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viernes, 6 de noviembre de 2009

Sistemas Penitenciarios y Penas Alternativas en Iberoamérica: Análisis a partir de la situación de la criminalidad y las políticas criminológicas



Estimadas amigas y amigos. Ya ha visto la luz el libro en el que hago un análisis de la situación penitenciaria y de la implementación de la pena alternativas en la región. A continuación os dejo una sinopsis y el índice. Pinchando en el título de este artículo podéis acceder a la editora para su compra. Trataré de, si es posible, colgarlo de aquí para su acceso público.

Espero que os guste y me hagáis llegar vuestros comentarios


Sistemas penitenciarios y penas alternativas en Iberoamérica
Mauricio Benito Durá
09/2009 - Tirant lo Blanch - Homenajes y Congresos
Edición bilíngüe Español-Portugués
1ª Edición / 636 págs. / Rústica / Castellano / Libro
ISBN10 8498764254; ISBN13 9788498764253


Sinopsis

Las cárceles se han utilizado para proteger a la comunidad, disuadir a los posibles infractores, exigir retribución y rehabilitar a los delincuentes. Sin embargo las condiciones de vida en muchas prisiones y los malos tratos que se producen no ofrecen la oportunidad para equilibrar esas funciones. Gran parte de los reclusos esperan juicio y las cárceles están llenas de pequeños delincuente, enfermos mentales, minorías objeto de discriminación y pobres. Además de tratarse de una importante cuestión de justicia, la reforma de las cárceles es un componente clave del marco de seguridad. Las prisiones no pueden controlar su entrada: reciben los resultados de las decisiones que se toman en otros ámbitos del sistema de que imparte justicia y seguridad. La cantidad y categoría de quienes están en prisión es el resultado de la interacción de la cultura, historia, política y situación socioeconómica, de la ley penal y de las decisiones de funcionarios de policía, fiscales y jueces. 
El objeto del presente trabajo es hacer un acercamiento a esta realidad abordando el tema de los sistemas penitenciarios y de las penas alternativas desde una óptica criminológica y de seguridad ciudadana que promueva su integración en las políticas nacionales de desarrollo y defensa de los derechos humanos. La articulación entre políticas sociales y de seguridad deben permitir un eficaz abordaje de la exclusión social, la violencia, la delincuencia y el desarrollo con equidad de las comunidades.

Índice

Prólogo
Agradecimientos
I. Instrumentos internacionales y regionales de Derechos Humanos pertinentes
1. Instrumentos Básicos de Derechos Humanos de Ámbito Universal
1.1. Declaración Universal de los Derechos Humanos
1.2. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
1.3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
1.4. Otros Instrumentos Universales de los Derechos Humanos
2. Instrumentos Básicos de Derechos Humanos de Ámbito Americano
2.1. Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
2.2. Convención Americana sobre los Derechos Humanos
3. Instrumentos Básicos de Derechos Humanos de Ámbito Europeo
3.1. Convenio Europeo de Derechos Humanos
3.2. Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes
3.3. Otros Instrumentos Regionales
4. Instrumentos Penitenciarios
4.1. Instrumentos Penitenciarios de Ámbito Universal
4.1.1. Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos
4.1.2. Conjunto de Principios para la Protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión
4.1.3. Principios Básicos para el Tratamiento de los reclusos
4.1.4. Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre las medidas no privativas de la libertad (Reglas de Tokio)
4.1.5. Otros instrumentos de derechos humanos en la administración de justicia
5. Instrumentos Penitenciarios de Ámbito Latinoamericano
5.1. Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas
6. Instrumentos Penitenciarios de Ámbito Europeo
6.1. Reglas Penitenciarias Europeas
7. Un modelo de Derechos y Obligaciones para los Sistemas Penitenciarios Iberoamericanos
7.1. Personal Penitenciario y administración de prisiones
7.1.1. Valores y comunicación
7.1.2. Las prisiones en la estructura de la administración pública
7.1.3. Contratación de personal
7.1.4. Capacitación de personal y condiciones de empleo
7.2. Los Reclusos y los Derechos Humanos
7.2.1. La Tortura y el Maltrato
7.2.2. Procedimientos de Admisión
7.2.3. Condiciones de Vida
7.2.4. Religión
7.3. La Atención Sanitaria
7.3.1. El Derecho a la Atención Sanitaria
7.3.2. Un Entorno Sano
7.3.3. Tratamiento Individual
7.3.4. Personal de Atención Sanitaria
7.4. Gestión de Prisiones
7.4.1. Seguridad y Programas de Reintegración Social
7.4.2. Seguridad y Contacto con el Mundo Exterior
7.4.3. Control y Orden
7.4.4. Colapso del Control y el Orden: Medidas para Combatir la Violencia y las Situaciones de Emergencia
7.4.5. Condiciones de Máxima Seguridad
7.4.6. Reclusos Difíciles y Problemáticos
7.5. Procedimientos y Sanciones disciplinarias
7.5.1. Procedimientos disciplinarios ecuánimes
7.5.2. Sanciones Justas y Proporcionadas
7.5.3. Confinamiento Solitario
7.6. Actividades Constructivas y Reinserción Social
7.6.1. Reconocimiento de la Persona Privada de Libertad como Individuo
7.6.2. Capacitación Laboral y Aptitudes
7.6.3. Actividades Educativas y Culturales
7.6.4. Preparativos para la Puesta en Libertad
7.7. Contacto con el Mundo Exterior
7.7.1. Visitas, Cartas y Llamada
7.7.2. Acceso a material de lectura, radio y televisión
7.7.3. Reclusos extranjeros
7.8. Peticiones y Denuncias
7.9. Procedimientos de Inspección. Informar y responder a las inspecciones
7.10. Prisión Preventiva y Personas Privadas de Libertad Detenida sin Condena
7.10.1. Derecho a la Representación Legal
7.10.2. El Tratamiento de las Personas Privadas de Libertad de forma Preventivas
7.10.3. Otras Personas Privadas de Libertad sin Condena
7.11. Jóvenes y Personas Menores de Edad
7.12. Mujeres en Prisión
7.13. Penas Prolongadas y Cadena Perpetua
7.14. Pena de Muerte
7.15. Diversidad
7.16. El uso de las Penas Alternativas a las Penas y Medidas Privativas de Libertad


II. Seguridad ciudadana y política criminal: Aportes a la cohesión social

1. Violencia y Criminalidad en América Latina
1.1. Buena Práctica: Seguridad Ciudadana como política de Estado en Bogotá
2. Pobreza en América Latina: aumento de la brecha social e incremento de la delincuencia
3. Tolerancia Cero: las «ventanas rotas» de Iberoamérica
4. Victimización de los jóvenes
5. «Maras» en Centroamérica: del abandono a la limpieza social


III. Políticas penitenciarias y sistemas penitenciarios en Iberoamérica

1. Aproximación a la realidad penitenciaria Iberoamericana
1.1. Tasas penitenciarias
1.2. Sobrepoblación y hacinamiento
1.3. Infraestructura penitenciaria
1.3.1. Chile
1.3.2. Colombia
1.3.3. Uruguay
1.3.3.1. Antecedentes de la ley 17.897: Una primera medida
1.3.3.2. Síntesis de las principales disposiciones de la ley 17.897
1.3.3.3. Alternativas al encierro
1.3.3.4. Modificación al régimen de libertad anticipada
1.3.3.5. Un nuevo instituto
1.3.3.6. Políticas de integración social
1.3.3.7. Objetivos alcanzados
1.3.4. La privatización de los centros penales
1.3.4.1. Las cárceles privadas. Elías Carranza
1.4. Población penitenciaria por sexo
1.5. Condiciones de detención y Derechos Humanos fundamentales: morir en prisión
2. Mujeres en Prisión
3. Grupos Especiales
3.1. Presos sin condena
3.2. Pena de Muerte
4. Salud en prisión
4.1. Habitabilidad: albergue, condiciones de detención y vestido
4.2. Alimentación y Agua potable
4.3. Enfermedades Infecciosas
4.4. Enfermos Mentales
5. Educación
5.1. En cuanto a su instrumentalización, desarrollo y alcance
5.2. En cuanto a las universidades y la educación en prisión
5.3. En cuanto a la educación y los derechos humanos
5.4. Los desafíos para el disfrute del derecho a la educación en las prisiones
6. Personal penitenciario y administración penitenciaria
6.1. Gestión penitenciaria
6.1.1. La sociedad
6.1.2. La estructura arquitectónica
6.1.3. Personal al servicio de la Administración
6.1.4. Los internos
6.2. Servicio público
6.3. Selección de personal y condiciones de trabajo
6.4. Formación profesional
6.5. España: Los Módulos de Respeto


IV. Penas alternativas

1. ¿Crisis de las penas de prisión?
1.1. La prisión: un enfermo terminal con salud de hierro
1.2. El apoyo popular a las penas de prisión
1.3. El apoyo popular a las penas alternativas
2. El costo de la pena de prisión
2.1. El costo económico
2.2. El costo social
3. Penas alternativas y alternativas a la prisión
4. Penas alternativas y prisión preventivas
5. Tipos de penas alternativas
5.1. La substitución por otra medida privativa de libertad
5.2. La substitución por otras penas no privativas de libertad
6. Penas alternativas y el miedo a lo nuevo
7. Buenas prácticas
7.1. Brasil
7.1.1. Red social y penas alternativas en el caso brasileño
7.1.2. Lecciones aprendidas
7.2. El Salvador
7.2.1. La ley Penitenciaria
7.2.2. La ley Orgánica Judicial
7.2.3. Estrategias de trabajo del Departamento de Prueba y Libertad Asistida (DEPLA)
7.2.3.1. Gestión y sistematización de la información
7.2.3.2. Atención de casos en fases
7.2.3.2.1. Valoración diagnóstica y formulación de Plan de Seguimiento
7.2.3.2.2. Ejecución del plan de seguimiento
7.2.3.2.3. Fase de cierre


V. Monitoreo de los centros penales

1. Organismos Internacionales
1.1. Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
2. ONG Internacionales
2.1. Asociación para la Prevención de la Tortura (APT)
2.2. Reforma Penal Internacional (RPI)
2.3. Centro Internacional de Estudios sobre Prisiones
2.4. Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
3. Organismos Regionales
3.1. Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)
3.2. Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Relatoría sobre los derechos humanos de las personas privadas de Libertas de las Américas
3.3. Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes (CPT)
4. Organismos Nacionales
4.1. Defensorías del Pueblo
4.2. Parlamentos Nacionales
4.2.1. Procuraduría Penitenciaria en Argentina
4.2.2. Comisionado Parlamentario para el Sistema Penitenciario del Uruguay
4.3. ONG Locales
4.4. Medios de Comunicación
VI. Conclusiones y recomendaciones

VII. Bibliografía y fuentes de referencia

sábado, 26 de septiembre de 2009

PALESTINA: Niños presos en cárceles militares israelíes

www.ipsnoticias.net

Por Mel Frykberg

BI'ILIN, Cisjordania, 24 sep (IPS) - Soldados israelíes arrestaron a ocho niños palestinos de entre 10 y 17 años en las ciudades de Naplusa y Qalqilya, en el norte de Cisjordania, en operaciones realizadas el lunes de noche y el martes de mañana.

La filial palestina de la organización no gubernamental Defensa de Niñas y Niños Internacional (DNI) informó en un comunicado que la cantidad de menores de edad en cárceles o en centros de detención temporaria del ejército israelí aumentó 17,5 por ciento respecto de 2008.

"El promedio de niños palestinos mantenidos en centros de detención israelíes en 2009 sigue siendo alto, 375 al mes ante los 319 de 2009", indicó la institución. "En agosto fueron detenidos 39 niños de entre 12 y 15 años, 85 por ciento más los 21 del mismo periodo de 2008."

Israel figura entre los 191 firmantes de la Convención de los Derechos de la Infancia, vigente desde 1990, según la cual "la detención, encarcelamiento o prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda".

Nashmi Muhammad Abu Rahme tiene 14 años y vive en el poblado de Bi'ilin, cerca de Ramalah. Soldados israelíes irrumpieron en su hogar a las 3 de la madrugada del 15 de agosto y lo sacaron de la cama para arrestarlo.

Bi'ilin es escenario de una larga campaña de desobediencia civil y no violenta contra el muro que Israel construye alrededor de Cisjordania y que atraviesa predios agrícolas cercanos, además de separar a parte de la población local de sus lugares de trabajo.

Los ciudadanos de Bi'ilin reclamaron con éxito ante la justicia israelí la modificación del trazado del muro, pero el ejército no cumplió con la sentencia.

"Mi familia se despertó con los gritos y golpes en la puerta de los soldados israelíes, que luego me vendaron los ojos y me maniataron fuertemente y me arrojaron a la parte trasera de un 'jeep'", recordó Abu Rahme en declaraciones a IPS.

"En el trayecto a la base militar me abofetearon, golpearon y patearon hasta hacerme sangrar. Yo estaba muy asustado", agregó.

Médicos israelíes trataron a Abu Rahme por las hemorragias y contusiones antes de maniatarlo y vendarlo nuevamente para conducirlo a un interrogatorio que duró tres horas, durante las cuales fue acusado de arrojar piedras a soldados.

El muchacho estuvo en la cárcel una semana. El fiscal militar fijó una fianza de 5.000 shekels (equivalente a 1.340 dólares) y lo liberó.

En el cercano poblado de Ni'ilin "unos 12 niños de nuestro poblado han sido arrestados y detenidos por los israelíes", dijo a IPS el maestro de escuela Hassan Moussa.

Los procedimientos de detención administrativa de Israel permiten a las fuerzas armadas mantener a un palestino preso tres meses sin acusarlo ante la justicia. El periodo de arresto es prorrogable por otros tres meses.

De ese modo, la educación de las niñas y los niños se interrumpe "durante semanas y meses, sin que sean llevados siquiera ante el juez", lamentó Moussa.

La mayoría son detenidos por arrojar piedras. El Decreto Militar 378 de Israel prevé una pena máxima de 20 años por este motivo, apenas cinco menos que la condena promedio por homicidio en un tribunal civil.

"En los interrogatorios se les niega la asistencia de un abogado y la visita de familiares a niños de apenas 12 años", aseguró DNI. "También son sometidos a técnicas prohibidas, como el uso excesivo de vendas y esposas, bofetadas, patadas, posiciones dolorosas por tiempo prolongado, confinamiento solitario, privación de sueño y combinaciones de amenazas físicas y psicológicas."

La organización israelí de derechos humanos B'Tselem explicó que para el confinamiento se utilizan celdas denominadas "bloqueo" (sin luz, de 1,5 por 1,5 metros), "armario" (con techo bajo, en la cual el detenido puede pararse pero es incapaz de sentarse o moverse) y "tumba" (una caja de un metro de altura, 80 centímetros de frente y 60 de profundidad).

DNI documentó al menos siete casos de detención durante la guerra en Gaza, entre diciembre y enero pasados, en los cuales los niños fueron usados como escudos humanos por el ejército israelí.

"Existe una gran diferencia en el modo en que la ley israelí trata a los menores de edad de esa nacionalidad y a los palestinos", dijo a IPS Jaled Quemar, de DNI Palestina.

Palestinos de al menos 12 años pueden ser procesados en las cortes marciales israelíes y considerados adultos a los 16. Los israelíes, sólo a partir de los 18.

El ejército anunció en julio la instalación de una corte marcial separada para los menores de edad. Mientras, niños y adultos son juzgados por los mismos tribunales.

"La buena noticia es que, después de 42 años de ocupación, los israelíes reconocen que el tratamiento legal que deparan a los niños palestinos ha sido moralmente indefendible", evaluó Quemar.

"La mala noticia es que los cambios son meramente semánticos. Los niños continuarán siendo procesados por los mismos jueces y en las mismas cárceles. La única diferencia es que los menores tendrán un juicio separado del de los mayores", agregó. (FIN/2009)

viernes, 28 de agosto de 2009

Uruguay: sobrepoblación y muerte en centro penal COMCAR


Tensión en Comcar tras la tragedia

EDUARDO BARRENECHE (www.elpais.com.uy)

Se trata del peor episodio ocurrido en las cárceles uruguayas. Cinco presos murieron al incendiarse una celda del Comcar. El incidente generó ayer un clima de tensión en dicho penal.
"Se preocupan de que todas las visitas tengan tapabocas, pero adentro dejan achicharrarse a los reclusos", protestó ayer una anciana durante la visita de familiares a los presos del Comcar.
La frase reflejaba la indignación de gran parte de los familiares por la muerte de los encarcelados. Los guardias recomendaban a los familiares que se retiraran lo antes posible ante la eventualidad de que la tensión reinante en el penal derivara en un motín.

Entre las 21.30 y las 22 horas del lunes 24, un griterío sacudió la modorra de los tres o cuatro policías que se encontraban de guardia en el Sector Boxes ubicado en la entrada del Módulo VI del Comcar.
El incendio se desató en una celda de cuatro por tres metros ocupada por cinco reclusos. Tres de ellos se encontraban allí esperando un traslado al Penal de Libertad. Habían protagonizado un incidente con otros presos el fin de semana pasado. Los otros dos encarcelados habían solicitado su traslado al Penal de Libertad porque tuvieron problemas de convivencia con otros presos, según afirmaron a El País fuentes carcelarias. Estos carecían de observaciones por problemas de conducta, lo que llamó la atención a las autoridades penitenciarias. Es que las condiciones de internación del Penal de Libertad son más rigurosas que las del Comcar.

RECHAZO
Los reclusos fallecidos en el incendio fueron Jorge Peñaloza (23), Romeo Garín (28), Adrián Salaberry (27), Christian Alemán (30) y Robert Correa (28). Los cinco habían sido remitidos por rapiñas y hurtos.
En el Sector Boxes se alojan presos sancionados o en tránsito hacia otras cárceles. La mayoría de las veces tienen como destino el Penal de Libertad, un lugar usado por las autoridades penitenciarias para derivar a internos considerados conflictivos.
En el Penal de Libertad -la única cárcel de máxima seguridad existente en el país- el encierro es casi total. Allí los presos no deambulan durante varias horas por "la planchada" -pasillo que une el celdario en el Comcar- sino que permanecen gran parte del día dentro de sus celdas.
Los calabozos del Sector Boxes son similares a los que se ven en las películas: rejas frontales y los laterales y fondo fueron construidos de material.
Una de las hipótesis manejadas ayer por la Policía es que uno o dos presos sancionados iniciaron la protesta o llamado de atención porque reclamaban una mayor rapidez en el traslado. Doblaron un colchón y lo prendieron fuego. Luego intentaron pasarlo a través de la reja. Este se hinchó y cayó encendido dentro de la celda sobre otros colchones. El fuego se extendió. Las llamas llegaban hasta el sector superior, tal su intensidad. Según fuentes policiales, este tipo de protestas son comunes en las cárceles. Generalmente el colchón cae en el pasillo, genera un foco ígneo y luego corren los policías a apagarlo. Al otro día, como sanción, los presos revoltosos son trasladados.
Al escuchar el griterío, los policías abandonaron la Guardia ubicada en la puerta del Módulo VI y corrieron hacia el Sector Boxes. Se encontraban a siete metros del lugar. Debieron cruzar dos portones con cerrojos hasta llegar al celdario.
Al llegar al lugar, los policías constataron que estaba a oscuras. El sistema eléctrico había colapsado por las llamas. Debieron regresar a la Guardia a buscar linternas y elementos para cubrirse el rostro para enfrentar el humo y el calor. Dos guardias sufrieron intoxicaciones.
En una primera instancia, los guardias abrieron la puerta de las celdas contiguas a la incendiada y evacuaron 14 reclusos. Luego munidos de cinco extintores apagaron el fuego de la celda desde el pasillo.
El calor había dañado la cerradura de la puerta y destruido los vidrios del pasillo. Ello obligó a los policías a retornar por segunda vez a la Guardia para buscar herramientas para romper la puerta.
De adentro de la celda sacaron a un recluso que estaba cerca de la puerta. Su cuerpo sin vida quedó en el pasillo. Los otros cuatro perecieron por asfixia dentro de la celda. El fuego carbonizó sus cuerpos.
Según fuentes médicas, lo máximo que resiste una persona en un escenario similar al vivido por los reclusos son seis minutos.
"Los productos de la combustión que generan elementos tóxicos son el óxido y el monóxido de carbono. En este caso en particular, los colchones, además producen cianuro, un elemento tóxico que en un corto período determina una intoxicación fulminante", dijo el director de Bomberos, Raúl Perdomo. Agregó que su experiencia como bombero dice que, en estas circunstancias, "un 75% de las personas que mueren en el incendio es como consecuencia de los productos de la combustión; sólo 25% por efecto directo del fuego".

AJUSTE.
En la mañana de hoy, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé presentará un informe al Parlamento sobre lo sucedido en el Comcar.
El lunes 24, Garcé arribó a ese penal poco después de la muerte de los presos. Al mediodía de ayer, regresó al Comcar para dialogar con autoridades del penal.
"Vi la escena tal como estaba. Observé a un cuerpo sin vida en el corredor y cuatro cuerpos calcinados dentro de la tercer celda del Sector Boxes", indicó.
Consultado sobre si el incidente podría haber sido el resultado de un ajuste de cuentas entre los reclusos, Garcé desestimó esa versión.
"A mi juicio es muy difícil que haya sido un problema entre presos", señaló el comisionado.
Por su parte el director de Cárceles, Horacio Zaugg afirmó que todas las celdas del Sector Boxes "estaban trancadas" antes del incendio. De esta forma, el jerarca policial descartó cualquier posibilidad de que el foco ígneo se hubiera originado fuera de la celda y luego propagado dentro de la misma.
El juez penal Luis Charles no encontró elementos o pruebas que vinculen el episodio como una venganza entre presos.

GRAVEDAD.
En la mañana de ayer, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Jorge Bruni calificó de "desgraciado suceso" las muertes de los cinco encarcelados.
Por su parte Zaugg señaló que, además de la instancia judicial, se está realizando en el Comcar una investigación interna para tener más detalles de lo ocurrido en el Sector Boxes.
La demora en abrir la puerta de la celda fue reconocida por el director interino de la Policía Nacional y titular de Bomberos, Raúl Perdomo. Una cárcel, agregó, es un edificio particular muy diferente de un edificio de apartamentos o un liceo.
"En un penal el componente de la seguridad es importante. Hay que abrir portones y rejas. Ante una situación como un incendio, ello conspira con la velocidad de evacuación", dijo a El País el director de Bomberos.
Según Perdomo, los policías debieron abrir puertas y celdarios porque, de otra forma, los reclusos "no tienen posibilidades" de autoevacuación.

Familiares de presos muertos criticaron reacción de la guardia
Ayer (27/08/09), a unos 20 metros de la entrada del penal de Santiago Vázquez (Comcar), tres familiares de uno de los reclusos fallecidos en el incidente del lunes 24 se quejaban de la presunta omisión policial en abrir la puerta de la celda. "La guardia los dejó morir, porque estaban haciendo una protesta. Acá lo sabe todo el mundo", afirmó uno de ellos.
El padre de uno de los reclusos fallecido responsabilizó a las autoridades que custodiaban el módulo y afirmó que llegará a las últimas consecuencias, según consignó ayer radio El Espectador.
La esposa de otro de los fallecidos dijo que no había podido reconocer a su marido. "Vine a buscar los papeles para tramitar su entierro, porque está calcinado. No lo puedo reconocer; tengo que ir a la morgue a levantar el cuerpo", dijo.
Ayer el malestar era generalizado en el Comcar. Varios presos señalaron a El País que los guardias demoraron en brindar asistencia y agregaron que los pedidos de auxilio no son atendidos con celeridad. También se quejaron del hacinamiento en que se encuentran alojados donde, en piezas de tres por tres metros, conviven nueve internos.
Las críticas de los presos también apuntan a la calidad de la alimentación del "rancho". "Casi nunca vemos algo de carne. Pero los guardias comen asados casi diariamente", se quejó un interno.
Los policías a su vez se quejan de los horarios extendidos y el elevado estrés generado por la convivencia con reclusos. También señalan que el régimen laboral -una semana de trabajo por otra de asueto- afecta sus relaciones familiares.

Los hitos del INCENDIO

Los fallecidos
Los reclusos que perecieron en el incendio en el Sector Boxes fueron Jorge Peñaloza (23), Romeo Garín (28), Adrián Salaberry (27), Christian Alemán (30) y Robert Correa (28).

Por qué estaban allí
Tres de los cinco reclusos muertos se encontraban sancionados en el Sector Boxes por un incidente. Los otros dos pidieron su traslado al Penal de Libertad por problemas de convivencia.

Reacción oficial
El ministro del Interior calificó de "desgraciado" el episodio ocurrido en el Comcar. La Dirección Nacional de Cárceles inició una investigación interna para dilucidar si los guardias actuaron en forma rápida o no.

Informe al Parlamento
El comisionado parlamentario descartó que el incidente haya sido el resultado de un ajuste de cuentas entre presos. Hoy presentará un informe sobre el hecho fatídico al Parlamento.

La resolución judicial
A pedido de la fiscal Dora Domenech, el juez Luis Charles archivó el expediente que indagó los hechos. Concluyeron que no hubo omisión de los guardiacárceles, ya que intentaron socorrer a los reclusos.

Comcar: la cárcel más hacinada
El Comcar cuenta con 3.000 reclusos, siendo que su capacidad original es de 1.624 plazas, lo que lo transforma en el centro penitenciario más superpoblado de todo el país. El hacinamiento en el centro es del 70%, según lo estableció el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé en su último informe elaborado en el pasado mes de abril. Si bien en los últimos meses el Ministerio del Interior habilitó 750 nuevos cupos -lo que permitió un leve descongestionamiento- esa cantidad se tornó insuficiente en poco tiempo debido a que mensualmente el Comcar suma un promedio de 70 nuevos reclusos, en virtud de que el Penal de Libertad también está "topeado" y prácticamente no puede recibir internos, según indicó en los últimos días el Círculo Penitenciario, asociación que reúne a la gran mayoría de los guardiacárceles de todo el país. A fines del pasado mes de marzo, durante una visita a Uruguay, el relator de Derechos Humanos de la ONU, Manfred Nowak, cuestionó duramente las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios uruguayos. En particular, sostuvo que el Penal de Libertad es una de las peores cárceles que visitó en el mundo. En relación al Comcar, el experto internacional dijo que si bien la situación no es tan dramática, existen algunos módulos donde es igual a Libertad, y puso como ejemplo el módulo 2, en el que fueron alojados más de mil presos cuando su capacidad es para 120.


"El Comcar es un pequeño pueblo, pero en condiciones terribles"
Alejandro Mendieta (amendieta@elpais.com.uy)

En un día de visitas, cerca de 4.000 personas se congregan en el predio que ocupa el Complejo Carcelario Santiago Vázquez. "Esto es igual a la población que tienen algunos pequeños pueblos del interior, pero en condiciones terribles", dijo el senador blanco Carlos Moreira.
Esto es porque esa masa de personas vive en medio de un peligroso hacinamiento, sin habilitación de Bomberos y sin un protocolo de evacuación ante una emergencia, agregó el legislador a EL PAÍS digital.
La tragedia ocurrida a principios de semana, donde cinco reclusos perdieron la vida tras incendiar un colchón en la celda donde estaban recluidos, reavivó la polémica sobre el caos que reina en el Comcar.
Además, los informes presentados ante el Parlamento por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé y las autoridades del Ministerio del Interior mantienen claras discrepancias que, dijo Moreira, merecen ser investigadas.

El ministro Jorge Bruni dijo ayer ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario que todavía estaba en proceso una investigación administrativa y aclaró que en los testimonios recogidos durante la pericia policial, no había testimonio alguno que denunciara la falla de un extintor.
Pero Garcé afirma que algunos testigos le informaron que los guardias habían demorado y que el primer extintor utilizado no funcionó. "Hay discrepancias en los testimonios. Quedan dudas y hay que seguir profundizando la investigación", dijo Moreira, quien quedó con la impresión de que el ministerio no tenía la intención de averiguar cosas que pudiesen contradecir lo que ellos dijeron.

HABILITACIÓN.
La polémica también está en que una dependencia estatal de alto riesgo como es una cárcel no cuente con una habilitación de Bomberos. Moreira se preguntó cuándo había sido la última vez que se habían revisado los extintores, ya que no había coordinación alguna para una emergencia.

El legislador dijo que esto no es una luz amarilla, sino ya roja, que alerta sobre la necesidad de tomar medidas sobre una inmensa población que convive con la droga y el hacinamiento.
"Ojala nunca vuelva a pasar. Pero se encierran siete o diez personas en un lugar que es para uno. Falta que alguien se vuelva loco, prenda fuego un colchón y mate a todos los que están con el. El tema del hacinamiento tiene mucho que ver con esto", puntualizó Moreira.
Otro problema es la falta de criterio a la hora de mezclar a la población reclusa. En ese bloque de celdas, que tampoco contaba con un baño, Moreira afirmó que había presos que estaban procesados por cometer rapiñas con otros que lo estaban por hurto.
El director de cárceles, Horacio Zaugg, respondió ante la comisión que a cada preso se le pregunta si no tiene problemas en compartir una celda con tal o cual persona.
Para Moreira esta metodología no es una verdadera clasificación y que tampoco se recomienda en ningún manual internacional. "Eso es un gran caos. Yo me imagino que el director hace lo que puede, pero es una situación muy compleja, casi imposible", opinó.
El camino parlamentario será esperar un poco por el avance de las investigaciones que siguen en curso. Moreira pedirá, además, que se habilite la comparecencia de Garcé para que pueda ampliar sobre lo presentado en su informe y enfrentarlo a las contradicciones que se generaron tras la reunión con el ministro Bruni.

miércoles, 5 de agosto de 2009

España: Muchos presos para tan pocos delitos



Fuente: El País
PERE RÍOS 05/08/2009

España tiene la tasa de encarcelamiento más alta de Europa y una de las más bajas de criminalidad - Crecen las voces que abogan por suavizar el Código Penal y favorecer la redención de las penas

El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media.

El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media.

Varias razones explican esta paradoja: la dureza de las penas para los delitos habituales -robo y tráfico de drogas-; el continuo endurecimiento del Código Penal y la incorporación de nuevos delitos; la imposibilidad de redimir condena y la cicatería del Estado para conceder la libertad condicional.

"Las prisiones españolas están llenas de pobres, enfermos y drogadictos. Suman más del 70%. La cárcel se está convirtiendo en el único recurso asistencial y esa no es su función". Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias lleva años recordando la función resocializadora que debería tener la cárcel, pero admite que ese principio constitucional está cada día más lejano.

El Código Penal de 1995 originó un aumento de la población penitenciaria que llena a un ritmo acelerado las nuevas cárceles. Hace tres años había 63.800 presos. Ahora son 76.485. La tasa de encarcelamiento se sitúa en España en 166 reclusos por 100.000 habitantes, por delante de Gran Bretaña (153) -que siempre había encabezado la lista- Portugal (104), Francia (96) e Italia (92). Sin embargo, la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada mil habitantes), es una de las más bajas de los Quince. La relación del año 2008 la encabeza Suecia (120,4), seguida de Reino Unido (101,6). En España es de 47,6, por delante solo de Grecia (41,2), Portugal (37,2) e Irlanda (25,2).

"Hace ya muchos años que se constata que la tasa de encarcelamiento no guarda relación con la criminalidad, sino con la política penal. Lo que ocurre en España no es que los jueces metan a más gente en la cárcel, sino que pasan mucho tiempo", dice José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología.

El delito principal que han cometido más del 40% de los penados (22.416 reclusos) fue contra el patrimonio y el orden socioeconómico, según los define el Código Penal. En lenguaje más inteligible: robos, tirones y atracos.

"Depende de cómo sea el tirón se puede castigar hasta con cinco años. ¿Debe ir a la cárcel esa persona si ha delinquido por primera vez?", se pregunta Eduardo Navarro, magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, con 20 años de experiencia, 17 de ellos en juzgados de instrucción. "La sociedad no entiende que no sea así. Los incidentes que he tenido como juez han sido por no enviar a alguien a la cárcel", afirma.

Díez Ripollés ratifica que algunas penas son desproporcionadas. "No es razonable que un delito urbanístico se castigue con un máximo de dos años de cárcel, lo mismo que un hurto agravado, porque al final siempre acaban en la cárcel los mismos". Es el inicio de una tela de araña en la que queda atrapado el preso y que él ayuda a tejer en muchas ocasiones, pues los índices de reincidencia se sitúan entre el 40% y el 70%.

El perfil del recluso español apenas ha variado con los años. Es un hombre, de 30 a 40 años y condenado por robo o tráfico de drogas. Las reclusas suponen el 8% del total de la población. La mayoría están condenadas por tráfico de drogas (48,4%).

El llamado Código Penal de la democracia de 1995 que impulsó el ex ministro de Justicia Juan Alberto Belloch eliminó la redención de pena por trabajo o estudio y estableció el cumplimiento íntegro. Eso significa que la mayoría de las condenas se pagan "a pulso", en lenguaje carcelario, y que se aplica en muy pocas ocasiones la secuencia lógica en la vida penitenciaria: prisión preventiva, segundo grado, permisos, tercer grado, libertad condicional y libertad definitiva.

Siete de cada diez penados están en segundo grado, y así pasan la mayor parte de su estancia entre rejas, sin lograr permisos. Solo el 15,1% cumple condena en régimen abierto, y los que logran la libertad condicional suponen el 11%. "Es totalmente innecesario estar tanto tiempo en la cárcel. El cumplimiento íntegro no es bueno desde ningún punto de vista porque aumenta la reincidencia", sostiene José Cid, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, que ha analizado el fenómeno en el libro El incremento de la población reclusa en España entre 1996 y 2006.

El abogado madrileño José Luis Galán lleva en la profesión más de 35 años y sigue en el turno de oficio. Tiene claro que la situación se hace cada más vez insostenible y que urge un cambio legislativo en sentido contrario al incremento punitivo de los últimos años. "Lo que no se puede hacer es buscar el aplauso fácil. No siempre se legisla para sacar votos, porque, si no, no habría impuestos. Hay que cambiar las normas que se aplican para que la cárcel sea el último recurso, no el primero y único", asegura. A renglón seguido reprocha al PSOE la aplicación de una política punitiva que, de manera sustancial, coincide con la del PP. "La izquierda se ha abonado a la chita callando a esa política represora. Cuando no se ha puesto al frente de la procesión, ha ido detrás con el capirote y gran mansedumbre".

Galán también cuestiona que algunas conductas estén tipificadas como delito. "Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, es disparatado que las amenazas del marido a la esposa sean delito. Y con la última reforma sobre seguridad del tráfico se han pasado". Ahora hay en España 3.721 presos penados cuyo delito principal es de violencia doméstica, desde un asesinato -una minoría-, a lesiones o amenazas. También hay 816 reclusos por delitos al frente del volante.

"La delincuencia patrimonial de escasa importancia no es razonable que se castigue con penas que comportan la entrada en prisión", dice Díez Ripollés. Con tres matices: que sean delitos graves, que los cometan reincidentes o altos sectores de la sociedad. "A esos solo se los puede intimidar con la cárcel", afirma el jurista. Y es que los delincuentes de cuello blanco que acaban entre rejas son una excepción. Casi nadie discute el efecto ejemplarizante que eso causa en la sociedad, aunque tarden en entrar porque pagan mejores abogados y agotan todos los recursos, muchas veces con el beneplácito de los tribunales.

"El Código Penal es duro con el débil y débil con el duro", asegura Díez Ripollés. "Los tribunales tienden a ser más comprensivos con determinados delitos porque la ley es interpretable", opina la abogada barcelonesa Lidia Lajara, con 16 años de experiencia como penalista. "Hay muchos tipos de jueces y sería injusto no reconocer que muchos creen en la rehabilitación y apuestan por ella", dice José Cid. Lo que ocurre es que las administraciones no les ofrecen la posibilidad de imponer medidas alternativas. "Hay que decir que los jueces de Cataluña somos unos afortunados y que sí podemos imponer penas al margen de la cárcel de las que en otras comunidades no han oído ni hablar", dice el juez Navarro.

"Otra política criminal es posible", afirma el catedrático Díez Ripollés, y las penas alternativas para delitos menores son un ejemplo. Ayudarían a descongestionar las prisiones y reducirían el gasto público. Una medida así cuesta 3,05 euros diarios, y el coste de un preso es de 78,29 euros al día, según un estudio de la Generalitat catalana, la única comunidad con competencias en prisiones.

"No se puede dejar de castigar al delincuente, pero sin tanta dureza y aplicando las políticas que ya han dado resultados en otros países", dice Díez Ripollés. Como en Finlandia, recuerda, que a principio de los ochenta tenía una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa y ahora está a la cola.

La droga y 'los BBC'
Un grupo de presos que cumplía condena en Madrid por tráfico de drogas fue conocido durante muchos años como los BBC: procedían de Bogotá, habían aterrizado en Barajas y acabaron en la cárcel de Carabanchel. En las prisiones españolas hay ahora 15.868 penados con el vigente Código Penal por delitos contra la salud pública, que representan el 27,8% del total. Quedan otros 200 con el código derogado hace 13 años, lo que da idea de la dureza de las penas por esos delitos.

"No puede ser que se condene igual a quien se le pilla con 800 gramos de cocaína que al que se le coge con varios kilos. Y, además, éste saldrá antes porque tiene mejores abogados", advierte el juez Eduardo Navarro. "Por esos 800 gramos de cocaína le pueden caer de 9 a 13 años y medio, seguramente más que por un homicidio, que se castiga de 10 a 15 años".

Mercedes Gallizo también constata que "el pequeño traficante casi siempre acaba cumpliendo una pena muy alta". ¿Debería cambiarse el Código Penal? "No me gusta pronunciarme sobre eso. Es el legislador el que debe analizarlo. Lo que hay que tener claro es que la droga lleva a la cárcel y que las penas son muy altas", dice. "Cuando impones una pena así, duele, porque ves que ese mulero se ha jugado una condena muy alta por 3.000 euros, pero la ley dice lo que dice", añade Navarro. "Con el tráfico de drogas existe muy poca consideración de los jueces. Y no solo para condenar, sino para que se aplique un atenuante de drogadicción", razona la abogada Lidia Lajara. "No se tienen en cuenta las circunstancias personales y sociales del que llega con una bola en el estómago jugándose la vida. Es verdad que la ley no permite considerarlo como estado de necesidad, pero tampoco se puede ser ajeno a los motivos que lo han llevado a delinquir", añade.

Hay otros casos. "Está muy bien que cerremos los psiquiátricos, pero no los hemos sustituido por nada", dice Gallizo. Y eso que el 25% de la población reclusa padece algún tipo de trastorno mental.

Y después están los extranjeros, que son el 37% de los presos. Como no tienen domicilio conocido es más fácil que acaben en prisión preventiva y más difícil que logren un permiso. Muchos son expulsados cuando salen de la cárcel y por haber delinquido una sola vez.

jueves, 30 de julio de 2009

URUGUAY: Informe del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.

Entre los días 22 y 27 de marzo de 2009, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, de Naciones Unidas, el profesor Manfred Nowak, llevo a cabo una visita a Uruguay a invitación del gobierno de dicho país.

En el informe (ver aquí) se hace referencia a las condiciones de detención en comisarías, prisiones, centros para adolescentes e instituciones psiquiatricas.

El informe rescata con claridad las precarias condiciones en que se encuentran los centros penales en el país: “Durante la dictadura militar, el Penal de Libertad se convirtió en un símbolo infame de la tortura y los malos tratos. Dos décadas después, sigue siendo conocido por sus condiciones infrahumanas. En particular, las condiciones en los módulos de acero conocidos como Las Latas, son un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a la de los guardias que tienen que trabajar ahí, corriendo ambos riesgo para su vida. Este lugar, en donde los procesados y condenados se alojan como animales en contenedores sobrepoblados durante casi 24 horas al día, es detestable. Debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo forzados a tomar el agua del inodoro, y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. También tienen acceso médico limitado, por lo que los detenidos tienen que hacerse cortes en el cuerpo a si mismos, para poder ver a un médico”.

No menos clara es la descripción de los centros para adolescentes “La privación de libertad de adolescentes se utiliza como primer recurso y no como el último. Los adolescentes detenidos en establecimientos de máxima seguridad viven en condiciones extremadamente pobres. En su mayoría, carecen de oportunidades de educación, empleo o rehabilitación, y los menores se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día. Las condiciones sanitarias en los centros que visité son terribles. Los adolescentes no tienen inodoros en sus celdas, y en ocasiones tienen que esperar durante horas para que un funcionario les deje ir al baño. Como resultado, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en botellas y bolsas de plástico, las cuales después tiran por la ventana, dejando el lugar con un olor repugnante. Un gran número de adolescentes privados de libertad son adictos o consumidores de drogas. Muchos de ellos reciben sedantes como sustituto a las drogas. Son muy comunes las quejas de golpizas y castigos colectivos durante los motines y rebeliones”.

Especialmente interesantes resulta la lectura de las recomendaciones, útiles para cualquier país de la región que quiera adoptar una política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos.

lunes, 27 de julio de 2009

NICARAGUA: 90 enfermos mentales están en las prisiones

El Nuevo Diario

NO CUENTAN CON ATENCIÓN PROFESIONAL, ASEGURA PROCURADORA DE CÁRCELES


* La mayor parte presenta esa condición por el consumo de drogas, igual que los jóvenes del Hospital Siquiátrico de Managua * Los siete mil internos comparten galerones con discapacitados, y tener sólo a uno de ellos en una galería común distorsiona todo, dijo María Auxiliadora Urbina * También denuncia que el régimen de convivencia familiar ha servido para que los beneficiarios vuelvan a delinquir con “técnicas refinadas”

Tania Sirias
END - 21:06 - 25/07/2009

La salud mental es un derecho humano que sigue pendiente en los penales del país, declaró la procuradora de Cárceles, María Auxiliadora Urbina, pues los 90 pacientes mentales que se encuentran recluidos, conviven en las celdas con el resto de privados de libertad.

Urbina demandó la presencia de un siquiatra en los sistemas penitenciarios, pues el discapacitado metal también debe ser atendido por un especialista.

“Cada penitenciaría cuenta con un sicólogo y un médico para atender los problemas de gastritis, o cualquier otra enfermedad, pero también es necesario un experto en siquiatría”, dijo la funcionaria.

Además, comentó que la mayoría de enfermos mentales se encuentra en esta condición debido al consumo de sustancias tóxicas. Al igual que en el Hospital Siquiátrico, en los penales la mayor parte de jóvenes diagnosticados con discapacidad mental se relacionan con el consumo de drogas.
Presos conviven con enfermos
La funcionaria reconoció que la crisis económica está afectando al sistema penitenciario, ya que existe un hacinamiento en las celdas, y los enfermos mentales conviven con el resto de presidiarios.

“Los siete mil internos comparten galerones con los 90 discapacitados mentales, y tener un enfermo mental en una galería común distorsiona todo”, expresó la Procuradora de Cárceles.

“Nuestra demanda es que a los privados se les brinde una atención en salud mental. Recordemos que no es fácil estar recluido, y éstos son enfermos mentales crónicos. Por el momento no contamos con siquiatras en los penales y para poder atenderlos son referidos al Hospital Siquiátrico”, reiteró Urbina.

Además, dijo que el Hospital Siquiátrico está impartiendo cursos de actualización médica a los galenos del penal, y que también se está hablando de la creación de un pabellón especial, y de un espacio propio para poder atender a este tipo de paciente, pero son proyectos futuros.
Posgrado a funcionarios del penal
Estas declaraciones las brindó la procuradora de Cárceles, María Auxiliadora Urbina, durante la inauguración del posgrado en “Ciencias Penitenciarias y Derechos Humanos” dirigido a funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional.

En este posgrado están participando 57 funcionarios de todos los penales del país, dijo Urbina, con el objetivo de fortalecer el relevo generacional, pues la mayoría tiene de 28 a 30 años de laborar en el sistema.

“Se deben mejorar las condiciones del privado de libertad, y eso pasa por educar al funcionario”, afirmó Urbina. Además, lamentó que muchos de los privados de libertad cuando cumplen con sus condenas o salen bajo el régimen de convivencia familiar, vuelvan a delinquir y regresan a los penales.

“Esto se debe a que no se les brinda una educación y no se les prepara para una reinserción social y laboral”, señaló la Procuradora.

Agregó que “muchas veces lo penales se convierten en escuelas para refinar las actividades delictivas. Si no le damos herramientas al individuo para que se vaya con una mejor condición, va a regresar. Igual pasa si es un enfermo mental, va a regresar. Nicaragua es un país enfermo, empobrecido que necesita educación y oportunidades”.

domingo, 26 de julio de 2009

CENTROAMÉRICA: III ENCUENTRO REGIONAL VÍAS ALTERNAS “Promoviendo las salidas alternas a la prisión en Centroamérica”

Fuente: DNI Costa Rica

23 y 24 de julio de 2009

En Centroamérica se encuentran aproximadamente 2.897 personas adolescentes y jóvenes privadas de libertad bajo la Justicia Penal Juvenil.

Esto tiene que llamarnos a reflexionar sobre por qué aún las Salidas Alternas a la prisión, no se han convertido en la opción principal que proponen los estándares contenidos en los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue ratificada por todos los Estados.

Sobre esta problemática y sobre la no consolidación de sistemas especializados de Justicia Penal Juvenil, en un contexto de incumplimiento de los Derechos Económicos y Sociales de las personas adolescentes y jóvenes, tratará el III encuentro del Proyecto “Vías Alternas”.

El Proyecto inició ejecuciones en julio de 2006, gracias al auspicio de la Embajada de Holanda, y cuenta con la participación de las siguientes contrapartes en la región además de DNI-CR: la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), por El Salvador; la Fundación de Protección a los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (FUNPRODE), por Nicaragua; la Comisión de Justicia y Paz, por Panamá; el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), por Honduras; y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).

La presentación oficial del documento se realizará por DNI-CR el viernes 24 de julio a las 09:00 a.m. y se contará con los comentarios del Dr. Elías Carranza Lucero, director del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD)

lunes, 20 de julio de 2009

Uruguay: Ideas contra el delito


Fuente: FABIÁN MURO. El pais de Montevideo.

Las causas de la delincuencia son múltiples. Las posibles soluciones también. En lo único que parece haber consenso entre expertos es que el problema de la seguridad pública no admite respuestas unidimensionales.



Más policías, exclaman unos. Mejores cárceles, piden otros. Más gasto social para mitigar las causas del delito, sostienen de un lado. Del otro se retruca exigiendo mayor severidad en todo.

La seguridad pública -quién lo duda- fue y será uno de los temas más importantes del debate político y social. Las ideas que parten del sistema político para transmitir la sensación de que Uruguay es un país seguro, además, sobran.

Pero el camino que va de la propuesta lanzada al calor de una coyuntura a la definición de una política sostenida y sometida a una evaluación es, en el caso uruguayo, tan largo como sinuoso. Ahora que la carrera hacia el gobierno ya comenzó, la seguridad será uno de los temas más polémicos de la campaña. Este informe es un intento de aportar otros argumentos que los que habitualmente son utilizados por los políticos en plena campaña. A veces por conveniencia, otras por necesidad, las campañas no suelen aportar las ideas más complejas y elaboradas.

Avisos Google

DATOS. Hay una multitud de indicadores que pueden servir como sustento para diagnosticar si se vive en un país más o menos seguro. El "más o menos" es clave: nunca se estará completamente seguro. El delito siempre existió y siempre existirá. El reclamo de seguridad absoluta es un imposible que solo revelaría la poca reflexión que le ha dedicado al tema quien pronuncie el dislate.

Adentrarse en el terreno de datos y números puede resultar tedioso para quien reclama, con tanta legitimidad como impaciencia, soluciones concretas y rápidas. Pero una mirada serena sobre este mundo demuestra que se trata de un fenómeno complejo y que se rehusa a ser encasillado en un único y fijo lugar. Conviene tener presente esas dificultades cuando obviedades como "merecemos un país más seguro", o soluciones supuestamente fáciles como "sacarles el vicio a prepo" son las que más se escuchan.

Uruguay tiene una de las tasas de homicidio más bajas del continente: entre seis y ocho homicidios por 100.000 habitantes. Este es un indicador contundente. Es mucho más difícil que un homicidio se escape de los filtros institucionales. Una rapiña o hurto puede no ser denunciado. Un asesinato rara vez deja de ingresar a las estadísticas.

La tasa de homicidios uruguaya está apenas por encima de la que exhiben países como Canadá. Y es un indicador que se ha mantenido durante décadas, de acuerdo a un estudio realizado por el sociólogo Javier Donnangelo. En comparación, solo San Pablo tiene una tasa de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a un informe de 2006 de The Economist. Las comparaciones, como se sabe, son odiosas. Y más en un tema que hace a la seguridad e integridad del ciudadano. De poco le sirve saber a la persona afectada por una rapiña o una lesión, que tal o cual metrópolis es menos segura que en la que vive.

Pero no parece desmedido pedirles a los que elaboran y aprueban leyes normas y decretos una mirada con un alcance mayor que la que se extiende hasta la esquina.

Más allá de que la tasa de homicidios sea un indicador que podría servir para apaciguar a los ánimos más encolerizados, hay otros que generan justificada alarma: Uruguay tuvo, de 1990 a 2004, un aumento de 176% en las rapiñas. Durante ese mismo período, la cantidad de presos aumentó en un 155%, según datos oficiales del Ministerio del Interior proporcionados para este informe. Uruguay es uno de los países con más presos en relación a su población. La tasa de personas privadas de libertad supera las 200 cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente latinoamericano.

Según datos comunicados a diversos medios por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcé a principios de este año, Uruguay tiene una tasa de 235 presos por 100.000 habitantes, cuando el promedio latinoamericano es 130. Además, más de la mitad de los reclusos, 65%, no tiene una sentencia judicial que lo declare culpable.

La disparidad entre estos indicadores, que dan cuenta de una aparente paradoja, tiene algunas explicaciones. Una de ellas es que el notorio incremento en el delito de rapiña y en las encarcelaciones comienza a partir de 1995, cuando se aprobó la ley de Seguridad Ciudadana. Ese año es considerado por algunos como el que definitivamente enterró la "primavera democrática" luego del fin de dictadura militar en 1985.

Pero además, la contradicción entre un nivel de violencia que se mantiene y un incremento explosivo de la rapiña, sirve para ilustrar que encarar los problemas de la seguridad pública requiere de métodos y enfoques cada vez más abiertos e interdisciplinarios.

Además de que, como dice el abogado penalista Diego Camaño, se necesitan esfuerzos mancomunados: Policía, sistema político, poder judicial, académicos y otros, "deberían sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo sobre qué tipo de medidas implementar y cómo evaluarlas".

En esto coincide el sociólogo y criminólogo Nicolás Trajtenberg, quien hace años se está especializando en el tema del delito, sus causas y las posibles soluciones que se han experimentado en diversos países.

"La situación respecto a la seguridad pública en Uruguay es, en mi opinión, tenebrosa", afirma el académico y agrega: "Si alguno de mis alumnos manejara datos y propuestas con la irresponsabilidad que veo todos los días por parte de políticos, periodistas y otros actores sociales, pierden el parcial y no van a examen. Yo me tiro de los pelos al constatar la ignorancia y la ligereza con la que muchos se manejan".

El académico también hace un mea culpa. Según él, no se ha generado en el país el suficiente conocimiento acerca de la problemática del delito, sus causas y las soluciones que pueden aplicarse. Ni siquiera hay en el mundo académico una carrera de criminología, una materia que él tuvo que estudiar en otros países.

Para Trajtenberg, todo acercamiento a la confección de un modelo que pueda aplicarse con un grado satisfactorio de éxito para combatir el delito debe empezar por plantearse cuatro preguntas:

1) ¿Por qué se cometen delitos?

2) ¿Cómo se miden?

3) ¿Qué se está haciendo al respecto? y

4) ¿Cuáles son los fundamentos normativos y morales para el castigo?

"Para ninguna de estas preguntas tenemos respuestas satisfactorias", remata Trajtenberg y agrega que las encuestas que se han realizado, encomendadas por el Ministerio del Interior a consultoras privadas evidencian serios problemas metodológicos. "Venimos con un atraso en muchas cosas. Este año, por ejemplo, será el primero en el cual se realiza un censo de menores infractores. Lo estamos haciendo en el departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, y en unos meses estarán los resultados". Contar con información veraz, sofisticada y consensuada es un debe del Estado uruguayo, sostiene.

MIRANDO HACIA FUERA. Aún con todos los datos arriba de la mesa, el combate al delito es una materia en la cual no hay consensos, ni acá ni en ninguna otra parte. "Hace poco regresé de un congreso de criminología en Estocolmo", cuenta Trajtenberg. "Y para el cierre, varios de los principales criminólogos del mundo debatieron con la ministra de Justicia. Además de que la ministra poseía un nivel de conocimientos muy sólido, no siempre coincidía con los técnicos".

Un caso al que muchos recurren, tanto para la crítica como para el elogio, es el de Estados Unidos. El Foro Batllista llegó a importar directamente el eslogan "tolerancia cero" para su campaña hacia las elecciones internas. Aplicado durante la década pasada en la ciudad de Nueva York, el modelo de tolerancia cero es exhibido por unos como un gran éxito: se redujeron los delitos violentos casi a la mitad, según algunos de los estudios realizados a partir de esa experiencia. Algunos de los delitos violentos (como violación y rapiña) disminuyeron casi hasta la mitad de los que se registraban antes de la puesta en funcionamiento el modelo.

En resumen, el modelo significó una inversión mucho mayor en seguridad: más policías, con más y mejor equipamiento y una actitud por parte de la Policía más agresiva y omnipresente.

Otros rechazan ese esquema de mano dura. "El modelo de tolerancia cero significó, entre otras cosas, la saturación policial: muchos agentes patrullando. Eso no detuvo el delito. Lo detuvo en esa zona, pero la delincuencia se fue a otros lugares, con menor presencia policial", dice Camaño, docente grado 3 en la Facultad de Derecho, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y actuante en casos de repercusión pública, como la defensa de los hermanos Peirano y Alberto Roselli.

Trajtenberg aporta otra reflexión: "Muchas veces se habla de Estados Unidos como si fuera un todo homogéneo, y hay grandes diferencias entre los estados". La pena de muerte, por poner un caso, no se aplica en todos los estados. Y entre aquellos que no la aplican, a veces se exhiben indicadores delictivos más bajos que en aquellos lugares que sí ejecutan a los reos.

Hace casi una década que se había llegado a esta conclusión. De acuerdo a un estudio efectuado por el diario The New York Times en 2000, se determinó que un indicador como la tasa de homicidios era entre 48% y 100% más alta en los estados que aplicaban la pena de muerte que entre los que no lo hacían. Además, un preso con una condena de muerte es mucho más "caro" que uno que no lo está.

"A menudo se piensa en la severidad como única variable", continúa Trajtenberg. "Es cierto que influye, no se la puede descartar. Pero la certeza importa mucho también. Un delincuente no toma únicamente en cuenta la severidad de la pena. Si calcula que es improbable que vaya a ser atrapado, es más probable que siga delinquiendo".

Otra cosa que muchas veces se olvida cuando se importan eslóganes como si fueran latas de sopa Campbell es que por razones culturales e idiosincráticas, una sociedad como la estadounidense posee mecanismos para el "control social blando", afirma Camaño. "Allí donde el Estado no es tan fuerte, no tiene una presencia tan marcada, existe otro tipo de contralor entre los ciudadanos. En Europa, que tiene una tradición de estados benefactores con una fuerte presencia, la gente se apoya más en esos mecanismos para sentirse segura, contenida".

Para el penalista, lo mejor es desprenderse de los razonamientos esquemáticos y simplificadores: "El modelo represivo, el de mano dura, no es patrimonio exclusivo de Estados Unidos".

BENEFACTORES. Del lado opuesto a ese modelo, que ya se vio contiene matices, se exhibe, generalmente por parte de políticos y otros asociados a la izquierda, el o los modelos llevados a cabo por varios de los países europeos que cuentan con una tradición de Estado de Bienestar, como los nórdicos, Inglaterra y otros. Ahí, dicen, el combate contra el delito se concentra en el diseño de políticas públicas que estimulen la equidad social, además de que se aplican políticas punitivas más blandas.

El razonamiento es que si no hay motivos económicos, es menos probable que el potencial delincuente lleve a cabo el crimen. A su vez, si el castigo es menos severo y más humano, la probabilidad de reincidencia sería menor. El ejemplo inglés puede servir para ilustrar algunos de los resultados de este modelo. De acuerdo al British Crime Survey -órgano encargado de recopilar y elaborar los datos relativos a la criminalidad- la delincuencia bajó casi a la mitad en los años que van de 1995 hasta el año pasado.

Las medidas que se aplicaron ahí tienen mucho del rótulo "europeo": policía comunitaria, penas alternativas a la cárcel, inexistencia de la pena de muerte y programas sociales que integran a potenciales jóvenes pandilleros en torno a un proyecto común financiados por dineros públicos, como el que se denominó Acción contra los cuchillos, donde policías, asistentes sociales y vecinos se pusieron de acuerdo para dialogar y estar en contacto continuo con los jóvenes considerados como problemáticos por autoridades y adultos.

El ex subsecretario del Ministerio del Interior Juan Faroppa está de acuerdo con parte de esta línea de razonamiento, pero no toda. "Hay determinadas formas de delitos que son inmunes a los números macroeconómicos. Delitos a los que se los debe atacar desde lo cultural y no desde lo económico. Cuando se habla de la `pérdida de códigos` es este aspecto cultural al que me refiero. Por más que el Estado solucione buena parte del bienestar económico de la población, esos delitos seguirán existiendo; ya están como galvanizados. Pienso en delitos como el hurto, pero también en ciertos aspectos del delito organizado", afirma.

Trajtenberg relata la experiencia laboral en una cárcel en Barcelona. "En comparación con una cárcel uruguaya, había una gran diferencia. Se atendía al recluso con asistentes, psicólogos y las condiciones eran mucho más humanas. Aún así, la reincidencia era relativamente alta, cercana al 30%".

Pero también en el modelo propuesto como "europeo" hay matices. En Inglaterra se es imputable desde los 11 años. Y Londres es la ciudad más vigilada del mundo por las cámaras. En ninguna otra metrópolis se filma tanto a los ciudadanos como ahí. Esa presencia estatal y policial parece directamente inspirada en las visiones más ominosas de George Orwell. "El modelo que propone lidiar con el delito con políticas sociales y públicas, y con una actitud punitiva menos severa, no es patrimonio exclusivo de los estados de bienestar europeos", dice Camaño y deja claro que todos los modelos, provengan de Estados Unidos o la Unión Europea, mezclan, evalúan y prueban, siempre de acuerdo a un equilibrio entre los objetivos políticos y las normas morales que una sociedad adopta.

Hace aproximadamente un mes, el sociólogo argentino Pablo Alabarces, especialista en temas de violencia en el fútbol, relató la mezcla de medidas que el Estado británico tomó para solucionar, efectivamente, el problema de los hooligans. Entre éstas, se incrementó la vigilancia mediante cámaras, se reformó la estructura de los estadios para hacerlos más seguros y amigables para el público y se subió el precio de las entradas considerablemente. Hoy, el fútbol inglés es tan seguro como elitista.

URUGUAY. ¿Cuál es entonces, el modelo uruguayo? ¿Existe? Para algunos, como Diego Camaño, sí: "El modelo uruguayo es claramente represivo, tanto en el discurso como en los resultados", afirma y explica que eso va más allá de la división entre izquierda y derecha: "La ley de Seguridad Ciudadana en el 95 tuvo los votos del Frente Amplio, para asegurar la `gobernabilidad`. Y fue este gobierno, de izquierda, que convirtió el decreto de la dictadura 690/80, que permite detener a alguien para `averiguaciones`, en una ley, la de Procedimiento Policial".

Faroppa rechaza con énfasis la apreciación del abogado y señala que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos habilita a restringir estos derechos cuando la sociedad así lo decide y esté amparado en la ley. "Lo que no se puede es restringir los derechos humanos por decreto".

Trajtenberg, por su parte, opina que no hay nada que indique se haya pensado en aplicar un modelo definido y elaborado. "No se ha pensado mucho. En el mundo existe una gran cantidad de conocimiento generado en torno a este tema, donde todo está sujeto a un balance y una evaluación, dado que se trata de dineros públicos. Hay que justificar el dinero invertido con resultados".

Aunque sostenga la importancia de la evaluación costo-beneficio, Trajtenberg también recuerda que se trata de un tema en el cual la moral permea todo el debate. Por eso planteaba que entre las cuatro preguntas fundamentales que una sociedad debe responder está el grado de castigo que ésta se dispone a tolerar. Y para graficar su postura, recurre a un ejemplo extremo: "Sería muy efectivo rociar con gas mostaza a barrios enteros y matar a todos ahí adentro. Eso disminuiría sensiblemente la delincuencia, pero ¿estamos dispuestos a aceptar eso como sociedad?".

Faroppa cree que hay cinco ítems que podrían facilitar un acuerdo entre todos los partidos para elaborar un modelo uruguayo: modernización de la estructura organizativa del Ministerio del Interior; profesionalización y jerarquización de la carrera policial; combate al crimen organizado y el narcotráfico; reforma del sistema carcelario y, finalmente, una discusión sobre el nivel de punibilidad, o castigo, que la sociedad uruguaya está preparada para aceptar.

A poco de abandonar el sillón presidencial, la promesa de Tabaré Vázquez de ser implacable con el delito, y también con sus causas, ha demostrado ser notoriamente difícil de cumplir.

Las drogas bajo ataque
Es imposible encontrar un jerarca o político que no hable del "flagelo" o del "azote" de la droga. También es imposible escuchar la opinión de que el consumo de sustancias ilícitas (o lícitas) no incide en los actos delictivos. Todos coinciden en que la droga (así, sin discriminar entre una y otra) es una de las principales causantes de la delincuencia. Esto a pesar de que no existen datos acerca de dicha incidencia. Que no los haya no depende solo de voluntad política para llevar a cabo los correspondientes estudios. Medir cuánto importó la dosis de pasta base fumada antes de cometer la rapiña requeriría que se le realizara los correspondientes exámenes al delincuente una vez que se lo atrapa, por ejemplo. En un contexto como el uruguayo, en el cual la Policía debe lidiar no solo con el delito sino también con una situación salarial muy grave. Hoy se calcula que el servicio 222 constituye más de la mitad de los magros ingresos que perciben los efectivos policiales. Sin embargo, el combate al tráfico de drogas está entre lo más exitoso que pueda exhibir la Policía y el Ministerio del Interior en la actualidad. En los últimos cinco años, la cantidad de droga incautada -principalmente cocaína y pasta base- ha sido mayor que todo lo que se registró hasta la fecha. Sin embargo, en muchos casos persisten en (o aumentan) los niveles de delincuencia y violencia.

El desafío que plantean los menores
La edad de inimputabilidad ha sido un tema caro a los políticos. Los jóvenes delincuentes son un el desafío para cual el Estado uruguayo aún no ha encontrado la solución, aunque se trate de apenas 500 personas. Un modelo que ha probado ser exitoso es el de Seguridad y Convivencia, aplicado en la ciudad de Medellín. La ONG sueca Save The Children escribe que la "cultura de la autorregulación" es el componente fundamental en este plan. "En lugar de gastar millones en policías que controlen todo, cada comunidad define participativamente reglas de convivencia y las respeta". Esa idea rectora ha conseguido reducir los homicidios a una sexta parte en cinco años, focalizada principalmente en los jóvenes varones y empobrecidos.

Equilibrios
Ricos y pobres
Durante mucho tiempo se sostuvo desde la izquierda que mejorando las condiciones económicas, sociales y culturales de las mayorías, el delito disminuiría. Hoy, con la primera experiencia de gobierno a punto de culminar, ese discurso ha sido sustituido por una heterogénea diversidad de opiniones que en algunos casos divergen de lo que tradicionalmente se postuló, como por ejemplo lo que sostiene Juan Faroppa en la nota central de este informe. Sin embargo, sigue predominando en el oficialismo la idea de que los índices macroeconómicos son decisivos a la hora de buscar las causas del delito, y sus posibles soluciones. Se afirma en un comunicado publicado el mes pasado en el sitio web de Presidencia que "la seguridad pública es un concepto global que depende de las políticas sociales" (donde además se informa que el gasto público en seguridad creció 75% en los últimos cinco años). De ser así, el más reciente informe del Ministerio de Desarrollo Social preocupa. Aunque los niveles de pobreza descendieron casi un 30% desde 2005, la distribución de la riqueza -medido por el Índice Gini, donde 0 es la igualdad total y 1 la desigualdad total- indica mayor desigualdad hoy (0,457) que en 1999 (0,437).

miércoles, 27 de mayo de 2009

República Dominicana: Carlos Balcárcer descarta fuera un plan muerte de Florián

El Nuevo Diario 26/5/2009

Demóstenes Cotes Morales disiente

SAN CRISTÒBAL.- En medio estrictas medidas de seguridad, fueron trasladados a las diez de la mañana al juzgado de la instrucción, el teniente coronel José Francisco Pulinario Rodríguez y el capitán Lino de Oca Jiménez, acusados por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía Nacional, del asesinato del narcotraficante Rolando Florìan Feliz, la semana pasada. El doctor Carlos Balcarcer descartó que el crimen de Florian Feliz se trate de un plan, pero que los uniformes de los oficiales se los lleva el sistema carcelario del país.

“No había plan de muerte de Florian y los uniforme de esos dos oficiales se lo lleva el sistema carcelario dominicano. Ahí es que está el problema. Se descarta un plan”, dijo Balcarcer.

Mientras, que el ex –procurador General de la República doctor Demóstenes Cotes Morales, dijo que disiente del doctor Balcarcer, cuando dijo que hay que ver como ocurrieron los hechos, que terminaron con la muerte de Florián Féliz.

Agregó, que cada persona interrogada por la Comisión de Alto Nivel, tiene un pedazo de verdad, pero que eso no se verá hoy sin en el juicio de fondo.

“Yo que ostento la defensa del capitán de Oca Jiménez, la misma comisión investigadora que dice en el informe que él tomo el arma del coronel de una garita, y otro que dicen que el quito al coronel, o que el coronel se la dio al capitán, ahí hay contradicciones de fondo que tienen que ser aclaradas. Cómo es posible que Florián haya llegado hasta el frente de la cárcel, y que nadie pudiera frenar esa acción, cuál agente testificó la muerte de Florian”, dijo Morales.

Mientras, que el juez de la instrucción estudia en estos momentos el expediente, para dictar las medidas de coerción, donde decenas de abogados han acudido para darle apoyo al coronel Pulinario.

Una extricta medida de seguridad reina en el Palacio de Justicia, donde existe gran expectativa, por la decisión que tomara en las próximas horas del magistrado Ambiorix Marichal.

Rolando Florian Feliz, condenado a 20 años por violar la ley de 5088 de drogas, por homicidios, fue ultimado de ocho balazos supuestamente hechos por el capitán Lino de Oca Jiménez, con el arma del teniente coronel, Jasé Francisco Pulinario Rodríguez, ejecutivo de la cárcel Modelo de Najayo, donde unos 20 agentes e internos del penal, fueron interrogados, mientras, que el capitán Jiménez recibió heridas de armas blanca por parte del occiso.

lunes, 25 de mayo de 2009

México: La farsa de la readaptación de delincuentes

Eluniversal.com.mx
22-mayo-2009
Por Claudia Bolaños (*)

El motín en el Reclusorio Sur podría tener otro origen, más allá del hambre que los internos pudieron tener por la restricción a que sus familiares los visitaran y les llevaran más comida de la que reciben ordinariamente. La revuelta, podría ser más bien una consecuencia de los privilegios que se han visto trastocados.

Hace casi un mes, el colombiano Diego Velázquez García, sentenciado por delitos relacionados con el tráfico de drogas, fue trasladado a un penal federal en Matamoros, Tamaulipas.

Don Diego –como se le conocía-, era el interno que, según personal del Reclusorio Sur, se encargaba de distribuir la droga entre los internos, además de tener el control de los dormitorios 1 y 9, caracterizados por los privilegios en los que vivían los reos.

Celulares, pantallas de plasma, frigobares y computadoras, eran parte de esos lujos.

Tras el traslado de Don Diego, las autoridades cerraron los dos dormitorios y ahora están en remodelación para ser ocupados, presuntamente, por presos enfermos y de la tercera edad.

La encargada de las cárceles capitalinas, Celina Oseguera, ha afirmado que se acabaron los privilegios en el Reclusorio Sur, pero no se ha informado el motivo ni se han proporcionado más detalles por parte de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario del Distrito Federal, de la que es titular.

Investigaciones de la Procuraduría capitalina han registrado operativos nocturnos en esa cárcel, debido la participación de reos en secuestros que cometen sus cómplices.

Un hecho que alertó a las autoridades fue la muerte de Jorge Velázquez González, quien era el jefe de Seguridad de ese penal, el 10 de junio de 2008, luego de que se realizó un operativo en el que se decomisaron teléfonos celulares y computadoras en el Dormitorio 9.

Algunos trabajadores del Reclusorio indican que el operativo se realizó tras conocerse información de una posible fuga, y otros empleados de ese penal dicen que fue para subir las cuotas por el uso de esos aparatos.

El hecho es que dicho jefe de custodia del Sur, con apenas un mes en el cargo, fue asesinado tras salir de su jornada laboral. Fue torturado y recibió el tiro de gracia.

"Por bajar a mis compadres a los módulos y quitar los aparatos a los del Nueve, te mandamos al infierno y los que faltan", indicaba un recado que colocaron junto a su cadáver.

A pesar de las muchas conjeturas que se hicieron dentro del reclusorio, hasta el momento esa muerte no ha sido aclarada por la Procuraduría capitalina.

Antes, el 4 de noviembre de 2007, también fueron asesinado, en pleno día, José Juan Juárez Nava y Omar Octavio Hernández Ocampo, jefe y subjefe de grupo, luego de hacer un operativo para el decomiso del mismo tipo de objetos.

Las computadoras, según investigaciones ministeriales han sido utilizadas para conocer de posibles víctimas de secuestro y planear los plagios.

A penas el pasado lunes 18 de mayo, policías judiciales entraron a ese reclusorio para desmembrar a un grupo delictivo conocido como la banda de El Roca, integrada por tres reos del Sur.

Ese grupo criminal operaba desde principios del año 2000, y mutilaba a sus víctimas para presionar al pago de su rescate.

Autoridades de ese penal, se curaron en salud y de inmediato mandaron a hacer una revisión para quitar más celulares. En la noche ya había malestar.

A las siete de la mañana del día siguiente, el penal se despertó con un motín iniciado.

Primero las autoridades penitenciarias negaron que hubiera lesionados, luego, ante las evidencias fotográficas, aceptaron que hubo 51 heridos.

Investigadores del área de secuestros han indicado que la corrupción en las cárceles es fuente de una serie de ilícitos planeados desde las cárceles.

Ahora ese caso, y las acusaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en referencia al maltrato y abuso a internos, ha llevado a los diputados locales a sentarse a revisar la propuesta de ese organismo, para crear la Ley del Sistema Penitenciario.

Sin embargo, el asunto poco prosperará porque la agenda de los legisladores locales no demostró en su momento tener en sus prioridades atender el grave problema de la corrupción dentro de los penales, mientras que la autoridad tampoco ha dado muestras de acabar en definitiva con tantas formas de corrupción.

¿Dónde está la readaptación que tanto pregona como su meta el sistema carcelario mexicano?

(*) Claudia Bolaños es reportera y cubre temas del sector Justicia y del sistema penitenciario de la ciudad de México, así como de derechos humanos.