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ALFONSO ARMADA 26-7-2009 05:59:01
Están los hechos, luego vienen las interpretaciones. El 17 de abril, un niño de ocho años fue violado en Motril por otro de 15 mientras su pandilla grababa la agresión en vídeo. El 2 de julio, cinco menores y un adulto violan en Baena a una niña de 13 años a plena luz del día en una piscina pública. El pasado domingo, otra niña de la misma edad es violada en Isla Cristina por siete menores. Los tres hechos ocurrieron en Andalucía y tanto las víctimas como la mayoría de los victimarios eran menores de edad.
El carácter espeluznante de los casos retrotrae a episodios especialmente turbadores, como el de Sandra Palo, la joven que en 2003 fue violada, atropellada y quemada en Getafe por tres menores y un chico de 18 años, o el todavía más inquietante de los británicos Jon Venables y Robert Thompson, que cuando tenían diez años, en 1993, mataron a James Bulger, de dos años, y que fueron puestos en libertad tras haber cumplido ocho años y cuatro meses de internamiento. La alarma y el estupor han vuelto a suscitar un intenso debate sobre la condición «inimputable» de los menores de 14 años en el ordenamiento jurídico español, la idoneidad de la Ley del Menor y las fallas en la educación, en un sistema que parece quedar desnudo y a contraluz cuando ocurren hechos que obligar a buscar palabras que expliquen el espanto.
¿Es preciso rebajar le edad penal para castigar y evitar este tipo de comportamientos? «Si lo que queremos evitar es la comisión de hechos delictivos, lo fundamental es investigar las causas de la delincuencia», dice Octavio García Pérez, profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Málaga y autor de libros como «La delincuencia juvenil ante los juzgados de menores» y «Legislación penal del menor». García Pérez cree que a partir de ahí «sería posible actuar sobre las circunstancias que llevan a cometer delitos» y evitarlos: «Cuando nos planteamos rebajar la edad para castigar a edades más tempranas, no nos movemos en esta dirección, pues simplemente sancionamos al que ha cometido un delito, pero ni sabemos por qué lo ha hecho ni hacemos nada para que otros no lo hagan. Castigando al que ya ha cometido un delito no vamos a evitar que se sigan cometiendo delitos porque no estamos combatiendo sus causas. En este sentido, los que abogan por rebajar la edad penal con frecuencia lo justifican en que hay menores con problemas de riesgo social que no están siendo atendidos por las entidades de protección y ante la inacción de éstas, sería necesario que actuara la justicia penal. Sin embargo, si el problema radica en que las entidades de protección no están actuando donde deben, lo que hay que hacer es mejorar su actuación».
Patuca Fernandez Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios de Madrid, y Javier Baeza, sacerdote y educador en la parroquia San Carlos Borromeo, niegan que comportamientos como los de Baena e Isla Cristina queden a menudo impunes: «No es cierto. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial no denotan un incremento de los delitos cometidos por menores de edad. Sin embargo, desde el año 2001 se han incrementado exponencialmente las plazas en centros cerrados y semiabiertos. En Madrid en el año 2000 había 3 centros de reforma con unas 45 plazas, en la actualidad hay 15 prisiones de niños en Madrid. Se castiga y se interna a los niños que cometen delitos, bajo un reglamento homólogo al reglamento penitenciario de adultos, pero sin las garantías jurídicas aplicables a estos "porque son menores". Cuando vamos a ver a menores en cárceles de niños no hay ninguna diferencia en la estructura con las cárceles de adultos. No podemos obviar que las personas nos construimos en contextos determinados. ¿Qué contexto es una cárcel para construir o re-construir vidas que comienzan?».
«Sacar a los menores del ámbito del derecho penal ha sido una conquista histórica de la civilización», piensa Luis Carlos Nieto, juez de menores en Ávila. A la pregunta de si se debería rebajar la edad de los menores para ser juzgados, el juez cree que «evitar que la sanción penal se instale en personas que están en un periodo muy temprano de su desarrollo evolutivo es la razón de ser de la justicia de menores. Por eso las medidas que se pueden imponer por la jurisdicción de menores deben centrarse en prevenir futuros comportamientos delictivos del menor desde el convencimiento que la reeducación es un factor que puede contribuir a que hechos delictivos no se repitan. El endurecimiento de las leyes puede tener un efecto simbólico en momentos de conmoción social, pero no tiene relación con una disminución de los delitos. De hecho desde la publicación de la ley todas las reformas, sin excepción, han ido introduciendo en la justicia de menores parámetros del derecho penal de adultos mientras que las estadísticas sobre delitos cometidos por menores permanecen sin variación significativa. Desgraciadamente en el análisis de la delincuencia de menores no siempre prima el rigor basado en datos empíricos para dar respuesta a problemas reales, sino que existe una tendencia a legislar simbólicamente».
«Si nos planteáramos responsabilizar mayormente al menor, ello debería comportar sin ninguna duda ni vacilación también una creciente responsabilidad del entorno social, inmediato (y no tanto), hasta sobrepasar incluso, según casos y circunstancias, el límite de la "penabilidad", de la posible imputabilidad penal». Son palabras de Joan Badía, psicólogo clínico que trabaja en el hospital San Juan de Dios de Barcelona. Y sigue preguntándose: «¿Qué hacían esos menores a esas horas, en qué circunstancias las familias sabían o miraban para otro lado prefiriendo ignorar, no ya tan sólo hechos de la mayor gravedad cual claros crímenes, sino las vivencias, inquietudes y cuitas de sus allegados? De parte de las familias (todas: clásica, monoparental, desestructurada...) toman cada vez mayor relevancia figuras "menores" del maltrato: no por activo, sino por negligencia, desatención, desasimiento, abandono. El legislador, en su momento, debería incorporar medidas claras y eficaces de protección a las familias con prole, con la finalidad de que éstas puedan seguir siendo agentes relevantes de la educación de sus hijos».
Luis Carlos Nieto es contrario a reformar la ley del menor, y menos «en un momento en el que se han producido hechos de especial gravedad y de fuerte repercusión mediática. La valoración y crítica de la ley debe hacerse desde una reflexión serena y profunda que no se puede dar en estos momentos».
Saco de boxeo
¿Hay una quiebra de valores y tabúes? «No creo que se pueda hablar de una quiebra de valores», estima Octavio García Pérz. «Lo que sucede es que a veces a ciertos menores no les llegan los valores porque las instancias que se ocupan de su transmisión no cumplen con su papel. En efecto, hay menores que no tienen familia o si la tienen, ésta no cumple adecuadamente su papel, no van a la escuela y, en consecuencia, no aprenden valores».
Patuca Fernández Vicens y Javier Baeza encienden otra alarma: «Los niños son el saco de boxeo de nuestra sociedad. Los que más sufren los problemas que afectan a la sociedad española: la pobreza se ha incrementado especialmente en los niños de entre 0 y 16 años, la violencia y agresividad de nuestra sociedad, la falta de referentes en la vida pública que sean ejemplo para nuestros chicos, el sistema educativo sometido a los intereses políticos: todo eso hace que nuestros chavales y chavalas sufran y reproduzcan nuestros males. El mundo del menor es la caja de resonancia de los desastres de los adultos. Cuando una sociedad "teme" a los menores, es que está gravemente enferma».
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