Por Agencia EFE – 10/07/2009
Chicago, 10 jul (EFE).- Ante la difícil situación fiscal que atraviesa Illinois y la falta de un acuerdo con los legisladores, el gobernador ha anunciado una serie de medidas drásticas que incluyen la liberación de miles de reos, lo que ha levantado la polémica en el estado.
El gobernador demócrata Patrick Quinn, quien está enfrentado a la Asamblea Legislativa por la aprobación del presupuesto y las formas de cubrir un déficit de 9.200 millones de dólares, anunció una serie de "opciones difíciles" para solucionar la crisis.
Además de recortar fondos a servicios y programas sociales que benefician a familias inmigrantes, Quinn anunció 2.600 despidos de funcionarios estatales, de los cuales 1.000 pertenecen al sistema penitenciario de Illinois que perderá recursos por 125 millones de dólares.
Para que ocurra la reducción del personal carcelario, dijo el gobernador, primero tendría que dejar en libertad a unos 11.000 de los 45.500 reclusos alojados actualmente en el sistema penitenciario estatal.
La lista de posibles liberados incluiría a quienes cumplen el último año de sus sentencias, sin contar los convictos por homicidio en primer grado, crímenes sexuales y conspiración para traficar drogas y armas.
Con esta medida, el estado ahorraría 125 millones de dólares, ya que se gastan en promedio 23.000 dólares anuales en el alojamiento de cada prisionero.
Aunque un vocero del gobernador aclaró que "nada es definitivo, todo está a estudio", las reacciones contrarias no se hicieron esperar.
Anders Lindall, vocero del sindicato que representa a los guardias penitenciarios, dijo que el plan de Quinn es "temerario" y socava la seguridad pública, porque las prisiones quedarían sin la custodia adecuada.
"Se pueden revisar sentencias y los programas de rehabilitación, pero nunca actuar bajo la presión del recorte de presupuesto porque pueden aumentar los riesgos en las prisiones estatales y las comunidades que las rodean", dijo al Chicago Tribune.
Quinn respondió que medidas similares han sido adoptadas por otros estados, y afirmó que "en caso de concretarse", se haría bajo condiciones estrictas.
Por su parte, el representante estatal republicano Jim Durkin dijo que "no deberíamos premiar el mal comportamiento como forma de convencer a los legisladores a votar un aumento de impuestos".
Durkin está preocupado además por los despidos porque en muchas ciudades de Illinois, la prisión local es el principal empleador.
Otros legisladores opinaron que ésta sería la última de una serie de "amenazas vacías" del gobernador para obligarlos a votar un incremento en el impuesto al ingreso personal para cubrir el déficit, lo que ha sido negado por la Asamblea en varias instancias.
Sin embargo, la oficina del gobernador dijo que los recortes y despidos ocurrirán aunque Quinn logre el aumento impositivo buscado.
Inclusive, a los 2.600 despidos generales anunciados podrían sumarse otros 2.500 para reducir la plantilla actual de 58.000 funcionarios estatales.
El gobernador vetó esta semana un presupuesto provisional votado por la Asamblea antes del receso, por considerarlo desbalanceado.
Con ese presupuesto el gobierno estatal continuaría funcionando unos meses a la espera de la solución final de los legisladores, que volverán a reunirse la próxima semana para discutir el tema.
Daysi Funes, directora ejecutiva del Centro Romero que atiende a inmigrantes salvadoreños en el norte de Chicago, dijo que se ha creado un caos entre las organizaciones por los rumores sobre quiénes serán los más afectados por los recortes.
El centro encabeza una campaña de llamadas telefónicas de la comunidad hispana a los legisladores para pedirles la aprobación del presupuesto. EFE
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