Costa Rica: Frente a la reforma que se anuncia de la ley de justicia penal juvenil

Reproduzco a continuación una CARTA ABIERTA publicada por DEFENSA DE NIÑAS/OS- INTERNACIONAL- DNI COSTA RICA, como respuesta a una materia periodística publicada recientemente por el diario EXTRA en la que se informaba sobre una reforma a la ley de justicia penal juvenil en este país.

La carta ya ha generado sus primeros frutos. Próximamente se llevará a cabo una reunión con todos los actores involucrados.


¿REFORMAR LA LEY DE JUSTICIA PENAL JUVENIL?


La Ley de Justicia Penal Juvenil de Costa Rica contempla los extremos más altos de privación de libertad en Latinoamérica. Para edades entre 12 y 15 años se puede imponer una sanción privativa de libertad hasta 10 años. Para edades entre los 15 y los 18 años, la sanción de privación de libertad puede llegar hasta 15 años. Las sanciones no privativas de libertad (Sanciones Socioeducativas) implican procesos sancionatorios y educativos que pueden extenderse hasta por 5 años.


Para una persona adolescente, dadas sus particulares circunstancias de encontrarse en proceso de crecimiento y formación, la prisión en tales dimensiones se vive en realidad como si fuera una cadena perpetua, quedando así desvirtuados los propósitos de reintegración social y familiar.


Si la reforma que se anuncia en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa, apunta en esta dirección, es decir, a elevar en años la privación de libertad o recortar las garantías, se transitará nuevamente por el camino equivocado, al pretender con más sistema penal, hacer frente a los delitos cometidos por personas menores de edad.


El problema que tenemos en Costa Rica con los delitos y la violencia en la que se ven envueltas personas menores de edad como actoras, no obedece a que se tenga una Ley débil o alcahueta con el delito, el problema es que la Prevención del Delito y la Violencia se nos están quedando en discursos sin la suficiente voluntad política que conduzca a una Política General de Justicia Penal Juvenil, articulada a una real Política Social, que genere las oportunidades en materia Económica, Social y Cultural, para que los niños, niñas y adolescentes ejerzan todos sus derechos humanos.


Se estigmatiza y criminaliza constantemente a las personas adolescentes y jóvenes, se les muestra como algo peligroso, se les quiere adjudicar fenómenos de los cuales no son causa; según lo registran las estadísticas del Departamento de Planificación del Poder Judicial y de la Fiscalía Penal Juvenil[1], lo real es que las cifras sobre criminalidad asociada a las personas menores de edad no han crecido de manera significativa; en el año 2003 ingresaron 11.304 causas a las fiscalías penales juveniles, en el 2007: 9.921 y en el 2008: 11.789, se observa entonces que a pesar del aumento de la población de Costa Rica, la cifra de 2003 y 2008 es similar; por parte de los juzgados penales juveniles en el 2003 hubo 280 sentencias condenatorias, éstas en el 2007 llegan a 231 y en el 2008 a 139[2]; hay que reconocer si, que ha crecido la intensidad y complejidad de la violencia con que se cometen algunos delitos como los homicidios, y esto tiene que ver especialmente con el tráfico y proliferación de armas de fuego, con el narcotráfico en gran escala, la delincuencia organizada (incluida la de cuello blanco) y el crecimiento de la inequidad social (GINI).

El programa “Avancemos” y la apertura del Centro para el Tratamiento de las Adicciones, como parte de las acciones que desarrolla el actual gobierno, partieron de reconocer la necesidad de actuar sobre las vulnerabilidades sociales que subyacen a la población adolescente que entra en conflicto con la Ley penal. Pero es necesario avanzar hasta un punto tal en que estas acciones hagan parte de una política de Estado, sosteniendo tal política en el tiempo, a partir de una reforma tributaria progresiva que permita financiar la política social: en la cual se cumpla con elevar al 8% el presupuesto para Educación y rehabilitar las zonas urbanomarginales, incentivar el empleo y la seguridad social.

La Comisión de Seguridad Ciudadana que ha dado muestras de interés en acertar a la hora de legislar en materia de Seguridad, no puede equivocarse, el camino represivo y violento transitado por los gobiernos del triángulo norte de Centroamérica es catastrófico, con sus leyes antimaras, tolerancia cero, plan escoba, mano dura y supermano dura, no han hecho más que lanzarle combustible al fuego, han pretendido resolver los problemas sociales con más sistema penal y el resultado está a la vista: la problemática de maras y pandillas no solo existe en dichos paises, sino que ha alcanzado mayores grados de complejidad y clandestinidad.

En el I Foro sobre Justicia Penal Juvenil realizado en Tegucigalpa, Honduras el 21 y 22 de noviembre de 2008 convocado por SICA-USAID, el representante del gobierno de Honduras denunció que en su país todas estas políticas contra las maras y pandillas, se usaron como distracción para no enfrentar al Narcotráfico y la Criminalidad Organizada.

En Costa Rica la Ley de Justicia Penal Juvenil fue complementada por la Ley de Ejecución de las Sanciones Penales Juveniles; poniendo en desarrollo los programas y la especialización del sistema de Justicia Penal Juvenil que esta legislación contempla, se puede avanzar significativamente en la respuesta que debe dársele al Delito y la Violencia. Pero la Prevención de la Violencia y el delito es una gran empresa que trasciende los mecanismos disponibles en el Sistema Penal y la Ejecución de las Sanciones, es una gran responsabilidad Estatal que se tiene que asumir desde la Política Social.

Desde Defensa de Niños y Niñas Internacional - DNI-Costa Rica, convocamos e invitamos a todos los sectores comprometidos con la Seguridad Humana, el Desarrollo Económico con equidad social y la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, a que participemos en esta discusión que se inicia en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Asamblea Legislativa, la que traerá efectos lamentables en la vida de nuestros niños, niñas y adolescentes, si la reforma solo propone más sistema penal y no política social y oportunidades para el disfrute de los Derechos Económicos y Sociales.


Centroamérica: Extremos máximos de Privación de Libertad en la Justicia Penal Juvenil.


Extremos máximos de la Sanción y/o “Medida” de Privación de Libertad


El Salvador

5 años para edades entre 12 y 16
7 años para edades entre 16 y 18

Guatemala

2 años para edades de 13 hasta 15
6 años para edades de 15 hasta 18

Honduras

8 años

Panamá

12 años para homicidio agravado


Nicaragua

6 años para lista taxativa de delitos[3]

Costa Rica

10 años para edades entre 12 hasta 15
15 años para edades entre 15 hasta 18

Fuente: Elaboración DNI-CR con la legislación de la Subregión


Para mayor información puede contactar al Programa Justicia Penal y Seguridad Juvenil, a Jorge Conte programajusticia@dnicostarica.org y Dario Gómez migrantes@dnicostarica.org o a los números telefónos 2236-9134 / 2297-2880 / 2297-2885




[1] Ver anuarios estadísticos del Departamento de Planificación del Poder judicial y la Memoria del Ministerio Público del 2008, www. poderjudical.go.cr







[3] La Lista taxativa de 13 delitos por los que se puede imponer la privación de libertad, va desde el asesinato atroz hasta el envenenamiento o adulteración de agua potable, bebidas, comestibles o sustancias medicinales.