Fuente: FABIÁN MURO. El pais de Montevideo.
Las causas de la delincuencia son múltiples. Las posibles soluciones también. En lo único que parece haber consenso entre expertos es que el problema de la seguridad pública no admite respuestas unidimensionales.Más policías, exclaman unos. Mejores cárceles, piden otros. Más gasto social para mitigar las causas del delito, sostienen de un lado. Del otro se retruca exigiendo mayor severidad en todo.
La seguridad pública -quién lo duda- fue y será uno de los temas más importantes del debate político y social. Las ideas que parten del sistema político para transmitir la sensación de que Uruguay es un país seguro, además, sobran.
Pero el camino que va de la propuesta lanzada al calor de una coyuntura a la definición de una política sostenida y sometida a una evaluación es, en el caso uruguayo, tan largo como sinuoso. Ahora que la carrera hacia el gobierno ya comenzó, la seguridad será uno de los temas más polémicos de la campaña. Este informe es un intento de aportar otros argumentos que los que habitualmente son utilizados por los políticos en plena campaña. A veces por conveniencia, otras por necesidad, las campañas no suelen aportar las ideas más complejas y elaboradas.
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DATOS. Hay una multitud de indicadores que pueden servir como sustento para diagnosticar si se vive en un país más o menos seguro. El "más o menos" es clave: nunca se estará completamente seguro. El delito siempre existió y siempre existirá. El reclamo de seguridad absoluta es un imposible que solo revelaría la poca reflexión que le ha dedicado al tema quien pronuncie el dislate.
Adentrarse en el terreno de datos y números puede resultar tedioso para quien reclama, con tanta legitimidad como impaciencia, soluciones concretas y rápidas. Pero una mirada serena sobre este mundo demuestra que se trata de un fenómeno complejo y que se rehusa a ser encasillado en un único y fijo lugar. Conviene tener presente esas dificultades cuando obviedades como "merecemos un país más seguro", o soluciones supuestamente fáciles como "sacarles el vicio a prepo" son las que más se escuchan.
Uruguay tiene una de las tasas de homicidio más bajas del continente: entre seis y ocho homicidios por 100.000 habitantes. Este es un indicador contundente. Es mucho más difícil que un homicidio se escape de los filtros institucionales. Una rapiña o hurto puede no ser denunciado. Un asesinato rara vez deja de ingresar a las estadísticas.
La tasa de homicidios uruguaya está apenas por encima de la que exhiben países como Canadá. Y es un indicador que se ha mantenido durante décadas, de acuerdo a un estudio realizado por el sociólogo Javier Donnangelo. En comparación, solo San Pablo tiene una tasa de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a un informe de 2006 de The Economist. Las comparaciones, como se sabe, son odiosas. Y más en un tema que hace a la seguridad e integridad del ciudadano. De poco le sirve saber a la persona afectada por una rapiña o una lesión, que tal o cual metrópolis es menos segura que en la que vive.
Pero no parece desmedido pedirles a los que elaboran y aprueban leyes normas y decretos una mirada con un alcance mayor que la que se extiende hasta la esquina.
Más allá de que la tasa de homicidios sea un indicador que podría servir para apaciguar a los ánimos más encolerizados, hay otros que generan justificada alarma: Uruguay tuvo, de 1990 a 2004, un aumento de 176% en las rapiñas. Durante ese mismo período, la cantidad de presos aumentó en un 155%, según datos oficiales del Ministerio del Interior proporcionados para este informe. Uruguay es uno de los países con más presos en relación a su población. La tasa de personas privadas de libertad supera las 200 cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente latinoamericano.
Según datos comunicados a diversos medios por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcé a principios de este año, Uruguay tiene una tasa de 235 presos por 100.000 habitantes, cuando el promedio latinoamericano es 130. Además, más de la mitad de los reclusos, 65%, no tiene una sentencia judicial que lo declare culpable.
La disparidad entre estos indicadores, que dan cuenta de una aparente paradoja, tiene algunas explicaciones. Una de ellas es que el notorio incremento en el delito de rapiña y en las encarcelaciones comienza a partir de 1995, cuando se aprobó la ley de Seguridad Ciudadana. Ese año es considerado por algunos como el que definitivamente enterró la "primavera democrática" luego del fin de dictadura militar en 1985.
Pero además, la contradicción entre un nivel de violencia que se mantiene y un incremento explosivo de la rapiña, sirve para ilustrar que encarar los problemas de la seguridad pública requiere de métodos y enfoques cada vez más abiertos e interdisciplinarios.
Además de que, como dice el abogado penalista Diego Camaño, se necesitan esfuerzos mancomunados: Policía, sistema político, poder judicial, académicos y otros, "deberían sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo sobre qué tipo de medidas implementar y cómo evaluarlas".
En esto coincide el sociólogo y criminólogo Nicolás Trajtenberg, quien hace años se está especializando en el tema del delito, sus causas y las posibles soluciones que se han experimentado en diversos países.
"La situación respecto a la seguridad pública en Uruguay es, en mi opinión, tenebrosa", afirma el académico y agrega: "Si alguno de mis alumnos manejara datos y propuestas con la irresponsabilidad que veo todos los días por parte de políticos, periodistas y otros actores sociales, pierden el parcial y no van a examen. Yo me tiro de los pelos al constatar la ignorancia y la ligereza con la que muchos se manejan".
El académico también hace un mea culpa. Según él, no se ha generado en el país el suficiente conocimiento acerca de la problemática del delito, sus causas y las soluciones que pueden aplicarse. Ni siquiera hay en el mundo académico una carrera de criminología, una materia que él tuvo que estudiar en otros países.
Para Trajtenberg, todo acercamiento a la confección de un modelo que pueda aplicarse con un grado satisfactorio de éxito para combatir el delito debe empezar por plantearse cuatro preguntas:
1) ¿Por qué se cometen delitos?
2) ¿Cómo se miden?
3) ¿Qué se está haciendo al respecto? y
4) ¿Cuáles son los fundamentos normativos y morales para el castigo?
"Para ninguna de estas preguntas tenemos respuestas satisfactorias", remata Trajtenberg y agrega que las encuestas que se han realizado, encomendadas por el Ministerio del Interior a consultoras privadas evidencian serios problemas metodológicos. "Venimos con un atraso en muchas cosas. Este año, por ejemplo, será el primero en el cual se realiza un censo de menores infractores. Lo estamos haciendo en el departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, y en unos meses estarán los resultados". Contar con información veraz, sofisticada y consensuada es un debe del Estado uruguayo, sostiene.
MIRANDO HACIA FUERA. Aún con todos los datos arriba de la mesa, el combate al delito es una materia en la cual no hay consensos, ni acá ni en ninguna otra parte. "Hace poco regresé de un congreso de criminología en Estocolmo", cuenta Trajtenberg. "Y para el cierre, varios de los principales criminólogos del mundo debatieron con la ministra de Justicia. Además de que la ministra poseía un nivel de conocimientos muy sólido, no siempre coincidía con los técnicos".
Un caso al que muchos recurren, tanto para la crítica como para el elogio, es el de Estados Unidos. El Foro Batllista llegó a importar directamente el eslogan "tolerancia cero" para su campaña hacia las elecciones internas. Aplicado durante la década pasada en la ciudad de Nueva York, el modelo de tolerancia cero es exhibido por unos como un gran éxito: se redujeron los delitos violentos casi a la mitad, según algunos de los estudios realizados a partir de esa experiencia. Algunos de los delitos violentos (como violación y rapiña) disminuyeron casi hasta la mitad de los que se registraban antes de la puesta en funcionamiento el modelo.
En resumen, el modelo significó una inversión mucho mayor en seguridad: más policías, con más y mejor equipamiento y una actitud por parte de la Policía más agresiva y omnipresente.
Otros rechazan ese esquema de mano dura. "El modelo de tolerancia cero significó, entre otras cosas, la saturación policial: muchos agentes patrullando. Eso no detuvo el delito. Lo detuvo en esa zona, pero la delincuencia se fue a otros lugares, con menor presencia policial", dice Camaño, docente grado 3 en la Facultad de Derecho, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y actuante en casos de repercusión pública, como la defensa de los hermanos Peirano y Alberto Roselli.
Trajtenberg aporta otra reflexión: "Muchas veces se habla de Estados Unidos como si fuera un todo homogéneo, y hay grandes diferencias entre los estados". La pena de muerte, por poner un caso, no se aplica en todos los estados. Y entre aquellos que no la aplican, a veces se exhiben indicadores delictivos más bajos que en aquellos lugares que sí ejecutan a los reos.
Hace casi una década que se había llegado a esta conclusión. De acuerdo a un estudio efectuado por el diario The New York Times en 2000, se determinó que un indicador como la tasa de homicidios era entre 48% y 100% más alta en los estados que aplicaban la pena de muerte que entre los que no lo hacían. Además, un preso con una condena de muerte es mucho más "caro" que uno que no lo está.
"A menudo se piensa en la severidad como única variable", continúa Trajtenberg. "Es cierto que influye, no se la puede descartar. Pero la certeza importa mucho también. Un delincuente no toma únicamente en cuenta la severidad de la pena. Si calcula que es improbable que vaya a ser atrapado, es más probable que siga delinquiendo".
Otra cosa que muchas veces se olvida cuando se importan eslóganes como si fueran latas de sopa Campbell es que por razones culturales e idiosincráticas, una sociedad como la estadounidense posee mecanismos para el "control social blando", afirma Camaño. "Allí donde el Estado no es tan fuerte, no tiene una presencia tan marcada, existe otro tipo de contralor entre los ciudadanos. En Europa, que tiene una tradición de estados benefactores con una fuerte presencia, la gente se apoya más en esos mecanismos para sentirse segura, contenida".
Para el penalista, lo mejor es desprenderse de los razonamientos esquemáticos y simplificadores: "El modelo represivo, el de mano dura, no es patrimonio exclusivo de Estados Unidos".
BENEFACTORES. Del lado opuesto a ese modelo, que ya se vio contiene matices, se exhibe, generalmente por parte de políticos y otros asociados a la izquierda, el o los modelos llevados a cabo por varios de los países europeos que cuentan con una tradición de Estado de Bienestar, como los nórdicos, Inglaterra y otros. Ahí, dicen, el combate contra el delito se concentra en el diseño de políticas públicas que estimulen la equidad social, además de que se aplican políticas punitivas más blandas.
El razonamiento es que si no hay motivos económicos, es menos probable que el potencial delincuente lleve a cabo el crimen. A su vez, si el castigo es menos severo y más humano, la probabilidad de reincidencia sería menor. El ejemplo inglés puede servir para ilustrar algunos de los resultados de este modelo. De acuerdo al British Crime Survey -órgano encargado de recopilar y elaborar los datos relativos a la criminalidad- la delincuencia bajó casi a la mitad en los años que van de 1995 hasta el año pasado.
Las medidas que se aplicaron ahí tienen mucho del rótulo "europeo": policía comunitaria, penas alternativas a la cárcel, inexistencia de la pena de muerte y programas sociales que integran a potenciales jóvenes pandilleros en torno a un proyecto común financiados por dineros públicos, como el que se denominó Acción contra los cuchillos, donde policías, asistentes sociales y vecinos se pusieron de acuerdo para dialogar y estar en contacto continuo con los jóvenes considerados como problemáticos por autoridades y adultos.
El ex subsecretario del Ministerio del Interior Juan Faroppa está de acuerdo con parte de esta línea de razonamiento, pero no toda. "Hay determinadas formas de delitos que son inmunes a los números macroeconómicos. Delitos a los que se los debe atacar desde lo cultural y no desde lo económico. Cuando se habla de la `pérdida de códigos` es este aspecto cultural al que me refiero. Por más que el Estado solucione buena parte del bienestar económico de la población, esos delitos seguirán existiendo; ya están como galvanizados. Pienso en delitos como el hurto, pero también en ciertos aspectos del delito organizado", afirma.
Trajtenberg relata la experiencia laboral en una cárcel en Barcelona. "En comparación con una cárcel uruguaya, había una gran diferencia. Se atendía al recluso con asistentes, psicólogos y las condiciones eran mucho más humanas. Aún así, la reincidencia era relativamente alta, cercana al 30%".
Pero también en el modelo propuesto como "europeo" hay matices. En Inglaterra se es imputable desde los 11 años. Y Londres es la ciudad más vigilada del mundo por las cámaras. En ninguna otra metrópolis se filma tanto a los ciudadanos como ahí. Esa presencia estatal y policial parece directamente inspirada en las visiones más ominosas de George Orwell. "El modelo que propone lidiar con el delito con políticas sociales y públicas, y con una actitud punitiva menos severa, no es patrimonio exclusivo de los estados de bienestar europeos", dice Camaño y deja claro que todos los modelos, provengan de Estados Unidos o la Unión Europea, mezclan, evalúan y prueban, siempre de acuerdo a un equilibrio entre los objetivos políticos y las normas morales que una sociedad adopta.
Hace aproximadamente un mes, el sociólogo argentino Pablo Alabarces, especialista en temas de violencia en el fútbol, relató la mezcla de medidas que el Estado británico tomó para solucionar, efectivamente, el problema de los hooligans. Entre éstas, se incrementó la vigilancia mediante cámaras, se reformó la estructura de los estadios para hacerlos más seguros y amigables para el público y se subió el precio de las entradas considerablemente. Hoy, el fútbol inglés es tan seguro como elitista.
URUGUAY. ¿Cuál es entonces, el modelo uruguayo? ¿Existe? Para algunos, como Diego Camaño, sí: "El modelo uruguayo es claramente represivo, tanto en el discurso como en los resultados", afirma y explica que eso va más allá de la división entre izquierda y derecha: "La ley de Seguridad Ciudadana en el 95 tuvo los votos del Frente Amplio, para asegurar la `gobernabilidad`. Y fue este gobierno, de izquierda, que convirtió el decreto de la dictadura 690/80, que permite detener a alguien para `averiguaciones`, en una ley, la de Procedimiento Policial".
Faroppa rechaza con énfasis la apreciación del abogado y señala que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos habilita a restringir estos derechos cuando la sociedad así lo decide y esté amparado en la ley. "Lo que no se puede es restringir los derechos humanos por decreto".
Trajtenberg, por su parte, opina que no hay nada que indique se haya pensado en aplicar un modelo definido y elaborado. "No se ha pensado mucho. En el mundo existe una gran cantidad de conocimiento generado en torno a este tema, donde todo está sujeto a un balance y una evaluación, dado que se trata de dineros públicos. Hay que justificar el dinero invertido con resultados".
Aunque sostenga la importancia de la evaluación costo-beneficio, Trajtenberg también recuerda que se trata de un tema en el cual la moral permea todo el debate. Por eso planteaba que entre las cuatro preguntas fundamentales que una sociedad debe responder está el grado de castigo que ésta se dispone a tolerar. Y para graficar su postura, recurre a un ejemplo extremo: "Sería muy efectivo rociar con gas mostaza a barrios enteros y matar a todos ahí adentro. Eso disminuiría sensiblemente la delincuencia, pero ¿estamos dispuestos a aceptar eso como sociedad?".
Faroppa cree que hay cinco ítems que podrían facilitar un acuerdo entre todos los partidos para elaborar un modelo uruguayo: modernización de la estructura organizativa del Ministerio del Interior; profesionalización y jerarquización de la carrera policial; combate al crimen organizado y el narcotráfico; reforma del sistema carcelario y, finalmente, una discusión sobre el nivel de punibilidad, o castigo, que la sociedad uruguaya está preparada para aceptar.
A poco de abandonar el sillón presidencial, la promesa de Tabaré Vázquez de ser implacable con el delito, y también con sus causas, ha demostrado ser notoriamente difícil de cumplir.
Las drogas bajo ataque
Es imposible encontrar un jerarca o político que no hable del "flagelo" o del "azote" de la droga. También es imposible escuchar la opinión de que el consumo de sustancias ilícitas (o lícitas) no incide en los actos delictivos. Todos coinciden en que la droga (así, sin discriminar entre una y otra) es una de las principales causantes de la delincuencia. Esto a pesar de que no existen datos acerca de dicha incidencia. Que no los haya no depende solo de voluntad política para llevar a cabo los correspondientes estudios. Medir cuánto importó la dosis de pasta base fumada antes de cometer la rapiña requeriría que se le realizara los correspondientes exámenes al delincuente una vez que se lo atrapa, por ejemplo. En un contexto como el uruguayo, en el cual la Policía debe lidiar no solo con el delito sino también con una situación salarial muy grave. Hoy se calcula que el servicio 222 constituye más de la mitad de los magros ingresos que perciben los efectivos policiales. Sin embargo, el combate al tráfico de drogas está entre lo más exitoso que pueda exhibir la Policía y el Ministerio del Interior en la actualidad. En los últimos cinco años, la cantidad de droga incautada -principalmente cocaína y pasta base- ha sido mayor que todo lo que se registró hasta la fecha. Sin embargo, en muchos casos persisten en (o aumentan) los niveles de delincuencia y violencia.
El desafío que plantean los menores
La edad de inimputabilidad ha sido un tema caro a los políticos. Los jóvenes delincuentes son un el desafío para cual el Estado uruguayo aún no ha encontrado la solución, aunque se trate de apenas 500 personas. Un modelo que ha probado ser exitoso es el de Seguridad y Convivencia, aplicado en la ciudad de Medellín. La ONG sueca Save The Children escribe que la "cultura de la autorregulación" es el componente fundamental en este plan. "En lugar de gastar millones en policías que controlen todo, cada comunidad define participativamente reglas de convivencia y las respeta". Esa idea rectora ha conseguido reducir los homicidios a una sexta parte en cinco años, focalizada principalmente en los jóvenes varones y empobrecidos.
Equilibrios
Ricos y pobres
Durante mucho tiempo se sostuvo desde la izquierda que mejorando las condiciones económicas, sociales y culturales de las mayorías, el delito disminuiría. Hoy, con la primera experiencia de gobierno a punto de culminar, ese discurso ha sido sustituido por una heterogénea diversidad de opiniones que en algunos casos divergen de lo que tradicionalmente se postuló, como por ejemplo lo que sostiene Juan Faroppa en la nota central de este informe. Sin embargo, sigue predominando en el oficialismo la idea de que los índices macroeconómicos son decisivos a la hora de buscar las causas del delito, y sus posibles soluciones. Se afirma en un comunicado publicado el mes pasado en el sitio web de Presidencia que "la seguridad pública es un concepto global que depende de las políticas sociales" (donde además se informa que el gasto público en seguridad creció 75% en los últimos cinco años). De ser así, el más reciente informe del Ministerio de Desarrollo Social preocupa. Aunque los niveles de pobreza descendieron casi un 30% desde 2005, la distribución de la riqueza -medido por el Índice Gini, donde 0 es la igualdad total y 1 la desigualdad total- indica mayor desigualdad hoy (0,457) que en 1999 (0,437).
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