Uruguay: sobrepoblación y muerte en centro penal COMCAR

Tensión en Comcar tras la tragedia

EDUARDO BARRENECHE (www.elpais.com.uy)

Se trata del peor episodio ocurrido en las cárceles uruguayas. Cinco presos murieron al incendiarse una celda del Comcar. El incidente generó ayer un clima de tensión en dicho penal.
"Se preocupan de que todas las visitas tengan tapabocas, pero adentro dejan achicharrarse a los reclusos", protestó ayer una anciana durante la visita de familiares a los presos del Comcar.
La frase reflejaba la indignación de gran parte de los familiares por la muerte de los encarcelados. Los guardias recomendaban a los familiares que se retiraran lo antes posible ante la eventualidad de que la tensión reinante en el penal derivara en un motín.

Entre las 21.30 y las 22 horas del lunes 24, un griterío sacudió la modorra de los tres o cuatro policías que se encontraban de guardia en el Sector Boxes ubicado en la entrada del Módulo VI del Comcar.
El incendio se desató en una celda de cuatro por tres metros ocupada por cinco reclusos. Tres de ellos se encontraban allí esperando un traslado al Penal de Libertad. Habían protagonizado un incidente con otros presos el fin de semana pasado. Los otros dos encarcelados habían solicitado su traslado al Penal de Libertad porque tuvieron problemas de convivencia con otros presos, según afirmaron a El País fuentes carcelarias. Estos carecían de observaciones por problemas de conducta, lo que llamó la atención a las autoridades penitenciarias. Es que las condiciones de internación del Penal de Libertad son más rigurosas que las del Comcar.

RECHAZO
Los reclusos fallecidos en el incendio fueron Jorge Peñaloza (23), Romeo Garín (28), Adrián Salaberry (27), Christian Alemán (30) y Robert Correa (28). Los cinco habían sido remitidos por rapiñas y hurtos.
En el Sector Boxes se alojan presos sancionados o en tránsito hacia otras cárceles. La mayoría de las veces tienen como destino el Penal de Libertad, un lugar usado por las autoridades penitenciarias para derivar a internos considerados conflictivos.
En el Penal de Libertad -la única cárcel de máxima seguridad existente en el país- el encierro es casi total. Allí los presos no deambulan durante varias horas por "la planchada" -pasillo que une el celdario en el Comcar- sino que permanecen gran parte del día dentro de sus celdas.
Los calabozos del Sector Boxes son similares a los que se ven en las películas: rejas frontales y los laterales y fondo fueron construidos de material.
Una de las hipótesis manejadas ayer por la Policía es que uno o dos presos sancionados iniciaron la protesta o llamado de atención porque reclamaban una mayor rapidez en el traslado. Doblaron un colchón y lo prendieron fuego. Luego intentaron pasarlo a través de la reja. Este se hinchó y cayó encendido dentro de la celda sobre otros colchones. El fuego se extendió. Las llamas llegaban hasta el sector superior, tal su intensidad. Según fuentes policiales, este tipo de protestas son comunes en las cárceles. Generalmente el colchón cae en el pasillo, genera un foco ígneo y luego corren los policías a apagarlo. Al otro día, como sanción, los presos revoltosos son trasladados.
Al escuchar el griterío, los policías abandonaron la Guardia ubicada en la puerta del Módulo VI y corrieron hacia el Sector Boxes. Se encontraban a siete metros del lugar. Debieron cruzar dos portones con cerrojos hasta llegar al celdario.
Al llegar al lugar, los policías constataron que estaba a oscuras. El sistema eléctrico había colapsado por las llamas. Debieron regresar a la Guardia a buscar linternas y elementos para cubrirse el rostro para enfrentar el humo y el calor. Dos guardias sufrieron intoxicaciones.
En una primera instancia, los guardias abrieron la puerta de las celdas contiguas a la incendiada y evacuaron 14 reclusos. Luego munidos de cinco extintores apagaron el fuego de la celda desde el pasillo.
El calor había dañado la cerradura de la puerta y destruido los vidrios del pasillo. Ello obligó a los policías a retornar por segunda vez a la Guardia para buscar herramientas para romper la puerta.
De adentro de la celda sacaron a un recluso que estaba cerca de la puerta. Su cuerpo sin vida quedó en el pasillo. Los otros cuatro perecieron por asfixia dentro de la celda. El fuego carbonizó sus cuerpos.
Según fuentes médicas, lo máximo que resiste una persona en un escenario similar al vivido por los reclusos son seis minutos.
"Los productos de la combustión que generan elementos tóxicos son el óxido y el monóxido de carbono. En este caso en particular, los colchones, además producen cianuro, un elemento tóxico que en un corto período determina una intoxicación fulminante", dijo el director de Bomberos, Raúl Perdomo. Agregó que su experiencia como bombero dice que, en estas circunstancias, "un 75% de las personas que mueren en el incendio es como consecuencia de los productos de la combustión; sólo 25% por efecto directo del fuego".

AJUSTE.
En la mañana de hoy, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé presentará un informe al Parlamento sobre lo sucedido en el Comcar.
El lunes 24, Garcé arribó a ese penal poco después de la muerte de los presos. Al mediodía de ayer, regresó al Comcar para dialogar con autoridades del penal.
"Vi la escena tal como estaba. Observé a un cuerpo sin vida en el corredor y cuatro cuerpos calcinados dentro de la tercer celda del Sector Boxes", indicó.
Consultado sobre si el incidente podría haber sido el resultado de un ajuste de cuentas entre los reclusos, Garcé desestimó esa versión.
"A mi juicio es muy difícil que haya sido un problema entre presos", señaló el comisionado.
Por su parte el director de Cárceles, Horacio Zaugg afirmó que todas las celdas del Sector Boxes "estaban trancadas" antes del incendio. De esta forma, el jerarca policial descartó cualquier posibilidad de que el foco ígneo se hubiera originado fuera de la celda y luego propagado dentro de la misma.
El juez penal Luis Charles no encontró elementos o pruebas que vinculen el episodio como una venganza entre presos.

GRAVEDAD.
En la mañana de ayer, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Jorge Bruni calificó de "desgraciado suceso" las muertes de los cinco encarcelados.
Por su parte Zaugg señaló que, además de la instancia judicial, se está realizando en el Comcar una investigación interna para tener más detalles de lo ocurrido en el Sector Boxes.
La demora en abrir la puerta de la celda fue reconocida por el director interino de la Policía Nacional y titular de Bomberos, Raúl Perdomo. Una cárcel, agregó, es un edificio particular muy diferente de un edificio de apartamentos o un liceo.
"En un penal el componente de la seguridad es importante. Hay que abrir portones y rejas. Ante una situación como un incendio, ello conspira con la velocidad de evacuación", dijo a El País el director de Bomberos.
Según Perdomo, los policías debieron abrir puertas y celdarios porque, de otra forma, los reclusos "no tienen posibilidades" de autoevacuación.

Familiares de presos muertos criticaron reacción de la guardia
Ayer (27/08/09), a unos 20 metros de la entrada del penal de Santiago Vázquez (Comcar), tres familiares de uno de los reclusos fallecidos en el incidente del lunes 24 se quejaban de la presunta omisión policial en abrir la puerta de la celda. "La guardia los dejó morir, porque estaban haciendo una protesta. Acá lo sabe todo el mundo", afirmó uno de ellos.
El padre de uno de los reclusos fallecido responsabilizó a las autoridades que custodiaban el módulo y afirmó que llegará a las últimas consecuencias, según consignó ayer radio El Espectador.
La esposa de otro de los fallecidos dijo que no había podido reconocer a su marido. "Vine a buscar los papeles para tramitar su entierro, porque está calcinado. No lo puedo reconocer; tengo que ir a la morgue a levantar el cuerpo", dijo.
Ayer el malestar era generalizado en el Comcar. Varios presos señalaron a El País que los guardias demoraron en brindar asistencia y agregaron que los pedidos de auxilio no son atendidos con celeridad. También se quejaron del hacinamiento en que se encuentran alojados donde, en piezas de tres por tres metros, conviven nueve internos.
Las críticas de los presos también apuntan a la calidad de la alimentación del "rancho". "Casi nunca vemos algo de carne. Pero los guardias comen asados casi diariamente", se quejó un interno.
Los policías a su vez se quejan de los horarios extendidos y el elevado estrés generado por la convivencia con reclusos. También señalan que el régimen laboral -una semana de trabajo por otra de asueto- afecta sus relaciones familiares.

Los hitos del INCENDIO

Los fallecidos
Los reclusos que perecieron en el incendio en el Sector Boxes fueron Jorge Peñaloza (23), Romeo Garín (28), Adrián Salaberry (27), Christian Alemán (30) y Robert Correa (28).

Por qué estaban allí
Tres de los cinco reclusos muertos se encontraban sancionados en el Sector Boxes por un incidente. Los otros dos pidieron su traslado al Penal de Libertad por problemas de convivencia.

Reacción oficial
El ministro del Interior calificó de "desgraciado" el episodio ocurrido en el Comcar. La Dirección Nacional de Cárceles inició una investigación interna para dilucidar si los guardias actuaron en forma rápida o no.

Informe al Parlamento
El comisionado parlamentario descartó que el incidente haya sido el resultado de un ajuste de cuentas entre presos. Hoy presentará un informe sobre el hecho fatídico al Parlamento.

La resolución judicial
A pedido de la fiscal Dora Domenech, el juez Luis Charles archivó el expediente que indagó los hechos. Concluyeron que no hubo omisión de los guardiacárceles, ya que intentaron socorrer a los reclusos.

Comcar: la cárcel más hacinada
El Comcar cuenta con 3.000 reclusos, siendo que su capacidad original es de 1.624 plazas, lo que lo transforma en el centro penitenciario más superpoblado de todo el país. El hacinamiento en el centro es del 70%, según lo estableció el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé en su último informe elaborado en el pasado mes de abril. Si bien en los últimos meses el Ministerio del Interior habilitó 750 nuevos cupos -lo que permitió un leve descongestionamiento- esa cantidad se tornó insuficiente en poco tiempo debido a que mensualmente el Comcar suma un promedio de 70 nuevos reclusos, en virtud de que el Penal de Libertad también está "topeado" y prácticamente no puede recibir internos, según indicó en los últimos días el Círculo Penitenciario, asociación que reúne a la gran mayoría de los guardiacárceles de todo el país. A fines del pasado mes de marzo, durante una visita a Uruguay, el relator de Derechos Humanos de la ONU, Manfred Nowak, cuestionó duramente las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios uruguayos. En particular, sostuvo que el Penal de Libertad es una de las peores cárceles que visitó en el mundo. En relación al Comcar, el experto internacional dijo que si bien la situación no es tan dramática, existen algunos módulos donde es igual a Libertad, y puso como ejemplo el módulo 2, en el que fueron alojados más de mil presos cuando su capacidad es para 120.


"El Comcar es un pequeño pueblo, pero en condiciones terribles"
Alejandro Mendieta (amendieta@elpais.com.uy)

En un día de visitas, cerca de 4.000 personas se congregan en el predio que ocupa el Complejo Carcelario Santiago Vázquez. "Esto es igual a la población que tienen algunos pequeños pueblos del interior, pero en condiciones terribles", dijo el senador blanco Carlos Moreira.
Esto es porque esa masa de personas vive en medio de un peligroso hacinamiento, sin habilitación de Bomberos y sin un protocolo de evacuación ante una emergencia, agregó el legislador a EL PAÍS digital.
La tragedia ocurrida a principios de semana, donde cinco reclusos perdieron la vida tras incendiar un colchón en la celda donde estaban recluidos, reavivó la polémica sobre el caos que reina en el Comcar.
Además, los informes presentados ante el Parlamento por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé y las autoridades del Ministerio del Interior mantienen claras discrepancias que, dijo Moreira, merecen ser investigadas.

El ministro Jorge Bruni dijo ayer ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario que todavía estaba en proceso una investigación administrativa y aclaró que en los testimonios recogidos durante la pericia policial, no había testimonio alguno que denunciara la falla de un extintor.
Pero Garcé afirma que algunos testigos le informaron que los guardias habían demorado y que el primer extintor utilizado no funcionó. "Hay discrepancias en los testimonios. Quedan dudas y hay que seguir profundizando la investigación", dijo Moreira, quien quedó con la impresión de que el ministerio no tenía la intención de averiguar cosas que pudiesen contradecir lo que ellos dijeron.

HABILITACIÓN.
La polémica también está en que una dependencia estatal de alto riesgo como es una cárcel no cuente con una habilitación de Bomberos. Moreira se preguntó cuándo había sido la última vez que se habían revisado los extintores, ya que no había coordinación alguna para una emergencia.

El legislador dijo que esto no es una luz amarilla, sino ya roja, que alerta sobre la necesidad de tomar medidas sobre una inmensa población que convive con la droga y el hacinamiento.
"Ojala nunca vuelva a pasar. Pero se encierran siete o diez personas en un lugar que es para uno. Falta que alguien se vuelva loco, prenda fuego un colchón y mate a todos los que están con el. El tema del hacinamiento tiene mucho que ver con esto", puntualizó Moreira.
Otro problema es la falta de criterio a la hora de mezclar a la población reclusa. En ese bloque de celdas, que tampoco contaba con un baño, Moreira afirmó que había presos que estaban procesados por cometer rapiñas con otros que lo estaban por hurto.
El director de cárceles, Horacio Zaugg, respondió ante la comisión que a cada preso se le pregunta si no tiene problemas en compartir una celda con tal o cual persona.
Para Moreira esta metodología no es una verdadera clasificación y que tampoco se recomienda en ningún manual internacional. "Eso es un gran caos. Yo me imagino que el director hace lo que puede, pero es una situación muy compleja, casi imposible", opinó.
El camino parlamentario será esperar un poco por el avance de las investigaciones que siguen en curso. Moreira pedirá, además, que se habilite la comparecencia de Garcé para que pueda ampliar sobre lo presentado en su informe y enfrentarlo a las contradicciones que se generaron tras la reunión con el ministro Bruni.

URUGUAY: Centro Nacional de Rehabilitación Social (CNR)

Crio. (PE)(CP) Psic. Diana Noy López
SUB-DIRECTORA DE INTERVENCIONES TÉCNICAS

¿Qué es el CNR? El 31 de julio de 2002 se inauguró el Centro Nacional de Rehabilitación, concebido como una instancia de transición hacia el egreso, de preparación para la vida en libertad, enmarcado dentro del sistema progresivo de aplicación de la pena privativa de libertad, sus objetivos son:
- Disminuir la tasa de reincidencia
- Incrementar los recursos personales de los internos
- Reducir al máximo sus conductas negativas.
- Favorecer que los programas tengan continuidad y generalización en la comunidad
- Desarrollar una intervención educativa y prosocial en el más riguroso respeto de los Derechos Humanos de los involucrados.
¿A quiénes va dirigido? A jóvenes varones infractores de la Ley Penal, entre 18 y 34 años de edad. Provenientes del sistema penitenciario nacional. Mediante voluntariedad expresa de participar de un proceso de preselección e ingreso, diagnóstico y construcción del plan individual de trabajo.
¿Dónde está ubicado? El CNR funciona en las instalaciones del Ex Hospital Musto, ubicado en Cno. Carlos A. López s/n, entre Av. E. Garzón y Pororó.
El personal del Centro está constituido por técnicos, administrativos, personal de salud y de seguridad en tareas ejecutivas. Los cargos de dirección, técnicos y educadores, fueron provistos por concurso público en el año 2005 al pasar a depender del Ministerio del Interior.
Proceso de selección
El procedimiento consiste en algunas etapas: 1) se realiza una solicitud de ingreso; 2) se estudia la situación jurídica (no pueden quedarle más de 4 años de privación de libertad); 3) se le realiza una entrevista en el Establecimiento donde está alojado; 4) se evalúan las entrevistas; 5) se realiza una entrevista familiar. También se reciben solicitudes de ingreso presentadas por familiares, notas de internos, instituciones sociales, abogados defensores o jueces penales.
¿Cómo se los prepara para la vida en libertad? Dentro de los objetivos del Centro, puede decirse que es un deber que los programas se desarrollen en estrecho contacto con la comunidad. Las acciones de reinserción se sustentan en una cercana vinculación con lo familiar, cultural y laboral, con el mundo externo. Por eso, dentro de lo posible no sólo se realizan trabajos para el barrio (vecinos, escuelas, etc.) sino que se estimula y orienta también un relacionamiento con otras instituciones, así como organizaciones barriales y del Estado.
¿Qué ocurre cuando la persona egresa? Se ha comenzado un trabajo que intenta mantener una referencia con el egresado durante el primer año de libertad. En algunos casos no es necesario mantener una asiduidad en la presencia, ellos mismos buscan al referente Institucional, en otros casos se los va a buscar y en otros se interviene desde el momento del egreso. En lo posible se intenta establecer de antemano una “Hoja de ruta” o Plan de Trabajo para el egreso, pero no es posible siempre, ya que no se sabe con exactitud salvo algunos casos la fecha en que la persona egresará. A partir de que se define una situación de Proyecto de Egreso, dicho Componente dentro del CNR comienza a intervenir con otra perspectiva, la de facilitar oportunidades de contacto con el mundo del empleo, los emprendimientos productivos y la dimensión social.

Dentro de las dificultades más grandes que se encuentran en la vida en libertad:
1) el núcleo familiar: puede que no siempre “se esté esperando el regreso de la persona”. Esto tiene que ver con que las familias no han logrado estabilizarse desde que la persona cayó privada de libertad, por ello, aún no hay un lugar para él, a veces ni siquiera una cama.
2) el barrio ha cambiado, el consumo de cualquier sustancia adictiva es mayor que hace 5 años (más o menos el tiempo que un joven pasa privado de libertad por rapiña, por ejemplo).
3) adaptarse nuevamente a vivir con un grupo familiar en los que en su mayoría la que gobierna es una mujer, hay hermanos/as de diferentes edades. Si bien se extraña a la familia luego se extraña no vivir con jóvenes varones de su misma edad aproximadamente, en un momento evolutivo donde los grupos de pares tienen tanta importancia.
4) no hay trabajo sobre todo para aquel que no puede justificar en su currículum 5 años de ausencias de no trabajo y de si encierro.
5) las responsabilidades: luego de pasada la “luna de miel” todos/as se reconcilian con el liberado, pero llega un momento en que tiene que aportar a la olla y las obligaciones económicas del hogar. Allí comienza la presión y la demanda de las familias, hasta ahora el joven tuvo un peculio (sueldo por llamarlo de alguna manera) que se paga en la cárcel, mal o bien, tuvo agua, luz y comida. Ahora tiene que pagar por ellas.
El CNR acompaña en la medida de lo posible intenta que aquellos que han tenido un muy buen desempeño accedan a una plaza laboral para cuando estén en libertad y a veces en lo posible ocupan dicha pasantía desde que están en el internado.
Algunos países extienden la ayuda económica por un tiempo por lo menos un año después de obtenida la libertad.
Hemos tenido casos que nos han pedido volver al CNR a vivir y/o trabajar, nos dicen que se sienten seguros allí. Otros al comienzo llaman para charlar, otros nos visitan, algunos vuelven a caer en el delito pero casi siempre luego de un período de consumo de sustancias adictivas.
Para los jóvenes hay respuestas posibles, hoy no son suficientes. Hoy se puede justificar este desconcertante estado de situación, ya sea por los cambios vertiginosos en lo social, por el poco tiempo que le dedicamos a los niños/as o cualquier otra respuesta y además sabemos que somatizan sus tensiones desembocando en cuadros clínicos agudos, unos; otros, realizando llamados de atención, que quizá los adultos preparados que les rodean no hayan logrado interpretar o no hayan logrado parar a tiempo. Desde lo social (sus familias) tampoco han tomado cuenta de los sucesos que han ido marcando sus cambios. Los actos violentos o “inadaptados”, como lo atestiguan la cotidianeidad y el dolor que provoca el COMCAR y otras cárceles, que diariamente ven aumentada la cantidad de sus “pacientes” de estos “hospitales” para infanto-juveniles, demuestran que quizá hubiese sido necesario actuar antes. Entonces ¿qué ocurre con los actores sociales? ¿con el control, con el acompañamiento?, ¿dónde están puestos los cuidados?, ¿quién cuida a quién?, ¿Cuándo hay que actuar?

URUGUAY: Informe del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.

Entre los días 22 y 27 de marzo de 2009, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, de Naciones Unidas, el profesor Manfred Nowak, llevo a cabo una visita a Uruguay a invitación del gobierno de dicho país.

En el informe (ver aquí) se hace referencia a las condiciones de detención en comisarías, prisiones, centros para adolescentes e instituciones psiquiatricas.

El informe rescata con claridad las precarias condiciones en que se encuentran los centros penales en el país: “Durante la dictadura militar, el Penal de Libertad se convirtió en un símbolo infame de la tortura y los malos tratos. Dos décadas después, sigue siendo conocido por sus condiciones infrahumanas. En particular, las condiciones en los módulos de acero conocidos como Las Latas, son un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a la de los guardias que tienen que trabajar ahí, corriendo ambos riesgo para su vida. Este lugar, en donde los procesados y condenados se alojan como animales en contenedores sobrepoblados durante casi 24 horas al día, es detestable. Debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo forzados a tomar el agua del inodoro, y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. También tienen acceso médico limitado, por lo que los detenidos tienen que hacerse cortes en el cuerpo a si mismos, para poder ver a un médico”.

No menos clara es la descripción de los centros para adolescentes “La privación de libertad de adolescentes se utiliza como primer recurso y no como el último. Los adolescentes detenidos en establecimientos de máxima seguridad viven en condiciones extremadamente pobres. En su mayoría, carecen de oportunidades de educación, empleo o rehabilitación, y los menores se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día. Las condiciones sanitarias en los centros que visité son terribles. Los adolescentes no tienen inodoros en sus celdas, y en ocasiones tienen que esperar durante horas para que un funcionario les deje ir al baño. Como resultado, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en botellas y bolsas de plástico, las cuales después tiran por la ventana, dejando el lugar con un olor repugnante. Un gran número de adolescentes privados de libertad son adictos o consumidores de drogas. Muchos de ellos reciben sedantes como sustituto a las drogas. Son muy comunes las quejas de golpizas y castigos colectivos durante los motines y rebeliones”.

Especialmente interesantes resulta la lectura de las recomendaciones, útiles para cualquier país de la región que quiera adoptar una política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos.

Uruguay: Ideas contra el delito

Fuente: FABIÁN MURO. El pais de Montevideo.

Las causas de la delincuencia son múltiples. Las posibles soluciones también. En lo único que parece haber consenso entre expertos es que el problema de la seguridad pública no admite respuestas unidimensionales.



Más policías, exclaman unos. Mejores cárceles, piden otros. Más gasto social para mitigar las causas del delito, sostienen de un lado. Del otro se retruca exigiendo mayor severidad en todo.

La seguridad pública -quién lo duda- fue y será uno de los temas más importantes del debate político y social. Las ideas que parten del sistema político para transmitir la sensación de que Uruguay es un país seguro, además, sobran.

Pero el camino que va de la propuesta lanzada al calor de una coyuntura a la definición de una política sostenida y sometida a una evaluación es, en el caso uruguayo, tan largo como sinuoso. Ahora que la carrera hacia el gobierno ya comenzó, la seguridad será uno de los temas más polémicos de la campaña. Este informe es un intento de aportar otros argumentos que los que habitualmente son utilizados por los políticos en plena campaña. A veces por conveniencia, otras por necesidad, las campañas no suelen aportar las ideas más complejas y elaboradas.

Avisos Google

DATOS. Hay una multitud de indicadores que pueden servir como sustento para diagnosticar si se vive en un país más o menos seguro. El "más o menos" es clave: nunca se estará completamente seguro. El delito siempre existió y siempre existirá. El reclamo de seguridad absoluta es un imposible que solo revelaría la poca reflexión que le ha dedicado al tema quien pronuncie el dislate.

Adentrarse en el terreno de datos y números puede resultar tedioso para quien reclama, con tanta legitimidad como impaciencia, soluciones concretas y rápidas. Pero una mirada serena sobre este mundo demuestra que se trata de un fenómeno complejo y que se rehusa a ser encasillado en un único y fijo lugar. Conviene tener presente esas dificultades cuando obviedades como "merecemos un país más seguro", o soluciones supuestamente fáciles como "sacarles el vicio a prepo" son las que más se escuchan.

Uruguay tiene una de las tasas de homicidio más bajas del continente: entre seis y ocho homicidios por 100.000 habitantes. Este es un indicador contundente. Es mucho más difícil que un homicidio se escape de los filtros institucionales. Una rapiña o hurto puede no ser denunciado. Un asesinato rara vez deja de ingresar a las estadísticas.

La tasa de homicidios uruguaya está apenas por encima de la que exhiben países como Canadá. Y es un indicador que se ha mantenido durante décadas, de acuerdo a un estudio realizado por el sociólogo Javier Donnangelo. En comparación, solo San Pablo tiene una tasa de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a un informe de 2006 de The Economist. Las comparaciones, como se sabe, son odiosas. Y más en un tema que hace a la seguridad e integridad del ciudadano. De poco le sirve saber a la persona afectada por una rapiña o una lesión, que tal o cual metrópolis es menos segura que en la que vive.

Pero no parece desmedido pedirles a los que elaboran y aprueban leyes normas y decretos una mirada con un alcance mayor que la que se extiende hasta la esquina.

Más allá de que la tasa de homicidios sea un indicador que podría servir para apaciguar a los ánimos más encolerizados, hay otros que generan justificada alarma: Uruguay tuvo, de 1990 a 2004, un aumento de 176% en las rapiñas. Durante ese mismo período, la cantidad de presos aumentó en un 155%, según datos oficiales del Ministerio del Interior proporcionados para este informe. Uruguay es uno de los países con más presos en relación a su población. La tasa de personas privadas de libertad supera las 200 cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente latinoamericano.

Según datos comunicados a diversos medios por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcé a principios de este año, Uruguay tiene una tasa de 235 presos por 100.000 habitantes, cuando el promedio latinoamericano es 130. Además, más de la mitad de los reclusos, 65%, no tiene una sentencia judicial que lo declare culpable.

La disparidad entre estos indicadores, que dan cuenta de una aparente paradoja, tiene algunas explicaciones. Una de ellas es que el notorio incremento en el delito de rapiña y en las encarcelaciones comienza a partir de 1995, cuando se aprobó la ley de Seguridad Ciudadana. Ese año es considerado por algunos como el que definitivamente enterró la "primavera democrática" luego del fin de dictadura militar en 1985.

Pero además, la contradicción entre un nivel de violencia que se mantiene y un incremento explosivo de la rapiña, sirve para ilustrar que encarar los problemas de la seguridad pública requiere de métodos y enfoques cada vez más abiertos e interdisciplinarios.

Además de que, como dice el abogado penalista Diego Camaño, se necesitan esfuerzos mancomunados: Policía, sistema político, poder judicial, académicos y otros, "deberían sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo sobre qué tipo de medidas implementar y cómo evaluarlas".

En esto coincide el sociólogo y criminólogo Nicolás Trajtenberg, quien hace años se está especializando en el tema del delito, sus causas y las posibles soluciones que se han experimentado en diversos países.

"La situación respecto a la seguridad pública en Uruguay es, en mi opinión, tenebrosa", afirma el académico y agrega: "Si alguno de mis alumnos manejara datos y propuestas con la irresponsabilidad que veo todos los días por parte de políticos, periodistas y otros actores sociales, pierden el parcial y no van a examen. Yo me tiro de los pelos al constatar la ignorancia y la ligereza con la que muchos se manejan".

El académico también hace un mea culpa. Según él, no se ha generado en el país el suficiente conocimiento acerca de la problemática del delito, sus causas y las soluciones que pueden aplicarse. Ni siquiera hay en el mundo académico una carrera de criminología, una materia que él tuvo que estudiar en otros países.

Para Trajtenberg, todo acercamiento a la confección de un modelo que pueda aplicarse con un grado satisfactorio de éxito para combatir el delito debe empezar por plantearse cuatro preguntas:

1) ¿Por qué se cometen delitos?

2) ¿Cómo se miden?

3) ¿Qué se está haciendo al respecto? y

4) ¿Cuáles son los fundamentos normativos y morales para el castigo?

"Para ninguna de estas preguntas tenemos respuestas satisfactorias", remata Trajtenberg y agrega que las encuestas que se han realizado, encomendadas por el Ministerio del Interior a consultoras privadas evidencian serios problemas metodológicos. "Venimos con un atraso en muchas cosas. Este año, por ejemplo, será el primero en el cual se realiza un censo de menores infractores. Lo estamos haciendo en el departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, y en unos meses estarán los resultados". Contar con información veraz, sofisticada y consensuada es un debe del Estado uruguayo, sostiene.

MIRANDO HACIA FUERA. Aún con todos los datos arriba de la mesa, el combate al delito es una materia en la cual no hay consensos, ni acá ni en ninguna otra parte. "Hace poco regresé de un congreso de criminología en Estocolmo", cuenta Trajtenberg. "Y para el cierre, varios de los principales criminólogos del mundo debatieron con la ministra de Justicia. Además de que la ministra poseía un nivel de conocimientos muy sólido, no siempre coincidía con los técnicos".

Un caso al que muchos recurren, tanto para la crítica como para el elogio, es el de Estados Unidos. El Foro Batllista llegó a importar directamente el eslogan "tolerancia cero" para su campaña hacia las elecciones internas. Aplicado durante la década pasada en la ciudad de Nueva York, el modelo de tolerancia cero es exhibido por unos como un gran éxito: se redujeron los delitos violentos casi a la mitad, según algunos de los estudios realizados a partir de esa experiencia. Algunos de los delitos violentos (como violación y rapiña) disminuyeron casi hasta la mitad de los que se registraban antes de la puesta en funcionamiento el modelo.

En resumen, el modelo significó una inversión mucho mayor en seguridad: más policías, con más y mejor equipamiento y una actitud por parte de la Policía más agresiva y omnipresente.

Otros rechazan ese esquema de mano dura. "El modelo de tolerancia cero significó, entre otras cosas, la saturación policial: muchos agentes patrullando. Eso no detuvo el delito. Lo detuvo en esa zona, pero la delincuencia se fue a otros lugares, con menor presencia policial", dice Camaño, docente grado 3 en la Facultad de Derecho, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y actuante en casos de repercusión pública, como la defensa de los hermanos Peirano y Alberto Roselli.

Trajtenberg aporta otra reflexión: "Muchas veces se habla de Estados Unidos como si fuera un todo homogéneo, y hay grandes diferencias entre los estados". La pena de muerte, por poner un caso, no se aplica en todos los estados. Y entre aquellos que no la aplican, a veces se exhiben indicadores delictivos más bajos que en aquellos lugares que sí ejecutan a los reos.

Hace casi una década que se había llegado a esta conclusión. De acuerdo a un estudio efectuado por el diario The New York Times en 2000, se determinó que un indicador como la tasa de homicidios era entre 48% y 100% más alta en los estados que aplicaban la pena de muerte que entre los que no lo hacían. Además, un preso con una condena de muerte es mucho más "caro" que uno que no lo está.

"A menudo se piensa en la severidad como única variable", continúa Trajtenberg. "Es cierto que influye, no se la puede descartar. Pero la certeza importa mucho también. Un delincuente no toma únicamente en cuenta la severidad de la pena. Si calcula que es improbable que vaya a ser atrapado, es más probable que siga delinquiendo".

Otra cosa que muchas veces se olvida cuando se importan eslóganes como si fueran latas de sopa Campbell es que por razones culturales e idiosincráticas, una sociedad como la estadounidense posee mecanismos para el "control social blando", afirma Camaño. "Allí donde el Estado no es tan fuerte, no tiene una presencia tan marcada, existe otro tipo de contralor entre los ciudadanos. En Europa, que tiene una tradición de estados benefactores con una fuerte presencia, la gente se apoya más en esos mecanismos para sentirse segura, contenida".

Para el penalista, lo mejor es desprenderse de los razonamientos esquemáticos y simplificadores: "El modelo represivo, el de mano dura, no es patrimonio exclusivo de Estados Unidos".

BENEFACTORES. Del lado opuesto a ese modelo, que ya se vio contiene matices, se exhibe, generalmente por parte de políticos y otros asociados a la izquierda, el o los modelos llevados a cabo por varios de los países europeos que cuentan con una tradición de Estado de Bienestar, como los nórdicos, Inglaterra y otros. Ahí, dicen, el combate contra el delito se concentra en el diseño de políticas públicas que estimulen la equidad social, además de que se aplican políticas punitivas más blandas.

El razonamiento es que si no hay motivos económicos, es menos probable que el potencial delincuente lleve a cabo el crimen. A su vez, si el castigo es menos severo y más humano, la probabilidad de reincidencia sería menor. El ejemplo inglés puede servir para ilustrar algunos de los resultados de este modelo. De acuerdo al British Crime Survey -órgano encargado de recopilar y elaborar los datos relativos a la criminalidad- la delincuencia bajó casi a la mitad en los años que van de 1995 hasta el año pasado.

Las medidas que se aplicaron ahí tienen mucho del rótulo "europeo": policía comunitaria, penas alternativas a la cárcel, inexistencia de la pena de muerte y programas sociales que integran a potenciales jóvenes pandilleros en torno a un proyecto común financiados por dineros públicos, como el que se denominó Acción contra los cuchillos, donde policías, asistentes sociales y vecinos se pusieron de acuerdo para dialogar y estar en contacto continuo con los jóvenes considerados como problemáticos por autoridades y adultos.

El ex subsecretario del Ministerio del Interior Juan Faroppa está de acuerdo con parte de esta línea de razonamiento, pero no toda. "Hay determinadas formas de delitos que son inmunes a los números macroeconómicos. Delitos a los que se los debe atacar desde lo cultural y no desde lo económico. Cuando se habla de la `pérdida de códigos` es este aspecto cultural al que me refiero. Por más que el Estado solucione buena parte del bienestar económico de la población, esos delitos seguirán existiendo; ya están como galvanizados. Pienso en delitos como el hurto, pero también en ciertos aspectos del delito organizado", afirma.

Trajtenberg relata la experiencia laboral en una cárcel en Barcelona. "En comparación con una cárcel uruguaya, había una gran diferencia. Se atendía al recluso con asistentes, psicólogos y las condiciones eran mucho más humanas. Aún así, la reincidencia era relativamente alta, cercana al 30%".

Pero también en el modelo propuesto como "europeo" hay matices. En Inglaterra se es imputable desde los 11 años. Y Londres es la ciudad más vigilada del mundo por las cámaras. En ninguna otra metrópolis se filma tanto a los ciudadanos como ahí. Esa presencia estatal y policial parece directamente inspirada en las visiones más ominosas de George Orwell. "El modelo que propone lidiar con el delito con políticas sociales y públicas, y con una actitud punitiva menos severa, no es patrimonio exclusivo de los estados de bienestar europeos", dice Camaño y deja claro que todos los modelos, provengan de Estados Unidos o la Unión Europea, mezclan, evalúan y prueban, siempre de acuerdo a un equilibrio entre los objetivos políticos y las normas morales que una sociedad adopta.

Hace aproximadamente un mes, el sociólogo argentino Pablo Alabarces, especialista en temas de violencia en el fútbol, relató la mezcla de medidas que el Estado británico tomó para solucionar, efectivamente, el problema de los hooligans. Entre éstas, se incrementó la vigilancia mediante cámaras, se reformó la estructura de los estadios para hacerlos más seguros y amigables para el público y se subió el precio de las entradas considerablemente. Hoy, el fútbol inglés es tan seguro como elitista.

URUGUAY. ¿Cuál es entonces, el modelo uruguayo? ¿Existe? Para algunos, como Diego Camaño, sí: "El modelo uruguayo es claramente represivo, tanto en el discurso como en los resultados", afirma y explica que eso va más allá de la división entre izquierda y derecha: "La ley de Seguridad Ciudadana en el 95 tuvo los votos del Frente Amplio, para asegurar la `gobernabilidad`. Y fue este gobierno, de izquierda, que convirtió el decreto de la dictadura 690/80, que permite detener a alguien para `averiguaciones`, en una ley, la de Procedimiento Policial".

Faroppa rechaza con énfasis la apreciación del abogado y señala que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos habilita a restringir estos derechos cuando la sociedad así lo decide y esté amparado en la ley. "Lo que no se puede es restringir los derechos humanos por decreto".

Trajtenberg, por su parte, opina que no hay nada que indique se haya pensado en aplicar un modelo definido y elaborado. "No se ha pensado mucho. En el mundo existe una gran cantidad de conocimiento generado en torno a este tema, donde todo está sujeto a un balance y una evaluación, dado que se trata de dineros públicos. Hay que justificar el dinero invertido con resultados".

Aunque sostenga la importancia de la evaluación costo-beneficio, Trajtenberg también recuerda que se trata de un tema en el cual la moral permea todo el debate. Por eso planteaba que entre las cuatro preguntas fundamentales que una sociedad debe responder está el grado de castigo que ésta se dispone a tolerar. Y para graficar su postura, recurre a un ejemplo extremo: "Sería muy efectivo rociar con gas mostaza a barrios enteros y matar a todos ahí adentro. Eso disminuiría sensiblemente la delincuencia, pero ¿estamos dispuestos a aceptar eso como sociedad?".

Faroppa cree que hay cinco ítems que podrían facilitar un acuerdo entre todos los partidos para elaborar un modelo uruguayo: modernización de la estructura organizativa del Ministerio del Interior; profesionalización y jerarquización de la carrera policial; combate al crimen organizado y el narcotráfico; reforma del sistema carcelario y, finalmente, una discusión sobre el nivel de punibilidad, o castigo, que la sociedad uruguaya está preparada para aceptar.

A poco de abandonar el sillón presidencial, la promesa de Tabaré Vázquez de ser implacable con el delito, y también con sus causas, ha demostrado ser notoriamente difícil de cumplir.

Las drogas bajo ataque
Es imposible encontrar un jerarca o político que no hable del "flagelo" o del "azote" de la droga. También es imposible escuchar la opinión de que el consumo de sustancias ilícitas (o lícitas) no incide en los actos delictivos. Todos coinciden en que la droga (así, sin discriminar entre una y otra) es una de las principales causantes de la delincuencia. Esto a pesar de que no existen datos acerca de dicha incidencia. Que no los haya no depende solo de voluntad política para llevar a cabo los correspondientes estudios. Medir cuánto importó la dosis de pasta base fumada antes de cometer la rapiña requeriría que se le realizara los correspondientes exámenes al delincuente una vez que se lo atrapa, por ejemplo. En un contexto como el uruguayo, en el cual la Policía debe lidiar no solo con el delito sino también con una situación salarial muy grave. Hoy se calcula que el servicio 222 constituye más de la mitad de los magros ingresos que perciben los efectivos policiales. Sin embargo, el combate al tráfico de drogas está entre lo más exitoso que pueda exhibir la Policía y el Ministerio del Interior en la actualidad. En los últimos cinco años, la cantidad de droga incautada -principalmente cocaína y pasta base- ha sido mayor que todo lo que se registró hasta la fecha. Sin embargo, en muchos casos persisten en (o aumentan) los niveles de delincuencia y violencia.

El desafío que plantean los menores
La edad de inimputabilidad ha sido un tema caro a los políticos. Los jóvenes delincuentes son un el desafío para cual el Estado uruguayo aún no ha encontrado la solución, aunque se trate de apenas 500 personas. Un modelo que ha probado ser exitoso es el de Seguridad y Convivencia, aplicado en la ciudad de Medellín. La ONG sueca Save The Children escribe que la "cultura de la autorregulación" es el componente fundamental en este plan. "En lugar de gastar millones en policías que controlen todo, cada comunidad define participativamente reglas de convivencia y las respeta". Esa idea rectora ha conseguido reducir los homicidios a una sexta parte en cinco años, focalizada principalmente en los jóvenes varones y empobrecidos.

Equilibrios
Ricos y pobres
Durante mucho tiempo se sostuvo desde la izquierda que mejorando las condiciones económicas, sociales y culturales de las mayorías, el delito disminuiría. Hoy, con la primera experiencia de gobierno a punto de culminar, ese discurso ha sido sustituido por una heterogénea diversidad de opiniones que en algunos casos divergen de lo que tradicionalmente se postuló, como por ejemplo lo que sostiene Juan Faroppa en la nota central de este informe. Sin embargo, sigue predominando en el oficialismo la idea de que los índices macroeconómicos son decisivos a la hora de buscar las causas del delito, y sus posibles soluciones. Se afirma en un comunicado publicado el mes pasado en el sitio web de Presidencia que "la seguridad pública es un concepto global que depende de las políticas sociales" (donde además se informa que el gasto público en seguridad creció 75% en los últimos cinco años). De ser así, el más reciente informe del Ministerio de Desarrollo Social preocupa. Aunque los niveles de pobreza descendieron casi un 30% desde 2005, la distribución de la riqueza -medido por el Índice Gini, donde 0 es la igualdad total y 1 la desigualdad total- indica mayor desigualdad hoy (0,457) que en 1999 (0,437).

URUGUAY: Reclusos: 63% no reincide

Fuente: El Espectador
El ministro del Interior, Jorge Bruni, reafirmó que la superpoblación carcelaria se solucionará, pero no en este gobierno y reveló que el 63% de los reclusos que recibió ayuda del Estado no reincidió.

El secretario de Estado no descartó la implementación de medidas alternativas a la prisión en esta administración y defendió la Ley de Humanización del sistema carcelario.

El ministro del Interior, Jorge Bruni, calificó de parciales las versiones de prensa sobre sus dichos respecto al sistema carcelario, cuando señaló que el problema del hacinamiento carcelario era “insolucionable”.

Bruni indicó el hacinamiento en los centros de reclusión es un tema complejo y que el proceso no tendrá solución en este período de gobierno, sino que deberá ser retomado por administraciones posteriores.

“Al ser la seguridad, es un problema de todos. Al ser la seguridad un problema de política de Estado, no sólo es de un gobierno. Este gobierno ha hecho esfuerzos notorios y los números los vamos a presentar la próxima semana. Esos esfuerzos notorios son una demostración de que se está encarando el problema del hacinamiento de cárceles, pero una frase aislada de que diga que no se va a solucionar el hacinamiento de cárceles puede llegar a desvirtuar el concepto que dije ayer (miércoles), que fue mucho más amplio. Así que reivindico totalmente lo que dije ayer (miércoles), pero que no se interprete parcialmente”.

El jerarca aseguró que más allá de los traslados que están previstos para descongestionar los centros más complicados, el país debería redoblar la apuesta por otras vías, apostando, entre otras cosas, a la implementación de medidas alternativas.

“Tiene que ver con las políticas de prevención tiene con las políticas de la enseñanza y del trabajo tiene que ver con proyectos de leyes de penas alternativas. Tienen que ver en que no siempre, en la medida de lo posible, deberían tipificarse penas con prisión, a veces hay otros tipos de penas alternativas. Y también el tema de los traslados es otro de los elementos y otras de las herramientas que por enésima vez repetiré no es sólo de este gobierno sino de todos los gobiernos, porque la seguridad es un problema de todos”.

El ministro destacó el saldo positivo de la Ley de Humanización de Cárceles y agregó que el 63% de los reclusos que recibieron apoyo del Estado, no reincidieron.

“Ha tenido resultados en que se duplicó el número de presos que trabaja y se triplicó el número de docentes que están en la materia. Forma parte de eso que yo decía recién, que es un tema global, es un tema que a veces exige represión, pero fundamentalmente exige prevención y fundamentalmente también, dentro de esa globalidad, está todo lo que tiene que ver con penas alternativas, de la cual, la Ley de Humanización de Cárceles es un muy buen ejemplo”.

Este jueves, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, expresó su preocupación por la superpoblación en los centros de reclusión.

Garcé detalló que la habilitación de 1.500 nuevas plazas en los últimos 18 meses da la pauta de lo que ha crecido la población carcelaria.

El jerarca aseguró que hay cifras que año a año se mantienen constantes: “Creo que cuando alguien plantea una alternativa, alguna vez lo dijimos, es también una forma de ser optimista. Uno plantea recomendaciones que la realidad se pude modificar. Desde ya que la preocupación subsiste en la medida que hay determinados datos de la realidad que se mantienen constantes y esto de un crecimiento que nada lo detiene y que nos hace superar año a año los máximos históricos de personas encarceladas”.

Por otra parte, el ministro Bruni confirmó un caso de gripe A H1N1 en una mujer recluida en la Cárcel de Cabildo y adelantó la extensión del protocolo definido por Salud Pública para el Comcar a todos los centros del país.

En cada centro se dispondrá una sección independiente con un determinado número de camas para contener un posible brote del virus. Además, como medida preventiva, se extenderá el uso del scanner en los días de visita para detectar a las personas que tengan más de 37 grados de temperatura.

Uruguay: Astori presentó las 30 primeras medidas de gobierno

El País. Uruguay. 27-05-2009
Frente Amplio

(Ver medidas 28, 29 y 30)

Esta noche el comando de Astori presentó las Primeras 30 medidas de gobierno del Frente Amplio, que durante dos meses trabajó un grupo de académicos, profesionales, especialistas y referentes políticos.

Como atodos sus actos desde que está internado, Astori envió una carta a sus seguidores, donde nuevamente les aseguró que volverá con más fuerza.

El ministro de Turismo, Héctor Lescano dirigió unas palabras a los presentes, en el que sostuvo que durante la gestión de Astori al frente del Ministerio de Economía el país logró "niveles de inversión como nunca" y se implementaron políticas sociales, como el Plan de Emergencia y de Equidad.

Agregó que estas propuesta fueron elaboradas "ajenas a toda demagogia", pero con la intención de compromiso por parte de cada uno desde el lugar donde se encuentre. "Debemos poner el dedo fuerte contra las fuerzas conservadoras que quieren poner freno a las medidas progresistas", aseguró.

Las medidas fueron presentadas por el sociólogo Julio Bagno, quien dijo que se impulsará un nuevo estado social que vaya contra las políticas neoliberales, que implementó Luis Alberto Lacalle en su gobierno.

Las 30 medidas
1. Asegurar igualdad de oportunidades desde la gestación a todas y todos los compatriotas. Ampliación de la atención de salud a embarazadas y niños. Incremento en un 45% del monto de las asignaciones familiares a embarazadas y niños hasta 36 meses.

2. Crear escuelas comunitarias. Universalización del preescolar desde los 3 años de edad. Abrirán escuelas, extendiendo el tiempo educativo, para lo que se construirán 100 locales nuevos. Incorporarán maestros comunitarios en todas las demás escuelas. Es importante el vínculo entre el docente y la familia.

3. Impulsar un verdadero shock educativo. Para elevar la productividad, se necesita personas educadas, que los jóvenes terminen el liceo y el bachillerato. Se pondrán a disposición de los jóvenes becas de estudio para culminar el ciclo básico. Extender el Plan Ceibal a todos los liceos y la UTU.

4. Apoyar a los jóvenes para que construyan sus proyectos en el país: empleo, vivienda y salud. Se impulsará un Acuerdo Nacional para el Empleo Juvenil. Dispondrán de un sistema de garantías y subsidios a la cuota del alquiler para los jóvenes trabajadores y estudiantes. Extensión del Fonasa hasta los 21 años para quienes continúen trabajando.

5. Practicar deportes y disfrutarlos sin violencia. Implementar una Red de Plazas de Deportes Siglo XXI vinculadas a todos los clubes deportivos. Instauración del Plan Nacional de Desarrollo Deportivo.

6. Garantizar que todos los uruguayos puedan atenderse rápidamente cuando tienen problemas serios de salud. Regionalización de la atención médica – quirúrgica en el interior del país, a través de Centros de Especialidades en Salto, Paysandú, Tacuarembó; Hospitales de agudos en Rivera, Durazno y Maldonado; Cordón Metropolitano Sanitario para traumatizados. Se eliminarán las órdenes y tickets para análisis de laboratorio, etc.

7. Cuidar a nuestros mayores y a las personas con discapacitados. Implementación de un Sistema Nacional de Cuidados que contemple las diferencias de género y generacionales. Extensión de los Hogares diurnos para adultos mayores y personas discapacitadas.

8. Construir viviendas y erradicar asentamientos para promover la integración social. Se pondrá en práctica un Programa Nacional de Acceso a la Vivienda que incluirá garantía de alquileres, créditos de compra y de reforma.

9. Recuperar el barrio como lugar de encuentro entre diferentes y acercar más ciudades y pueblos. Clubes deportivos y espacios culturales. Se acondicionará la infraestructura básica y se aportará calidad a los espacios públicos y se asegurarán los servicios indispensables en cada barrio. Modernización del sistema de transporte de pasajeros urbanos e interurbanos. Impulso al Plan Cardales.

10. Luchar frontalmente contra la droga. Se pondrá al alcance de toda la población centros de rehabilitación. Combatir con todo al narcotráfico.

11. Combatir la violencia doméstica. Se avanzará en un sistema integral de prevención y atención a la violencia intrafamiliar con refugio, amparo, capacitación de los funcionarios y fortalecimiento de los juzgados.

12. Reparar la ciudadanía afro – uruguaya. Implementación de medidas de discriminación positiva en el trabajo y la educación, reservando un 10% de los cargos por concurso en el Estado a los afrodescendientes. Programa de becas y subsidios para la culminación de la educación media.

13. Apoyar la creación y la producción cultural nacional. Impulso de una red densa y eficaz para extender la cultura. Através de centros MEC, Fábricas de Cultura e Inclusión social del MIDES.

14. Diseñar una nueva matriz energética nacional. Construcción de alianzas público privada y entre el sector académico y emprendedores; y se propiciará el uso eficiente de la energía.

15. Ampliar la infraestructura para apoyar el desarrollo productivo. Impulsar al Uruguay como Plataforma Logística de la región. Puertos en el litoral, Montevideo y aguas profundas. Se crearán más Parques Industriales y Polos Tecnológicos en el interior del país. Más ferrocarriles.

16. Desarrollar la inteligencia comercial para la inserción de Uruguay en la región y el mundo a partir de una plataforma que se apoyará en un sistema de información con participación pública y privada.

17. Ampliar incentivos para apoyar la inversión productiva en zonas vulnerables. Se seleccionará anualmente 50 proyectos de inversión por un monto máximo de mil millones de dólares anuales.

18. Crear nuevas capacidades para el desarrollo del turismo, tanto rural, social como de aventura. Construcción de dos grandes complejos en Montevideo y Maldonado para integrar a Uruguay en el circuito de los grandes eventos internacionales.

19. Extender el acceso al agua para apoyar el desarrollo agropecuario. Aprovechamiento de los recursos hídricos en el sector agropecuario.

20. Capacitar para mejorar el trabajo. Instrumentación de un programa orientado a la capacitación laboral de 5 mil personas por año, aparte de las políticas de empelo juvenil.

21. Transformar la basura en energía. Uruguay libre de bolsas de plástico. Promover el reciclaje de los residuos. En acuerdo con los gobiernos departamentales se delimitarán los espacios destinados a residuos. Incentivar las empresas verdes y la tecnología ambiental.

22. Impulsar el cooperativismo y el desarrollo de empresas de Economía social. Se crearán programas de desarrollo de la competitividad de empresas cooperativas.

Fondos concursables para cooperativas locales.

23. Apoyar el desarrollo de las tecnologías de la información y la biotecnología.

24. Facilitar el acceso al crédito para proyectos innovadores. Construcción de un Fondo Especial de Garantía de Créditos administrado por la CND.

25. Promover la innovación en el sector agropecuario. Fondo para mejorar la productividad de unos 10 millones de dólares anuales administrado por la ANII.

26. Promover un estado más eficaz, transparente y al servicio de los uruguayos. Implementación de compromisos de gestión y profesionalización de la función pública a todos los niveles jerárquicos.

27. Simplificar trámites con control ciudadano. Instalación de un defensor del pueblo.

28. Transformar y profesionalizar la acción policial. Más comisarías en los barrios. Salarios dignos a la policía. Reformulación del servicio 222.

29. Creación de la Dirección Nacional de Rehabilitación. Separar cárceles de la policía y reestructuración general de las cárceles. Implementación de un sistema de penas alternativas, donde la pena de prisión no constituya la primera y única respuesta para el delito. Acelerar las reformas del Código Penal y del Código de Proceso Penal.

30. Impulsar medidas socio – educativas y de privación de libertad para adolescentes en conflicto. Creación de Institutos Socio – Educativos de Responsabilización de los Adolescentes en conflicto con la ley penal. Implementación de medidas socioeducativas sin privación de la libertad. Centros de internación ordenados en una graduación progresiva en el uso de la libertad ambulatoria.

El acto tuvo lugar a las 19 horas en el Cine Plaza y fue transmitido en vivo on line a través de la página web del precandidato.

Astori participó en 1971, por encargo de Líber Seregni, en la elaboración de las Primeras 30 medidas de gobierno con las que el Frente Amplio se presentó a las elecciones de aquel año.

Uruguay: Educación en Cárceles

Serie América Latina hacia CONFINTEA VI, Campana Latinoamericana por el Derecho a la Educación. Relato de Felipe Machín, de ANEP, Uruguay.

Uruguay: Unos 3.000 presos necesitan ser realojados

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Fecha: 25/05/2009 | 12:28 | Montevideo, Uruguay

Representantes del PNUD presentaron al presidente Vázquez un informe con recomendaciones para descongestionar el sistema carcelario. Hay ofertas para edificar una nueva cárcel

Las prisiones en Uruguay registran al menos un 50% de hacinamiento, según se desprende de un informe que presentaron al presidente, Tabaré Vázquez, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El documento, entregado este lunes al mandatario, señala que en Uruguay hay aproximadamente 7.500 reclusos, y la capacidad de las prisiones está en torno de los 4.500, revelaron en conferencia de prensa los representantes regionales del PNUD, Pablo Mandeville y Giovanni Quaglia. En tanto, durante la sesión del Consejo de Ministros el canciller, Gonzalo Fernández, comunicó al Poder Ejecutivo que Uruguay recibió ofertas para la construcción de una nueva cárcel, según anunció a la prensa el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez. Quaglia, representante regional para el Cono Sur de la oficina de Naciones Unidas para la Droga, consideró que el hacinamiento carcelario es un problema que debe tener especial atención en Uruguay y estimó que unos 3.000 reclusos deben ser realojados. El experto dijo que si “enviar a las personas a las prisiones, sigue siendo la única solución a los delitos, el problema del hacinamiento aumentará”. Quaglia agregó que si las autoridades del gobierno y la Justicia no atienden este asunto en los próximos cuatro años, el problema aumentará. “Esto se resuelve con legislación que encuentre otras opciones al encarcelamiento”, indicó. Otro tema mencionado por el analista internacional en el informe es el que refiere a la reclusión de jóvenes en los mismos predios que la población adulta. Sugirió que los menores infractores deben ser alojados en centros diferentes, donde se les brinde atención con educación y capacitación laboral. “No es una buena práctica que los jóvenes estén alojados en el mismo espacio que los adultos. Los jóvenes tienen que ser tratados para que puedan reintegrarse a la sociedad”, manifestó. Una de las alternativas que se propone para Uruguay es la libertad anticipada a quienes tengan buena conducta. Explicó que en Estados Unidos y Europa se favorece la reducción del hacinamiento aplicando esta herramienta en reclusos que tienen más de 10 años de cárcel y ya cumplieron 2/3 de condena.

Uruguay: Reforma del Sistema Penitenciario

www.montevideo.com.uy
25.05.2009 21:50

Se presentó este lunes un plan de acción para la reforma del sistema penitenciario y la política criminal, que plantea una serie de acciones en las áreas legislativa, ejecutiva y judicial para mejorar la situación carcelaria, como buscar opciones alternativas al encarcelamiento y procurar la reinserción de los reclusos.
El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Giovanni Quaglia, y el representante residente del PNUD, Pablo Mandeville, presentaron el plan este lunes al presidente Tabaré Vázquez, informó el Servicio de Comunicación Institucional de Presidencia.

La Junta Nacional de Drogas (JND) fue la encargada de liderar las acciones y viabilizar la creación a nivel nacional del "Plan de Acción para la Reforma del Sistema Penitenciario y la Política Criminal", cuya elaboración comenzó en mayo de 2007.

Quaglia señaló que su Oficina está apoyando al gobierno uruguayo en la reforma del sistema penal, sobre todo en lo que tiene que ver con las condiciones de reclusión, y celebró que se llegara a un documento consensuado tras dos años de trabajo.

El representante de la ONUDD destacó que la problemática del sistema carcelario trasciende a una administración de gobierno y que se arrastra por lo menos desde hace 10 años.

Quaglia informó que Vázquez anunció que llevará adelante gestiones políticas para que el Plan se trate como una prioridad nacional.

Quaglia explicó que el principal problema se encuentra en que existe hacinamiento en al menos un 50% de los establecimientos, y dijo que si el Poder Judicial se mantiene en la línea de enviar a prisión a todos los delincuentes, este problema irá en ascenso.

En este sentido, el documento plantea que una posible solución, puede ser la de lograr una legislación que brinde opciones alternativas al encarcelamiento. En este caso, citó como ejemplo que cuando se trate de jóvenes, sin delitos previos, de entre 18 y 25 años, la instalación de establecimientos similares al Centro Nacional de Rehabilitación, puede ser una solución en la dirección de no propiciar su integración con delincuentes más peligrosos, consigna el SCI.

Asimismo destacó la importancia de dotar de algún tipo de educación o formación a los reclusos para facilitar su reinserción una vez cumplida la pena.

Otra de las sugerencias del Plan es valorar la buena conducta dentro de los establecimientos para adelantar la salida de los reclusos. También el uso de las penas alternativas se maneja en el proyecto, como uno de los medios para contrarrestar la superpoblación carcelaria, pero aclaró que este beneficio se maneja sólo para condenas que no superen los 24 meses de prisión.

Por su parte, el Secretario General de la JND, Milton Romani, destacó la importancia de contar con un plan integral, y expresó que ya se está avanzando en reformas en la administración del sistema penitenciario, reformas legales y en lo referente a salud dentro del sistema, entre otras medidas.