Sistemas Penitenciarios y Penas Alternativas en Iberoamérica: Análisis a partir de la situación de la criminalidad y las políticas criminológicas

Estimadas amigas y amigos. Ya ha visto la luz el libro en el que hago un análisis de la situación penitenciaria y de la implementación de la pena alternativas en la región. A continuación os dejo una sinopsis y el índice. Pinchando en el título de este artículo podéis acceder a la editora para su compra. Trataré de, si es posible, colgarlo de aquí para su acceso público.

Espero que os guste y me hagáis llegar vuestros comentarios


Sistemas penitenciarios y penas alternativas en Iberoamérica
Mauricio Benito Durá
09/2009 - Tirant lo Blanch - Homenajes y Congresos
Edición bilíngüe Español-Portugués
1ª Edición / 636 págs. / Rústica / Castellano / Libro
ISBN10 8498764254; ISBN13 9788498764253

Sinopsis

Las cárceles se han utilizado para proteger a la comunidad, disuadir a los posibles infractores, exigir retribución y rehabilitar a los delincuentes. Sin embargo las condiciones de vida en muchas prisiones y los malos tratos que se producen no ofrecen la oportunidad para equilibrar esas funciones. Gran parte de los reclusos esperan juicio y las cárceles están llenas de pequeños delincuente, enfermos mentales, minorías objeto de discriminación y pobres. Además de tratarse de una importante cuestión de justicia, la reforma de las cárceles es un componente clave del marco de seguridad. Las prisiones no pueden controlar su entrada: reciben los resultados de las decisiones que se toman en otros ámbitos del sistema de que imparte justicia y seguridad. La cantidad y categoría de quienes están en prisión es el resultado de la interacción de la cultura, historia, política y situación socioeconómica, de la ley penal y de las decisiones de funcionarios de policía, fiscales y jueces. 
El objeto del presente trabajo es hacer un acercamiento a esta realidad abordando el tema de los sistemas penitenciarios y de las penas alternativas desde una óptica criminológica y de seguridad ciudadana que promueva su integración en las políticas nacionales de desarrollo y defensa de los derechos humanos. La articulación entre políticas sociales y de seguridad deben permitir un eficaz abordaje de la exclusión social, la violencia, la delincuencia y el desarrollo con equidad de las comunidades.

Índice

Prólogo
Agradecimientos
I. Instrumentos internacionales y regionales de Derechos Humanos pertinentes
1. Instrumentos Básicos de Derechos Humanos de Ámbito Universal
1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos
1.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
1.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
1.4. Otros Instrumentos Universales de los Derechos Humanos
2. Instrumentos Básicos de Derechos Humanos de Ámbito Americano
2.1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
2.2. Convención Americana sobre los Derechos Humanos
3. Instrumentos Básicos de Derechos Humanos de Ámbito Europeo
3.1. Convenio Europeo de Derechos Humanos
3.2. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes
3.3. Otros Instrumentos Regionales
4. Instrumentos Penitenciarios
4.1. Instrumentos Penitenciarios de Ámbito Universal
4.1.1. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
4.1.2. Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
4.1.3. Principios Básicos para el Tratamiento de los reclusos
4.1.4. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
4.1.5. Otros instrumentos de derechos humanos en la administración de justicia
5. Instrumentos Penitenciarios de Ámbito Latinoamericano
5.1. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas
6. Instrumentos Penitenciarios de Ámbito Europeo
6.1. Reglas Penitenciarias Europeas
7. Un modelo de Derechos y Obligaciones para los Sistemas Penitenciarios Iberoamericanos
7.1. Personal Penitenciario y administración de prisiones
7.1.1. Valores y comunicación
7.1.2. Las prisiones en la estructura de la administración pública
7.1.3. Contratación de personal
7.1.4. Capacitación de personal y condiciones de empleo
7.2. Los Reclusos y los Derechos Humanos
7.2.1. La Tortura y el Maltrato
7.2.2. Procedimientos de Admisión
7.2.3. Condiciones de Vida
7.2.4. Religión
7.3. La Atención Sanitaria
7.3.1. El Derecho a la Atención Sanitaria
7.3.2. Un Entorno Sano
7.3.3. Tratamiento Individual
7.3.4. Personal de Atención Sanitaria
7.4. Gestión de Prisiones
7.4.1. Seguridad y Programas de Reintegración Social
7.4.2. Seguridad y Contacto con el Mundo Exterior
7.4.3. Control y Orden
7.4.4. Colapso del Control y el Orden: Medidas para Combatir la Violencia y las Situaciones de Emergencia
7.4.5. Condiciones de Máxima Seguridad
7.4.6. Reclusos Difíciles y Problemáticos
7.5. Procedimientos y Sanciones disciplinarias
7.5.1. Procedimientos disciplinarios ecuánimes
7.5.2. Sanciones Justas y Proporcionadas
7.5.3. Confinamiento Solitario
7.6. Actividades Constructivas y Reinserción Social
7.6.1. Reconocimiento de la Persona Privada de Libertad como Individuo
7.6.2. Capacitación Laboral y Aptitudes
7.6.3. Actividades Educativas y Culturales
7.6.4. Preparativos para la Puesta en Libertad
7.7. Contacto con el Mundo Exterior
7.7.1. Visitas, Cartas y Llamada
7.7.2. Acceso a material de lectura, radio y televisión
7.7.3. Reclusos extranjeros
7.8. Peticiones y Denuncias
7.9. Procedimientos de Inspección. Informar y responder a las inspecciones
7.10. Prisión Preventiva y Personas Privadas de Libertad Detenida sin Condena
7.10.1. Derecho a la Representación Legal
7.10.2. El Tratamiento de las Personas Privadas de Libertad de forma Preventivas
7.10.3. Otras Personas Privadas de Libertad sin Condena
7.11. Jóvenes y Personas Menores de Edad
7.12. Mujeres en Prisión
7.13. Penas Prolongadas y Cadena Perpetua
7.14. Pena de Muerte
7.15. Diversidad
7.16. El uso de las Penas Alternativas a las Penas y Medidas Privativas de Libertad


II. Seguridad ciudadana y política criminal: Aportes a la cohesión social

1. Violencia y Criminalidad en América Latina
1.1. Buena Práctica: Seguridad Ciudadana como política de Estado en Bogotá
2. Pobreza en América Latina: aumento de la brecha social e incremento de la delincuencia
3. Tolerancia Cero: las «ventanas rotas» de Iberoamérica
4. Victimización de los jóvenes
5. «Maras» en Centroamérica: del abandono a la limpieza social


III. Políticas penitenciarias y sistemas penitenciarios en Iberoamérica

1. Aproximación a la realidad penitenciaria Iberoamericana
1.1. Tasas penitenciarias
1.2. Sobrepoblación y hacinamiento
1.3. Infraestructura penitenciaria
1.3.1. Chile
1.3.2. Colombia
1.3.3. Uruguay
1.3.3.1. Antecedentes de la ley 17.897: Una primera medida
1.3.3.2. Síntesis de las principales disposiciones de la ley 17.897
1.3.3.3. Alternativas al encierro
1.3.3.4. Modificación al régimen de libertad anticipada
1.3.3.5. Un nuevo instituto
1.3.3.6. Políticas de integración social
1.3.3.7. Objetivos alcanzados
1.3.4. La privatización de los centros penales
1.3.4.1. Las cárceles privadas. Elías Carranza
1.4. Población penitenciaria por sexo
1.5. Condiciones de detención y Derechos Humanos fundamentales: morir en prisión
2. Mujeres en Prisión
3. Grupos Especiales
3.1. Presos sin condena
3.2. Pena de Muerte
4. Salud en prisión
4.1. Habitabilidad: albergue, condiciones de detención y vestido
4.2. Alimentación y Agua potable
4.3. Enfermedades Infecciosas
4.4. Enfermos Mentales
5. Educación
5.1. En cuanto a su instrumentalización, desarrollo y alcance
5.2. En cuanto a las universidades y la educación en prisión
5.3. En cuanto a la educación y los derechos humanos
5.4. Los desafíos para el disfrute del derecho a la educación en las prisiones
6. Personal penitenciario y administración penitenciaria
6.1. Gestión penitenciaria
6.1.1. La sociedad
6.1.2. La estructura arquitectónica
6.1.3. Personal al servicio de la Administración
6.1.4. Los internos
6.2. Servicio público
6.3. Selección de personal y condiciones de trabajo
6.4. Formación profesional
6.5. España: Los Módulos de Respeto


IV. Penas alternativas

1. ¿Crisis de las penas de prisión?
1.1. La prisión: un enfermo terminal con salud de hierro
1.2. El apoyo popular a las penas de prisión
1.3. El apoyo popular a las penas alternativas
2. El costo de la pena de prisión
2.1. El costo económico
2.2. El costo social
3. Penas alternativas y alternativas a la prisión
4. Penas alternativas y prisión preventivas
5. Tipos de penas alternativas
5.1. La substitución por otra medida privativa de libertad
5.2. La substitución por otras penas no privativas de libertad
6. Penas alternativas y el miedo a lo nuevo
7. Buenas prácticas
7.1. Brasil
7.1.1. Red social y penas alternativas en el caso brasileño
7.1.2. Lecciones aprendidas
7.2. El Salvador
7.2.1. La ley Penitenciaria
7.2.2. La ley Orgánica Judicial
7.2.3. Estrategias de trabajo del Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DEPLA)
7.2.3.1. Gestión y sistematización de la información
7.2.3.2. Atención de casos en fases
7.2.3.2.1. Valoración diagnóstica y formulación de Plan de Seguimiento
7.2.3.2.2. Ejecución del plan de seguimiento
7.2.3.2.3. Fase de cierre


V. Monitoreo de los centros penales

1. Organismos Internacionales
1.1. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
2. ONG Internacionales
2.1. Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
2.2. Reforma Penal Internacional (RPI)
2.3. Centro Internacional de Estudios sobre Prisiones
2.4. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
3. Organismos Regionales
3.1. Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)
3.2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los derechos humanos de las personas privadas de Libertas de las Américas
3.3. Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT)
4. Organismos Nacionales
4.1. Defensorías del Pueblo
4.2. Parlamentos Nacionales
4.2.1. Procuraduría Penitenciaria en Argentina
4.2.2. Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario del Uruguay
4.3. ONG Locales
4.4. Medios de Comunicación
VI. Conclusiones y recomendaciones

VII. Bibliografía y fuentes de referencia

Uruguay: sobrepoblación y muerte en centro penal COMCAR

Tensión en Comcar tras la tragedia

EDUARDO BARRENECHE (www.elpais.com.uy)

Se trata del peor episodio ocurrido en las cárceles uruguayas. Cinco presos murieron al incendiarse una celda del Comcar. El incidente generó ayer un clima de tensión en dicho penal.
"Se preocupan de que todas las visitas tengan tapabocas, pero adentro dejan achicharrarse a los reclusos", protestó ayer una anciana durante la visita de familiares a los presos del Comcar.
La frase reflejaba la indignación de gran parte de los familiares por la muerte de los encarcelados. Los guardias recomendaban a los familiares que se retiraran lo antes posible ante la eventualidad de que la tensión reinante en el penal derivara en un motín.

Entre las 21.30 y las 22 horas del lunes 24, un griterío sacudió la modorra de los tres o cuatro policías que se encontraban de guardia en el Sector Boxes ubicado en la entrada del Módulo VI del Comcar.
El incendio se desató en una celda de cuatro por tres metros ocupada por cinco reclusos. Tres de ellos se encontraban allí esperando un traslado al Penal de Libertad. Habían protagonizado un incidente con otros presos el fin de semana pasado. Los otros dos encarcelados habían solicitado su traslado al Penal de Libertad porque tuvieron problemas de convivencia con otros presos, según afirmaron a El País fuentes carcelarias. Estos carecían de observaciones por problemas de conducta, lo que llamó la atención a las autoridades penitenciarias. Es que las condiciones de internación del Penal de Libertad son más rigurosas que las del Comcar.

RECHAZO
Los reclusos fallecidos en el incendio fueron Jorge Peñaloza (23), Romeo Garín (28), Adrián Salaberry (27), Christian Alemán (30) y Robert Correa (28). Los cinco habían sido remitidos por rapiñas y hurtos.
En el Sector Boxes se alojan presos sancionados o en tránsito hacia otras cárceles. La mayoría de las veces tienen como destino el Penal de Libertad, un lugar usado por las autoridades penitenciarias para derivar a internos considerados conflictivos.
En el Penal de Libertad -la única cárcel de máxima seguridad existente en el país- el encierro es casi total. Allí los presos no deambulan durante varias horas por "la planchada" -pasillo que une el celdario en el Comcar- sino que permanecen gran parte del día dentro de sus celdas.
Los calabozos del Sector Boxes son similares a los que se ven en las películas: rejas frontales y los laterales y fondo fueron construidos de material.
Una de las hipótesis manejadas ayer por la Policía es que uno o dos presos sancionados iniciaron la protesta o llamado de atención porque reclamaban una mayor rapidez en el traslado. Doblaron un colchón y lo prendieron fuego. Luego intentaron pasarlo a través de la reja. Este se hinchó y cayó encendido dentro de la celda sobre otros colchones. El fuego se extendió. Las llamas llegaban hasta el sector superior, tal su intensidad. Según fuentes policiales, este tipo de protestas son comunes en las cárceles. Generalmente el colchón cae en el pasillo, genera un foco ígneo y luego corren los policías a apagarlo. Al otro día, como sanción, los presos revoltosos son trasladados.
Al escuchar el griterío, los policías abandonaron la Guardia ubicada en la puerta del Módulo VI y corrieron hacia el Sector Boxes. Se encontraban a siete metros del lugar. Debieron cruzar dos portones con cerrojos hasta llegar al celdario.
Al llegar al lugar, los policías constataron que estaba a oscuras. El sistema eléctrico había colapsado por las llamas. Debieron regresar a la Guardia a buscar linternas y elementos para cubrirse el rostro para enfrentar el humo y el calor. Dos guardias sufrieron intoxicaciones.
En una primera instancia, los guardias abrieron la puerta de las celdas contiguas a la incendiada y evacuaron 14 reclusos. Luego munidos de cinco extintores apagaron el fuego de la celda desde el pasillo.
El calor había dañado la cerradura de la puerta y destruido los vidrios del pasillo. Ello obligó a los policías a retornar por segunda vez a la Guardia para buscar herramientas para romper la puerta.
De adentro de la celda sacaron a un recluso que estaba cerca de la puerta. Su cuerpo sin vida quedó en el pasillo. Los otros cuatro perecieron por asfixia dentro de la celda. El fuego carbonizó sus cuerpos.
Según fuentes médicas, lo máximo que resiste una persona en un escenario similar al vivido por los reclusos son seis minutos.
"Los productos de la combustión que generan elementos tóxicos son el óxido y el monóxido de carbono. En este caso en particular, los colchones, además producen cianuro, un elemento tóxico que en un corto período determina una intoxicación fulminante", dijo el director de Bomberos, Raúl Perdomo. Agregó que su experiencia como bombero dice que, en estas circunstancias, "un 75% de las personas que mueren en el incendio es como consecuencia de los productos de la combustión; sólo 25% por efecto directo del fuego".

AJUSTE.
En la mañana de hoy, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé presentará un informe al Parlamento sobre lo sucedido en el Comcar.
El lunes 24, Garcé arribó a ese penal poco después de la muerte de los presos. Al mediodía de ayer, regresó al Comcar para dialogar con autoridades del penal.
"Vi la escena tal como estaba. Observé a un cuerpo sin vida en el corredor y cuatro cuerpos calcinados dentro de la tercer celda del Sector Boxes", indicó.
Consultado sobre si el incidente podría haber sido el resultado de un ajuste de cuentas entre los reclusos, Garcé desestimó esa versión.
"A mi juicio es muy difícil que haya sido un problema entre presos", señaló el comisionado.
Por su parte el director de Cárceles, Horacio Zaugg afirmó que todas las celdas del Sector Boxes "estaban trancadas" antes del incendio. De esta forma, el jerarca policial descartó cualquier posibilidad de que el foco ígneo se hubiera originado fuera de la celda y luego propagado dentro de la misma.
El juez penal Luis Charles no encontró elementos o pruebas que vinculen el episodio como una venganza entre presos.

GRAVEDAD.
En la mañana de ayer, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Jorge Bruni calificó de "desgraciado suceso" las muertes de los cinco encarcelados.
Por su parte Zaugg señaló que, además de la instancia judicial, se está realizando en el Comcar una investigación interna para tener más detalles de lo ocurrido en el Sector Boxes.
La demora en abrir la puerta de la celda fue reconocida por el director interino de la Policía Nacional y titular de Bomberos, Raúl Perdomo. Una cárcel, agregó, es un edificio particular muy diferente de un edificio de apartamentos o un liceo.
"En un penal el componente de la seguridad es importante. Hay que abrir portones y rejas. Ante una situación como un incendio, ello conspira con la velocidad de evacuación", dijo a El País el director de Bomberos.
Según Perdomo, los policías debieron abrir puertas y celdarios porque, de otra forma, los reclusos "no tienen posibilidades" de autoevacuación.

Familiares de presos muertos criticaron reacción de la guardia
Ayer (27/08/09), a unos 20 metros de la entrada del penal de Santiago Vázquez (Comcar), tres familiares de uno de los reclusos fallecidos en el incidente del lunes 24 se quejaban de la presunta omisión policial en abrir la puerta de la celda. "La guardia los dejó morir, porque estaban haciendo una protesta. Acá lo sabe todo el mundo", afirmó uno de ellos.
El padre de uno de los reclusos fallecido responsabilizó a las autoridades que custodiaban el módulo y afirmó que llegará a las últimas consecuencias, según consignó ayer radio El Espectador.
La esposa de otro de los fallecidos dijo que no había podido reconocer a su marido. "Vine a buscar los papeles para tramitar su entierro, porque está calcinado. No lo puedo reconocer; tengo que ir a la morgue a levantar el cuerpo", dijo.
Ayer el malestar era generalizado en el Comcar. Varios presos señalaron a El País que los guardias demoraron en brindar asistencia y agregaron que los pedidos de auxilio no son atendidos con celeridad. También se quejaron del hacinamiento en que se encuentran alojados donde, en piezas de tres por tres metros, conviven nueve internos.
Las críticas de los presos también apuntan a la calidad de la alimentación del "rancho". "Casi nunca vemos algo de carne. Pero los guardias comen asados casi diariamente", se quejó un interno.
Los policías a su vez se quejan de los horarios extendidos y el elevado estrés generado por la convivencia con reclusos. También señalan que el régimen laboral -una semana de trabajo por otra de asueto- afecta sus relaciones familiares.

Los hitos del INCENDIO

Los fallecidos
Los reclusos que perecieron en el incendio en el Sector Boxes fueron Jorge Peñaloza (23), Romeo Garín (28), Adrián Salaberry (27), Christian Alemán (30) y Robert Correa (28).

Por qué estaban allí
Tres de los cinco reclusos muertos se encontraban sancionados en el Sector Boxes por un incidente. Los otros dos pidieron su traslado al Penal de Libertad por problemas de convivencia.

Reacción oficial
El ministro del Interior calificó de "desgraciado" el episodio ocurrido en el Comcar. La Dirección Nacional de Cárceles inició una investigación interna para dilucidar si los guardias actuaron en forma rápida o no.

Informe al Parlamento
El comisionado parlamentario descartó que el incidente haya sido el resultado de un ajuste de cuentas entre presos. Hoy presentará un informe sobre el hecho fatídico al Parlamento.

La resolución judicial
A pedido de la fiscal Dora Domenech, el juez Luis Charles archivó el expediente que indagó los hechos. Concluyeron que no hubo omisión de los guardiacárceles, ya que intentaron socorrer a los reclusos.

Comcar: la cárcel más hacinada
El Comcar cuenta con 3.000 reclusos, siendo que su capacidad original es de 1.624 plazas, lo que lo transforma en el centro penitenciario más superpoblado de todo el país. El hacinamiento en el centro es del 70%, según lo estableció el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé en su último informe elaborado en el pasado mes de abril. Si bien en los últimos meses el Ministerio del Interior habilitó 750 nuevos cupos -lo que permitió un leve descongestionamiento- esa cantidad se tornó insuficiente en poco tiempo debido a que mensualmente el Comcar suma un promedio de 70 nuevos reclusos, en virtud de que el Penal de Libertad también está "topeado" y prácticamente no puede recibir internos, según indicó en los últimos días el Círculo Penitenciario, asociación que reúne a la gran mayoría de los guardiacárceles de todo el país. A fines del pasado mes de marzo, durante una visita a Uruguay, el relator de Derechos Humanos de la ONU, Manfred Nowak, cuestionó duramente las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios uruguayos. En particular, sostuvo que el Penal de Libertad es una de las peores cárceles que visitó en el mundo. En relación al Comcar, el experto internacional dijo que si bien la situación no es tan dramática, existen algunos módulos donde es igual a Libertad, y puso como ejemplo el módulo 2, en el que fueron alojados más de mil presos cuando su capacidad es para 120.


"El Comcar es un pequeño pueblo, pero en condiciones terribles"
Alejandro Mendieta (amendieta@elpais.com.uy)

En un día de visitas, cerca de 4.000 personas se congregan en el predio que ocupa el Complejo Carcelario Santiago Vázquez. "Esto es igual a la población que tienen algunos pequeños pueblos del interior, pero en condiciones terribles", dijo el senador blanco Carlos Moreira.
Esto es porque esa masa de personas vive en medio de un peligroso hacinamiento, sin habilitación de Bomberos y sin un protocolo de evacuación ante una emergencia, agregó el legislador a EL PAÍS digital.
La tragedia ocurrida a principios de semana, donde cinco reclusos perdieron la vida tras incendiar un colchón en la celda donde estaban recluidos, reavivó la polémica sobre el caos que reina en el Comcar.
Además, los informes presentados ante el Parlamento por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé y las autoridades del Ministerio del Interior mantienen claras discrepancias que, dijo Moreira, merecen ser investigadas.

El ministro Jorge Bruni dijo ayer ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario que todavía estaba en proceso una investigación administrativa y aclaró que en los testimonios recogidos durante la pericia policial, no había testimonio alguno que denunciara la falla de un extintor.
Pero Garcé afirma que algunos testigos le informaron que los guardias habían demorado y que el primer extintor utilizado no funcionó. "Hay discrepancias en los testimonios. Quedan dudas y hay que seguir profundizando la investigación", dijo Moreira, quien quedó con la impresión de que el ministerio no tenía la intención de averiguar cosas que pudiesen contradecir lo que ellos dijeron.

HABILITACIÓN.
La polémica también está en que una dependencia estatal de alto riesgo como es una cárcel no cuente con una habilitación de Bomberos. Moreira se preguntó cuándo había sido la última vez que se habían revisado los extintores, ya que no había coordinación alguna para una emergencia.

El legislador dijo que esto no es una luz amarilla, sino ya roja, que alerta sobre la necesidad de tomar medidas sobre una inmensa población que convive con la droga y el hacinamiento.
"Ojala nunca vuelva a pasar. Pero se encierran siete o diez personas en un lugar que es para uno. Falta que alguien se vuelva loco, prenda fuego un colchón y mate a todos los que están con el. El tema del hacinamiento tiene mucho que ver con esto", puntualizó Moreira.
Otro problema es la falta de criterio a la hora de mezclar a la población reclusa. En ese bloque de celdas, que tampoco contaba con un baño, Moreira afirmó que había presos que estaban procesados por cometer rapiñas con otros que lo estaban por hurto.
El director de cárceles, Horacio Zaugg, respondió ante la comisión que a cada preso se le pregunta si no tiene problemas en compartir una celda con tal o cual persona.
Para Moreira esta metodología no es una verdadera clasificación y que tampoco se recomienda en ningún manual internacional. "Eso es un gran caos. Yo me imagino que el director hace lo que puede, pero es una situación muy compleja, casi imposible", opinó.
El camino parlamentario será esperar un poco por el avance de las investigaciones que siguen en curso. Moreira pedirá, además, que se habilite la comparecencia de Garcé para que pueda ampliar sobre lo presentado en su informe y enfrentarlo a las contradicciones que se generaron tras la reunión con el ministro Bruni.

URUGUAY: Informe del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.

Entre los días 22 y 27 de marzo de 2009, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, de Naciones Unidas, el profesor Manfred Nowak, llevo a cabo una visita a Uruguay a invitación del gobierno de dicho país.

En el informe (ver aquí) se hace referencia a las condiciones de detención en comisarías, prisiones, centros para adolescentes e instituciones psiquiatricas.

El informe rescata con claridad las precarias condiciones en que se encuentran los centros penales en el país: “Durante la dictadura militar, el Penal de Libertad se convirtió en un símbolo infame de la tortura y los malos tratos. Dos décadas después, sigue siendo conocido por sus condiciones infrahumanas. En particular, las condiciones en los módulos de acero conocidos como Las Latas, son un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a la de los guardias que tienen que trabajar ahí, corriendo ambos riesgo para su vida. Este lugar, en donde los procesados y condenados se alojan como animales en contenedores sobrepoblados durante casi 24 horas al día, es detestable. Debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo forzados a tomar el agua del inodoro, y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. También tienen acceso médico limitado, por lo que los detenidos tienen que hacerse cortes en el cuerpo a si mismos, para poder ver a un médico”.

No menos clara es la descripción de los centros para adolescentes “La privación de libertad de adolescentes se utiliza como primer recurso y no como el último. Los adolescentes detenidos en establecimientos de máxima seguridad viven en condiciones extremadamente pobres. En su mayoría, carecen de oportunidades de educación, empleo o rehabilitación, y los menores se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día. Las condiciones sanitarias en los centros que visité son terribles. Los adolescentes no tienen inodoros en sus celdas, y en ocasiones tienen que esperar durante horas para que un funcionario les deje ir al baño. Como resultado, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en botellas y bolsas de plástico, las cuales después tiran por la ventana, dejando el lugar con un olor repugnante. Un gran número de adolescentes privados de libertad son adictos o consumidores de drogas. Muchos de ellos reciben sedantes como sustituto a las drogas. Son muy comunes las quejas de golpizas y castigos colectivos durante los motines y rebeliones”.

Especialmente interesantes resulta la lectura de las recomendaciones, útiles para cualquier país de la región que quiera adoptar una política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos.

URUGUAY: Reclusos: 63% no reincide

Fuente: El Espectador
El ministro del Interior, Jorge Bruni, reafirmó que la superpoblación carcelaria se solucionará, pero no en este gobierno y reveló que el 63% de los reclusos que recibió ayuda del Estado no reincidió.

El secretario de Estado no descartó la implementación de medidas alternativas a la prisión en esta administración y defendió la Ley de Humanización del sistema carcelario.

El ministro del Interior, Jorge Bruni, calificó de parciales las versiones de prensa sobre sus dichos respecto al sistema carcelario, cuando señaló que el problema del hacinamiento carcelario era “insolucionable”.

Bruni indicó el hacinamiento en los centros de reclusión es un tema complejo y que el proceso no tendrá solución en este período de gobierno, sino que deberá ser retomado por administraciones posteriores.

“Al ser la seguridad, es un problema de todos. Al ser la seguridad un problema de política de Estado, no sólo es de un gobierno. Este gobierno ha hecho esfuerzos notorios y los números los vamos a presentar la próxima semana. Esos esfuerzos notorios son una demostración de que se está encarando el problema del hacinamiento de cárceles, pero una frase aislada de que diga que no se va a solucionar el hacinamiento de cárceles puede llegar a desvirtuar el concepto que dije ayer (miércoles), que fue mucho más amplio. Así que reivindico totalmente lo que dije ayer (miércoles), pero que no se interprete parcialmente”.

El jerarca aseguró que más allá de los traslados que están previstos para descongestionar los centros más complicados, el país debería redoblar la apuesta por otras vías, apostando, entre otras cosas, a la implementación de medidas alternativas.

“Tiene que ver con las políticas de prevención tiene con las políticas de la enseñanza y del trabajo tiene que ver con proyectos de leyes de penas alternativas. Tienen que ver en que no siempre, en la medida de lo posible, deberían tipificarse penas con prisión, a veces hay otros tipos de penas alternativas. Y también el tema de los traslados es otro de los elementos y otras de las herramientas que por enésima vez repetiré no es sólo de este gobierno sino de todos los gobiernos, porque la seguridad es un problema de todos”.

El ministro destacó el saldo positivo de la Ley de Humanización de Cárceles y agregó que el 63% de los reclusos que recibieron apoyo del Estado, no reincidieron.

“Ha tenido resultados en que se duplicó el número de presos que trabaja y se triplicó el número de docentes que están en la materia. Forma parte de eso que yo decía recién, que es un tema global, es un tema que a veces exige represión, pero fundamentalmente exige prevención y fundamentalmente también, dentro de esa globalidad, está todo lo que tiene que ver con penas alternativas, de la cual, la Ley de Humanización de Cárceles es un muy buen ejemplo”.

Este jueves, el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé, expresó su preocupación por la superpoblación en los centros de reclusión.

Garcé detalló que la habilitación de 1.500 nuevas plazas en los últimos 18 meses da la pauta de lo que ha crecido la población carcelaria.

El jerarca aseguró que hay cifras que año a año se mantienen constantes: “Creo que cuando alguien plantea una alternativa, alguna vez lo dijimos, es también una forma de ser optimista. Uno plantea recomendaciones que la realidad se pude modificar. Desde ya que la preocupación subsiste en la medida que hay determinados datos de la realidad que se mantienen constantes y esto de un crecimiento que nada lo detiene y que nos hace superar año a año los máximos históricos de personas encarceladas”.

Por otra parte, el ministro Bruni confirmó un caso de gripe A H1N1 en una mujer recluida en la Cárcel de Cabildo y adelantó la extensión del protocolo definido por Salud Pública para el Comcar a todos los centros del país.

En cada centro se dispondrá una sección independiente con un determinado número de camas para contener un posible brote del virus. Además, como medida preventiva, se extenderá el uso del scanner en los días de visita para detectar a las personas que tengan más de 37 grados de temperatura.

España: Gallizo alerta de la sobrepoblación reclusa

Europa Press - 02/06/09

Hay más de 75.000 presos



La secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, alertó de que el actual sistema penitenciario "corre algunos riesgos" y planteó varios desafíos, entre los que destaca la sobrepoblación reclusa en España, donde hay más de 75.000 presos.

Otro de los desafíos es el "crecimiento espectacular de personas sometidas a medidas alternativas" que asciende a 84.326 en el territorio de la Administración General del Estado, a los que habría que sumar los de la Comunidad Catalana con competencias en esta materia; el aumento de personas extranjeras en las prisiones; y el incremento de reos con enfermedades mentales.

En la inauguración de las XVIII Jornadas de los magistrados de Vigilancia Penitenciaria, que se desarrollarán hasta el jueves en Las Palmas de Gran Canaria, Gallizo llamó la atención porque el sistema penitenciario en España, "uno de los referentes a nivel internacional", pensado en reinsertar a personas que han cometido delitos, "corre algunos riesgos". Así, indicó que "preservar este sistema penitenciario pasa por racionalizar el recurso a la prisión".

"La sobrepoblación de nuestro sistema penitenciario es uno de los principales desafíos de la Administración Penitenciaria", señaló Gallizo, que indicó que en el territorio competencia del Estado hay 65.753 personas en prisión y 84.326 en cumplimiento de medidas alternativas.

En lo que se refiere a las personas en prisión, desde el año 2000 a 2008 aumentó la población reclusa en España un 63 por ciento "sin que la tasa de delincuencia se haya modificado de la media de 20 puntos por debajo de los países europeos". Sin embargo, destacó que "España ha escalado el primer puesto entre los países europeos en la proporción de población reclusa respecto del conjunto de la población".

NUEVOS DELITOS

Atribuyó este incremento a "los nuevos tipos penales, a los efectos retardados de diferentes reformas penales y a la presencia cada vez mayor de extranjeros en el sistema penitenciario". Así, incidió en analizar los límites del recurso a la prisión y "qué espacios de cumplimiento alternativo pueden desarrollarse". No en vano, aseguró que España tiene "un gran déficit de entender que el cumplimiento de las penas en los pequeños delitos tradicionales". Gallizo confesó creer "mucho en la justicia reparadora, algo que tanto para el infractor como para la víctima es un camino todavía inexplorado en España para los delitos tradicionales".

A este respecto, propuso "un esfuerzo de racionalización del cumplimiento del régimen de semilibertad" y recordó que la Administración pretende revisar "de forma decidida los procedimientos de clasificación de personas condenadas a penas cortas". Según Gallizo, "en España hay una creencia popular de que las penas menores de 2 años no se cumplen en prisión". Sin embargo, actualmente hay 12.285 personas en las cárceles con condenas inferiores a 3 años.

En cuanto a las penas alternativas, resaltó el "crecimiento espectacular porque en España había apenas 500 personas sometidas a medidas alternativas y hoy hay más de 80.000 en el territorio de la Administración General del Estado, a los que habría que sumar los de la administración catalana". Para que estas medidas sean efectivas reclamó "un esfuerzo compartido", especialmente por parte de las comunidades autónomas y ayuntamientos para establecer los puestos en los que deben desarrollarse estos trabajos comunitarios. Así, criticó que "hay un muy insuficiente compromiso en el conjunto de la comunidad en el desarrollo de esta acción".

REVISAR LAS CONDENAS A "CORREOS DE LA DROGA"

El tercer desafío que comentó es el del aumento de otros países en el sistema penitenciario de España, que alcanza casi el 35 por ciento de la población reclusa, dato que aclaró que "no se corresponde necesariamente con la proporción de extranjeros que delinquen, sino que éstos permanecen más tiempo en las prisiones por la aplicación de determinadas leyes y su falta de arraigo en España, lo que les hace acceder más difícilmente a regímenes en semilibertad o a condicional".

Así, planteó revisar las condenas que se aplican a personas que hacen de "correos de la droga, que vienen a España por supervivencia económica manejados por mafias internacionales y que son penalizados casi en la misma medida" que los que dirigen el tráfico de drogas. De este modo, apostó por que "el cumplimiento de la condena efectiva sea menor y decretar libertad condicional con expulsión en un tiempo más breve para que puedan ir a sus países".

Por último, recalcó "la presencia cada vez más numerosa de personas con patologías psiquiátricas en las prisiones". Afirmó que éstas "se han convertido en un recurso asistencial" ante la falta de "centros de larga estancia para personas con enfermedades mentales" y subrayó que "no es justo ni es el papel que debe tener el sistema sanitario ni el sistema penal con las personas que tienen una enfermedad mental". De esta forma, reclamó a las comunidades contar con recursos sociales que "prevengan el delito".

LA EXPERIENCIA CATALANA

Por su parte, el secretario de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil de la Generalitat de Catalunya, Albert Batlle, alertó de los "posibles cambios" que comporta el cambio de paradigma del sistema penitenciario, al pasar de "reeducar" a "una concepción que considera que el sistema penal es la concatenación de una personalidad delictiva y una insuficiencia de respuesta cognitiva por parte del Estado", aunque, en su opinión, "eso no es así pues las leyes penales son de importante dureza".

Además, alertó de la modificación de la Ley Orgánica General de Vigilancia Penitenciaria y la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dotar de un instrumento legislativo que regule cómo ejecutar las medidas penales alternativas.

"España se ha convertido en el país más penitenciarista de Europa", remarcó Batlle, que admitió que ello significa que "hay algo que no funciona, como es el recurso continuado al encarcelamiento y que las largas condenas hacen muy difícil el proceso de reinserción social". Así, pidió "racionalidad en el momento de atender a las modificaciones legislativas" y que no se modifiquen más leyes sin una suficiente dotación presupuestaria porque "se está al borde del colapso".

Agregó que en los dos últimos años han crecido en Cataluña las medidas penales alternativas cerca de un 200 por ciento y alertó del "peligro de las prescripciones porque eso es igual a impunidad y eso es una burla absoluta".

Las vocales del CGPJ Concepción Espejel e Inmaculada Montalbán resaltaron la importancia del encuentro para poner en común experiencias, "sobre todo en la situación actual de elevado porcentaje de personas que cumplen penas en prisión", según Montalbán, que resaltó la incidencia de las nuevas leyes como la de seguridad vial, violencia de género y delitos contra la libertad sexual.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Antonio Castro, expresó la importancia de las jornadas para "la aplicación homogénea de las escasas normas sobre el cumplimiento de las penas privativas de libertad", al tiempo que reclamó el "derecho a la defensa de personas privadas de libertad". El fiscal superior de la Comunidad Canaria, Vicente Garrido, insistió en la "saturación de los centros penitenciarios" y la "necesidad de cada vez más armonizar otro tipo de medidas alternativas que sustituyan la entrada en prisión".

La viceconsejera de Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, hizo hincapié en la importancia de la falta de especialización de los juzgado de vigilancia penitenciaria y el problema de la dispersión de la normativa en esta materia. Además, aceptó la demanda del decano del Colegio de Abogados de Las Palmas, Joaquín Espinosa, de crear una especialidad dentro del turno de oficio para la asistencia a presos.

Uruguay: Unos 3.000 presos necesitan ser realojados

www.observador.com.uy
Fecha: 25/05/2009 | 12:28 | Montevideo, Uruguay

Representantes del PNUD presentaron al presidente Vázquez un informe con recomendaciones para descongestionar el sistema carcelario. Hay ofertas para edificar una nueva cárcel

Las prisiones en Uruguay registran al menos un 50% de hacinamiento, según se desprende de un informe que presentaron al presidente, Tabaré Vázquez, representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). El documento, entregado este lunes al mandatario, señala que en Uruguay hay aproximadamente 7.500 reclusos, y la capacidad de las prisiones está en torno de los 4.500, revelaron en conferencia de prensa los representantes regionales del PNUD, Pablo Mandeville y Giovanni Quaglia. En tanto, durante la sesión del Consejo de Ministros el canciller, Gonzalo Fernández, comunicó al Poder Ejecutivo que Uruguay recibió ofertas para la construcción de una nueva cárcel, según anunció a la prensa el prosecretario de la Presidencia, Jorge Vázquez. Quaglia, representante regional para el Cono Sur de la oficina de Naciones Unidas para la Droga, consideró que el hacinamiento carcelario es un problema que debe tener especial atención en Uruguay y estimó que unos 3.000 reclusos deben ser realojados. El experto dijo que si “enviar a las personas a las prisiones, sigue siendo la única solución a los delitos, el problema del hacinamiento aumentará”. Quaglia agregó que si las autoridades del gobierno y la Justicia no atienden este asunto en los próximos cuatro años, el problema aumentará. “Esto se resuelve con legislación que encuentre otras opciones al encarcelamiento”, indicó. Otro tema mencionado por el analista internacional en el informe es el que refiere a la reclusión de jóvenes en los mismos predios que la población adulta. Sugirió que los menores infractores deben ser alojados en centros diferentes, donde se les brinde atención con educación y capacitación laboral. “No es una buena práctica que los jóvenes estén alojados en el mismo espacio que los adultos. Los jóvenes tienen que ser tratados para que puedan reintegrarse a la sociedad”, manifestó. Una de las alternativas que se propone para Uruguay es la libertad anticipada a quienes tengan buena conducta. Explicó que en Estados Unidos y Europa se favorece la reducción del hacinamiento aplicando esta herramienta en reclusos que tienen más de 10 años de cárcel y ya cumplieron 2/3 de condena.

Uruguay: Reforma del Sistema Penitenciario

www.montevideo.com.uy
25.05.2009 21:50

Se presentó este lunes un plan de acción para la reforma del sistema penitenciario y la política criminal, que plantea una serie de acciones en las áreas legislativa, ejecutiva y judicial para mejorar la situación carcelaria, como buscar opciones alternativas al encarcelamiento y procurar la reinserción de los reclusos.
El representante de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Giovanni Quaglia, y el representante residente del PNUD, Pablo Mandeville, presentaron el plan este lunes al presidente Tabaré Vázquez, informó el Servicio de Comunicación Institucional de Presidencia.

La Junta Nacional de Drogas (JND) fue la encargada de liderar las acciones y viabilizar la creación a nivel nacional del "Plan de Acción para la Reforma del Sistema Penitenciario y la Política Criminal", cuya elaboración comenzó en mayo de 2007.

Quaglia señaló que su Oficina está apoyando al gobierno uruguayo en la reforma del sistema penal, sobre todo en lo que tiene que ver con las condiciones de reclusión, y celebró que se llegara a un documento consensuado tras dos años de trabajo.

El representante de la ONUDD destacó que la problemática del sistema carcelario trasciende a una administración de gobierno y que se arrastra por lo menos desde hace 10 años.

Quaglia informó que Vázquez anunció que llevará adelante gestiones políticas para que el Plan se trate como una prioridad nacional.

Quaglia explicó que el principal problema se encuentra en que existe hacinamiento en al menos un 50% de los establecimientos, y dijo que si el Poder Judicial se mantiene en la línea de enviar a prisión a todos los delincuentes, este problema irá en ascenso.

En este sentido, el documento plantea que una posible solución, puede ser la de lograr una legislación que brinde opciones alternativas al encarcelamiento. En este caso, citó como ejemplo que cuando se trate de jóvenes, sin delitos previos, de entre 18 y 25 años, la instalación de establecimientos similares al Centro Nacional de Rehabilitación, puede ser una solución en la dirección de no propiciar su integración con delincuentes más peligrosos, consigna el SCI.

Asimismo destacó la importancia de dotar de algún tipo de educación o formación a los reclusos para facilitar su reinserción una vez cumplida la pena.

Otra de las sugerencias del Plan es valorar la buena conducta dentro de los establecimientos para adelantar la salida de los reclusos. También el uso de las penas alternativas se maneja en el proyecto, como uno de los medios para contrarrestar la superpoblación carcelaria, pero aclaró que este beneficio se maneja sólo para condenas que no superen los 24 meses de prisión.

Por su parte, el Secretario General de la JND, Milton Romani, destacó la importancia de contar con un plan integral, y expresó que ya se está avanzando en reformas en la administración del sistema penitenciario, reformas legales y en lo referente a salud dentro del sistema, entre otras medidas.

República Dominicana: Hacinamiento predomina en prisiones dominicanas, denuncia funcionario

Prensa Latina
22 de mayo de 2009, 10:18Santo Domingo, 22 may (PL)

Las cárceles dominicanas del modelo tradicional muestran niveles de hacinamiento que sobrepasan el 400 por ciento, reveló el director de Prisiones, general Manuel Sánchez.

Puso como ejemplo de la situación que en cuatro cárceles del país, con capacidad sumada de 190 personas, en las que están recluidos mil 126 hombres y mujeres.

Esas condiciones prevalecen en 25 de las 35 cárceles administradas por el Sistema Penitenciario Nacional, estableció el general Sánchez.

Para cambiar esas circunstancias están en construcción cuatro establecimiento y en 10 de los existentes funciona el nuevo modelo,reveló.

La situación en las cárceles dominicanas adquirió relevancia la semana pasada cuando un notorio narcotraficante murió a causa de varios disparos que le hiciera un oficial dentro de la prisión.

Rolando Florián fue acusado por su matador de agredirlo con un cuchillo, cuya procedencia nunca fue explicada, en momentos en que se encontraba en su celda en estado de embriaguez y acompañado de dos mujeres a las cuales se identifica como prostitutas.

Según versiones sin confirmar, el narco, que purgaba una condena de 20 años, disfrutaba de un régimen especial que incluía aire acondicionado, televisión satelital y uso de teléfono celular, cuya posesión está prohibida en esas dependencias.