Uruguay: sobrepoblación y muerte en centro penal COMCAR

Tensión en Comcar tras la tragedia

EDUARDO BARRENECHE (www.elpais.com.uy)

Se trata del peor episodio ocurrido en las cárceles uruguayas. Cinco presos murieron al incendiarse una celda del Comcar. El incidente generó ayer un clima de tensión en dicho penal.
"Se preocupan de que todas las visitas tengan tapabocas, pero adentro dejan achicharrarse a los reclusos", protestó ayer una anciana durante la visita de familiares a los presos del Comcar.
La frase reflejaba la indignación de gran parte de los familiares por la muerte de los encarcelados. Los guardias recomendaban a los familiares que se retiraran lo antes posible ante la eventualidad de que la tensión reinante en el penal derivara en un motín.

Entre las 21.30 y las 22 horas del lunes 24, un griterío sacudió la modorra de los tres o cuatro policías que se encontraban de guardia en el Sector Boxes ubicado en la entrada del Módulo VI del Comcar.
El incendio se desató en una celda de cuatro por tres metros ocupada por cinco reclusos. Tres de ellos se encontraban allí esperando un traslado al Penal de Libertad. Habían protagonizado un incidente con otros presos el fin de semana pasado. Los otros dos encarcelados habían solicitado su traslado al Penal de Libertad porque tuvieron problemas de convivencia con otros presos, según afirmaron a El País fuentes carcelarias. Estos carecían de observaciones por problemas de conducta, lo que llamó la atención a las autoridades penitenciarias. Es que las condiciones de internación del Penal de Libertad son más rigurosas que las del Comcar.

RECHAZO
Los reclusos fallecidos en el incendio fueron Jorge Peñaloza (23), Romeo Garín (28), Adrián Salaberry (27), Christian Alemán (30) y Robert Correa (28). Los cinco habían sido remitidos por rapiñas y hurtos.
En el Sector Boxes se alojan presos sancionados o en tránsito hacia otras cárceles. La mayoría de las veces tienen como destino el Penal de Libertad, un lugar usado por las autoridades penitenciarias para derivar a internos considerados conflictivos.
En el Penal de Libertad -la única cárcel de máxima seguridad existente en el país- el encierro es casi total. Allí los presos no deambulan durante varias horas por "la planchada" -pasillo que une el celdario en el Comcar- sino que permanecen gran parte del día dentro de sus celdas.
Los calabozos del Sector Boxes son similares a los que se ven en las películas: rejas frontales y los laterales y fondo fueron construidos de material.
Una de las hipótesis manejadas ayer por la Policía es que uno o dos presos sancionados iniciaron la protesta o llamado de atención porque reclamaban una mayor rapidez en el traslado. Doblaron un colchón y lo prendieron fuego. Luego intentaron pasarlo a través de la reja. Este se hinchó y cayó encendido dentro de la celda sobre otros colchones. El fuego se extendió. Las llamas llegaban hasta el sector superior, tal su intensidad. Según fuentes policiales, este tipo de protestas son comunes en las cárceles. Generalmente el colchón cae en el pasillo, genera un foco ígneo y luego corren los policías a apagarlo. Al otro día, como sanción, los presos revoltosos son trasladados.
Al escuchar el griterío, los policías abandonaron la Guardia ubicada en la puerta del Módulo VI y corrieron hacia el Sector Boxes. Se encontraban a siete metros del lugar. Debieron cruzar dos portones con cerrojos hasta llegar al celdario.
Al llegar al lugar, los policías constataron que estaba a oscuras. El sistema eléctrico había colapsado por las llamas. Debieron regresar a la Guardia a buscar linternas y elementos para cubrirse el rostro para enfrentar el humo y el calor. Dos guardias sufrieron intoxicaciones.
En una primera instancia, los guardias abrieron la puerta de las celdas contiguas a la incendiada y evacuaron 14 reclusos. Luego munidos de cinco extintores apagaron el fuego de la celda desde el pasillo.
El calor había dañado la cerradura de la puerta y destruido los vidrios del pasillo. Ello obligó a los policías a retornar por segunda vez a la Guardia para buscar herramientas para romper la puerta.
De adentro de la celda sacaron a un recluso que estaba cerca de la puerta. Su cuerpo sin vida quedó en el pasillo. Los otros cuatro perecieron por asfixia dentro de la celda. El fuego carbonizó sus cuerpos.
Según fuentes médicas, lo máximo que resiste una persona en un escenario similar al vivido por los reclusos son seis minutos.
"Los productos de la combustión que generan elementos tóxicos son el óxido y el monóxido de carbono. En este caso en particular, los colchones, además producen cianuro, un elemento tóxico que en un corto período determina una intoxicación fulminante", dijo el director de Bomberos, Raúl Perdomo. Agregó que su experiencia como bombero dice que, en estas circunstancias, "un 75% de las personas que mueren en el incendio es como consecuencia de los productos de la combustión; sólo 25% por efecto directo del fuego".

AJUSTE.
En la mañana de hoy, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé presentará un informe al Parlamento sobre lo sucedido en el Comcar.
El lunes 24, Garcé arribó a ese penal poco después de la muerte de los presos. Al mediodía de ayer, regresó al Comcar para dialogar con autoridades del penal.
"Vi la escena tal como estaba. Observé a un cuerpo sin vida en el corredor y cuatro cuerpos calcinados dentro de la tercer celda del Sector Boxes", indicó.
Consultado sobre si el incidente podría haber sido el resultado de un ajuste de cuentas entre los reclusos, Garcé desestimó esa versión.
"A mi juicio es muy difícil que haya sido un problema entre presos", señaló el comisionado.
Por su parte el director de Cárceles, Horacio Zaugg afirmó que todas las celdas del Sector Boxes "estaban trancadas" antes del incendio. De esta forma, el jerarca policial descartó cualquier posibilidad de que el foco ígneo se hubiera originado fuera de la celda y luego propagado dentro de la misma.
El juez penal Luis Charles no encontró elementos o pruebas que vinculen el episodio como una venganza entre presos.

GRAVEDAD.
En la mañana de ayer, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Jorge Bruni calificó de "desgraciado suceso" las muertes de los cinco encarcelados.
Por su parte Zaugg señaló que, además de la instancia judicial, se está realizando en el Comcar una investigación interna para tener más detalles de lo ocurrido en el Sector Boxes.
La demora en abrir la puerta de la celda fue reconocida por el director interino de la Policía Nacional y titular de Bomberos, Raúl Perdomo. Una cárcel, agregó, es un edificio particular muy diferente de un edificio de apartamentos o un liceo.
"En un penal el componente de la seguridad es importante. Hay que abrir portones y rejas. Ante una situación como un incendio, ello conspira con la velocidad de evacuación", dijo a El País el director de Bomberos.
Según Perdomo, los policías debieron abrir puertas y celdarios porque, de otra forma, los reclusos "no tienen posibilidades" de autoevacuación.

Familiares de presos muertos criticaron reacción de la guardia
Ayer (27/08/09), a unos 20 metros de la entrada del penal de Santiago Vázquez (Comcar), tres familiares de uno de los reclusos fallecidos en el incidente del lunes 24 se quejaban de la presunta omisión policial en abrir la puerta de la celda. "La guardia los dejó morir, porque estaban haciendo una protesta. Acá lo sabe todo el mundo", afirmó uno de ellos.
El padre de uno de los reclusos fallecido responsabilizó a las autoridades que custodiaban el módulo y afirmó que llegará a las últimas consecuencias, según consignó ayer radio El Espectador.
La esposa de otro de los fallecidos dijo que no había podido reconocer a su marido. "Vine a buscar los papeles para tramitar su entierro, porque está calcinado. No lo puedo reconocer; tengo que ir a la morgue a levantar el cuerpo", dijo.
Ayer el malestar era generalizado en el Comcar. Varios presos señalaron a El País que los guardias demoraron en brindar asistencia y agregaron que los pedidos de auxilio no son atendidos con celeridad. También se quejaron del hacinamiento en que se encuentran alojados donde, en piezas de tres por tres metros, conviven nueve internos.
Las críticas de los presos también apuntan a la calidad de la alimentación del "rancho". "Casi nunca vemos algo de carne. Pero los guardias comen asados casi diariamente", se quejó un interno.
Los policías a su vez se quejan de los horarios extendidos y el elevado estrés generado por la convivencia con reclusos. También señalan que el régimen laboral -una semana de trabajo por otra de asueto- afecta sus relaciones familiares.

Los hitos del INCENDIO

Los fallecidos
Los reclusos que perecieron en el incendio en el Sector Boxes fueron Jorge Peñaloza (23), Romeo Garín (28), Adrián Salaberry (27), Christian Alemán (30) y Robert Correa (28).

Por qué estaban allí
Tres de los cinco reclusos muertos se encontraban sancionados en el Sector Boxes por un incidente. Los otros dos pidieron su traslado al Penal de Libertad por problemas de convivencia.

Reacción oficial
El ministro del Interior calificó de "desgraciado" el episodio ocurrido en el Comcar. La Dirección Nacional de Cárceles inició una investigación interna para dilucidar si los guardias actuaron en forma rápida o no.

Informe al Parlamento
El comisionado parlamentario descartó que el incidente haya sido el resultado de un ajuste de cuentas entre presos. Hoy presentará un informe sobre el hecho fatídico al Parlamento.

La resolución judicial
A pedido de la fiscal Dora Domenech, el juez Luis Charles archivó el expediente que indagó los hechos. Concluyeron que no hubo omisión de los guardiacárceles, ya que intentaron socorrer a los reclusos.

Comcar: la cárcel más hacinada
El Comcar cuenta con 3.000 reclusos, siendo que su capacidad original es de 1.624 plazas, lo que lo transforma en el centro penitenciario más superpoblado de todo el país. El hacinamiento en el centro es del 70%, según lo estableció el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé en su último informe elaborado en el pasado mes de abril. Si bien en los últimos meses el Ministerio del Interior habilitó 750 nuevos cupos -lo que permitió un leve descongestionamiento- esa cantidad se tornó insuficiente en poco tiempo debido a que mensualmente el Comcar suma un promedio de 70 nuevos reclusos, en virtud de que el Penal de Libertad también está "topeado" y prácticamente no puede recibir internos, según indicó en los últimos días el Círculo Penitenciario, asociación que reúne a la gran mayoría de los guardiacárceles de todo el país. A fines del pasado mes de marzo, durante una visita a Uruguay, el relator de Derechos Humanos de la ONU, Manfred Nowak, cuestionó duramente las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios uruguayos. En particular, sostuvo que el Penal de Libertad es una de las peores cárceles que visitó en el mundo. En relación al Comcar, el experto internacional dijo que si bien la situación no es tan dramática, existen algunos módulos donde es igual a Libertad, y puso como ejemplo el módulo 2, en el que fueron alojados más de mil presos cuando su capacidad es para 120.


"El Comcar es un pequeño pueblo, pero en condiciones terribles"
Alejandro Mendieta (amendieta@elpais.com.uy)

En un día de visitas, cerca de 4.000 personas se congregan en el predio que ocupa el Complejo Carcelario Santiago Vázquez. "Esto es igual a la población que tienen algunos pequeños pueblos del interior, pero en condiciones terribles", dijo el senador blanco Carlos Moreira.
Esto es porque esa masa de personas vive en medio de un peligroso hacinamiento, sin habilitación de Bomberos y sin un protocolo de evacuación ante una emergencia, agregó el legislador a EL PAÍS digital.
La tragedia ocurrida a principios de semana, donde cinco reclusos perdieron la vida tras incendiar un colchón en la celda donde estaban recluidos, reavivó la polémica sobre el caos que reina en el Comcar.
Además, los informes presentados ante el Parlamento por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé y las autoridades del Ministerio del Interior mantienen claras discrepancias que, dijo Moreira, merecen ser investigadas.

El ministro Jorge Bruni dijo ayer ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario que todavía estaba en proceso una investigación administrativa y aclaró que en los testimonios recogidos durante la pericia policial, no había testimonio alguno que denunciara la falla de un extintor.
Pero Garcé afirma que algunos testigos le informaron que los guardias habían demorado y que el primer extintor utilizado no funcionó. "Hay discrepancias en los testimonios. Quedan dudas y hay que seguir profundizando la investigación", dijo Moreira, quien quedó con la impresión de que el ministerio no tenía la intención de averiguar cosas que pudiesen contradecir lo que ellos dijeron.

HABILITACIÓN.
La polémica también está en que una dependencia estatal de alto riesgo como es una cárcel no cuente con una habilitación de Bomberos. Moreira se preguntó cuándo había sido la última vez que se habían revisado los extintores, ya que no había coordinación alguna para una emergencia.

El legislador dijo que esto no es una luz amarilla, sino ya roja, que alerta sobre la necesidad de tomar medidas sobre una inmensa población que convive con la droga y el hacinamiento.
"Ojala nunca vuelva a pasar. Pero se encierran siete o diez personas en un lugar que es para uno. Falta que alguien se vuelva loco, prenda fuego un colchón y mate a todos los que están con el. El tema del hacinamiento tiene mucho que ver con esto", puntualizó Moreira.
Otro problema es la falta de criterio a la hora de mezclar a la población reclusa. En ese bloque de celdas, que tampoco contaba con un baño, Moreira afirmó que había presos que estaban procesados por cometer rapiñas con otros que lo estaban por hurto.
El director de cárceles, Horacio Zaugg, respondió ante la comisión que a cada preso se le pregunta si no tiene problemas en compartir una celda con tal o cual persona.
Para Moreira esta metodología no es una verdadera clasificación y que tampoco se recomienda en ningún manual internacional. "Eso es un gran caos. Yo me imagino que el director hace lo que puede, pero es una situación muy compleja, casi imposible", opinó.
El camino parlamentario será esperar un poco por el avance de las investigaciones que siguen en curso. Moreira pedirá, además, que se habilite la comparecencia de Garcé para que pueda ampliar sobre lo presentado en su informe y enfrentarlo a las contradicciones que se generaron tras la reunión con el ministro Bruni.

EL SALVADOR: Bloqueo de teléfonos celulares en centros penales

www.laprensagrafica.com
Escrito por Karla Ramos
Jueves, 20 agosto 2009

Negocian con telefónicas bloqueo señal en penales
El presidente Funes afirma que buscará, en su visita a Brasil, asesoría en este tema.

El presidente de la República, Mauricio Funes, confirmó ayer que siguen negociando con las empresas de telefonía en el país la instalación de un "sofisticado" sistema de bloqueo de señal de celulares en los centros penitenciarios, como medida para contener la realización de homicidios y extorsiones que se ordenan desde allí.

Hasta el momento, explicó el mandatario, una de las complicaciones identificadas es la ubicación de los centros penitenciarios, ya que al estar en zonas urbanas, la medida podría afectar a las familias que viven en los alrededores. "¿Qué pasa si bloqueamos la salida y entrada de la señal en esas zonas? Habrá vecinos que se quejarán por su señal, entonces tenemos que definir un mecanismo más sofisticado que nos permite hacer frente a esto", dijo. En ese sentido, además de la negociación con las empresas, el Gobierno buscará la asesoría de Brasil en este tema.

El 8 de septiembre, el mandatario tiene prevista una visita a ese país suramericano, y un punto de la agenda es abordar el tema del bloqueo de señales de celulares, ya que Brasil "ha sido exitoso en ese sentido, en bloqueo de celulares y eso permite reducir la delincuencia", explicó.

También agregó que han pedido a las empresas que les permitan acceso a los registros de los teléfonos prepago que han sido identificados en denuncias de extorsión para identificar a responsables y bloquearlos. Este punto también se ha discutido en la Asamblea Legislativa, donde se ha pedido una reforma al Código Penal en este sentido.

El mandatario dijo que estas medidas forman parte de la negociación que se sostuvo con la Dirección de Centros Penales y con las autoridades de Justicia y Seguridad, en las que se pidió no flexibilizar las medidas de seguridad en las 19 cárceles que existen en el país ante el incremento de las extorsiones.

"Obviamente ha habido necesidad de no llevar a cabo algunas medidas para no enviar el mensaje de que estamos siendo sumamente tolerantes con la delincuencia", reconoció el mandatario, quien precisamente el pasado 13 de agosto le había hecho la solicitud a Centros Penales de no descuidar el control del delito. Una semana después, el director Douglas Moreno anunció que daba marcha atrás con la flexibilización de algunas medidas hasta no contar con el equipo y la tecnología apropiada para la revisión de las visitas a los detenidos.

Los últimos datos presentados por la Fiscalía afirman que, en los primeros siete meses del año, las denuncias de extorsiones ordenadas desde las cárceles crecieron en un 147%, y llegaron a más de 1,300. Además, se ha verificado que el 84% de las extorsiones que solo han recibido una llamada ha salido desde las cárceles.

Estados Unidos ya ofreció al Gobierno salvadoreño apoyo para combatir este delito, y solo en el Plan Mérida hay $850,000 destinados a reforzar las medidas de seguridad en los centros penales.

Otra herramienta que está en proceso es la creación de una ley de escuchas telefónicas, pero esto va a un paso más lento.

ECUADOR: Plan permite estudiar a 1.500 presos

El Telégrafo 17 de agosto del 2009.



Los adolescentes en conflicto con la ley y aislados en los CAI serán los principales beneficiados con este proyecto.
Mediante elservicio de Internet los reos pueden recibir cursos de formación a distancia


Al menos 60 centros de rehabilitación social del país (instituciones carcelarias y de atención de adolescentes infractores) tendrán el servicio de Internet, lo cual permitirá que cientos de internos culminen los estudios de bachillerato en la modalidad a distancia.

Esta iniciativa, informó Fabián Sáenz, director del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fodetel), parte de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), se inició el 31 de julio, a través de un convenio tripartito entre el organismo estatal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).

El proyecto de conectividad, según el funcionario, estará totalmente implementado a finales de 2010 y también contempla la posibilidad de que las universidades dicten talleres prácticos y tutorías sobre el uso de la tecnología y el desarrollo de oficios o artes.

Sáenz explicó que la educación a distancia, a través de Internet, será uno de los mayores beneficios para las personas que permanecen recluidas en estos lugares.

Asimismo, indicó que el convenio viabiliza que el Fodetel administre las señales y facilite el acceso por Internet a todos los equipos de información en los centros.

Ximena Costales, subsecretaria de Rehabilitación Social, explicó que los menores en conflictos con la ley, aislados en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) tendrán acceso a las tutorías, por medio de un programa denominado “Voluntad”, impulsado por el Ministerio de Educación y la Fundación Virtual Iberoamericana (Fuvia).

Esta entidad, desde el 2002, presta servicios en el país, a través del asesoramiento, promoción y desarrollo de proyectos de educación en Línea (e-Learning), desarrollado en servicios web. Además, ofrece alojamiento de cursos en línea en su plataforma educativa de aula virtual.

Costales informó que hasta el momento 1.500 personas privadas de libertad (PPL) de los centros de rehabilitación se han inscrito en los cursos, ya sea de alfabetización, primaria o ciclo básico.

Paralelamente, el Ministerio de Educación, como miembro del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, impulsa un programa de tutorías, en el que los instructores acuden a los centros para, junto con los internos, realizar un seguimiento de los estudios personalizados, ya que, indicó Costales, los casos en los PPL son muy heterogéneos.

“Algunos de ellos están por poco tiempo, hay de diferentes edades y con diversos niveles de escolaridad, y por esa complejidad se ha definido hacer el trabajo semipresencial”, explicó la funcionaria.

Romeo Silva, principal de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, dijo que los recursos para realizar el proyecto provienen del ministerio correspondiente, es decir, cada Secretaría tiene su responsabilidad, ya sea el área de Salud, Trabajo, Educación, en una perspectiva en la que el Estado está actuando por primera vez en esos espacios.

Néstor Arbito, ministro de Justicia y Derechos Humanos, manifestó que con la intención de modificar o reforzar el proyecto, se lo revisará con los representantes del recientemente creado Ministerio de Telecomunicaciones.

Sin embargo, señaló que actualmente se lo ejecuta, a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), entidad estatal.

La idea, según Arbito, es mejorar el convenio y subirlo de nivel ministerial, por lo que en los próximos días conversará con Jorge Glass, titular de la Secretaría de Telecomunicaciones.

“Una vez que se tenga habilitado el enlace de Internet su uso será tanto interno como externo, es decir público y privado, se complementará con la educación primaria, secundaria y universitaria técnica a distancia”, informó Arbito.
Sistema enlazará a penitenciarías
Ximena Costales, subsecretaria de Rehabilitación Social, informó que se implementa a nivel nacional el Sistema de Información General Penitenciaria (Sigpen), con el propósito de que, a través de los datos que ingresen diariamente de los departamentos técnicos de las cárceles, se tenga una veeduría y un control directo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La funcionaria explicó que el Sigpen funciona en una plataforma informática operativa en Internet, en la que se tiene la información inherente a los internos y al área administrativa de los 36 reclusorios del país.

El sistema informático comenzó a funcionar en Azogues, en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Quito, El Inca; en Esmeraldas y en Latacunga.

Costales agregó que en Santo Domingo de los Tsáchilas existe un enlace de datos y en Archidona (provincia de Napo) está instalado el cable estructurado, pero aún no hay señal.

El sistema, explicó Costales, no solo es de uso administrativo sino también orientador, ya que con él se pueden fijar políticas específicas para algunos temas.

Además, se conocerá el número de enfermos y discapacitados, internos en prelibertad, la descripción de sus capacidades laborales y habilidades o destrezas que tengan las personas, etc.

MEXICO - Prisión preventiva: un lastre social

Domingo 9 de Agosto de 2009
Kutzi Hernández/El Diario NTR


En medio de un ambiente donde la inseguridad pública va en aumento y el crimen organizado ha ido ganando terreno en el control de los centros penitenciarios, la prisión preventiva es una de las medidas en que más se apoyan las políticas criminológicas en México.

Sin embargo, la prisión preventiva se ha convertido en una carga para la sociedad, pues además de que no ha ayudado a que se cometan menos delitos, representa altos costos sociales y económicos. En la actualidad, el 42% de los reclusos en el país se encuentran en prisión preventiva, es decir: no han sido declarados culpables o inocentes, por lo que no han recibido una sentencia.

En este sentido, a nivel mundial, México ocupa el sitio número 15 entre los países con mayor población penitenciaria preventiva (la lista es de 160 países). El abuso en esta medida ocasiona sobrepoblación penitenciaria, hacinamiento, autogobierno (los reos imponen sus reglas), problemas de salud, entre otros.

Los estragos del cautiverio

La prisión preventiva consiste en retener al presunto responsable de un delito para evitar que se fugue, informa el especialista Uriel Márquez Valerio. En la cárcel, se pasa por diferentes etapas: indiciado (cuando la persona es señalada como responsable), procesado, acusado, sentenciado (cuando es absuelto o condenado) y reo.

Pueden pasar meses, incluso años, antes de que a una persona en este país le sea comprobada su inocencia y por lo tanto obtenga su libertad. Mientras tanto, no sólo ha perdido un valioso tiempo de su vida, sino que sus relaciones familiares y sociales se deterioran, su salud sufre mermas importantes y tendrá que sobrellevar el estigma social como consecuencia de haber pisado la cárcel.

Cabe considerar que a esa persona no sólo se le dificultará encontrar empleo, sino que durante el tiempo en que estuvo presa, dejó de percibir un salario y de gozar de los derechos civiles que le permiten cotizar ante el IMSS o el Infonavit. Pero esto es sólo la punta del iceberg, ya que paralelo a esto hay un daño psicológico, emocional y moral de dimensiones inciertas.

Además, la tasa de homicidios es cuatro veces mayor dentro de las cárceles que fuera de ellas, y la de suicidios, nueve veces más grande. Por otro lado, por cada seis meses en prisión, se pierden 17 días de expectativa de vida por prisionero, ahonda Guillermo Zepeda, investigador del Iteso, quien es autor de varias publicaciones sobre el tema.

Por si fuera poco, las familias de los detenidos en México dejan de percibir en promedio un millón 300 mil pesos anuales por concepto de sueldos que ya no puede devengar el reo. A esto se le suman los gastos que se generan durante el proceso, tanto para la familia como para el Estado.

De acuerdo con los registros proporcionados por Zepeda, en junio de 2009 había en México 225 mil personas en cautiverio, de las cuales, 92 mil se hallaban en prisión preventiva, es decir: el 42% de la población penitenciaria no había recibido sentencia. Los estados con índices más altos son Jalisco (57%) y Sonora (50%).

Este índice preocupa a los especialistas en el tema, particularmente a Zepeda, quien en su estudio “Mitos de la prisión preventiva” señala que la prisión preventiva contradice los principios constitucionales y del derecho internacional, y considera que es una medida exorbitada de la cual han abusado las autoridades mexicanas.

Entrevistado por NTR, Guillermo Zepeda informó que cada preso en este país representa un costo promedio de 130 pesos diarios, cifra que puede variar según la entidad, pues Aguascalientes gasta 180 pesos diarios por cada convicto.

Esconden datos en Zacatecas

De acuerdo con estimaciones del investigador, en el estado de Zacatecas se invierte 186 mil 550 pesos diarios en mantener a la población penitenciaria. La cifra ya incluye no sólo alimentos, ropa e insumos en general, sino también gastos en servicios, viáticos y sueldos del personal.

En abril de 2009 había en el estado de Zacatecas mil 475 reclusos, de los cuales 360 aún no habían sido sentenciados. Esto significa que 24% de la población penitenciaria en la entidad (es decir, uno de cada cuatro), se encuentra en prisión preventiva, lo cual está muy por debajo de la media nacional.

Zepeda consideró que las cifras en el caso Zacatecas son alentadoras, ya que en noviembre de 2008, el número de personas en prisión preventiva ascendía a 416, lo que significa que cinco meses después había 56 personas menos en esta situación.

Por otra parte, mencionó que hay en esta entidad 27.7 reclusos por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es de 90 reos en la misma proporción.

Aunque estos son datos halagüeños para Zacatecas, el gobierno del estado parece no entenderlo así, ya que a toda costa impidió que NTR Medios de Comunicación obtuviera estas cifras que son de interés público. En primera instancia acudimos a la Secretaría General, donde se nos dijo que ahí no contaban con indicadores sobre población penitenciaria, sino en la Dirección de Prevención y Readaptación Social.

En dicha dependencia, Ricardo García Rojas primero nos prometió entregarnos la información al día siguiente, pero luego nos dijo que era la Secretaría de Seguridad Pública —de la cual forma parte dicha dirección, de acuerdo con la nueva ley— la instancia competente.

Aunque anteriormente dicha secretaría se encontraba en las instalaciones del C-4, se nos informó que su nueva ubicación es la sede de la Policía Estatal Preventiva. De cualquier forma, en ambos domicilios nos negaron el acceso y la información requerida.

Comparativamente, fue más fácil para NTR contactar con Guillermo Zepeda, en el Iteso en Guadalajara, y con Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de la Institución Renace, en Monterrey, y obtener a través de ellos las cifras que aquí se presentan.

Esfuerzos humanitarios

La asociación Renace (www.renace.org.mx) se dedica específicamente a defender a personas inocentes que han sido encarceladas injustamente. Pocas son las instituciones en el país dedicadas a ello. La Fundación Telmex dedica parte de sus recursos a apoyar con fianzas a personas de escasos recursos; Pastoral Penitenciaria apoya a los familiares, al igual que Lomas Bizantinas, mientras que en el D. F., la asociación Reintegra defiende los derechos humanos de menores de edad.

Renace ha generado varios estudios sobre la prisión preventiva. A decir de su director general, las reformas al sistema penal han ayudado a disminuir la prisión preventiva, dado que permite salidas alternas en el caso de las personas acusadas por delitos menores.

Actualmente, Renace atiende a 250 personas en sus distintos programas, como atención jurídica, psicológica, fianzas, etc. Sus servicios son gratuitos y por ahora sólo se encuentran en el estado de Nuevo León, aunque a decir de Sánchez Bocanegra, la Barra Mexicana de Abogados está interesada en abrir de forma conjunta centros de atención en San Luis Potosí, Distrito Federal y Jalisco.

El error judicial, figura ausente

Para el jurista zacatecano Uriel Márquez Valerio, los altos índices de población preventiva en nuestro país “denotan la crisis tremenda que está sufriendo el sistema de justicia en nuestro país; desde luego, no nos debería sorprender si el sistema judicial o el sistema de impartición de justicia está en crisis, si distintos aspectos de la vida de nuestro país, están también en crisis”.

“La constitución señala un término máximo para la duración del proceso; no puede quedar al arbitrio de los jueces. Sin embargo, por las deficiencias que tiene el sistema judicial, frecuentemente —yo creo que es la regla general—, no se dictan las sentencias dentro del término legal”, advierte el abogado litigante.

Entre otras fallas del sistema, Márquez señala que “por otro lado, una vez que concluye el proceso, y si la persona que estuvo detenida todo ese tiempo es absuelta, no existe en nuestra Constitución ninguna consecuencia favorable al que estuvo detenido injustamente, y adversa a quien la tuvo detenida todo ese tiempo”.

“En España, por ejemplo, la constitución vigente establece que cuando existe error judicial, esto es, cuando por un error injustificable de un juez se mantiene a una persona indebidamente detenida, cuando esa persona es absuelta, tiene derecho a demandar al Estado por daños y perjucios; a su vez el Estado analiza la conducta del juez o de las autoridades durante el lapso del proceso, e independientemente de que indemnice al demandante injustamente detenido, le cobra al juez lo que le paga a la otra persona”.

Otra deficiencia del sistema penal que señala el universitario consiste en que en México no existe el error judicial. “Esto es doblemente injusto porque frecuentemente ni siquiera una disculpa le piden a la persona injustamente encarcelada. Yo creo que esto es más constante de lo que quisiéramos”.

Corrupción, otro factor en contra
“En lo particular le puedo contar uno de los últimos casos que llegué, de una persona que estuvo indebidamente por casi dos años, acusada de que vendía pastillas psicotrópicas, lo que no resultó cierto. La policía judicial federal inventó dos testigos que nunca existieron. Fue condenada en primera instancia, fue condenada en segunda instancia federal y sólo pudimos obtener su libertad hasta en el tribunal colegiado de circuito mediante un amparo, pero ya habían transcurrido casi dos años. Esta persona que tiene diabetes y obesidad, incrementó sus males en la cárcel.

“Para tener el caso más notorio, el de los presos de Acteal, la Suprema Corte reconoció que cuando menos en once casos de los 40 condenados, la Procuraduría General de la República había inventado pruebas. Esto es terrible”.

Añadió que lo anterior está conectado con otro problema: la falta de autonomía de los ministerios públicos, pues mientras sigan dependiendo de los poderes ejecutivos —federal o estatales—, “se va a seguir utilizando los procesos con frecuencia para encarcelar inocentes porque son adversos críticamente al sistema político o judicial”.

Un problema de carácter institucional que señala el especialista es “el hecho de que no existan jueces de condena, jueces que vigilen el cumplimiento de las sentencias. Está previsto en la constitución que exista este tipo de jueces, pero todavía, que yo sepa, no se ha implementado, y la Constitución está dando una vacacio legis, es decir, un lapso de ocho años para que se pueda implementar, entre otras, esta reforma”.

De acuerdo con Márquez Valerio, a los problemas institucionales se suman los de carácter técnico, además de que no puede faltar la presencia de la corrupción, aunque ésta es proporcionalmente menor respecto a los estragos de los errores judiciales, desde la percepción del jurista.

“La óptica de uno está limitada a su experiencia, pero yo he conocido solamente tres jueces corruptos. En realidad, muchas de las injusticias que se cometen son por error judicial, por descuido, por burocratismo”.

A esto cabría agregar un tercer problema, que la reciente reforma constitucional busca solucionar. Se trata del hecho de que “el ejecutivo federal o local tiene las dos pinzas de la justicia: la pinza del ministerio público mediante el cual consigna, y la pinza de la ejecución de las penas, mediante el cual vigila el cumplimiento de las sentencias de los jueces”, agregó el entrevistado.

El ciudadano y el enemigo: una visión discriminatoria

Sobre el caso de los 53 ex custodios que son procesados tras la fuga de reos del Cereso de Cieneguillas el pasado 16 de mayo, Márquez Valerio señaló en primer lugar: “yo no conozco en esencia las imputaciones que se les hace, pero yo lo que advierto es que estuvieron arraigados durante más de un mes en Zacatecas; que fueron trasladados para ser procesados en Nayarit”.

Citó un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, el cual “le da competencia a cualquier juez de cualquier lugar del país para conocer de un delito de carácter federal en contravención al principio de que el lugar rige el acto”. Explicó que “si aquí supuestamente cometieron el delito de evasión de presos o cualquier otro delito que se les impute, debieron haber sido juzgados aquí”.

Uriel Márquez consideró que “el hecho de que se les haya llevado allá, a pesar del acuerdo de la corte, que aparentemente legitima la competencia del juez de Nayarit, desde mi punto de vista viola, si no el texto, cuando menos sí el espíritu del artículo 18 constitucional, que señala en su penúltimo párrafo que los sentenciados —sentenciados, no procesados, subraya— podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, y esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada”.

Sobre éste último aspecto, el legista consideró que “a los mejor les están imputando también algún delito relacionado con delincuencia organizada, y esto nos lleva a otro problema, a lo que se ha dado en llamar el derecho penal del enemigo, esto es: hay dos derechos penales, el derecho penal para la gente común y corriente, y el derecho penal para el enemigo, que es la delincuencia organizada”.

Advirtió: “Yo no abogo por la delincuencia organizada; yo lo que critico es la falta de igualdad, independientemente de que sean más severas las penas para el caso de delincuencia organizada, pero son dos reglas para medir a los delincuentes”.

Estos conceptos, indicó Márquez Valerio, fueron acuñados “por un jurista alemán que todavía vive, Günther Jakobs, que está inspirado en la doctrina nazi concretamente de Carl Schmitt, un gran jurista alemán, un gran constitucionalista, pero que fue ideólogo de Hitler y esas son las consecuencias de tratar de adaptar doctrinas que son injustas, que violan los derechos humanos”.

“Aquí el problema está en la aparente disyuntiva entre derechos humanos y seguridad pública; bien aplicados los principios de ambas, no tienen por qué reñir; es cuestión de ponderarlos y de armonizarlos. Pero frecuentemente se dice por los enemigos de los derechos humanos que éstos violan la seguridad pública y que por eso hay tanta delincuencia”.

Finalmente, hizo hincapié en la ola de delincuencia como un fenómeno derivado del neoliberalismo; “a partir de la década de los 80 se disminuyeron los trabajos, se echó a mucha gente a la calle, al comercio informal. Yo no justifico a la delincuencia organizada, pero hay que ver cuáles son las causas reales de carácter social que motivan esta ola delictiva”.

URUGUAY: Centro Nacional de Rehabilitación Social (CNR)

Crio. (PE)(CP) Psic. Diana Noy López
SUB-DIRECTORA DE INTERVENCIONES TÉCNICAS

¿Qué es el CNR? El 31 de julio de 2002 se inauguró el Centro Nacional de Rehabilitación, concebido como una instancia de transición hacia el egreso, de preparación para la vida en libertad, enmarcado dentro del sistema progresivo de aplicación de la pena privativa de libertad, sus objetivos son:
- Disminuir la tasa de reincidencia
- Incrementar los recursos personales de los internos
- Reducir al máximo sus conductas negativas.
- Favorecer que los programas tengan continuidad y generalización en la comunidad
- Desarrollar una intervención educativa y prosocial en el más riguroso respeto de los Derechos Humanos de los involucrados.
¿A quiénes va dirigido? A jóvenes varones infractores de la Ley Penal, entre 18 y 34 años de edad. Provenientes del sistema penitenciario nacional. Mediante voluntariedad expresa de participar de un proceso de preselección e ingreso, diagnóstico y construcción del plan individual de trabajo.
¿Dónde está ubicado? El CNR funciona en las instalaciones del Ex Hospital Musto, ubicado en Cno. Carlos A. López s/n, entre Av. E. Garzón y Pororó.
El personal del Centro está constituido por técnicos, administrativos, personal de salud y de seguridad en tareas ejecutivas. Los cargos de dirección, técnicos y educadores, fueron provistos por concurso público en el año 2005 al pasar a depender del Ministerio del Interior.
Proceso de selección
El procedimiento consiste en algunas etapas: 1) se realiza una solicitud de ingreso; 2) se estudia la situación jurídica (no pueden quedarle más de 4 años de privación de libertad); 3) se le realiza una entrevista en el Establecimiento donde está alojado; 4) se evalúan las entrevistas; 5) se realiza una entrevista familiar. También se reciben solicitudes de ingreso presentadas por familiares, notas de internos, instituciones sociales, abogados defensores o jueces penales.
¿Cómo se los prepara para la vida en libertad? Dentro de los objetivos del Centro, puede decirse que es un deber que los programas se desarrollen en estrecho contacto con la comunidad. Las acciones de reinserción se sustentan en una cercana vinculación con lo familiar, cultural y laboral, con el mundo externo. Por eso, dentro de lo posible no sólo se realizan trabajos para el barrio (vecinos, escuelas, etc.) sino que se estimula y orienta también un relacionamiento con otras instituciones, así como organizaciones barriales y del Estado.
¿Qué ocurre cuando la persona egresa? Se ha comenzado un trabajo que intenta mantener una referencia con el egresado durante el primer año de libertad. En algunos casos no es necesario mantener una asiduidad en la presencia, ellos mismos buscan al referente Institucional, en otros casos se los va a buscar y en otros se interviene desde el momento del egreso. En lo posible se intenta establecer de antemano una “Hoja de ruta” o Plan de Trabajo para el egreso, pero no es posible siempre, ya que no se sabe con exactitud salvo algunos casos la fecha en que la persona egresará. A partir de que se define una situación de Proyecto de Egreso, dicho Componente dentro del CNR comienza a intervenir con otra perspectiva, la de facilitar oportunidades de contacto con el mundo del empleo, los emprendimientos productivos y la dimensión social.

Dentro de las dificultades más grandes que se encuentran en la vida en libertad:
1) el núcleo familiar: puede que no siempre “se esté esperando el regreso de la persona”. Esto tiene que ver con que las familias no han logrado estabilizarse desde que la persona cayó privada de libertad, por ello, aún no hay un lugar para él, a veces ni siquiera una cama.
2) el barrio ha cambiado, el consumo de cualquier sustancia adictiva es mayor que hace 5 años (más o menos el tiempo que un joven pasa privado de libertad por rapiña, por ejemplo).
3) adaptarse nuevamente a vivir con un grupo familiar en los que en su mayoría la que gobierna es una mujer, hay hermanos/as de diferentes edades. Si bien se extraña a la familia luego se extraña no vivir con jóvenes varones de su misma edad aproximadamente, en un momento evolutivo donde los grupos de pares tienen tanta importancia.
4) no hay trabajo sobre todo para aquel que no puede justificar en su currículum 5 años de ausencias de no trabajo y de si encierro.
5) las responsabilidades: luego de pasada la “luna de miel” todos/as se reconcilian con el liberado, pero llega un momento en que tiene que aportar a la olla y las obligaciones económicas del hogar. Allí comienza la presión y la demanda de las familias, hasta ahora el joven tuvo un peculio (sueldo por llamarlo de alguna manera) que se paga en la cárcel, mal o bien, tuvo agua, luz y comida. Ahora tiene que pagar por ellas.
El CNR acompaña en la medida de lo posible intenta que aquellos que han tenido un muy buen desempeño accedan a una plaza laboral para cuando estén en libertad y a veces en lo posible ocupan dicha pasantía desde que están en el internado.
Algunos países extienden la ayuda económica por un tiempo por lo menos un año después de obtenida la libertad.
Hemos tenido casos que nos han pedido volver al CNR a vivir y/o trabajar, nos dicen que se sienten seguros allí. Otros al comienzo llaman para charlar, otros nos visitan, algunos vuelven a caer en el delito pero casi siempre luego de un período de consumo de sustancias adictivas.
Para los jóvenes hay respuestas posibles, hoy no son suficientes. Hoy se puede justificar este desconcertante estado de situación, ya sea por los cambios vertiginosos en lo social, por el poco tiempo que le dedicamos a los niños/as o cualquier otra respuesta y además sabemos que somatizan sus tensiones desembocando en cuadros clínicos agudos, unos; otros, realizando llamados de atención, que quizá los adultos preparados que les rodean no hayan logrado interpretar o no hayan logrado parar a tiempo. Desde lo social (sus familias) tampoco han tomado cuenta de los sucesos que han ido marcando sus cambios. Los actos violentos o “inadaptados”, como lo atestiguan la cotidianeidad y el dolor que provoca el COMCAR y otras cárceles, que diariamente ven aumentada la cantidad de sus “pacientes” de estos “hospitales” para infanto-juveniles, demuestran que quizá hubiese sido necesario actuar antes. Entonces ¿qué ocurre con los actores sociales? ¿con el control, con el acompañamiento?, ¿dónde están puestos los cuidados?, ¿quién cuida a quién?, ¿Cuándo hay que actuar?

España: Muchos presos para tan pocos delitos

Fuente: El País
PERE RÍOS 05/08/2009

España tiene la tasa de encarcelamiento más alta de Europa y una de las más bajas de criminalidad - Crecen las voces que abogan por suavizar el Código Penal y favorecer la redención de las penas

El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media.

El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media.

Varias razones explican esta paradoja: la dureza de las penas para los delitos habituales -robo y tráfico de drogas-; el continuo endurecimiento del Código Penal y la incorporación de nuevos delitos; la imposibilidad de redimir condena y la cicatería del Estado para conceder la libertad condicional.

"Las prisiones españolas están llenas de pobres, enfermos y drogadictos. Suman más del 70%. La cárcel se está convirtiendo en el único recurso asistencial y esa no es su función". Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias lleva años recordando la función resocializadora que debería tener la cárcel, pero admite que ese principio constitucional está cada día más lejano.

El Código Penal de 1995 originó un aumento de la población penitenciaria que llena a un ritmo acelerado las nuevas cárceles. Hace tres años había 63.800 presos. Ahora son 76.485. La tasa de encarcelamiento se sitúa en España en 166 reclusos por 100.000 habitantes, por delante de Gran Bretaña (153) -que siempre había encabezado la lista- Portugal (104), Francia (96) e Italia (92). Sin embargo, la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada mil habitantes), es una de las más bajas de los Quince. La relación del año 2008 la encabeza Suecia (120,4), seguida de Reino Unido (101,6). En España es de 47,6, por delante solo de Grecia (41,2), Portugal (37,2) e Irlanda (25,2).

"Hace ya muchos años que se constata que la tasa de encarcelamiento no guarda relación con la criminalidad, sino con la política penal. Lo que ocurre en España no es que los jueces metan a más gente en la cárcel, sino que pasan mucho tiempo", dice José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología.

El delito principal que han cometido más del 40% de los penados (22.416 reclusos) fue contra el patrimonio y el orden socioeconómico, según los define el Código Penal. En lenguaje más inteligible: robos, tirones y atracos.

"Depende de cómo sea el tirón se puede castigar hasta con cinco años. ¿Debe ir a la cárcel esa persona si ha delinquido por primera vez?", se pregunta Eduardo Navarro, magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, con 20 años de experiencia, 17 de ellos en juzgados de instrucción. "La sociedad no entiende que no sea así. Los incidentes que he tenido como juez han sido por no enviar a alguien a la cárcel", afirma.

Díez Ripollés ratifica que algunas penas son desproporcionadas. "No es razonable que un delito urbanístico se castigue con un máximo de dos años de cárcel, lo mismo que un hurto agravado, porque al final siempre acaban en la cárcel los mismos". Es el inicio de una tela de araña en la que queda atrapado el preso y que él ayuda a tejer en muchas ocasiones, pues los índices de reincidencia se sitúan entre el 40% y el 70%.

El perfil del recluso español apenas ha variado con los años. Es un hombre, de 30 a 40 años y condenado por robo o tráfico de drogas. Las reclusas suponen el 8% del total de la población. La mayoría están condenadas por tráfico de drogas (48,4%).

El llamado Código Penal de la democracia de 1995 que impulsó el ex ministro de Justicia Juan Alberto Belloch eliminó la redención de pena por trabajo o estudio y estableció el cumplimiento íntegro. Eso significa que la mayoría de las condenas se pagan "a pulso", en lenguaje carcelario, y que se aplica en muy pocas ocasiones la secuencia lógica en la vida penitenciaria: prisión preventiva, segundo grado, permisos, tercer grado, libertad condicional y libertad definitiva.

Siete de cada diez penados están en segundo grado, y así pasan la mayor parte de su estancia entre rejas, sin lograr permisos. Solo el 15,1% cumple condena en régimen abierto, y los que logran la libertad condicional suponen el 11%. "Es totalmente innecesario estar tanto tiempo en la cárcel. El cumplimiento íntegro no es bueno desde ningún punto de vista porque aumenta la reincidencia", sostiene José Cid, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, que ha analizado el fenómeno en el libro El incremento de la población reclusa en España entre 1996 y 2006.

El abogado madrileño José Luis Galán lleva en la profesión más de 35 años y sigue en el turno de oficio. Tiene claro que la situación se hace cada más vez insostenible y que urge un cambio legislativo en sentido contrario al incremento punitivo de los últimos años. "Lo que no se puede hacer es buscar el aplauso fácil. No siempre se legisla para sacar votos, porque, si no, no habría impuestos. Hay que cambiar las normas que se aplican para que la cárcel sea el último recurso, no el primero y único", asegura. A renglón seguido reprocha al PSOE la aplicación de una política punitiva que, de manera sustancial, coincide con la del PP. "La izquierda se ha abonado a la chita callando a esa política represora. Cuando no se ha puesto al frente de la procesión, ha ido detrás con el capirote y gran mansedumbre".

Galán también cuestiona que algunas conductas estén tipificadas como delito. "Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, es disparatado que las amenazas del marido a la esposa sean delito. Y con la última reforma sobre seguridad del tráfico se han pasado". Ahora hay en España 3.721 presos penados cuyo delito principal es de violencia doméstica, desde un asesinato -una minoría-, a lesiones o amenazas. También hay 816 reclusos por delitos al frente del volante.

"La delincuencia patrimonial de escasa importancia no es razonable que se castigue con penas que comportan la entrada en prisión", dice Díez Ripollés. Con tres matices: que sean delitos graves, que los cometan reincidentes o altos sectores de la sociedad. "A esos solo se los puede intimidar con la cárcel", afirma el jurista. Y es que los delincuentes de cuello blanco que acaban entre rejas son una excepción. Casi nadie discute el efecto ejemplarizante que eso causa en la sociedad, aunque tarden en entrar porque pagan mejores abogados y agotan todos los recursos, muchas veces con el beneplácito de los tribunales.

"El Código Penal es duro con el débil y débil con el duro", asegura Díez Ripollés. "Los tribunales tienden a ser más comprensivos con determinados delitos porque la ley es interpretable", opina la abogada barcelonesa Lidia Lajara, con 16 años de experiencia como penalista. "Hay muchos tipos de jueces y sería injusto no reconocer que muchos creen en la rehabilitación y apuestan por ella", dice José Cid. Lo que ocurre es que las administraciones no les ofrecen la posibilidad de imponer medidas alternativas. "Hay que decir que los jueces de Cataluña somos unos afortunados y que sí podemos imponer penas al margen de la cárcel de las que en otras comunidades no han oído ni hablar", dice el juez Navarro.

"Otra política criminal es posible", afirma el catedrático Díez Ripollés, y las penas alternativas para delitos menores son un ejemplo. Ayudarían a descongestionar las prisiones y reducirían el gasto público. Una medida así cuesta 3,05 euros diarios, y el coste de un preso es de 78,29 euros al día, según un estudio de la Generalitat catalana, la única comunidad con competencias en prisiones.

"No se puede dejar de castigar al delincuente, pero sin tanta dureza y aplicando las políticas que ya han dado resultados en otros países", dice Díez Ripollés. Como en Finlandia, recuerda, que a principio de los ochenta tenía una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa y ahora está a la cola.

La droga y 'los BBC'
Un grupo de presos que cumplía condena en Madrid por tráfico de drogas fue conocido durante muchos años como los BBC: procedían de Bogotá, habían aterrizado en Barajas y acabaron en la cárcel de Carabanchel. En las prisiones españolas hay ahora 15.868 penados con el vigente Código Penal por delitos contra la salud pública, que representan el 27,8% del total. Quedan otros 200 con el código derogado hace 13 años, lo que da idea de la dureza de las penas por esos delitos.

"No puede ser que se condene igual a quien se le pilla con 800 gramos de cocaína que al que se le coge con varios kilos. Y, además, éste saldrá antes porque tiene mejores abogados", advierte el juez Eduardo Navarro. "Por esos 800 gramos de cocaína le pueden caer de 9 a 13 años y medio, seguramente más que por un homicidio, que se castiga de 10 a 15 años".

Mercedes Gallizo también constata que "el pequeño traficante casi siempre acaba cumpliendo una pena muy alta". ¿Debería cambiarse el Código Penal? "No me gusta pronunciarme sobre eso. Es el legislador el que debe analizarlo. Lo que hay que tener claro es que la droga lleva a la cárcel y que las penas son muy altas", dice. "Cuando impones una pena así, duele, porque ves que ese mulero se ha jugado una condena muy alta por 3.000 euros, pero la ley dice lo que dice", añade Navarro. "Con el tráfico de drogas existe muy poca consideración de los jueces. Y no solo para condenar, sino para que se aplique un atenuante de drogadicción", razona la abogada Lidia Lajara. "No se tienen en cuenta las circunstancias personales y sociales del que llega con una bola en el estómago jugándose la vida. Es verdad que la ley no permite considerarlo como estado de necesidad, pero tampoco se puede ser ajeno a los motivos que lo han llevado a delinquir", añade.

Hay otros casos. "Está muy bien que cerremos los psiquiátricos, pero no los hemos sustituido por nada", dice Gallizo. Y eso que el 25% de la población reclusa padece algún tipo de trastorno mental.

Y después están los extranjeros, que son el 37% de los presos. Como no tienen domicilio conocido es más fácil que acaben en prisión preventiva y más difícil que logren un permiso. Muchos son expulsados cuando salen de la cárcel y por haber delinquido una sola vez.