ofrecer y construir oportunidades de todo tipo: cognitivo, social, cultural, económico. Los sistemas correccionales han fallado dramáticamente en todo el mundo. Tal como indicaba el Profesor Zaffaroni: "enseñar a vivir en libertad mediante el encierro, es como enseñar a jugar fútbol dentro de un ascensor".

¿Cuáles son las principales recomendaciones – u obstáculos a superar, quizá – para que la educación en la cárcel sea finalmente entendida como un derecho humano?
Hay mucho camino que falta por recorrer y los retos permanecen en prácticamente todos los ámbitos del quehacer social y gubernamental. Debe empezarse por asegurar y garantizar constitucionalmente el derecho a la educación para TODOS y TODAS. Deben garantizarse fondos públicos suficientes para que las personas detenidas tengan oportunidades educativas y esas oportunidades deben atender las necesidades específicas de las personas, por lo que resulta indispensable no limitar la oferta a la educación primaria o vocacional, sino ampliarla a la secundaria y universitaria. Los estados deben conocer, estudiar y contrarrestar las barreras sociales que enfrentan las y los prisioneros, de modo que la oferta educativa signifique realmente una oportunidad de libertad en todos los sentidos. Los programas educativos deben atender con especial interés la diversidad humana en los centros de detención y particularmente velar por el interés superior de las personas menores de edad y por las necesidades y derechos de las mujeres y las mismas personas privadas de libertad, debería tener la posibilidad de participar activamente en el diseño curricular. Nadie mejor que ellos y ellas conoce sus necesidades. Este ejercicio, además, puede combatir la tendencia a ofrecer a las y los prisioneros cursos inútiles e innecesarios.

*Eugênio Raúl Zaffaroni, Professor de la Universidad de Buenos Aires y Ministro de la Suprema Corte de Argentina, considerado uno de los mayores expertos en derecho penal del mundo.

Costa Rica: Frente a la reforma que se anuncia de la ley de justicia penal juvenil

2009-06-04T03:04:00.000-07:00

Reproduzco a continuación una CARTA ABIERTA publicada por DEFENSA DE NIÑAS/OS- INTERNACIONAL- DNI COSTA RICA, como respuesta a una materia periodística publicada recientemente por el diario EXTRA en la que se informaba sobre una reforma a la ley de justicia penal juvenil en este país.

La carta ya ha generado sus primeros frutos. Próximamente se llevará a cabo una reunión con todos los actores involucrados.

¿REFORMAR LA LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL?

La Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica contempla los extremos más altos de privación de libertad en Latinoamérica. Para edades entre 12 y 15 años se puede imponer una sanción privativa de libertad hasta 10 años. Para edades entre los 15 y los 18 años, la sanción de privación de libertad puede llegar hasta 15 años. Las sanciones no privativas de libertad (Sanciones Socioeducativas) implican procesos sancionatorios y educativos que pueden extenderse hasta por 5 años.

Para una persona adolescente, dadas sus particulares circunstancias de encontrarse en proceso de crecimiento y formación, la prisión en tales dimensiones se vive en realidad como si fuera una cadena perpetua, quedando así desvirtuados los propósitos de reintegración social y familiar.

Si la reforma que se anuncia en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa, apunta en esta dirección, es decir, a elevar en años la privación de libertad o recortar las garantías, se transitará nuevamente por el camino equivocado, al pretender con más sistema penal, hacer frente a los delitos cometidos por personas menores de edad.

El problema que tenemos en Costa Rica con los delitos y la violencia en la que se ven envueltas personas menores de edad como actoras, no obedece a que se tenga una Ley débil o alcahueta con el delito, el problema es que la Prevención del Delito y la Violencia se nos están quedando en discursos sin la suficiente voluntad política que conduzca a una Política General de Justicia Penal Juvenil, articulada a una real Política Social, que genere las oportunidades en materia Económica, Social y Cultural, para que los niños, niñas y adolescentes ejerzan todos sus derechos humanos.

Se estigmatiza y criminaliza constantemente a las personas adolescentes y jóvenes, se les muestra como algo peligroso, se les quiere adjudicar fenómenos de los cuales no son causa; según lo registran las estadísticas del Departamento de Planificación del Poder Judicial y de la Fiscalía Penal Juvenil[1], lo real es que las cifras sobre criminalidad asociada a las personas menores de edad no han crecido de manera significativa; en el año 2003 ingresaron 11.304 causas a las fiscalías penales juveniles, en el 2007: 9.921 y en el 2008: 11.789, se observa entonces que a pesar del aumento de la población de Costa Rica, la cifra de 2003 y 2008 es similar; por parte de los juzgados penales juveniles en el 2003 hubo 280 sentencias condenatorias, éstas en el 2007 llegan a 231 y en el 2008 a 139[2]; hay que reconocer si, que ha crecido la intensidad y complejidad de la violencia con que se cometen algunos delitos como los homicidios, y esto tiene que ver especialmente con el tráfico y proliferación de armas de fuego, con el narcotráfico en gran escala, la delincuencia organizada (incluida la de cuello blanco) y el crecimiento de la inequidad social (GINI).

El programa “Avancemos” y la apertura del Centro para el Tratamiento de las Adicciones, como parte de las acciones que desarrolla el actual gobierno, partieron de reconocer la necesidad de actuar sobre las vulnerabilidades sociales que subyacen a la población adolescente que entra en conflicto con la Ley penal. Pero es necesario avanzar hasta un punto tal en que estas acciones hagan parte de una política de Estado, sosteniendo tal política en el tiempo, a partir de una reforma tributaria progresiva que permita financiar la política social: en la cual se cumpla con elevar al 8% el presupuesto para Educación y rehabilitar las zonas urbanomarginales, incentivar el empleo y la seguridad social.

La Comisión de Seguridad Ciudadana que ha dado muestras de interés en acertar a la hora de legislar en materia de Seguridad, no puede equivocarse, el camino represivo y violento transitado por los gobiernos del triángulo norte de Centroamérica es catastrófico, con sus leyes antimaras, tolerancia cero, plan escoba, mano dura y supermano dura, no han hecho más que lanzarle combustible al fuego, han pretendido resolver los problemas sociales con más sistema penal y el resultado está a la vista: la problemática de maras y pandillas no solo existe en dichos paises, sino que ha alcanzado mayores grados de complejidad y clandestinidad.

En el I Foro sobre Justicia Penal Juvenil realizado en Tegucigalpa, Honduras el 21 y 22 de noviembre de 2008 convocado por SICA-USAID, el representante del gobierno de Honduras denunció que en su país todas estas políticas contra las maras y pandillas, se usaron como distracción para no enfrentar al Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.

En Costa Rica la Ley de Justicia Penal Juvenil fue complementada por la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles; poniendo en desarrollo los programas y la especialización del sistema de Justicia Penal Juvenil que esta legislación contempla, se puede avanzar significativamente en la respuesta que debe dársele al Delito y la Violencia. Pero la Prevención de la Violencia y el delito es una gran empresa que trasciende los mecanismos disponibles en el Sistema Penal y la Ejecución de las Sanciones, es una gran responsabilidad Estatal que se tiene que asumir desde la Política Social.

Desde Defensa de Niños y Niñas Internacional - DNI-Costa Rica, convocamos e invitamos a todos los sectores comprometidos con la Seguridad Humana, el Desarrollo Económico con equidad social y la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, a que participemos en esta discusión que se inicia en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la que traerá efectos lamentables en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, si la reforma solo propone más sistema penal y no política social y oportunidades para el disfrute de los Derechos Económicos y Sociales.

Centroamérica: Extremos máximos de Privación de Libertad en la Justicia Penal Juvenil.

Extremos máximos de la Sanción y/o “Medida” de Privación de Libertad

El Salvador

5 años para edades entre 12 y 16
7 años para edades entre 16 y 18

Guatemala

2 años para edades de 13 hasta 15
6 años para edades de 15 hasta 18

Honduras

8 años

Panamá

12 años para homicidio agravado

Nicaragua

6 años para lista taxativa de delitos[3]

Costa Rica

10 años para edades entre 12 hasta 15
15 años para edades entre 15 hasta 18

Fuente: Elaboración DNI-CR con la legislación de la Subregión

Para mayor información puede contactar al Programa Justicia Penal y Seguridad Juvenil, a Jorge Conte programajusticia@dnicostarica.org y Dario Gómez migrantes@dnicostarica.org o a los números telefónos 2236-9134 / 2297-2880 / 2297-2885

[1] Ver anuarios estadísticos del Departamento de Planificación del Poder judicial y la Memoria del Ministerio Público del 2008, www. poderjudical.go.cr

[3] La Lista taxativa de 13 delitos por los que se puede imponer la privación de libertad, va desde el asesinato atroz hasta el envenenamiento o adulteración de agua potable, bebidas, comestibles o sustancias medicinales.

Cataluña: Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos

2009-06-04T00:48:00.000-07:00

Os presento hoy el El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. La web está disponible en Castellano, Catalán e Ingles y os la recomiendo.

A continuación reproduzco una breve presentación del Observatorio.

Presentación

El Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos (OSPDH) de la Universidad de Barcelona está integrado por profesores, estudiantes, licenciados, postgraduados y profesionales que mediante actividades de inverstigación, docentes y de observación de las instituciones del sistema penal trabajan para la cultura de los derechos humanos, la defensa de los derechos y libertades de las personas y fortalecer los principios y valores del Estado democrático de derecho.
El Estado de derecho y la democracia están hoy en una encrucijada. La hegemonía político-cultural del neoliberalismo populista, las políticas de seguridad, vigilancia y control de los Estados y el nuevo orden social de la globalización capitalista están poniendo en cuestión los pocos avances conseguidos por las culturas de los derechos humanos y de la democracia, especialmente en los países occidentales. El Estado de derecho padece una progresiva y subtil conversión en un Estado legal-guardían. Detrás de la máscara de la legalidad, los derechos humanos y la democracia crecen las desigualdades, se fortalece el panóptico carcelario, se erigen nuevos muros para la exclusión, aumenta la represión y el control y actúan nuevos poderes sociales clandestinos e invisibles.
El OSPDH focaliza su mirada en fenómenos como: la extensión del sistema carcelario, el aumento del uso de las penas privativas de libertad, los malos tratos y la tortura, el internamiento y la expulsión de personas extranjeras, la violencia de género, las ordenanzas municipales de vigilancia y orden público, la cultura del miedo, el encarcelamiento de jóvenes y menores, las políticas de “tolerancia cero”, la Europa fortaleza, la fragmentación del sistema penal en subsistemas administrativos, las políticas de emergencia, la creación de cárceles secretas e ilegales, la implementación de las culturas de la inseguridad y del enemigo en las instituciones del Estado de Derecho, las medidas alternativas para la resolución de los conflictos sociales, la justicia de proximidad, el papel de la jurisdicción en el sistema penal y la consolidación de las culturas del castigo, del control y de la exclusión en el seno de las instituciones del Estado, especialmente del sistema penal.
El OSDPH busca dar intrumentos para que las personas y las organizaciones sociales sean más fuertes y tengan los instrumentos necesarios en su lucha por los derechos, la libertad, la democracia y la justicia. Lograr que todo ser humano, independiente de su sexo, etnia, religión e ideología, sea reconocido y respetado como una persona con derechos requiere que las personas sean verdaderamente autónomas, independientes y libres ante los poderes sociales, especialmente ante el Estado y el sistema penal.

España: Gallizo alerta de la sobrepoblación reclusa

2009-06-02T14:29:00.000-07:00

Europa Press - 02/06/09

Hay más de 75.000 presos

La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, alertó de que el actual sistema penitenciario "corre algunos riesgos" y planteó varios desafíos, entre los que destaca la sobrepoblación reclusa en España, donde hay más de 75.000 presos.

Otro de los desafíos es el "crecimiento espectacular de personas sometidas a medidas alternativas" que asciende a 84.326 en el territorio de la Administración General del Estado, a los que habría que sumar los de la Comunidad Catalana con competencias en esta materia; el aumento de personas extranjeras en las prisiones; y el incremento de reos con enfermedades mentales.

En la inauguración de las XVIII Jornadas de los magistrados de Vigilancia Penitenciaria, que se desarrollarán hasta el jueves en Las Palmas de Gran Canaria, Gallizo llamó la atención porque el sistema penitenciario en España, "uno de los referentes a nivel internacional", pensado en reinsertar a personas que han cometido delitos, "corre algunos riesgos". Así, indicó que "preservar este sistema penitenciario pasa por racionalizar el recurso a la prisión".

"La sobrepoblación de nuestro sistema penitenciario es uno de los principales desafíos de la Administración Penitenciaria", señaló Gallizo, que indicó que en el territorio competencia del Estado hay 65.753 personas en prisión y 84.326 en cumplimiento de medidas alternativas.

En lo que se refiere a las personas en prisión, desde el año 2000 a 2008 aumentó la población reclusa en España un 63 por ciento "sin que la tasa de delincuencia se haya modificado de la media de 20 puntos por debajo de los países europeos". Sin embargo, destacó que "España ha escalado el primer puesto entre los países europeos en la proporción de población reclusa respecto del conjunto de la población".

NUEVOS DELITOS

Atribuyó este incremento a "los nuevos tipos penales, a los efectos retardados de diferentes reformas penales y a la presencia cada vez mayor de extranjeros en el sistema penitenciario". Así, incidió en analizar los límites del recurso a la prisión y "qué espacios de cumplimiento alternativo pueden desarrollarse". No en vano, aseguró que España tiene "un gran déficit de entender que el cumplimiento de las penas en los pequeños delitos tradicionales". Gallizo confesó creer "mucho en la justicia reparadora, algo que tanto para el infractor como para la víctima es un camino todavía inexplorado en España para los delitos tradicionales".

A este respecto, propuso "un esfuerzo de racionalización del cumplimiento del régimen de semilibertad" y recordó que la Administración pretende revisar "de forma decidida los procedimientos de clasificación de personas condenadas a penas cortas". Según Gallizo, "en España hay una creencia popular de que las penas menores de 2 años no se cumplen en prisión". Sin embargo, actualmente hay 12.285 personas en las cárceles con condenas inferiores a 3 años.

En cuanto a las penas alternativas, resaltó el "crecimiento espectacular porque en España había apenas 500 personas sometidas a medidas alternativas y hoy hay más de 80.000 en el territorio de la Administración General del Estado, a los que habría que sumar los de la administración catalana". Para que estas medidas sean efectivas reclamó "un esfuerzo compartido", especialmente por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos para establecer los puestos en los que deben desarrollarse estos trabajos comunitarios. Así, criticó que "hay un muy insuficiente compromiso en el conjunto de la comunidad en el desarrollo de esta acción".

REVISAR LAS CONDENAS A "CORREOS DE LA DROGA"

El tercer desafío que comentó es el del aumento de otros países en el sistema penitenciario de España, que alcanza casi el 35 por ciento de la población reclusa, dato que aclaró que "no se corresponde necesariamente con la proporción de extranjeros que delinquen, sino que éstos permanecen más tiempo en las prisiones por la aplicación de determinadas leyes y su falta de arraigo en España, lo que les hace acceder más difícilmente a regímenes en semilibertad o a condicional".

Así, planteó revisar las condenas que se aplican a personas que hacen de "correos de la droga, que vienen a España por supervivencia económica manejados por mafias internacionales y que son penalizados casi en la misma medida" que los que dirigen el tráfico de drogas. De este modo, apostó por que "el cumplimiento de la condena efectiva sea menor y decretar libertad condicional con expulsión en un tiempo más breve para que puedan ir a sus países".

Por último, recalcó "la presencia cada vez más numerosa de personas con patologías psiquiátricas en las prisiones". Afirmó que éstas "se han convertido en un recurso asistencial" ante la falta de "centros de larga estancia para personas con enfermedades mentales" y subrayó que "no es justo ni es el papel que debe tener el sistema sanitario ni el sistema penal con las personas que tienen una enfermedad mental". De esta forma, reclamó a las comunidades contar con recursos sociales que "prevengan el delito".

LA EXPERIENCIA CATALANA

Por su parte, el secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, Albert Batlle, alertó de los "posibles cambios" que comporta el cambio de paradigma del sistema penitenciario, al pasar de "reeducar" a "una concepción que considera que el sistema penal es la concatenación de una personalidad delictiva y una insuficiencia de respuesta cognitiva por parte del Estado", aunque, en su opinión, "eso no es así pues las leyes penales son de importante dureza".

Además, alertó de la modificación de la Ley Orgánica General de Vigilancia Penitenciaria y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dotar de un instrumento legislativo que regule cómo ejecutar las medidas penales alternativas.

"España se ha convertido en el país más penitenciarista de Europa", remarcó Batlle, que admitió que ello significa que "hay algo que no funciona, como es el recurso continuado al encarcelamiento y que las largas condenas hacen muy difícil el proceso de reinserción social". Así, pidió "racionalidad en el momento de atender a las modificaciones legislativas" y que no se modifiquen más leyes sin una suficiente dotación presupuestaria porque "se está al borde del colapso".

Agregó que en los dos últimos años han crecido en Cataluña las medidas penales alternativas cerca de un 200 por ciento y alertó del "peligro de las prescripciones porque eso es igual a impunidad y eso es una burla absoluta".

Las vocales del CGPJ Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán resaltaron la importancia del encuentro para poner en común experiencias, "sobre todo en la situación actual de elevado porcentaje de personas que cumplen penas en prisión", según Montalbán, que resaltó la incidencia de las nuevas leyes como la de seguridad vial, violencia de género y delitos contra la libertad sexual.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, expresó la importancia de las jornadas para "la aplicación homogénea de las escasas normas sobre el cumplimiento de las penas privativas de libertad", al tiempo que reclamó el "derecho a la defensa de personas privadas de libertad". El fiscal superior de la Comunidad Canaria, Vicente Garrido, insistió en la "saturación de los centros penitenciarios" y la "necesidad de cada vez más armonizar otro tipo de medidas alternativas que sustituyan la entrada en prisión".

La viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, hizo hincapié en la importancia de la falta de especialización de los juzgado de vigilancia penitenciaria y el problema de la dispersión de la normativa en esta materia. Además, aceptó la demanda del decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, de crear una especialidad dentro del turno de oficio para la asistencia a presos.

Brasil: CESeC y Unesco realizan investigación sobre el fenomeno de los blogs dedicados al debate de la seguridad pública

2009-05-29T02:39:00.000-07:00

Conjuntamente con la UNESCO, el Centro de Estudos de Segurança e Cidadania (CESeC) da Universidade Candido Mendes está
llevando a cabo una investigación sobre la producción, contenido e impacto de los blogs especializados en seguridad cuyos autores son en su gran mayoría policías o agentes de seguridad pública (policías civiles, militares, bomberos, policías federales, policías de carreteras, guardias municipales, peritos y otros). El objetivo de la investigación es entender el fenómeno de la Blogosfera Policial y saber como integrantes de las fuerzas de seguridad y otros profesionales están usando internet para discutir, analizar, cuestionar e influir en las políticas de seguridad y las respuestas a la criminalidad en Brasil.

Para mayor información ver materia abajo y visitar Cesec - Blogoesfera policial.

Na segunda-feira, 17 de maio, o CESeC, Centro de Estudos de Segurança e Cidadania da Universidade Candido Mendes, começou a distribuir o questionário da pesquisa Blogosfera Policial (http://www.ucamcesec.com.br/blogosfera.html). São 36 perguntas que têm por objetivo entender o fenômeno da Blogosfera Policial e saber como integrantes das forças de segurança e outros profissionais estão usando a internet para discutir, analisar, questionar e influenciar políticas de segurança e respostas à criminalidade no Brasil.

A pesquisa conta com a parceria da Unesco e a colaboração de vários blogueiros, além do apoio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Desde março deste ano, o CESeC e a Unesco iniciaram uma investigação a fundo desta recente tendência da internet brasileira: o surgimento de blogs dedicados ao tema da segurança pública, a maioria deles de autoria de policiais, guardas municipais, bombeiros ou peritos.

Em 2008, os blogs enquadrados nesta definição somavam 37 páginas; na última contagem feita pelos próprios blogueiros, este ano, eles já passaram dos 70. Somados aos sites de jornalistas dedicados ao tema da segurança pública e aos ligados a redes nacionais, como o Comunidade Segura e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é possível contabilizar mais de 100 iniciativas em curso.

O questionário da pesquisa poderá ser respondido até o dia 1º. de junho. O CESeC apresentará os resultados dessa primeira fase da investigação no final de julho. Além de dados quantitativos, a investigação também apresentará uma análise dos conteúdos dos blogs e entrevistas com lideranças entre os blogueiros. No segundo semestre estão previstas outras atividades, entre elas um encontro nacional.

Espaços de debate
Os primeiros blogs sobre segurança pública e criminalidade surgiram no Brasil em 2005. Hoje, estas páginas representam um importante espaço de formação da opinião pública e de agendamento, especialmente quando se considera as rígidas políticas de comunicação seguidas pelas forças de segurança. Os blogs, assim, tornam-se veículos fundamentais para que a sociedade possa conhecer melhor as instituições responsáveis pela sua defesa, compreendendo melhor os seus avanços e dificuldades. Para os policiais, eles oferecem a rara chance de debater a sua própria instituição.

Este debate tem repercutido tanto nas próprias forças quanto na sociedade. No Rio de Janeiro, policiais militares sofreram sanções disciplinares por comentários polêmicos em blogs. Em São Paulo, o mesmo ocorreu com policiais civis. A imprensa costuma acompanhar o conteúdo das páginas, por vezes levando em frente discussões e denúncias divulgadas na internet. Além disso, os blogs de jornais como O Globo, O Extra e O Dia tornaram-se fenômenos de audiência, registrando números de visitantes que chegam a suplantar o de leitores dos diários impressos.

Num país com 48 mil homicídios a cada ano, a maioria de jovens negros e pobres vivendo nas favelas e periferias dos centros urbanos, o surgimento de blogs sobre violência, segurança e polícia parece indicar uma importante mudança no cenário de indiferença que predominou no país durante muito tempo. É uma novidade que merece ser acompanhada de perto o fato de que muitos jovens, incluindo jovens policiais, expressam respostas de uma nova geração inconformada com a violência e os problemas da polícia.

Contatos com as autoras da pesquisa podem ser feitos nos e-mails abaixo:
Silvia Ramos: sramos@candidomendes.edu.br
Anabela Paiva: anabelap@terra.com.br

Costa Rica: Diputados ponen en la mira reforma a la ley Penal Juvenil

2009-05-28T08:11:00.000-07:00

Diario Extra - Costa Rica
28-05-2009

Los legisladores de la Comisión de Seguridad están de acuerdo en penas más fuertes contra los menores delincuentes. Para ello impulsarían una reforma a la Ley de Justicia Penal Juvenil.
Los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana coinciden en la urgencia de aprobar un proyecto de reforma a la Ley de Justicia Penal Juvenil.
Ese plan sería una de las metas a corto plazo del comité legislativo que la noche del lunes culminó con las modificaciones al proyecto de Ley contra la Delincuencia Organizada, cuya discusión final está a cargo del plenario.
LEY BLANDA
El diputado Luis Antonio Barrantes, libertario que preside el panel de Seguridad Ciudadana, cree que la actual legislación para castigar a los menores de edad que cometen crímenes fomenta la impunidad al ser demasiado permisiva y blanda.

“Hay jóvenes criminales que actúan con igual o hasta más violencia que los adultos. Esas personas, por menos edad que tengan, no pueden juzgarse mediante los mecanismos que estipula la Ley Penal Juvenil”, comentó.

Jorge Méndez, jefe de fracción liberacionista y delegado de ese grupo en el panel de seguridad, coincidió con el criterio de Barrantes.

Para Méndez, más allá de la reforma a los procedimientos para juzgar a los hampones juveniles, es urgente el aumento en la dureza de las penas para castigarlos.

“Definitivamente nada hacemos con penas de papel ante una realidad como que las bandas organizadas se están aprovechando de los menores, que se encuentran en un estado prácticamente de impunidad, para que cometan todo tipo de delitos, entre ellos los más graves como tráfico de drogas y sicariato”, agregó.
POLICÍA MUNICIPAL Y LEY DE ARMAS
Méndez aseguró que se debe pensar en penas escalonadas que se puedan aplicar para castigar la amplia gama de delitos juveniles, empezando por el trabajo comunal como el castigo menos severo hasta la cárcel para aquellos jóvenes que reincidan en las violaciones a la ley.

Olivier Pérez, uno de los delegados del Partido Acción Ciudadana (PAC) en la Comisión de Seguridad, manifestó su interés en que el Congreso empiece cuanto antes la discusión de un paquete de cambios a la Ley Penal Juvenil.

“Es necesario que ese proyecto se apruebe cuanto antes, pero primero deberíamos dictaminar y aprobar el plan para crear cuerpos de policía municipal en todos los ayuntamientos del país. Habrá que analizar cuál es más urgente”, comentó.

Pero no solo Pérez piensa de esa forma. Luis Barrantes y Jorge Méndez también califican como vital dotar a los municipios de una ley para crear, financiar y fortalecer las policías municipales.

A esa lista Jorge Méndez agregó la reforma a la Ley de Armas y Explosivos.

La creación de cuerpos policiales municipales es parte del paquete de leyes de seguridad que presentó el Poder Ejecutivo en marzo de 2008.

De ese conjunto los diputados ya aprobaron la Ley de Protección a Víctimas y Testigos y están a punto de iniciar el debate final de la Ley contra la Delincuencia Organizada.

La diputada Elizabeth Fonseca, del PAC, anunció que propondrá al plenario una iniciativa para darle carácter permanente a la Comisión de Seguridad Ciudadana, la cual por el momento está integrada de forma temporal por mandato del plenario hasta el 30 de abril de 2010.
SATISFACCIÓN POR CAMBIOS A PLAN ANTIMAFIA ORGANIZADA
La mayoría de fracciones que componen la Comisión de Seguridad se mostraron satisfechas por las modificaciones incluidas al proyecto de Ley contra la Delincuencia Organizada.

El PAC, Movimiento Libertario y Liberación Nacional consideran que más de un 90% de las recomendaciones del fiscal general Francisco Dall’Anese fue introducido en el texto del proyecto.

La independiente Evita Arguedas manifestó su descontento con el producto del trabajo y consideró que el proyecto debería ser devuelto a comisión para modificarle varios artículos referentes al comiso de bienes y a las intervenciones telefónicas.

"Abrir las cárceles a muchos ojos"

2009-05-28T05:52:00.000-07:00

El País de Uruguay
10-05-2009

Criminólogo inglés. Contra el romanticismo de izquierda: "Delincuentes son unos parásitos"

El criminólogo Roger Matthews recomienda abrir las cárceles a diferentes entidades; que haya "más ojos viendo lo que sucede". Cuestiona cualquier romanticismo: "Los delincuentes son parásitos y perjudican principalmente a los pobres", dice.

Matthews es inglés, experto en cárceles, punitividad y prostitución. Llegó a Montevideo invitado por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, y es uno de los referentes de la criminología europea actual. Asesoró al gobierno británico y cooperó en la reforma penal en China.

En Uruguay, aunque no tiene concertada una reunión con autoridades del gobierno, dijo que está dispuesto a aconsejar al Ministerio del Interior sobre políticas para la delincuencia. La próxima semana estará en Argentina, donde se entrevistará con jerarcas estatales por el tema del crimen en ese país.

Transparencia. Consultado sobre el problema carcelario uruguayo, Matthews afirmó que el caso de China es un buen ejemplo de cómo lidiar con él. "Allí se abrió el acceso a varios agentes a las cárceles. Cuanto más cantidad de diferentes agentes se tienen entrando en una cárcel -como servicios de educación, tratamientos de drogas y otras actividades-, la cárcel se vuelve más transparente, y se reducen los niveles de abuso", afirmó. "Hay más ojos que ven lo que sucede".

Para Matthews "uno de los indicadores de calidad de una prisión es la cantidad de agencias que entran y la cantidad de presos que salen, a hacer actividades de capacitación o tratamiento de drogas, por ejemplo".

Considera que la prisión, en vez de ser una especie de núcleo cerrado de contención, se convierte en un centro de movimiento e interacción, de gente entrando y saliendo. "Así se generan una suerte de agujeros en la caja, que permiten que entre el aire y circule". Afirma que para esto no se requiere demasiado dinero: "Es más bien de pensar constructivamente".

Para Matthews, al problema con las cárceles se lo tiene que atacar de varios lados y no hay una sola respuesta.

"Hay que mirar la situación de las cárceles, los niveles de violencia, la relación entre los presos y los guardias, en suma, la dinámica de las cárceles". El construir nuevas prisiones mejor equipadas, "soluciona parte del problema, pero sería reducirlo al tema de vivienda", dijo.

Por otra parte, también sugiere instalar un sistema de monitoreo independiente de las cárceles, "pero con dientes", afirmó. "Un control que tenga poder, que esté respaldado por la autoridad estatal".

A su juicio en Uruguay no se necesitarían más de 12 inspectores recorriendo las cárceles constantemente. "Y lo más importante: deben llegar sin aviso previo", indicó.

Aunque desconoce el reciente informe de las cárceles uruguayas del relator de la ONU sobre la Tortura, Manfred Nowak, que habla de sus pésimas condiciones, Matthews afirmó que una situación así no puede continuar.

Reciclaje. Con respecto a las penas alternativas, Matthews es cauto. "Suenan mucho mejor de lo que en realidad son", dijo. "En muchos países europeos, una medida alternativa es dar amnistías al final de las sentencias", indicó. "Si estas personas no cumplen al pie de la letra las disposiciones de la libertad condicional, se reciclan nuevamente al sistema carcelario, y por más tiempo del que les quedaba por cumplir", dijo.

En Estados Unidos, un tercio de quienes entran a las prisiones son gente que violó al libertad condiciona, señaló. "La experiencia en otros países es que, de hecho, la gente a la que se le aplican penas alternativas nunca debería haber estado condenada en primer lugar", estimó. "Lo que terminan haciendo es ensanchar la red, se terminan pescando a peces pequeños que nunca tendrían que haber entrado", comentó.

Privadas. Para Matthews, en Europa la privatización de las cárceles tuvo causas menos loables que la mejora de la calidad del servicio. "Los motivos que se adujeron para privatizar las cárceles fueron tener mejores condiciones, mejor administración y ahorrar dinero. Todo esto es basura", aseguró. "En realidad, el motivo fue que el Estado trata de cargar responsabilidades a otros. En el Reino Unido esto se aplicó para quebrar la fuerza de los gremios del personal de las cárceles, porque tienen mucha fuerza. También fue un tema de costo: pero no es que fueran más baratas, sino que se posponía el momento de pago", afirmó.

Realismo de izquierda. Matthews es una de las principales figuras en el Reino Unido de la corriente de criminología llamada "realismo de izquierda", que surge en reacción al "idealismo de izquierda" y su incapacidad de resolver los problemas de la delincuencia.

"Los criminólogos debemos ayudar a los políticos para hacer una diferencia, ir más allá de la crítica y presentar soluciones", sostiene. "La mayor parte de los criminólogos en Europa son solamente críticos, negativos. Nosotros tratamos de combinar la crítica con propuestas sobre lo que se puede hacer", afirmó.

Incluso señala que "algunos piensan que el crimen tiene una propiedad de redistribución social, de los ricos a los pobres", lo que califica de "noción romántica muy común en la criminología de izquierda".

Y la realidad "es que los pobres se roban entre sí, y los pobres honestos son los más vulnerables", señala.

"Los delincuentes son predominantemente parasitarios, mezquinos, y hacen la vida de los pobres aún peor de lo que ya es", describe Matthews.

Su próximo libro será, precisamente, una crítica a los criminólogos que se limitan a criticar la situación, pero no proponen políticas concretas.

Aislar y tratar a los jóvenes adictos
En cuanto a uno de los mayores problemas de la delincuencia en Uruguay, asociado a jóvenes carenciados adictos a la pasta base, Matthews afirmó que "el gobierno debe afrontar este problema tan seriamente como si se tratara de una epidemia de gripe porcina".

Considera que hay que aislar a los afectados, tratarlos y detener la contaminación. "Si yo fuera el ministro del Interior, tomaría una combinación de medidas para atacar este problema", afirmó.

Además, apuntó que cuanto más se conozca de la realidad de estos jóvenes, más se puede controlar el problema. "Cuando la gente me pregunta qué hay que hacer con el crimen yo respondo, ¿cuál crimen? Hay que saber cuál es, dónde sucede, quién es el criminal y quién la víctima", afirmó Matthews.

Para el experto, la drogadicción de los jóvenes, "es el peor tipo de problema social. Es un problema que no se puede minimizar, no se le puede dar la espalda", afirmó.

Con respecto a la opción de bajar la edad de imputabilidad a los infractores, para Matthews no es una opción acertada, porque internar a jóvenes de 15 años con presos mayores podría derivar en abusos a los menores. "En el Reino Unido, si un adolescente comete un crimen terrible, hay otros mecanismos para lidiar con él, hay instituciones de alta seguridad especiales para jóvenes", afirmó.

En cuanto a políticas para la delincuencia juvenil, citó el caso de los planes para la prostitución juvenil en el Reino Unido. Allí se redujo la cantidad de jóvenes en la prostitución de 5.000 en 1990 a 50 en 2000. El plan consistió en modificar el trato con los menores. Antes se los arrestaba o multaba, pero en los `90 se hizo una campaña para considerarlos como víctimas, y en lugar de arrestarlos ingresaban en instituciones sociales. Hoy en el Reino Unido, los menores en la prostitución son en mayoría inmigrantes.

Experto en crímenes y cárceles
Roger Matthews es profesor de criminología en la London South Bank University. Durante los últimos 35 años ha realizado estudios con respecto al crimen, a las cárceles y a la seguridad comunitaria, y ha editado una quincena de libros en torno a estos temas. Su última publicación, titulada "Prostitution, Politics and Policy", de 2008, deriva de un extenso estudio sobre la prostitución en el Reino Unido. Es uno de los principales exponentes de la corriente de criminología inglesa llamada "realismo de izquierda", que se opone a la inoperancia del "idealismo de izquierda", tanto como a las políticas represivas de la derecha. En la Facultad de Ciencias Sociales de la UdelaR dictó un seminario sobre "Desviación y Control Social".

Uruguay: Astori presentó las 30 primeras medidas de gobierno

2009-05-28T05:40:00.000-07:00

El País. Uruguay. 27-05-2009
Frente Amplio

(Ver medidas 28, 29 y 30)

Esta noche el comando de Astori presentó las Primeras 30 medidas de gobierno del Frente Amplio, que durante dos meses trabajó un grupo de académicos, profesionales, especialistas y referentes políticos.

Como atodos sus actos desde que está internado, Astori envió una carta a sus seguidores, donde nuevamente les aseguró que volverá con más fuerza.

El ministro de Turismo, Héctor Lescano dirigió unas palabras a los presentes, en el que sostuvo que durante la gestión de Astori al frente del Ministerio de Economía el país logró "niveles de inversión como nunca" y se implementaron políticas sociales, como el Plan de Emergencia y de Equidad.

Agregó que estas propuesta fueron elaboradas "ajenas a toda demagogia", pero con la intención de compromiso por parte de cada uno desde el lugar donde se encuentre. "Debemos poner el dedo fuerte contra las fuerzas conservadoras que quieren poner freno a las medidas progresistas", aseguró.

Las medidas fueron presentadas por el sociólogo Julio Bagno, quien dijo que se impulsará un nuevo estado social que vaya contra las políticas neoliberales, que implementó Luis Alberto Lacalle en su gobierno.

Las 30 medidas
1. Asegurar igualdad de oportunidades desde la gestación a todas y todos los compatriotas. Ampliación de la atención de salud a embarazadas y niños. Incremento en un 45% del monto de las asignaciones familiares a embarazadas y niños hasta 36 meses.

2. Crear escuelas comunitarias. Universalización del preescolar desde los 3 años de edad. Abrirán escuelas, extendiendo el tiempo educativo, para lo que se construirán 100 locales nuevos. Incorporarán maestros comunitarios en todas las demás escuelas. Es importante el vínculo entre el docente y la familia.

3. Impulsar un verdadero shock educativo. Para elevar la productividad, se necesita personas educadas, que los jóvenes terminen el liceo y el bachillerato. Se pondrán a disposición de los jóvenes becas de estudio para culminar el ciclo básico. Extender el Plan Ceibal a todos los liceos y la UTU.

4. Apoyar a los jóvenes para que construyan sus proyectos en el país: empleo, vivienda y salud. Se impulsará un Acuerdo Nacional para el Empleo Juvenil. Dispondrán de un sistema de garantías y subsidios a la cuota del alquiler para los jóvenes trabajadores y estudiantes. Extensión del Fonasa hasta los 21 años para quienes continúen trabajando.

5. Practicar deportes y disfrutarlos sin violencia. Implementar una Red de Plazas de Deportes Siglo XXI vinculadas a todos los clubes deportivos. Instauración del Plan Nacional de Desarrollo Deportivo.

6. Garantizar que todos los uruguayos puedan atenderse rápidamente cuando tienen problemas serios de salud. Regionalización de la atención médica – quirúrgica en el interior del país, a través de Centros de Especialidades en Salto, Paysandú, Tacuarembó; Hospitales de agudos en Rivera, Durazno y Maldonado; Cordón Metropolitano Sanitario para traumatizados. Se eliminarán las órdenes y tickets para análisis de laboratorio, etc.

7. Cuidar a nuestros mayores y a las personas con discapacitados. Implementación de un Sistema Nacional de Cuidados que contemple las diferencias de género y generacionales. Extensión de los Hogares diurnos para adultos mayores y personas discapacitadas.

8. Construir viviendas y erradicar asentamientos para promover la integración social. Se pondrá en práctica un Programa Nacional de Acceso a la Vivienda que incluirá garantía de alquileres, créditos de compra y de reforma.

9. Recuperar el barrio como lugar de encuentro entre diferentes y acercar más ciudades y pueblos. Clubes deportivos y espacios culturales. Se acondicionará la infraestructura básica y se aportará calidad a los espacios públicos y se asegurarán los servicios indispensables en cada barrio. Modernización del sistema de transporte de pasajeros urbanos e interurbanos. Impulso al Plan Cardales.

10. Luchar frontalmente contra la droga. Se pondrá al alcance de toda la población centros de rehabilitación. Combatir con todo al narcotráfico.

11. Combatir la violencia doméstica. Se avanzará en un sistema integral de prevención y atención a la violencia intrafamiliar con refugio, amparo, capacitación de los funcionarios y fortalecimiento de los juzgados.

12. Reparar la ciudadanía afro – uruguaya. Implementación de medidas de discriminación positiva en el trabajo y la educación, reservando un 10% de los cargos por concurso en el Estado a los afrodescendientes. Programa de becas y subsidios para la culminación de la educación media.

13. Apoyar la creación y la producción cultural nacional. Impulso de una red densa y eficaz para extender la cultura. Através de centros MEC, Fábricas de Cultura e Inclusión social del MIDES.

14. Diseñar una nueva matriz energética nacional. Construcción de alianzas público privada y entre el sector académico y emprendedores; y se propiciará el uso eficiente de la energía.

15. Ampliar la infraestructura para apoyar el desarrollo productivo. Impulsar al Uruguay como Plataforma Logística de la región. Puertos en el litoral, Montevideo y aguas profundas. Se crearán más Parques Industriales y Polos Tecnológicos en el interior del país. Más ferrocarriles.

16. Desarrollar la inteligencia comercial para la inserción de Uruguay en la región y el mundo a partir de una plataforma que se apoyará en un sistema de información con participación pública y privada.

17. Ampliar incentivos para apoyar la inversión productiva en zonas vulnerables. Se seleccionará anualmente 50 proyectos de inversión por un monto máximo de mil millones de dólares anuales.

18. Crear nuevas capacidades para el desarrollo del turismo, tanto rural, social como de aventura. Construcción de dos grandes complejos en Montevideo y Maldonado para integrar a Uruguay en el circuito de los grandes eventos internacionales.

19. Extender el acceso al agua para apoyar el desarrollo agropecuario. Aprovechamiento de los recursos hídricos en el sector agropecuario.

20. Capacitar para mejorar el trabajo. Instrumentación de un programa orientado a la capacitación laboral de 5 mil personas por año, aparte de las políticas de empelo juvenil.

21. Transformar la basura en energía. Uruguay libre de bolsas de plástico. Promover el reciclaje de los residuos. En acuerdo con los gobiernos departamentales se delimitarán los espacios destinados a residuos. Incentivar las empresas verdes y la tecnología ambiental.

22. Impulsar el cooperativismo y el desarrollo de empresas de Economía social. Se crearán programas de desarrollo de la competitividad de empresas cooperativas.

Fondos concursables para cooperativas locales.

23. Apoyar el desarrollo de las tecnologías de la información y la biotecnología.

24. Facilitar el acceso al crédito para proyectos innovadores. Construcción de un Fondo Especial de Garantía de Créditos administrado por la CND.

25. Promover la innovación en el sector agropecuario. Fondo para mejorar la productividad de unos 10 millones de dólares anuales administrado por la ANII.

26. Promover un estado más eficaz, transparente y al servicio de los uruguayos. Implementación de compromisos de gestión y profesionalización de la función pública a todos los niveles jerárquicos.

27. Simplificar trámites con control ciudadano. Instalación de un defensor del pueblo.

28. Transformar y profesionalizar la acción policial. Más comisarías en los barrios. Salarios dignos a la policía. Reformulación del servicio 222.

29. Creación de la Dirección Nacional de Rehabilitación. Separar cárceles de la policía y reestructuración general de las cárceles. Implementación de un sistema de penas alternativas, donde la pena de prisión no constituya la primera y única respuesta para el delito. Acelerar las reformas del Código Penal y del Código de Proceso Penal.

30. Impulsar medidas socio – educativas y de privación de libertad para adolescentes en conflicto. Creación de Institutos Socio – Educativos de Responsabilización de los Adolescentes en conflicto con la ley penal. Implementación de medidas socioeducativas sin privación de la libertad. Centros de internación ordenados en una graduación progresiva en el uso de la libertad ambulatoria.

El acto tuvo lugar a las 19 horas en el Cine Plaza y fue transmitido en vivo on line a través de la página web del precandidato.

Astori participó en 1971, por encargo de Líber Seregni, en la elaboración de las Primeras 30 medidas de gobierno con las que el Frente Amplio se presentó a las elecciones de aquel año.

México: Motín en Reclusorio Sur deja saldo de 18 heridos

2009-05-27T10:49:00.000-07:00

El Universal - Miércoles 20 de mayo de 2009
Claudia Bolaños

Grupos antimotines desnudaron a 50 reos luego de que irrumpieron en penal

La restricción de visitas a las cárceles capitalinas generó ayer el quinto motín en las últimas tres semanas; esta vez fue en el Reclusorio Sur con un saldo de 18 presos lesionados por el uso desproporcionado de la fuerza.

Con balas de goma, gases lacrimógenos y desnudando a unos 50 internos a quienes se recostó boca abajo en uno de los patios, el Grupo Táctico Tiburón, con apoyo del Grupo Especial de Reacción e Intervención de la Procuraduría local, controló los disturbios.

Los internos, así como la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), han referido que desde que inició la contingencia por el brote de influenza A H1N1, el hambre se ha apoderado de varios presos pues la comida institucional es insuficiente para las 40 mil 100 personas que están tras las rejas. Son sus familiares y conocidos quienes en los cuatro días de visita los dotan de los insumos necesarios para su subsistencia en alguna de los 10 cárceles capitalinas.

Las reducción a sólo recibir dos visitantes entre semana por interno, ha generado que en el Reclusorio Norte, el Centro Femenil y el Centro de Ejecución de Sanciones Oriente, también hayan protestado con motines.

La revuelta

Desde las siete de la mañana de ayer comenzaron las protestas en los dormitorios 3, 4, 6, 7 y el Anexo del Reclusorio Varonil Sur, con el incendio de camas, colchones, refrigeradores, expendedores de refrescos y una caseta de vigilancia.

Además dos cámaras de seguridad fueron dañadas, y la tienda institucional que vende abarrotes y demás alimentos fue saqueada.

Imágenes captadas por EL UNIVERSAL dan muestra de que gases lacrimógenos fueron lanzados desde las azoteas hacia los patios para someter a un grupo de reos con armas largas y perros entrenados.

Los internos fueron desnudados y recostados o hincados en el suelo.

El director ejecutivo de Derechos Humanos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, Miguel Rivera Villa, minimizó los hechos en el Reclusorio Sur, pues dijo que se trató de un grupo de sólo 50 presos, a quienes ya tienen identificados, para que enfrenten los cargos conducentes.

Dijo que no hubo un solo lesionado y sobre los gases lacrimógenos dijo: “Los medios que se hayan utilizado para el control del reclusorio es lo de menos; lo que ustedes (reporteros) deben informar es que todo está en calma”.

Sí hubo lesionados: CDHDF

Por su parte, la segunda visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del DF, Patricia Colchero Aragonés, dijo que el personal que acudió al Reclusorio Sur reconoció a un total de 18 lesionados.

Dos de ellos requirieron traslado al Hospital de Xoco debido a que uno perdió parte de un dedo y el otro recibió un fuerte golpe en el ojo. Las lesiones fueron provocadas por abusos de los tiburones, integrantes del grupo antimotines del sistema penitenciario, y quienes acostumbran abusar de la fuerza pública, como lo constatan las imágenes de este medio, dijo.

República Dominicana: Carlos Balcárcer descarta fuera un plan muerte de Florián

2009-05-27T10:42:00.000-07:00

El Nuevo Diario 26/5/2009

Demóstenes Cotes Morales disiente

SAN CRISTÒBAL.- En medio estrictas medidas de seguridad, fueron trasladados a las diez de la mañana al juzgado de la instrucción, el teniente coronel José Francisco Pulinario Rodríguez y el capitán Lino de Oca Jiménez, acusados por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Nacional, del asesinato del narcotraficante Rolando Florìan Feliz, la semana pasada. El doctor Carlos Balcarcer descartó que el crimen de Florian Feliz se trate de un plan, pero que los uniformes de los oficiales se los lleva el sistema carcelario del país.

“No había plan de muerte de Florian y los uniforme de esos dos oficiales se lo lleva el sistema carcelario dominicano. Ahí es que está el problema. Se descarta un plan”, dijo Balcarcer.

Mientras, que el ex –procurador General de la República doctor Demóstenes Cotes Morales, dijo que disiente del doctor Balcarcer, cuando dijo que hay que ver como ocurrieron los hechos, que terminaron con la muerte de Florián Féliz.

Agregó, que cada persona interrogada por la Comisión de Alto Nivel, tiene un pedazo de verdad, pero que eso no se verá hoy sin en el juicio de fondo.

“Yo que ostento la defensa del capitán de Oca Jiménez, la misma comisión investigadora que dice en el informe que él tomo el arma del coronel de una garita, y otro que dicen que el quito al coronel, o que el coronel se la dio al capitán, ahí hay contradicciones de fondo que tienen que ser aclaradas. Cómo es posible que Florián haya llegado hasta el frente de la cárcel, y que nadie pudiera frenar esa acción, cuál agente testificó la muerte de Florian”, dijo Morales.

Mientras, que el juez de la instrucción estudia en estos momentos el expediente, para dictar las medidas de coerción, donde decenas de abogados han acudido para darle apoyo al coronel Pulinario.

Una extricta medida de seguridad reina en el Palacio de Justicia, donde existe gran expectativa, por la decisión que tomara en las próximas horas del magistrado Ambiorix Marichal.

Rolando Florian Feliz, condenado a 20 años por violar la ley de 5088 de drogas, por homicidios, fue ultimado de ocho balazos supuestamente hechos por el capitán Lino de Oca Jiménez, con el arma del teniente coronel, Jasé Francisco Pulinario Rodríguez, ejecutivo de la cárcel Modelo de Najayo, donde unos 20 agentes e internos del penal, fueron interrogados, mientras, que el capitán Jiménez recibió heridas de armas blanca por parte del occiso.

Honduras: Mujeres de reos defienden derecho a dormir con ellos

2009-05-27T10:36:00.000-07:00

Tiempo - Tegucigalpa
Lunes, 25 de Mayo de 2009 21:40

Ante la amenaza de suprimirles las visitas conyugales a la Penitenciaría Nacional (PN) y arrebatarles el amor de sus maridos, un grupo de esposas de privados de libertad pidió ayer al presidente José Manuel Zelaya Rosales, frente a la Casa de Gobierno, conjurar las intenciones de las autoridades de ese reclusorio, localizada en Támara, Francisco Morazán.

Hace unas semanas familiares y amigos de los presos podían visitar la cárcel los martes y miércoles de cada semana; y las esposas podían quedarse los sábados y domingos.

A raíz de varios hechos sangrientos en la PN, las autoridades cancelaron el martes como día de visita y amenazan reducir a un día las visitas conyugales.

“Nosotros aceptamos que hayan quitado un día de visita, pero ahora quieren quitar las visitas conyugales y no estamos de acuerdo, porque sería un duro golpe para nuestros maridos”, expresó Unides Avila mostrando una pancarta como signo de protesta.

NO HAY REHABILITACION
Las mujeres en tono muy indignado comentaron que sus parejas no tienen un programa de rehabilitación y los reos buscan mejorar su conducta por su propia cuenta.

Indicaron que muchos de ellos dependen anímicamente de la visita de sus parejas y por eso consideran que no es justo que los castiguen con esa medida.

También se quejaron porque últimamente han limitado el ingreso al reclusorio de algunos alimentos, entre ellos varias frutas que los internos utilizan para producir bebidas alcohólicas, pero no todos, expresaron las mujeres.

Avila expresó que en la Penitenciaría les han dicho que la orden es del presidente José Manuel Zelaya Rosales, pero ellas saben que quien está tomando represalias es el director de Centros Penales, Alan Nájera.

“El (Nájera) ha dicho delante de todas las mujeres que vamos de visita “que se maten todos esos perros, porque entre menos hay es mejor para mí”, aseguró.

Las mujeres también pidieron que les permitan ingresar alimentos los días que quieran, porque en la cárcel no hay una alimentación adecuada y por eso sus maridos muchas veces soportan hambre.

Nicaragua: Reclusas Celebraron el Día de la Madre con Jornada Cultural

2009-05-27T10:34:00.000-07:00

Tania Sirias
END - 21:48 - 26/05/2009

Versos de libertad en Cárcel La Esperanza

El acorde de guitarra acompañaba las voces de mujeres, que a pesar de estar encerradas, expresaban aires de libertad. “Encierran el cuerpo”, dijo Tania Gabriela Martínez, “pero no el espíritu”, mientras acomodaba las notas para leer su poema en celebración al Día de la Madre.

“Ser madre es duro, pero lo es más cuando una está privada de libertad”, expresó una de las internas del Sistema Penitenciario La Esperanza. De las 190 mujeres que están recluidas en esta cárcel, el 97% tiene hijos. Estos niños quedan en manos de familiares o resguardados en hogares del Ministerio de la Familia.

Encerradas, los minutos se hacen una eternidad, los hijos vienen a la mente y no hay nada que hacer. Sólo cumplir la condena para estar pronto en casa. Sin embargo, algunas han descubierto que la lectura, y en especial la escritura, es una forma de aprovechar el tiempo.

En un galerón de estructura metálica, estas mujeres con atuendo azul, se congregaron para escuchar los poemas que evocan al amor, el odio, la discriminación, el olvido, el sexo, y sobre todo a los hijos.
Como Gabriela Mistral
En su presentación, Tania relató que su segundo nombre se lo puso su abuela, en honor a la poeta Gabriela Mistral. “Desde niña me gustó escribir. El amor es algo fuerte que a veces nos destruye, pero también nos restaura. Tenemos el amor de madre, de hijo, de pareja, de amigos, no lo vemos, pero sí lo sentimos”, expresó la interna.

Otra de las poetas era Morena Avilés, la ex notaria del Estado que enfrenta una condena por delitos de falsificación. “Critíquennos, no hay ningún problema, sea bueno o malo, pero el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra”, dijo la ex funcionaria, quien les dedicó el poema a las internas de La Esperanza.

María Auxiliadora Urbina, Procuradora de Cárceles, dijo que este recital “es un acto emotivo en celebración al Día de la Madres, a la libertad de mente y corazón de las mujeres privadas de libertad”. Indicó que en el penal hay mujeres escritoras que han sido premiadas a nivel nacional en los concursos darianos.

El procurador de los Derechos Humanos, Omar Cabezas, se comprometió a compilar los poemas de las reclusas, y apoyar su publicación a través del Instituto de Cultura.
Algunas deben ser indultadas
La procuradora de Cárceles, María Auxiliadora Urbina, abogó por las mujeres que se encuentran cumpliendo condena en La Esperanza, y dijo que algunas podrían ser beneficiadas con la Ley de Indulto.

Urbina no dio cifras de cuántas mujeres podrían ser indultadas, para no crear expectativas. También dijo que en esta lista podrían ingresar algunas que cometieron el delito de tráfico de estupefacientes, a pesar de que la legislación en cuanto a este tema es draconiana.
A gramo por año
“Tendríamos que revisar los casos, ya que hay mujeres detenidas por 0.5 gramos de droga, es un injusticia que estén encarceladas por cinco años”, expresó la Procuradora. Indicó que la ley está en r0eforma, pero para mientras dure ese proceso, se podrían indultar.

A0demás, solicitó mejorar a la infraestructura del penal, pues el sistema hidrosanitario está colapsado, se necesita más espacio y personal que acompañe a las mujeres en el ámbito de salud, higiene y educación.

Un cambio a la política antidrogas

2009-05-27T10:19:00.000-07:00

El Comercio

27-05-2009

Los representantes de 60 países se citaron para tratar el tema de la lucha antinarcóticos.

Ecuador anunció una nueva visión en su política antidrogas. Lo hizo ayer, en la inauguración de la XI reunión del mecanismo de coordinación y cooperación en materia de drogas.

Este foro se cumple desde las 10:20 de ayer, en el salón Shyris del hotel Colón de Quito. Asistieron representantes de 60 países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea. Entre ellos estuvieron de España, Colombia...

Según Franco Sánchez, subsecretario del Ministerio de Gobierno, esa nueva directriz tendrá una visión más humanista, pero no olvidará la lucha contra el narcotráfico y sus delitos conexos.

Para el funcionario, la actual política tuvo un génesis en la ayuda económica. Explicó que en la última década el país recibió USD 237 millones para el combate a las drogas. “Ese dinero se invirtió en capacitación de militares y policiales, en programas de prevención, para establecer mecanismos de trabajo internacional y de una política criminal...”.

Sin embargo, mencionó que esa entrega de recursos direccionó una forma de trabajo, que acarreó problemas internos, como el hacinamiento en las cárceles y el incremento de reos sin sentencia, especialmente los pequeños traficantes (llamados mulas y que fueron amnistiados). Asimismo, -dijo Sánchez- el país sufrió la política impuesta por Colombia, que terminaron con el ataque a Angostura, en marzo de 2008.

Pero las autoridades del Gobierno y policiales reconocieron que el país es un lugar de tránsito y de acopio de narcóticos. Fredy Martínez, director nacional Antinarcóticos de la Policía, informó que desde enero hasta mayo se decomisaron 28,5 toneladas de estupefacientes y que el año pasado fueron 31 toneladas.

Para Sánchez, el país necesita de la ayuda internacional, porque el narcotráfico es un problema compartido.

Este criterio fue apoyado por participantes en el foro. Para Carmen Moya, representante de España, el conjunto de las iniciativas deben estar enmarcadas en acuerdos comunes. Según ella, hay dos aspectos que también se deben hablar. Estos son la prevención y la reinserción de las personas que cayeron en el consumo de drogas.

En este sentido, Domingo Paredes, director del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes (Consep), sostuvo que los programas de prevención deben convertirse en prioridad.

“Estos momentos estamos trabajando de manera integral e impulsando acciones de control en la oferta y en el control de la demanda. El Ecuador dejó de ser un país de tráfico de drogas. Somos un país donde el consumo crece”.

La reunión termina la tarde de hoy y está previsto que se emitan conclusiones sobre cómo mejorar el combate a las drogas.

UE se alinea a lucha antidrogas

2009-05-27T10:17:00.000-07:00

El Telégrafo - Ecuador

27-05-2009

UE se alinea a lucha antidrogas

Para este propósito el organismo europeo, en una primera fase aportará con 6 millones de euros.

La cooperación de la Unión Europea (UE) para la lucha contra las drogas reunió a representantes de 60 países de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, en la XI Reunión del Mecanismo de Coordinación y Cooperación en Materia de Drogas, que se lleva a cabo desde ayer en la ciudad de Quito.

Para este propósito la UE, en una primera fase aportará con 6 millones de euros, que a criterio del director del Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas (Consep), Domingo Paredes, es un elemento catalizador para una cooperación más profunda.

“Este es un evento internacional que marca una trayectoria única en la región ya que la UE por primera vez tiene la voluntad política de cooperación con toda la región en un esfuerzo de coordinar y promover políticas eficientes e integrales para mitigar el problema de la droga”, señaló.

Según el funcionario, alrededor de 700 mil millones de dólares anuales mueve el narcotráfico en todo el mundo y, de acuerdo a información de las Naciones Unidas, este “negocio” ha permitido el salvataje de bancos internacionales que han sido afectados por la crisis mundial.

De su lado, el subsecretario de Gobierno, Franco Sánchez, afirmó que tener una posición crítica frente a la política antidrogas no significa bajo ningún concepto perder el sentido ético de la gestión gubernamental.

Educación en cárceles: la experiencia de RedLECE

2009-05-26T15:33:00.000-07:00

Serie América Latina hacia CONFINTEA VI, Campana Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Relato de Hernando Lambuley en la Conferencia Preparatoria en México, 10 - 13 septiembre 2008.

Uruguay: Educación en Cárceles

2009-05-26T15:22:00.000-07:00

Serie América Latina hacia CONFINTEA VI, Campana Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Relato de Felipe Machín, de ANEP, Uruguay.

2009-05-26T14:37:00.000-07:00

2009-05-26T13:35:00.000-07:00

República Dominicana: Ley de Ejecución de la Pena

2009-05-26T13:32:00.000-07:00

Diario Digital RD
26-05-2009

Por Wilfredo Mora
El autor es criminólogo y perito forense

Tras el establecimiento del modelo acusatorio-adversarial del proceso penal en la República Dominicana, el sistema penal no tiene más alternativa que seguir un modelo ejecutivo de penas. Debemos pensar seriamente en este Nuevo Modelo, dejarlo atrás y abogar por una Ley de Ejecución de Pena, que es como han hecho casi todos lo países latinoamericanos.

La idea de que se puede crear un “nuevo modelo” es un engaño ingenuo, pues lo correccional es siempre suprapenitenciario, si la condena no está sometida a los grandes principios de proceso penal, siendo el de legalidad de la condena, el más importante. Este nievo modelo luce como un binomio de internos-policías penitenciarios. Es una pérdida de tiempo desarrollar cárceles, al tiempo que aumentan las dificultades del sistema. O, aspirar a la rehabilitación cuando aumenta la sobrepoblación. El éxito de este “modelo nuevo” puede ser propaganda para el gobierno si no se tiene una base jurídica concreta. Se recomienda liberar a una gran cantidad de internos que son definitivos o de cumplimiento definitivo.

Nuestra propuesta es crear ley que reglamente la judicialización de la pena privativa de libertad, que ya se establece a través de los jueces de ejecución de la pena. Hay que dejar atrás conceptos como sistema penitenciario, variar el órgano de la DPR; en estos nuevos tiempos, se precisa de órganos jurisdiccionales, de órganos de Administración penitenciaria, de Servicio Social de Prisiones, o de una Dirección Nacional de Cumplimiento Penitenciario. La ENAP es, en realidad, un sistema paralelo a la DGP.

El primero en ver así el porvenir de nuestra penalidad fue Leoncio Ramos, al proponer una ley de ejecución de pena (1970), cuyo diseño hemos actualizado, pendiente de que sea receptivo por el Poder Legislativo, que es a quien corresponde dar el primer paso.

Las cárceles deben pertenecer al Poder judicial, es esencialmente técnico; debe tener menos presencia policial, y no estar, sobre todo, en manos de personas que no han estudiado ni remotamente, o desarrollados prácticas en esa área.

Veamos un poco esta Ley del profesor Ramos en sus estructuras propuestas. El tratamiento se fundamenta en los principios establecidos en la criminología (edad, capacidad de trabajo, carácter, entre otros) evitando la influencia perjudicial de un interno a otro. Las condenas son llevadas a cabo bajo un estricto reglamento y se contienen amplias medidas de seguridad para menores, adolescentes, alcohólicos y preventivos. Un individuo que se encuentra en prisión preventiva hace una declaración de aquiescencia en los diez días siguientes al del pronunciamiento de la sentencia, y la duración de la pena o medida será calculada a contar de ese día.

La libertad condicional es obligatoria, salvo muy excepcionales circunstancias penitenciarias. Además de existir los agentes de Libertad Condicional, para revocarla en casos de incumplimientos por parte del liberado condicional.

La redención de la pena por el trabajo, las clases de trabajo que se contemplan. El autor ha propuesto un organismo muy singular en un proyecto aparte y de la misma época: un organismo que se denomina Trabajos Penitenciarios, y sirve para sacar el hábitat carcelario el trabajo y darle la forma de una fábrica con las reglas del trabajo subordinado y remunerado.

Hemos observado que la vida de intramuros en cuanto al régimen económico de basa en economatos que no permiten la presencia del dinero en los establecimientos. Los servicios médicos son superiores a los de custodia, la correspondencia es el alma del penal y está prohibida y no se tolerará la mala literatura ni los juegos de azar. El tiempo del penal es tan intenso en cuanto a la organización social del penal (prepara las visitas, la instrucción, los intercambio del juegos, seguir un calendario de los patronatos) que no hay ni siquiera tiempo para la violencia, el ocio o la sujeción entre ellos mismos, que sólo crean formas de privilegios y corrompen a sus autoridades inmediatas.

El proyecto distingue entre la figura del Director General de Prisiones y el Consejo de Directores, así como la presencia de Asesores, que desarrollan la investigación de nuevas formas de dinámica y evolución de la pena de prisión.

Uruguay: Unos 3.000 presos necesitan ser realojados

2009-05-26T11:05:00.000-07:00

www.observador.com.uy
Fecha: 25/05/2009 | 12:28 | Montevideo, Uruguay

Representantes del PNUD presentaron al presidente Vázquez un informe con recomendaciones para descongestionar el sistema carcelario. Hay ofertas para edificar una nueva cárcel

Las prisiones en Uruguay registran al menos un 50% de hacinamiento, según se desprende de un informe que presentaron al presidente, Tabaré Vázquez, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El documento, entregado este lunes al mandatario, señala que en Uruguay hay aproximadamente 7.500 reclusos, y la capacidad de las prisiones está en torno de los 4.500, revelaron en conferencia de prensa los representantes regionales del PNUD, Pablo Mandeville y Giovanni Quaglia. En tanto, durante la sesión del Consejo de Ministros el canciller, Gonzalo Fernández, comunicó al Poder Ejecutivo que Uruguay recibió ofertas para la construcción de una nueva cárcel, según anunció a la prensa el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez. Quaglia, representante regional para el Cono Sur de la oficina de Naciones Unidas para la Droga, consideró que el hacinamiento carcelario es un problema que debe tener especial atención en Uruguay y estimó que unos 3.000 reclusos deben ser realojados. El experto dijo que si “enviar a las personas a las prisiones, sigue siendo la única solución a los delitos, el problema del hacinamiento aumentará”. Quaglia agregó que si las autoridades del gobierno y la Justicia no atienden este asunto en los próximos cuatro años, el problema aumentará. “Esto se resuelve con legislación que encuentre otras opciones al encarcelamiento”, indicó. Otro tema mencionado por el analista internacional en el informe es el que refiere a la reclusión de jóvenes en los mismos predios que la población adulta. Sugirió que los menores infractores deben ser alojados en centros diferentes, donde se les brinde atención con educación y capacitación laboral. “No es una buena práctica que los jóvenes estén alojados en el mismo espacio que los adultos. Los jóvenes tienen que ser tratados para que puedan reintegrarse a la sociedad”, manifestó. Una de las alternativas que se propone para Uruguay es la libertad anticipada a quienes tengan buena conducta. Explicó que en Estados Unidos y Europa se favorece la reducción del hacinamiento aplicando esta herramienta en reclusos que tienen más de 10 años de cárcel y ya cumplieron 2/3 de condena.

Uruguay: Reforma del Sistema Penitenciario

2009-05-26T11:00:00.000-07:00

www.montevideo.com.uy
25.05.2009 21:50

Se presentó este lunes un plan de acción para la reforma del sistema penitenciario y la política criminal, que plantea una serie de acciones en las áreas legislativa, ejecutiva y judicial para mejorar la situación carcelaria, como buscar opciones alternativas al encarcelamiento y procurar la reinserción de los reclusos.
El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Giovanni Quaglia, y el representante residente del PNUD, Pablo Mandeville, presentaron el plan este lunes al presidente Tabaré Vázquez, informó el Servicio de Comunicación Institucional de Presidencia.

La Junta Nacional de Drogas (JND) fue la encargada de liderar las acciones y viabilizar la creación a nivel nacional del "Plan de Acción para la Reforma del Sistema Penitenciario y la Política Criminal", cuya elaboración comenzó en mayo de 2007.

Quaglia señaló que su Oficina está apoyando al gobierno uruguayo en la reforma del sistema penal, sobre todo en lo que tiene que ver con las condiciones de reclusión, y celebró que se llegara a un documento consensuado tras dos años de trabajo.

El representante de la ONUDD destacó que la problemática del sistema carcelario trasciende a una administración de gobierno y que se arrastra por lo menos desde hace 10 años.

Quaglia informó que Vázquez anunció que llevará adelante gestiones políticas para que el Plan se trate como una prioridad nacional.

Quaglia explicó que el principal problema se encuentra en que existe hacinamiento en al menos un 50% de los establecimientos, y dijo que si el Poder Judicial se mantiene en la línea de enviar a prisión a todos los delincuentes, este problema irá en ascenso.

En este sentido, el documento plantea que una posible solución, puede ser la de lograr una legislación que brinde opciones alternativas al encarcelamiento. En este caso, citó como ejemplo que cuando se trate de jóvenes, sin delitos previos, de entre 18 y 25 años, la instalación de establecimientos similares al Centro Nacional de Rehabilitación, puede ser una solución en la dirección de no propiciar su integración con delincuentes más peligrosos, consigna el SCI.

Asimismo destacó la importancia de dotar de algún tipo de educación o formación a los reclusos para facilitar su reinserción una vez cumplida la pena.

Otra de las sugerencias del Plan es valorar la buena conducta dentro de los establecimientos para adelantar la salida de los reclusos. También el uso de las penas alternativas se maneja en el proyecto, como uno de los medios para contrarrestar la superpoblación carcelaria, pero aclaró que este beneficio se maneja sólo para condenas que no superen los 24 meses de prisión.

Por su parte, el Secretario General de la JND, Milton Romani, destacó la importancia de contar con un plan integral, y expresó que ya se está avanzando en reformas en la administración del sistema penitenciario, reformas legales y en lo referente a salud dentro del sistema, entre otras medidas.

Chile: Gendarmes deponen paro y se forma mesa para revisar proyecto de plantas

2009-05-25T08:58:00.000-07:00

21-05-2009
Mercurio-Chile
www.emol.com

Negociaciones se extendieron durante gran parte de la madrugada del miércoles:
El director de Gendarmería instruyó a los jefes regionales para realizar catastro y no descartó abrir sumarios administrativos.

XIMENA PÉREZ Y DAVID MUÑOZ

Tras una extensa jornada de negociaciones con el Gobierno, que se extendió por gran parte de la madrugada, las cuatro asociaciones de gendarmes acordaron ayer deponer el paro nacional que realizaron por dos días, luego de obtener el compromiso del Ejecutivo de formar una mesa de trabajo para discutir aspectos de la ley de planta y modernización que los funcionarios pretenden modificar, y que se incluirían a ésta a través de una indicación sustitutiva.

Aunque el Gobierno no cedió en uno de los principales reclamos de los gendarmes, la eliminación del grado 26 (el más bajo en la escala de sueldos), sí aceptó estudiar la regulación actual para permitir que luego de tres años en dicho grado, los gendarmes puedan acceder al grado 24, con un aumento salarial.

No más presupuesto

Además, se revisará la situación de la planta III de funcionarios -civiles- para estudiar su eventual inclusión en el aumento de plantas. Todo esto, sin embargo, siempre que no implique un aumento del presupuesto asignado a la ley ($80 mil millones por año), según precisó en conversación con "El Mercurio" el director nacional de Gendarmería, Alejandro Jiménez.

"El marco presupuestario establece las prioridades y además hasta dónde podemos llegar. No nos vamos a mover y eso se les expresó".

El presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup), Pedro Hernández, advirtió que las movilizaciones se suspendían sólo por 30 días, que es el plazo que se dieron los cuatro gremios, el Ministerio de Justicia y Gendarmería para evaluar el trabajo de la mesa.

"Si la evaluación no es positiva para los funcionarios, nosotros retomamos nuestras movilizaciones", señaló el dirigente.

Jiménez aseguró que en la mayoría de los penales la situación volvió a la normalidad poco después de la firma del acuerdo, a las 9:30 de la mañana, y en el resto, al mediodía.

La mayor demora fue en la Penitenciaría, donde por diferencias entre los dirigentes en primera instancia se negaron a deponer las movilizaciones.

A las 15 horas de ayer las 62 personas que pernoctaron en la zona de tránsito del Centro de Justicia desde el lunes pasado, fueron entregadas a Gendarmería para ser destinadas a los diferentes penales de la Región Metropolitana y cumplir con su prisión preventiva.

Al ser consultado por las querellas por infracción a la Ley de Seguridad del Estado presentadas por el paro, el subsecretario del Interior, Patricio Rosende, dijo que donde se restableciera el orden, éstas no perseverarían.

Sin embargo, el director de Gendarmería no descartó iniciar sumarios administrativos e instruyó que se revise si hubo agresiones, pérdida de bienes u otros problemas. "Se ordenó a los directores regionales que hagan investigaciones, vean qué ha pasado con estos hechos, si están catalogados administrativamente, que informen, y en cada región se iniciará si corresponden investigaciones o eventualmente sumarios", señaló.

Hay tiempo mínimo para ascender, pero no máximo

Tres son los estamentos del personal de Gendarmería: Planta I oficiales penitenciarios, planta II vigilantes penitenciarios y planta III personal civil.

En las dos plantas de uniformados existe un tiempo mínimo para poder ascender de grado, pero los gendarmes se quejan de que no hay un plazo máximo, por lo que algunos gendarmes permanecen mucho tiempo en un mismo nivel, sin movilidad.

En la planta I, los oficiales ingresan con el grado de subteniente; después de cuatro años pueden ser tenientes si el número de vacantes lo permite. En cinco años más, el teniente puede ser capitán, en cinco más mayor, en cinco más comandante y en cinco más coronel, el grado más alto al que pueden llegar los oficiales.

En tanto, en la planta II, a la que pertenecen los suboficiales, se parte como vigilante, luego de tres años pueden pasar a ser cabo segundo, en cinco años más cabo primero, en cinco años más sargento segundo, en cinco años más sargento primero, en cinco años más suboficial y en cinco años más suboficial mayor, el grado más alto al que pueden aspirar.

Los vigilantes pertenecen al polémico grado 26 en la escala única de sueldos, que fue incorporado a Gendarmería el año 2003. Antes, partían en el 22.

El director de Gendarmería, a diferencia del de Carabineros, puede ser un civil, como en el caso del actual director nacional, porque no es una institución militar. El nombre es propuesto por el ministro de Justicia y nombrado por el Presidente de la República, y es un cargo de la exclusiva confianza de éste.

En el proyecto de ley de ampliación de plantas se establece que se elegirá mediante el sistema de Alta Dirección Pública al subdirector técnico y administrativo, y se creará una subdirección operativa, a la que podrá acceder un oficial penitenciario.

Ecuador: Instrucción fiscal se ajusta con reforma

2009-05-25T08:54:00.000-07:00

El Telégrafo - Ecuador
19 de mayo de 2009

En la audiencia de formulación de cargos el fiscal señala el plazo que tomará para emitir su dictamen.
Ratificando el principio de oralidad que promulga la Ley Reformatoria al Código de Procedimiento Penal (CPP), vigente desde el 24 de marzo, los fiscales resuelven iniciar la instrucción fiscal y señalan el plazo en que entregarán el dictamen, que dependiendo de las circunstancias de la infracción, puede ser hasta en 30 ó 90 días.
Antes de la reforma, la instrucción tardaba 90 días, ahora, con la modificación, el fiscal puede indicar el tiempo que se demorará en recolectar los elementos de convicción para que las partes puedan ejercer su derecho a la defensa.
En los casos de delitos flagrantes, según señala la ley, la instrucción demorará 30 días, con el ánimo de no desperdiciar 60 más, como estaba estipulado, ya que, en los delitos flagrantes, la investigación es mucho más sencilla, sostiene el ex ministro fiscal del Guayas (e), Jorge Blum Carcelén.
La otra modalidad (de 90 días) continúa como antes. Esta se origina luego de la indagación previa que concluye con el pedido de convocatoria, que hace el fiscal, a una audiencia de formulación de cargos.
Washington Pesántez Muñoz, fiscal general del Estado, considera que los plazos establecidos en la ley -antes de la reforma- fueron fatales para los fiscales, “pero no para los jueces, porque estos, bajo el argumento de que tramitan una gran cantidad de procesos penales, no los despachaban oportunamente”, cuestiona.
Cita como ejemplo que el fiscal -antes de la reforma- no podía pasarse de los 90 días de la instrucción, porque de lo contrario era sancionado. Sin embargo, los días que se establecen para que se sustente un recurso en la Corte, en el sistema adscrito, nunca es observado, destaca.
“Un simple recurso de apelación tiene un promedio de duración de 5 meses y medio.Entonces, ¿cómo no esperar que caduque la prisión preventiva, cuando la ley decía que en 15 días debían sustanciarlo de manera escrita?”, sostiene.
Pesántez dice que la ventaja de la audiencia de formulación de cargos es que las partes pueden ponerse de acuerdo, e incluso el fiscal puede evaluar el caso y anunciar el tiempo que tardará en presentar el dictamen, ya sea acusatorio, absolutorio o mixto.
“Si hay un delito que se puede investigar y presentar el dictamen en 3 ó 4 semanas se lo comunicará al juez, aunque esto conlleve a que alguien no esté de acuerdo. La entrega ágil de la instrucción fiscal finalizada ayuda a agilizar el proceso y evita las consecuencias nefastas de la prolongación, que es la caducidad de la prisión preventiva”, asevera.
El abogado Jorge Arteaga dice que el trabajo de los fiscales no solo se debe enfocar en buscar responsabilidad al imputado, sino también, cuando hay méritos, en exculparlo y no acusarlo.
Arteaga hace esa declaración en virtud de que en su trabajo le ha tocado participar en algunas audiencias, en las cuales “el fiscal se ensaña con el detenido sin justificación alguna”, ya que las pruebas son documentales y testimoniales, y por una simple denuncia, que ni siquiera es del ofendido, dicta instrucción y solicita medidas cautelares.
El jurista explica que en 90 días (tres meses) se debe dar por concluida la instrucción fiscal, comunicar al juez que conoce el caso y emitir un dictamen. Si el fiscal no cumple esos requerimientos, el juez debe comunicarle al fiscal que se da por cerrada la instrucción y que emita el dictamen dentro de los próximos seis días.
Si no lo hace, el fiscal es sancionado y el juez le otorga seis días más, a pesar de que el Código de Procedimiento Penal (CPP) señala que todos los actos procesales realizados después de los 90 días tienen valor alguno.
Arteaga enfatiza que la disposición está ratificada en la Constitución de 2008. Sin embargo, dice que en la casi totalidad de las audiencias orales de formulación de cargos, el fiscal solicita la prisión preventiva junto con la iniciación del juicio.
Jorge Blum, coordinador de la Unidad de Misceláneos de la Fiscalía del Guayas, señala que en la audiencia de formulación de cargos, le corresponde a la Fiscalía ejercer una imputación a determinada persona que se presume cometió un delito.
Agrega que esa audiencia y en el decurso de la instrucción, se puede solicitar medidas alternativas al procedimiento; es decir, salidas como el procedimiento abreviado o simplificado, con el que se ahorra tiempo, desgaste físico extraordinario y que acelera las causas penales hasta que se obtengan sentencias para aquellas personas que aceptan su participación en el hecho delictivo.
La reforma brinda la posibilidad de que si el ofendido considera pertinente, puede solicitar al fiscal la conversión de la acción y el procesado puede pedir la aplicación del procedimiento abreviado.
Explica Blum que el procedimiento abreviado, que contempla el articulado, consiste en que el procesado acepta su responsabilidad y conviene con el fiscal, en determinada pena, para pasar directamente del inicio de la instrucción a la etapa del juicio.
Asimismo, dice que en el artículo 221 del CPP se cita que en cuanto aparezcan, en el proceso, datos que hagan presumir la autoría o participación de otra persona en el hecho objeto de la instrucción, el fiscal puede formular la nueva imputación.
En esos casos, la etapa de instrucción se mantendrá abierta por un plazo máximo de hasta treinta días adicionales, contados a partir de la notificación con esa resolución al nuevo procesado o al defensor público designado por el juez de garantías penales.
En la audiencia preparatoria de juicio, llamada antes de la reforma, audiencia preliminar, se emite el dictamen y si el juez considera, dicta el auto de llamamiento a juicio al o los imputados, mientras que el fiscal anuncia las pruebas que presentará en la audiencia de juzgamiento, en los tribunales de garantías penales.
Con respecto a las sanciones, Blum explica que el juez le da seis días más, a partir del tiempo que señaló el fiscal para entregar el dictamen. Asimismo, hay un supervisor en la Fiscalía que controla esos tiempos. “La sanción puede ser administrativa y hasta con destitución; también sanciones de orden procesal que obligan al fiscal a hacer el dictamen o lo cambian y ponen a otro agente para que lo haga”.

Expedientes judiciales se quedan en el olvido
La falta de sustento legal impide que el CJ dé trámite a las quejas y denuncias contra los servidores.
La falta de sustentación de las denuncias en contra de empleados y funcionarios judiciales, que llegan a la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ), es la causa principal para que ese organismo de control de la Función Judicial, en muchos de esos casos, no pueda aplicar sanciones.
Para el director de ese organismo, Rodrigo Aulestia, el problema es que las personas confunden a la Unidad con una oficina de quejas.
Explica que si la denuncia está completa, a los tres días se le pide a la persona que la presentó que acuda a reconocer la firma; pero en la mayoría de casos no lo hacen y si este procedimiento no se cumple no queda otra alternativa que archivar la denuncia.
Sin embargo, si los argumentos son sólidos, pese a que no la reconocen, el CJ realiza la investigación de oficio.
En muchos casos -dice Aulestia- las denuncias no cuentan con los suficientes argumentos para el trámite por lo que se les solicita, a los denunciantes, mayor sustento, pero en ocasiones ese proceso no llega a concretarse, porque las personas no cumplen con el requerimiento.
Aclara que ese procedimiento se debe cumplir, porque no se puede violar el debido proceso para resolver las denuncias y quejas. “No pueden presentar denuncias y dejar al Consejo que haga la investigación; primero, porque el organismo no cuenta con la logística ni personal necesario para esta tarea”, subrayó.
La Unidad de Control Disciplinario que se constituyó como un órgano transitorio dependiente del pleno del CJ, tiene a su cargo la tramitación e investigación de los sumarios disciplinarios iniciados en contra de los servidores judiciales y forma parte de una serie de normas para el ejercicio del Control Disciplinario expedido por el CJ, para el período de transición.
Aulestia asegura que el CJ tuvo que resolver y crear varias normas para tratar de salir de problemas, porque llegó un momento en el que no sabíamos qué pasaba con las quejas, las que estaban pendientes y el trámite que se les iba a dar.
Alemania Centeno, directora provincial del Consejo de la Judicatura en Guayas, dice que en la actualidad los expedientes no necesariamente tienen que ir a Quito para obtener una resolución, sino que también son despechados desde Guayaquil.
“En el tema de sanciones tenemos la potestad de aplicarlo aquí, lo único que se conoce en la capital son las destituciones”, aclara.
Dice que entre las sanciones más comunes está la suspensión de funciones (de 15 a 30 días), multas y llamados de atención por escrito.
Comenta que el principal motivo para presentar una queja es que siempre hay una parte que no está contenta con la resolución de los jueces.
Esto se da -asegura- porque los abogados no aprenden a litigar en otras instancias.
“Ellos tienen la facultad de apelar la resolución a la segunda instancia, pero prefieren poner la queja porque es la opción más fácil para ellos”, acota la funcionaria.
Otro de los problemas para despachar los expedientes se da, indica Aulestia, porque las personas optan por poner la denuncia o queja en cualquier parte sin tomar en cuenta que es necesario que sean presentadas en las jurisdicciones de los funcionarios judiciales que presuntamente cometieron la ilegalidad.
Según el Código Orgánico de la Función Judicial, el trámite se lo debe presentar en dos formas: como queja o como denuncia.
Para el ex magistrado de la ex Corte Suprema de Justicia, Ramiro Román, no es un justificativo el hecho de que las personas no sustenten sus denuncias, pues la obligación del funcionario judicial es seguir el debido proceso y determinar para bien o para mal el fin de la investigación.
Según Román existen trampas en el principio de legalidad, pues se establece un trámite pero no se explica que sigue después de eso, de manera que si el trámite no continúa la denuncia se archiva.
“Si queremos vivir en un Estado democrático se tienen que terminar los procesos, porque si no los organismo se vuelven vagos, el CJ no puede tener 1.000 denuncias y tramitar solo 8; entonces, para qué existe el CJ. Por ello es necesario que la autoridad se vea obligada a continuar la investigación, hacer las notificaciones, permitir que los funcionarios cuestionados se defiendan y terminar esa investigación para bien o para mal”, argumentó.

La Justicia busca interconexión
El objetivo de este sistema es reducir el tiempo del procesamiento de las denuncias.
En 30 días, las fiscalías y las judicaturas penales estarán interconectadas mediante un sistema informático, que paulatinamente se ampliará a la Policía Judicial, comisarías y todas las dependencias de justicia, a fin de agilizar los procesos. La resolución fue adoptada ayer por a Comisión de Coordinación Interinstitucional para la Implementación del Sistema Procesal Penal, que lo integran el presidente de la Corte Nacional de Justicia, el Ministro Fiscal General, el Ministro de Gobierno, el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, el Director Nacional de la Policía Judicial, el Defensor Público Nacional, y el Secretario Jurídico de la Presidencia.
Según informó el ministro de Justicia, Néstor Arbito, el objetivo de este sistema que comenzará por las cinco ciudades con mayor carga procesal penal, entre las que se encuentran Quito y Guayaquil es reducir el tiempo del procesamiento de las denuncias.
“La idea es llegar a informatizar el 100 por ciento de dependencias judiciales, de Fiscalía y de la Policía Judicial; es decir, todo el engranaje que compone el sistema de justicia penal”, manifestó, al tiempo de señalar que se pretende, en una primera fase, agilizar la recepción de denuncias y el inicio de todo el proceso penal, por lo que el ciudadano “ya no tendrá que ir de puerta en puerta para presentar su denuncia sino que al activar cualquier ente del sistema, llámese Policía o Fiscalía, se pueda activar e iniciar el proceso… Además, se indica a la persona responsable o entidad responsable para que pueda continuar haciendo su trabajo”.
Otro tema que fue abordado, informó Arbito, fue la respuesta y reacción de las instituciones judiciales sobre los hechos aislados de linchamientos y ajusticiamiento por mano propia que se han dado en el país. “Esto lo rechazamos tajantemente”.
Todas las instituciones reunidas señalaron que no se permitirá la impunidad en estos hechos. “La Fiscalía y Policía Judicial han tomado acciones concretas, se han realizado las investigaciones, las instrucciones respectivas, pero esta es una reacción concreta como instituciones”, dijo, al subrayar que el Estado de derecho está vigente en el Ecuador.

Ecuador: 12 juzgados para despachar causas de niñez

2009-05-25T08:51:00.000-07:00

EL TELÉGRAFO - Ecuador
20-05-2009

El lunes empieza la atención en Guayas, con la incorporación de siete judicaturas.
A partir del lunes, los cinco juzgados de la Niñez y Adolescencia de Guayaquil, que estaban en el edificio de la Corte de Justicia del Guayas (calles Quito y 9 de Octubre) funcionarán, junto con los siete recientemente designados, en otras instalaciones.
El edificio ubicado en las calles Sucre y Malecón es el lugar destinado para la reubicación de esos despachos judiciales, que -en la actualidad- mantienen parcialmente suspendida la atención al público debido a que se realiza un inventario.
Se habilitarán esas áreas en el otro inmueble, con el fin de incorporar al sistema de justicia los siete nuevos juzgados de la Niñez, incrementando a 12 el número actual.
Karina Peralta, viceministra del Ministerio de Justicia, manifestó que alrededor de 8 mil dólares mensuales costará el alquiler del inmueble, que cuenta con cinco pisos y dos locales comerciales.
Peralta aseguró que serán once las judicaturas habilitadas en ese centro debido a que la Fiscalía del Guayas solicitó que el juzgado de Flagrancia (recientemente creado) funcione en esas instalaciones
Alemania Centeno, directora provincial del Consejo de la Judicatura (CJ), comentó que “el espacio físico para la reubicación está casi listo, solo faltan ciertas adecuaciones que se harán en el transcurso de la semana”.
El área que se ocupe será provisional hasta que termine el proceso de compra del edificio anexo al ex banco del Progreso, ubicado en la calle Primero de Mayo, entre Quito y Pedro Moncayo. La estructura será comprada por el CJ. Se prevé un costo aproximado de US$ 950.000.
Centeno explicó que la adquisición del inmueble será para uso exclusivo de los juzgados de la Niñez, con el fin de contar con espacios propios y no alquilados, como es el caso de las actuales áreas donde se mudarán y funcionarán desde la próxima semana.
No obstante, comentó que el edificio de las calles Sucre y Malecón se lo ha readecuado modestamente para que su funcionamiento sea el más apropiado durante este año.
Dijo que el cambio se da porque se incrementaron siete juzgados más y porque el área donde funcionaban hasta ayer, en el Palacio de Justicia, será remodelada para que entren en funcionamiento los nuevos tribunales de garantías penales.
“Esto es algo que tanto necesitamos en el sector de la justicia”, añadió, tras acotar que los trabajos para la remodelación de los nuevos tribunales iniciarían una vez que las áreas utilizadas por los juzgados de la Niñez estén desocupadas.
Durante esta semana esos despachos atienden solo trámites de importancia. Tal es así que no se despachan procesos, excepto boletas de libertad y detenciones indebidas. “Esas son cuestiones que hay que atenderlas de urgencia”.
Los juzgados cerraron sus puertas al público entre viernes y lunes debido a que se encuentran en inventario por el traslado que se espera realizas este fin de semana.

Ecuador: Apuesta por agilizar los procesos penales

2009-05-25T08:45:00.000-07:00

Miercoles 20 de mayo de 2009
EL COMERCIO- Ecuador

Apuesta para agilizar los procesos penales
Los juzgados y fiscalías estarán unidos por un sistema informático.
Los juzgados y fiscalías estarán unidos por un sistema informático. El Ministerio de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía y la Policía se reunieron ayer para informar sobre los avances del proceso de coordinación interinstitucional.
Uno de los cambios será reducir el tiempo de las diligencias entre los fiscales y los jueces. Para cumplir ese objetivo se instalará un sistema informático para el conocimiento inmediato de denuncias y desestimaciones de casos penales.
Según el ministro de Justicia, Néstor Arbito (corbata amarilla en la foto), ese programa se instalará hasta finales de año en Pichincha, Guayas, Azuay y Manabí, donde se registra la mayor carga de casos de delitos a escala nacional. Luego se extenderá al resto del país.
Xavier Arosemena (terno gris en la foto), presidente del Consejo de la Judicatura, explicó que eso ayudará al trámite de los casos, pero que se deben mejorar las condiciones laborales de los jueces.
En ese sentido, pidió que se incremente el presupuesto destinado a la Función Judicial. En tanto, Arbito anunció que se crearán nuevos tribunales para aliviar la carga que tienen los actuales judiciales.

México: La farsa de la readaptación de delincuentes

2009-05-25T08:37:00.000-07:00

Eluniversal.com.mx
22-mayo-2009
Por Claudia Bolaños (*)

El motín en el Reclusorio Sur podría tener otro origen, más allá del hambre que los internos pudieron tener por la restricción a que sus familiares los visitaran y les llevaran más comida de la que reciben ordinariamente. La revuelta, podría ser más bien una consecuencia de los privilegios que se han visto trastocados.

Hace casi un mes, el colombiano Diego Velázquez García, sentenciado por delitos relacionados con el tráfico de drogas, fue trasladado a un penal federal en Matamoros, Tamaulipas.

Don Diego –como se le conocía-, era el interno que, según personal del Reclusorio Sur, se encargaba de distribuir la droga entre los internos, además de tener el control de los dormitorios 1 y 9, caracterizados por los privilegios en los que vivían los reos.

Celulares, pantallas de plasma, frigobares y computadoras, eran parte de esos lujos.

Tras el traslado de Don Diego, las autoridades cerraron los dos dormitorios y ahora están en remodelación para ser ocupados, presuntamente, por presos enfermos y de la tercera edad.

La encargada de las cárceles capitalinas, Celina Oseguera, ha afirmado que se acabaron los privilegios en el Reclusorio Sur, pero no se ha informado el motivo ni se han proporcionado más detalles por parte de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, de la que es titular.

Investigaciones de la Procuraduría capitalina han registrado operativos nocturnos en esa cárcel, debido la participación de reos en secuestros que cometen sus cómplices.

Un hecho que alertó a las autoridades fue la muerte de Jorge Velázquez González, quien era el jefe de Seguridad de ese penal, el 10 de junio de 2008, luego de que se realizó un operativo en el que se decomisaron teléfonos celulares y computadoras en el Dormitorio 9.

Algunos trabajadores del Reclusorio indican que el operativo se realizó tras conocerse información de una posible fuga, y otros empleados de ese penal dicen que fue para subir las cuotas por el uso de esos aparatos.

El hecho es que dicho jefe de custodia del Sur, con apenas un mes en el cargo, fue asesinado tras salir de su jornada laboral. Fue torturado y recibió el tiro de gracia.

"Por bajar a mis compadres a los módulos y quitar los aparatos a los del Nueve, te mandamos al infierno y los que faltan", indicaba un recado que colocaron junto a su cadáver.

A pesar de las muchas conjeturas que se hicieron dentro del reclusorio, hasta el momento esa muerte no ha sido aclarada por la Procuraduría capitalina.

Antes, el 4 de noviembre de 2007, también fueron asesinado, en pleno día, José Juan Juárez Nava y Omar Octavio Hernández Ocampo, jefe y subjefe de grupo, luego de hacer un operativo para el decomiso del mismo tipo de objetos.

Las computadoras, según investigaciones ministeriales han sido utilizadas para conocer de posibles víctimas de secuestro y planear los plagios.

A penas el pasado lunes 18 de mayo, policías judiciales entraron a ese reclusorio para desmembrar a un grupo delictivo conocido como la banda de El Roca, integrada por tres reos del Sur.

Ese grupo criminal operaba desde principios del año 2000, y mutilaba a sus víctimas para presionar al pago de su rescate.

Autoridades de ese penal, se curaron en salud y de inmediato mandaron a hacer una revisión para quitar más celulares. En la noche ya había malestar.

A las siete de la mañana del día siguiente, el penal se despertó con un motín iniciado.

Primero las autoridades penitenciarias negaron que hubiera lesionados, luego, ante las evidencias fotográficas, aceptaron que hubo 51 heridos.

Investigadores del área de secuestros han indicado que la corrupción en las cárceles es fuente de una serie de ilícitos planeados desde las cárceles.

Ahora ese caso, y las acusaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en referencia al maltrato y abuso a internos, ha llevado a los diputados locales a sentarse a revisar la propuesta de ese organismo, para crear la Ley del Sistema Penitenciario.

Sin embargo, el asunto poco prosperará porque la agenda de los legisladores locales no demostró en su momento tener en sus prioridades atender el grave problema de la corrupción dentro de los penales, mientras que la autoridad tampoco ha dado muestras de acabar en definitiva con tantas formas de corrupción.

¿Dónde está la readaptación que tanto pregona como su meta el sistema carcelario mexicano?

(*) Claudia Bolaños es reportera y cubre temas del sector Justicia y del sistema penitenciario de la ciudad de México, así como de derechos humanos.

República Dominicana: Someten a la justicia a matador de recluso

2009-05-25T07:25:00.000-07:00

Diario DigitalRD.Com
SANTO DOMINGO, 22 DE MAYO 2009.-

El sometimiento a la Justicia del oficial que mato a Rolando Florian Feliz y al coronel de mando en el momento del hecho fue sugerido por la comisión encabezada por el Fiscal del Distrito Nacional.

Florián Féliz era señalado como el narcotraficante más grande que había en el país, antes de que surgiera el caso del ex capitán Quirino Ernesto Paulino Castillo.

La comisión también recomendó sanciones para el personal policial de puesto en la Cárcel Modelo de Najayo, donde guardan prisión potentados de la sociedad dominicana condenados por la quiebra de importantes bancos comerciales.

La comisión anunció el sometimiento a la justicia del capitán Lino de Oca Jiménez y el teniente coronel José Antonio Pulinario Rodríguez, a los fines de que sean los tribunales los que determinen su responsabilidad penal por la muerte del recluso.

La comisión destituyó al alcaide de la cárcel de Najayo, general retirado, Garibaldi Castellano, y ordenó trasladar a todo el personal civil y policial que desempeña labores penitenciarias en dicho recinto. Estos no deben ser designados en ningún otro centro penitenciario del país.

De inmediato se informo que el informe y sus recomendaciones fueron acogidos en su totalidad por el Procurador General de la República, Radhamés Jiménez Peña, el jefe de la Policía Nacional, mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín y el Director General de Prisiones, General Manuel de Jesús Pérez Sánchez.

Además del Fiscal del Distrito Nacional, Alejandro Moscoso Segarra, integraban la comisión el procurador adjunto Ramón Arístides Madera, el general Castro Castillo, director de Asuntos Internos de la Policía Nacional, y Henry Garrido, sub director de Prisiones.

En las recomendaciones se plantea retirar forzosamente de la filas de la policiales al coronel Rafael Antonio Peña García, comandante de la Cárcel Modelo de Najayo y el teniente coronel José Antonio Pulinario Rodríguez, sub comandante y oficial ejecutivo del recinto carcelario.

Se recomienda aplicar sanciones disciplinarias al teniente coronel Julio Cesar de los Santos Lorenzo, al capitán Antonio Faña Lara, al primer teniente ingeniero José Lavur Beras, el sargento mayor Manuel Peñaló Santana, al sargento mayor Manuel Pinales Santana, y al sargento Leonardo Bidó Alcántara.

El fiscal Moscoso Segarra, quien sirvió de vocero de la comisión, recomendó tomar medidas urgentes en la cárcel de Najayo hombres, que garanticen la prevención de situaciones como la investigada, la cual implica reevaluar la línea de mando jerárquico, así como definir de manera precisa los niveles de autoridad en los centros penitenciarios.

Otras medidas es la de iniciar a través de la Procuraduría General de Niños, Niñas y adolescentes una investigación exhaustiva sobre la entrada de menores de edad a las celdas con propósitos sociales.

También recomienda establecer un sistema de controles, capaz de detectar las faltas cometidas por las autoridades penitenciarias, sea esta policial o militar, así como un sistema eficiente de sanciones que vele por el cumplimiento de las normas penitenciarias.