viernes, 28 de agosto de 2009

Uruguay: sobrepoblación y muerte en centro penal COMCAR


Tensión en Comcar tras la tragedia

EDUARDO BARRENECHE (www.elpais.com.uy)

Se trata del peor episodio ocurrido en las cárceles uruguayas. Cinco presos murieron al incendiarse una celda del Comcar. El incidente generó ayer un clima de tensión en dicho penal.
"Se preocupan de que todas las visitas tengan tapabocas, pero adentro dejan achicharrarse a los reclusos", protestó ayer una anciana durante la visita de familiares a los presos del Comcar.
La frase reflejaba la indignación de gran parte de los familiares por la muerte de los encarcelados. Los guardias recomendaban a los familiares que se retiraran lo antes posible ante la eventualidad de que la tensión reinante en el penal derivara en un motín.

Entre las 21.30 y las 22 horas del lunes 24, un griterío sacudió la modorra de los tres o cuatro policías que se encontraban de guardia en el Sector Boxes ubicado en la entrada del Módulo VI del Comcar.
El incendio se desató en una celda de cuatro por tres metros ocupada por cinco reclusos. Tres de ellos se encontraban allí esperando un traslado al Penal de Libertad. Habían protagonizado un incidente con otros presos el fin de semana pasado. Los otros dos encarcelados habían solicitado su traslado al Penal de Libertad porque tuvieron problemas de convivencia con otros presos, según afirmaron a El País fuentes carcelarias. Estos carecían de observaciones por problemas de conducta, lo que llamó la atención a las autoridades penitenciarias. Es que las condiciones de internación del Penal de Libertad son más rigurosas que las del Comcar.

RECHAZO
Los reclusos fallecidos en el incendio fueron Jorge Peñaloza (23), Romeo Garín (28), Adrián Salaberry (27), Christian Alemán (30) y Robert Correa (28). Los cinco habían sido remitidos por rapiñas y hurtos.
En el Sector Boxes se alojan presos sancionados o en tránsito hacia otras cárceles. La mayoría de las veces tienen como destino el Penal de Libertad, un lugar usado por las autoridades penitenciarias para derivar a internos considerados conflictivos.
En el Penal de Libertad -la única cárcel de máxima seguridad existente en el país- el encierro es casi total. Allí los presos no deambulan durante varias horas por "la planchada" -pasillo que une el celdario en el Comcar- sino que permanecen gran parte del día dentro de sus celdas.
Los calabozos del Sector Boxes son similares a los que se ven en las películas: rejas frontales y los laterales y fondo fueron construidos de material.
Una de las hipótesis manejadas ayer por la Policía es que uno o dos presos sancionados iniciaron la protesta o llamado de atención porque reclamaban una mayor rapidez en el traslado. Doblaron un colchón y lo prendieron fuego. Luego intentaron pasarlo a través de la reja. Este se hinchó y cayó encendido dentro de la celda sobre otros colchones. El fuego se extendió. Las llamas llegaban hasta el sector superior, tal su intensidad. Según fuentes policiales, este tipo de protestas son comunes en las cárceles. Generalmente el colchón cae en el pasillo, genera un foco ígneo y luego corren los policías a apagarlo. Al otro día, como sanción, los presos revoltosos son trasladados.
Al escuchar el griterío, los policías abandonaron la Guardia ubicada en la puerta del Módulo VI y corrieron hacia el Sector Boxes. Se encontraban a siete metros del lugar. Debieron cruzar dos portones con cerrojos hasta llegar al celdario.
Al llegar al lugar, los policías constataron que estaba a oscuras. El sistema eléctrico había colapsado por las llamas. Debieron regresar a la Guardia a buscar linternas y elementos para cubrirse el rostro para enfrentar el humo y el calor. Dos guardias sufrieron intoxicaciones.
En una primera instancia, los guardias abrieron la puerta de las celdas contiguas a la incendiada y evacuaron 14 reclusos. Luego munidos de cinco extintores apagaron el fuego de la celda desde el pasillo.
El calor había dañado la cerradura de la puerta y destruido los vidrios del pasillo. Ello obligó a los policías a retornar por segunda vez a la Guardia para buscar herramientas para romper la puerta.
De adentro de la celda sacaron a un recluso que estaba cerca de la puerta. Su cuerpo sin vida quedó en el pasillo. Los otros cuatro perecieron por asfixia dentro de la celda. El fuego carbonizó sus cuerpos.
Según fuentes médicas, lo máximo que resiste una persona en un escenario similar al vivido por los reclusos son seis minutos.
"Los productos de la combustión que generan elementos tóxicos son el óxido y el monóxido de carbono. En este caso en particular, los colchones, además producen cianuro, un elemento tóxico que en un corto período determina una intoxicación fulminante", dijo el director de Bomberos, Raúl Perdomo. Agregó que su experiencia como bombero dice que, en estas circunstancias, "un 75% de las personas que mueren en el incendio es como consecuencia de los productos de la combustión; sólo 25% por efecto directo del fuego".

AJUSTE.
En la mañana de hoy, el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé presentará un informe al Parlamento sobre lo sucedido en el Comcar.
El lunes 24, Garcé arribó a ese penal poco después de la muerte de los presos. Al mediodía de ayer, regresó al Comcar para dialogar con autoridades del penal.
"Vi la escena tal como estaba. Observé a un cuerpo sin vida en el corredor y cuatro cuerpos calcinados dentro de la tercer celda del Sector Boxes", indicó.
Consultado sobre si el incidente podría haber sido el resultado de un ajuste de cuentas entre los reclusos, Garcé desestimó esa versión.
"A mi juicio es muy difícil que haya sido un problema entre presos", señaló el comisionado.
Por su parte el director de Cárceles, Horacio Zaugg afirmó que todas las celdas del Sector Boxes "estaban trancadas" antes del incendio. De esta forma, el jerarca policial descartó cualquier posibilidad de que el foco ígneo se hubiera originado fuera de la celda y luego propagado dentro de la misma.
El juez penal Luis Charles no encontró elementos o pruebas que vinculen el episodio como una venganza entre presos.

GRAVEDAD.
En la mañana de ayer, en una conferencia de prensa, el ministro del Interior, Jorge Bruni calificó de "desgraciado suceso" las muertes de los cinco encarcelados.
Por su parte Zaugg señaló que, además de la instancia judicial, se está realizando en el Comcar una investigación interna para tener más detalles de lo ocurrido en el Sector Boxes.
La demora en abrir la puerta de la celda fue reconocida por el director interino de la Policía Nacional y titular de Bomberos, Raúl Perdomo. Una cárcel, agregó, es un edificio particular muy diferente de un edificio de apartamentos o un liceo.
"En un penal el componente de la seguridad es importante. Hay que abrir portones y rejas. Ante una situación como un incendio, ello conspira con la velocidad de evacuación", dijo a El País el director de Bomberos.
Según Perdomo, los policías debieron abrir puertas y celdarios porque, de otra forma, los reclusos "no tienen posibilidades" de autoevacuación.

Familiares de presos muertos criticaron reacción de la guardia
Ayer (27/08/09), a unos 20 metros de la entrada del penal de Santiago Vázquez (Comcar), tres familiares de uno de los reclusos fallecidos en el incidente del lunes 24 se quejaban de la presunta omisión policial en abrir la puerta de la celda. "La guardia los dejó morir, porque estaban haciendo una protesta. Acá lo sabe todo el mundo", afirmó uno de ellos.
El padre de uno de los reclusos fallecido responsabilizó a las autoridades que custodiaban el módulo y afirmó que llegará a las últimas consecuencias, según consignó ayer radio El Espectador.
La esposa de otro de los fallecidos dijo que no había podido reconocer a su marido. "Vine a buscar los papeles para tramitar su entierro, porque está calcinado. No lo puedo reconocer; tengo que ir a la morgue a levantar el cuerpo", dijo.
Ayer el malestar era generalizado en el Comcar. Varios presos señalaron a El País que los guardias demoraron en brindar asistencia y agregaron que los pedidos de auxilio no son atendidos con celeridad. También se quejaron del hacinamiento en que se encuentran alojados donde, en piezas de tres por tres metros, conviven nueve internos.
Las críticas de los presos también apuntan a la calidad de la alimentación del "rancho". "Casi nunca vemos algo de carne. Pero los guardias comen asados casi diariamente", se quejó un interno.
Los policías a su vez se quejan de los horarios extendidos y el elevado estrés generado por la convivencia con reclusos. También señalan que el régimen laboral -una semana de trabajo por otra de asueto- afecta sus relaciones familiares.

Los hitos del INCENDIO

Los fallecidos
Los reclusos que perecieron en el incendio en el Sector Boxes fueron Jorge Peñaloza (23), Romeo Garín (28), Adrián Salaberry (27), Christian Alemán (30) y Robert Correa (28).

Por qué estaban allí
Tres de los cinco reclusos muertos se encontraban sancionados en el Sector Boxes por un incidente. Los otros dos pidieron su traslado al Penal de Libertad por problemas de convivencia.

Reacción oficial
El ministro del Interior calificó de "desgraciado" el episodio ocurrido en el Comcar. La Dirección Nacional de Cárceles inició una investigación interna para dilucidar si los guardias actuaron en forma rápida o no.

Informe al Parlamento
El comisionado parlamentario descartó que el incidente haya sido el resultado de un ajuste de cuentas entre presos. Hoy presentará un informe sobre el hecho fatídico al Parlamento.

La resolución judicial
A pedido de la fiscal Dora Domenech, el juez Luis Charles archivó el expediente que indagó los hechos. Concluyeron que no hubo omisión de los guardiacárceles, ya que intentaron socorrer a los reclusos.

Comcar: la cárcel más hacinada
El Comcar cuenta con 3.000 reclusos, siendo que su capacidad original es de 1.624 plazas, lo que lo transforma en el centro penitenciario más superpoblado de todo el país. El hacinamiento en el centro es del 70%, según lo estableció el comisionado parlamentario para el sistema carcelario, Álvaro Garcé en su último informe elaborado en el pasado mes de abril. Si bien en los últimos meses el Ministerio del Interior habilitó 750 nuevos cupos -lo que permitió un leve descongestionamiento- esa cantidad se tornó insuficiente en poco tiempo debido a que mensualmente el Comcar suma un promedio de 70 nuevos reclusos, en virtud de que el Penal de Libertad también está "topeado" y prácticamente no puede recibir internos, según indicó en los últimos días el Círculo Penitenciario, asociación que reúne a la gran mayoría de los guardiacárceles de todo el país. A fines del pasado mes de marzo, durante una visita a Uruguay, el relator de Derechos Humanos de la ONU, Manfred Nowak, cuestionó duramente las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios uruguayos. En particular, sostuvo que el Penal de Libertad es una de las peores cárceles que visitó en el mundo. En relación al Comcar, el experto internacional dijo que si bien la situación no es tan dramática, existen algunos módulos donde es igual a Libertad, y puso como ejemplo el módulo 2, en el que fueron alojados más de mil presos cuando su capacidad es para 120.


"El Comcar es un pequeño pueblo, pero en condiciones terribles"
Alejandro Mendieta (amendieta@elpais.com.uy)

En un día de visitas, cerca de 4.000 personas se congregan en el predio que ocupa el Complejo Carcelario Santiago Vázquez. "Esto es igual a la población que tienen algunos pequeños pueblos del interior, pero en condiciones terribles", dijo el senador blanco Carlos Moreira.
Esto es porque esa masa de personas vive en medio de un peligroso hacinamiento, sin habilitación de Bomberos y sin un protocolo de evacuación ante una emergencia, agregó el legislador a EL PAÍS digital.
La tragedia ocurrida a principios de semana, donde cinco reclusos perdieron la vida tras incendiar un colchón en la celda donde estaban recluidos, reavivó la polémica sobre el caos que reina en el Comcar.
Además, los informes presentados ante el Parlamento por el Comisionado Parlamentario para el Sistema Carcelario, Álvaro Garcé y las autoridades del Ministerio del Interior mantienen claras discrepancias que, dijo Moreira, merecen ser investigadas.

El ministro Jorge Bruni dijo ayer ante la Comisión de Seguimiento del Sistema Carcelario que todavía estaba en proceso una investigación administrativa y aclaró que en los testimonios recogidos durante la pericia policial, no había testimonio alguno que denunciara la falla de un extintor.
Pero Garcé afirma que algunos testigos le informaron que los guardias habían demorado y que el primer extintor utilizado no funcionó. "Hay discrepancias en los testimonios. Quedan dudas y hay que seguir profundizando la investigación", dijo Moreira, quien quedó con la impresión de que el ministerio no tenía la intención de averiguar cosas que pudiesen contradecir lo que ellos dijeron.

HABILITACIÓN.
La polémica también está en que una dependencia estatal de alto riesgo como es una cárcel no cuente con una habilitación de Bomberos. Moreira se preguntó cuándo había sido la última vez que se habían revisado los extintores, ya que no había coordinación alguna para una emergencia.

El legislador dijo que esto no es una luz amarilla, sino ya roja, que alerta sobre la necesidad de tomar medidas sobre una inmensa población que convive con la droga y el hacinamiento.
"Ojala nunca vuelva a pasar. Pero se encierran siete o diez personas en un lugar que es para uno. Falta que alguien se vuelva loco, prenda fuego un colchón y mate a todos los que están con el. El tema del hacinamiento tiene mucho que ver con esto", puntualizó Moreira.
Otro problema es la falta de criterio a la hora de mezclar a la población reclusa. En ese bloque de celdas, que tampoco contaba con un baño, Moreira afirmó que había presos que estaban procesados por cometer rapiñas con otros que lo estaban por hurto.
El director de cárceles, Horacio Zaugg, respondió ante la comisión que a cada preso se le pregunta si no tiene problemas en compartir una celda con tal o cual persona.
Para Moreira esta metodología no es una verdadera clasificación y que tampoco se recomienda en ningún manual internacional. "Eso es un gran caos. Yo me imagino que el director hace lo que puede, pero es una situación muy compleja, casi imposible", opinó.
El camino parlamentario será esperar un poco por el avance de las investigaciones que siguen en curso. Moreira pedirá, además, que se habilite la comparecencia de Garcé para que pueda ampliar sobre lo presentado en su informe y enfrentarlo a las contradicciones que se generaron tras la reunión con el ministro Bruni.

jueves, 20 de agosto de 2009

EL SALVADOR: Bloqueo de teléfonos celulares en centros penales

www.laprensagrafica.com
Escrito por Karla Ramos
Jueves, 20 agosto 2009

Negocian con telefónicas bloqueo señal en penales
El presidente Funes afirma que buscará, en su visita a Brasil, asesoría en este tema.


El presidente de la República, Mauricio Funes, confirmó ayer que siguen negociando con las empresas de telefonía en el país la instalación de un "sofisticado" sistema de bloqueo de señal de celulares en los centros penitenciarios, como medida para contener la realización de homicidios y extorsiones que se ordenan desde allí.

Hasta el momento, explicó el mandatario, una de las complicaciones identificadas es la ubicación de los centros penitenciarios, ya que al estar en zonas urbanas, la medida podría afectar a las familias que viven en los alrededores. "¿Qué pasa si bloqueamos la salida y entrada de la señal en esas zonas? Habrá vecinos que se quejarán por su señal, entonces tenemos que definir un mecanismo más sofisticado que nos permite hacer frente a esto", dijo. En ese sentido, además de la negociación con las empresas, el Gobierno buscará la asesoría de Brasil en este tema.

El 8 de septiembre, el mandatario tiene prevista una visita a ese país suramericano, y un punto de la agenda es abordar el tema del bloqueo de señales de celulares, ya que Brasil "ha sido exitoso en ese sentido, en bloqueo de celulares y eso permite reducir la delincuencia", explicó.

También agregó que han pedido a las empresas que les permitan acceso a los registros de los teléfonos prepago que han sido identificados en denuncias de extorsión para identificar a responsables y bloquearlos. Este punto también se ha discutido en la Asamblea Legislativa, donde se ha pedido una reforma al Código Penal en este sentido.

El mandatario dijo que estas medidas forman parte de la negociación que se sostuvo con la Dirección de Centros Penales y con las autoridades de Justicia y Seguridad, en las que se pidió no flexibilizar las medidas de seguridad en las 19 cárceles que existen en el país ante el incremento de las extorsiones.

"Obviamente ha habido necesidad de no llevar a cabo algunas medidas para no enviar el mensaje de que estamos siendo sumamente tolerantes con la delincuencia", reconoció el mandatario, quien precisamente el pasado 13 de agosto le había hecho la solicitud a Centros Penales de no descuidar el control del delito. Una semana después, el director Douglas Moreno anunció que daba marcha atrás con la flexibilización de algunas medidas hasta no contar con el equipo y la tecnología apropiada para la revisión de las visitas a los detenidos.

Los últimos datos presentados por la Fiscalía afirman que, en los primeros siete meses del año, las denuncias de extorsiones ordenadas desde las cárceles crecieron en un 147%, y llegaron a más de 1,300. Además, se ha verificado que el 84% de las extorsiones que solo han recibido una llamada ha salido desde las cárceles.

Estados Unidos ya ofreció al Gobierno salvadoreño apoyo para combatir este delito, y solo en el Plan Mérida hay $850,000 destinados a reforzar las medidas de seguridad en los centros penales.

Otra herramienta que está en proceso es la creación de una ley de escuchas telefónicas, pero esto va a un paso más lento.

miércoles, 19 de agosto de 2009

ECUADOR: Plan permite estudiar a 1.500 presos


El Telégrafo 17 de agosto del 2009.



Los adolescentes en conflicto con la ley y aislados en los CAI serán los principales beneficiados con este proyecto.
Mediante elservicio de Internet los reos pueden recibir cursos de formación a distancia


Al menos 60 centros de rehabilitación social del país (instituciones carcelarias y de atención de adolescentes infractores) tendrán el servicio de Internet, lo cual permitirá que cientos de internos culminen los estudios de bachillerato en la modalidad a distancia.

Esta iniciativa, informó Fabián Sáenz, director del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (Fodetel), parte de la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones (Senatel), se inició el 31 de julio, a través de un convenio tripartito entre el organismo estatal, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Dirección Nacional de Rehabilitación Social (DNRS).

El proyecto de conectividad, según el funcionario, estará totalmente implementado a finales de 2010 y también contempla la posibilidad de que las universidades dicten talleres prácticos y tutorías sobre el uso de la tecnología y el desarrollo de oficios o artes.

Sáenz explicó que la educación a distancia, a través de Internet, será uno de los mayores beneficios para las personas que permanecen recluidas en estos lugares.

Asimismo, indicó que el convenio viabiliza que el Fodetel administre las señales y facilite el acceso por Internet a todos los equipos de información en los centros.

Ximena Costales, subsecretaria de Rehabilitación Social, explicó que los menores en conflictos con la ley, aislados en los Centros de Adolescentes Infractores (CAI) tendrán acceso a las tutorías, por medio de un programa denominado “Voluntad”, impulsado por el Ministerio de Educación y la Fundación Virtual Iberoamericana (Fuvia).

Esta entidad, desde el 2002, presta servicios en el país, a través del asesoramiento, promoción y desarrollo de proyectos de educación en Línea (e-Learning), desarrollado en servicios web. Además, ofrece alojamiento de cursos en línea en su plataforma educativa de aula virtual.

Costales informó que hasta el momento 1.500 personas privadas de libertad (PPL) de los centros de rehabilitación se han inscrito en los cursos, ya sea de alfabetización, primaria o ciclo básico.

Paralelamente, el Ministerio de Educación, como miembro del Consejo Nacional de Rehabilitación Social, impulsa un programa de tutorías, en el que los instructores acuden a los centros para, junto con los internos, realizar un seguimiento de los estudios personalizados, ya que, indicó Costales, los casos en los PPL son muy heterogéneos.

“Algunos de ellos están por poco tiempo, hay de diferentes edades y con diversos niveles de escolaridad, y por esa complejidad se ha definido hacer el trabajo semipresencial”, explicó la funcionaria.

Romeo Silva, principal de la Dirección Nacional de Rehabilitación Social, dijo que los recursos para realizar el proyecto provienen del ministerio correspondiente, es decir, cada Secretaría tiene su responsabilidad, ya sea el área de Salud, Trabajo, Educación, en una perspectiva en la que el Estado está actuando por primera vez en esos espacios.

Néstor Arbito, ministro de Justicia y Derechos Humanos, manifestó que con la intención de modificar o reforzar el proyecto, se lo revisará con los representantes del recientemente creado Ministerio de Telecomunicaciones.

Sin embargo, señaló que actualmente se lo ejecuta, a través de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), entidad estatal.

La idea, según Arbito, es mejorar el convenio y subirlo de nivel ministerial, por lo que en los próximos días conversará con Jorge Glass, titular de la Secretaría de Telecomunicaciones.

“Una vez que se tenga habilitado el enlace de Internet su uso será tanto interno como externo, es decir público y privado, se complementará con la educación primaria, secundaria y universitaria técnica a distancia”, informó Arbito.
Sistema enlazará a penitenciarías
Ximena Costales, subsecretaria de Rehabilitación Social, informó que se implementa a nivel nacional el Sistema de Información General Penitenciaria (Sigpen), con el propósito de que, a través de los datos que ingresen diariamente de los departamentos técnicos de las cárceles, se tenga una veeduría y un control directo desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

La funcionaria explicó que el Sigpen funciona en una plataforma informática operativa en Internet, en la que se tiene la información inherente a los internos y al área administrativa de los 36 reclusorios del país.

El sistema informático comenzó a funcionar en Azogues, en el Centro de Rehabilitación Social de Mujeres de Quito, El Inca; en Esmeraldas y en Latacunga.

Costales agregó que en Santo Domingo de los Tsáchilas existe un enlace de datos y en Archidona (provincia de Napo) está instalado el cable estructurado, pero aún no hay señal.

El sistema, explicó Costales, no solo es de uso administrativo sino también orientador, ya que con él se pueden fijar políticas específicas para algunos temas.

Además, se conocerá el número de enfermos y discapacitados, internos en prelibertad, la descripción de sus capacidades laborales y habilidades o destrezas que tengan las personas, etc.

jueves, 13 de agosto de 2009

MEXICO - Prisión preventiva: un lastre social


Domingo 9 de Agosto de 2009
Kutzi Hernández/El Diario NTR


En medio de un ambiente donde la inseguridad pública va en aumento y el crimen organizado ha ido ganando terreno en el control de los centros penitenciarios, la prisión preventiva es una de las medidas en que más se apoyan las políticas criminológicas en México.

Sin embargo, la prisión preventiva se ha convertido en una carga para la sociedad, pues además de que no ha ayudado a que se cometan menos delitos, representa altos costos sociales y económicos. En la actualidad, el 42% de los reclusos en el país se encuentran en prisión preventiva, es decir: no han sido declarados culpables o inocentes, por lo que no han recibido una sentencia.

En este sentido, a nivel mundial, México ocupa el sitio número 15 entre los países con mayor población penitenciaria preventiva (la lista es de 160 países). El abuso en esta medida ocasiona sobrepoblación penitenciaria, hacinamiento, autogobierno (los reos imponen sus reglas), problemas de salud, entre otros.

Los estragos del cautiverio

La prisión preventiva consiste en retener al presunto responsable de un delito para evitar que se fugue, informa el especialista Uriel Márquez Valerio. En la cárcel, se pasa por diferentes etapas: indiciado (cuando la persona es señalada como responsable), procesado, acusado, sentenciado (cuando es absuelto o condenado) y reo.

Pueden pasar meses, incluso años, antes de que a una persona en este país le sea comprobada su inocencia y por lo tanto obtenga su libertad. Mientras tanto, no sólo ha perdido un valioso tiempo de su vida, sino que sus relaciones familiares y sociales se deterioran, su salud sufre mermas importantes y tendrá que sobrellevar el estigma social como consecuencia de haber pisado la cárcel.

Cabe considerar que a esa persona no sólo se le dificultará encontrar empleo, sino que durante el tiempo en que estuvo presa, dejó de percibir un salario y de gozar de los derechos civiles que le permiten cotizar ante el IMSS o el Infonavit. Pero esto es sólo la punta del iceberg, ya que paralelo a esto hay un daño psicológico, emocional y moral de dimensiones inciertas.

Además, la tasa de homicidios es cuatro veces mayor dentro de las cárceles que fuera de ellas, y la de suicidios, nueve veces más grande. Por otro lado, por cada seis meses en prisión, se pierden 17 días de expectativa de vida por prisionero, ahonda Guillermo Zepeda, investigador del Iteso, quien es autor de varias publicaciones sobre el tema.

Por si fuera poco, las familias de los detenidos en México dejan de percibir en promedio un millón 300 mil pesos anuales por concepto de sueldos que ya no puede devengar el reo. A esto se le suman los gastos que se generan durante el proceso, tanto para la familia como para el Estado.

De acuerdo con los registros proporcionados por Zepeda, en junio de 2009 había en México 225 mil personas en cautiverio, de las cuales, 92 mil se hallaban en prisión preventiva, es decir: el 42% de la población penitenciaria no había recibido sentencia. Los estados con índices más altos son Jalisco (57%) y Sonora (50%).

Este índice preocupa a los especialistas en el tema, particularmente a Zepeda, quien en su estudio “Mitos de la prisión preventiva” señala que la prisión preventiva contradice los principios constitucionales y del derecho internacional, y considera que es una medida exorbitada de la cual han abusado las autoridades mexicanas.

Entrevistado por NTR, Guillermo Zepeda informó que cada preso en este país representa un costo promedio de 130 pesos diarios, cifra que puede variar según la entidad, pues Aguascalientes gasta 180 pesos diarios por cada convicto.

Esconden datos en Zacatecas

De acuerdo con estimaciones del investigador, en el estado de Zacatecas se invierte 186 mil 550 pesos diarios en mantener a la población penitenciaria. La cifra ya incluye no sólo alimentos, ropa e insumos en general, sino también gastos en servicios, viáticos y sueldos del personal.

En abril de 2009 había en el estado de Zacatecas mil 475 reclusos, de los cuales 360 aún no habían sido sentenciados. Esto significa que 24% de la población penitenciaria en la entidad (es decir, uno de cada cuatro), se encuentra en prisión preventiva, lo cual está muy por debajo de la media nacional.

Zepeda consideró que las cifras en el caso Zacatecas son alentadoras, ya que en noviembre de 2008, el número de personas en prisión preventiva ascendía a 416, lo que significa que cinco meses después había 56 personas menos en esta situación.

Por otra parte, mencionó que hay en esta entidad 27.7 reclusos por cada 100 mil habitantes, mientras que la media nacional es de 90 reos en la misma proporción.

Aunque estos son datos halagüeños para Zacatecas, el gobierno del estado parece no entenderlo así, ya que a toda costa impidió que NTR Medios de Comunicación obtuviera estas cifras que son de interés público. En primera instancia acudimos a la Secretaría General, donde se nos dijo que ahí no contaban con indicadores sobre población penitenciaria, sino en la Dirección de Prevención y Readaptación Social.

En dicha dependencia, Ricardo García Rojas primero nos prometió entregarnos la información al día siguiente, pero luego nos dijo que era la Secretaría de Seguridad Pública —de la cual forma parte dicha dirección, de acuerdo con la nueva ley— la instancia competente.

Aunque anteriormente dicha secretaría se encontraba en las instalaciones del C-4, se nos informó que su nueva ubicación es la sede de la Policía Estatal Preventiva. De cualquier forma, en ambos domicilios nos negaron el acceso y la información requerida.

Comparativamente, fue más fácil para NTR contactar con Guillermo Zepeda, en el Iteso en Guadalajara, y con Martín Carlos Sánchez Bocanegra, director general de la Institución Renace, en Monterrey, y obtener a través de ellos las cifras que aquí se presentan.

Esfuerzos humanitarios

La asociación Renace (www.renace.org.mx) se dedica específicamente a defender a personas inocentes que han sido encarceladas injustamente. Pocas son las instituciones en el país dedicadas a ello. La Fundación Telmex dedica parte de sus recursos a apoyar con fianzas a personas de escasos recursos; Pastoral Penitenciaria apoya a los familiares, al igual que Lomas Bizantinas, mientras que en el D. F., la asociación Reintegra defiende los derechos humanos de menores de edad.

Renace ha generado varios estudios sobre la prisión preventiva. A decir de su director general, las reformas al sistema penal han ayudado a disminuir la prisión preventiva, dado que permite salidas alternas en el caso de las personas acusadas por delitos menores.

Actualmente, Renace atiende a 250 personas en sus distintos programas, como atención jurídica, psicológica, fianzas, etc. Sus servicios son gratuitos y por ahora sólo se encuentran en el estado de Nuevo León, aunque a decir de Sánchez Bocanegra, la Barra Mexicana de Abogados está interesada en abrir de forma conjunta centros de atención en San Luis Potosí, Distrito Federal y Jalisco.

El error judicial, figura ausente

Para el jurista zacatecano Uriel Márquez Valerio, los altos índices de población preventiva en nuestro país “denotan la crisis tremenda que está sufriendo el sistema de justicia en nuestro país; desde luego, no nos debería sorprender si el sistema judicial o el sistema de impartición de justicia está en crisis, si distintos aspectos de la vida de nuestro país, están también en crisis”.

“La constitución señala un término máximo para la duración del proceso; no puede quedar al arbitrio de los jueces. Sin embargo, por las deficiencias que tiene el sistema judicial, frecuentemente —yo creo que es la regla general—, no se dictan las sentencias dentro del término legal”, advierte el abogado litigante.

Entre otras fallas del sistema, Márquez señala que “por otro lado, una vez que concluye el proceso, y si la persona que estuvo detenida todo ese tiempo es absuelta, no existe en nuestra Constitución ninguna consecuencia favorable al que estuvo detenido injustamente, y adversa a quien la tuvo detenida todo ese tiempo”.

“En España, por ejemplo, la constitución vigente establece que cuando existe error judicial, esto es, cuando por un error injustificable de un juez se mantiene a una persona indebidamente detenida, cuando esa persona es absuelta, tiene derecho a demandar al Estado por daños y perjucios; a su vez el Estado analiza la conducta del juez o de las autoridades durante el lapso del proceso, e independientemente de que indemnice al demandante injustamente detenido, le cobra al juez lo que le paga a la otra persona”.

Otra deficiencia del sistema penal que señala el universitario consiste en que en México no existe el error judicial. “Esto es doblemente injusto porque frecuentemente ni siquiera una disculpa le piden a la persona injustamente encarcelada. Yo creo que esto es más constante de lo que quisiéramos”.

Corrupción, otro factor en contra
“En lo particular le puedo contar uno de los últimos casos que llegué, de una persona que estuvo indebidamente por casi dos años, acusada de que vendía pastillas psicotrópicas, lo que no resultó cierto. La policía judicial federal inventó dos testigos que nunca existieron. Fue condenada en primera instancia, fue condenada en segunda instancia federal y sólo pudimos obtener su libertad hasta en el tribunal colegiado de circuito mediante un amparo, pero ya habían transcurrido casi dos años. Esta persona que tiene diabetes y obesidad, incrementó sus males en la cárcel.

“Para tener el caso más notorio, el de los presos de Acteal, la Suprema Corte reconoció que cuando menos en once casos de los 40 condenados, la Procuraduría General de la República había inventado pruebas. Esto es terrible”.

Añadió que lo anterior está conectado con otro problema: la falta de autonomía de los ministerios públicos, pues mientras sigan dependiendo de los poderes ejecutivos —federal o estatales—, “se va a seguir utilizando los procesos con frecuencia para encarcelar inocentes porque son adversos críticamente al sistema político o judicial”.

Un problema de carácter institucional que señala el especialista es “el hecho de que no existan jueces de condena, jueces que vigilen el cumplimiento de las sentencias. Está previsto en la constitución que exista este tipo de jueces, pero todavía, que yo sepa, no se ha implementado, y la Constitución está dando una vacacio legis, es decir, un lapso de ocho años para que se pueda implementar, entre otras, esta reforma”.

De acuerdo con Márquez Valerio, a los problemas institucionales se suman los de carácter técnico, además de que no puede faltar la presencia de la corrupción, aunque ésta es proporcionalmente menor respecto a los estragos de los errores judiciales, desde la percepción del jurista.

“La óptica de uno está limitada a su experiencia, pero yo he conocido solamente tres jueces corruptos. En realidad, muchas de las injusticias que se cometen son por error judicial, por descuido, por burocratismo”.

A esto cabría agregar un tercer problema, que la reciente reforma constitucional busca solucionar. Se trata del hecho de que “el ejecutivo federal o local tiene las dos pinzas de la justicia: la pinza del ministerio público mediante el cual consigna, y la pinza de la ejecución de las penas, mediante el cual vigila el cumplimiento de las sentencias de los jueces”, agregó el entrevistado.

El ciudadano y el enemigo: una visión discriminatoria

Sobre el caso de los 53 ex custodios que son procesados tras la fuga de reos del Cereso de Cieneguillas el pasado 16 de mayo, Márquez Valerio señaló en primer lugar: “yo no conozco en esencia las imputaciones que se les hace, pero yo lo que advierto es que estuvieron arraigados durante más de un mes en Zacatecas; que fueron trasladados para ser procesados en Nayarit”.

Citó un acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, el cual “le da competencia a cualquier juez de cualquier lugar del país para conocer de un delito de carácter federal en contravención al principio de que el lugar rige el acto”. Explicó que “si aquí supuestamente cometieron el delito de evasión de presos o cualquier otro delito que se les impute, debieron haber sido juzgados aquí”.

Uriel Márquez consideró que “el hecho de que se les haya llevado allá, a pesar del acuerdo de la corte, que aparentemente legitima la competencia del juez de Nayarit, desde mi punto de vista viola, si no el texto, cuando menos sí el espíritu del artículo 18 constitucional, que señala en su penúltimo párrafo que los sentenciados —sentenciados, no procesados, subraya— podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, y esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada”.

Sobre éste último aspecto, el legista consideró que “a los mejor les están imputando también algún delito relacionado con delincuencia organizada, y esto nos lleva a otro problema, a lo que se ha dado en llamar el derecho penal del enemigo, esto es: hay dos derechos penales, el derecho penal para la gente común y corriente, y el derecho penal para el enemigo, que es la delincuencia organizada”.

Advirtió: “Yo no abogo por la delincuencia organizada; yo lo que critico es la falta de igualdad, independientemente de que sean más severas las penas para el caso de delincuencia organizada, pero son dos reglas para medir a los delincuentes”.

Estos conceptos, indicó Márquez Valerio, fueron acuñados “por un jurista alemán que todavía vive, Günther Jakobs, que está inspirado en la doctrina nazi concretamente de Carl Schmitt, un gran jurista alemán, un gran constitucionalista, pero que fue ideólogo de Hitler y esas son las consecuencias de tratar de adaptar doctrinas que son injustas, que violan los derechos humanos”.

“Aquí el problema está en la aparente disyuntiva entre derechos humanos y seguridad pública; bien aplicados los principios de ambas, no tienen por qué reñir; es cuestión de ponderarlos y de armonizarlos. Pero frecuentemente se dice por los enemigos de los derechos humanos que éstos violan la seguridad pública y que por eso hay tanta delincuencia”.

Finalmente, hizo hincapié en la ola de delincuencia como un fenómeno derivado del neoliberalismo; “a partir de la década de los 80 se disminuyeron los trabajos, se echó a mucha gente a la calle, al comercio informal. Yo no justifico a la delincuencia organizada, pero hay que ver cuáles son las causas reales de carácter social que motivan esta ola delictiva”.

miércoles, 12 de agosto de 2009

URUGUAY: Centro Nacional de Rehabilitación Social (CNR)

Crio. (PE)(CP) Psic. Diana Noy López
SUB-DIRECTORA DE INTERVENCIONES TÉCNICAS


¿Qué es el CNR? El 31 de julio de 2002 se inauguró el Centro Nacional de Rehabilitación, concebido como una instancia de transición hacia el egreso, de preparación para la vida en libertad, enmarcado dentro del sistema progresivo de aplicación de la pena privativa de libertad, sus objetivos son:
- Disminuir la tasa de reincidencia
- Incrementar los recursos personales de los internos
- Reducir al máximo sus conductas negativas.
- Favorecer que los programas tengan continuidad y generalización en la comunidad
- Desarrollar una intervención educativa y prosocial en el más riguroso respeto de los Derechos Humanos de los involucrados.
¿A quiénes va dirigido? A jóvenes varones infractores de la Ley Penal, entre 18 y 34 años de edad. Provenientes del sistema penitenciario nacional. Mediante voluntariedad expresa de participar de un proceso de preselección e ingreso, diagnóstico y construcción del plan individual de trabajo.
¿Dónde está ubicado? El CNR funciona en las instalaciones del Ex Hospital Musto, ubicado en Cno. Carlos A. López s/n, entre Av. E. Garzón y Pororó.
El personal del Centro está constituido por técnicos, administrativos, personal de salud y de seguridad en tareas ejecutivas. Los cargos de dirección, técnicos y educadores, fueron provistos por concurso público en el año 2005 al pasar a depender del Ministerio del Interior.
Proceso de selección
El procedimiento consiste en algunas etapas: 1) se realiza una solicitud de ingreso; 2) se estudia la situación jurídica (no pueden quedarle más de 4 años de privación de libertad); 3) se le realiza una entrevista en el Establecimiento donde está alojado; 4) se evalúan las entrevistas; 5) se realiza una entrevista familiar. También se reciben solicitudes de ingreso presentadas por familiares, notas de internos, instituciones sociales, abogados defensores o jueces penales.
¿Cómo se los prepara para la vida en libertad? Dentro de los objetivos del Centro, puede decirse que es un deber que los programas se desarrollen en estrecho contacto con la comunidad. Las acciones de reinserción se sustentan en una cercana vinculación con lo familiar, cultural y laboral, con el mundo externo. Por eso, dentro de lo posible no sólo se realizan trabajos para el barrio (vecinos, escuelas, etc.) sino que se estimula y orienta también un relacionamiento con otras instituciones, así como organizaciones barriales y del Estado.
¿Qué ocurre cuando la persona egresa? Se ha comenzado un trabajo que intenta mantener una referencia con el egresado durante el primer año de libertad. En algunos casos no es necesario mantener una asiduidad en la presencia, ellos mismos buscan al referente Institucional, en otros casos se los va a buscar y en otros se interviene desde el momento del egreso. En lo posible se intenta establecer de antemano una “Hoja de ruta” o Plan de Trabajo para el egreso, pero no es posible siempre, ya que no se sabe con exactitud salvo algunos casos la fecha en que la persona egresará. A partir de que se define una situación de Proyecto de Egreso, dicho Componente dentro del CNR comienza a intervenir con otra perspectiva, la de facilitar oportunidades de contacto con el mundo del empleo, los emprendimientos productivos y la dimensión social.

Dentro de las dificultades más grandes que se encuentran en la vida en libertad:
1) el núcleo familiar: puede que no siempre “se esté esperando el regreso de la persona”. Esto tiene que ver con que las familias no han logrado estabilizarse desde que la persona cayó privada de libertad, por ello, aún no hay un lugar para él, a veces ni siquiera una cama.
2) el barrio ha cambiado, el consumo de cualquier sustancia adictiva es mayor que hace 5 años (más o menos el tiempo que un joven pasa privado de libertad por rapiña, por ejemplo).
3) adaptarse nuevamente a vivir con un grupo familiar en los que en su mayoría la que gobierna es una mujer, hay hermanos/as de diferentes edades. Si bien se extraña a la familia luego se extraña no vivir con jóvenes varones de su misma edad aproximadamente, en un momento evolutivo donde los grupos de pares tienen tanta importancia.
4) no hay trabajo sobre todo para aquel que no puede justificar en su currículum 5 años de ausencias de no trabajo y de si encierro.
5) las responsabilidades: luego de pasada la “luna de miel” todos/as se reconcilian con el liberado, pero llega un momento en que tiene que aportar a la olla y las obligaciones económicas del hogar. Allí comienza la presión y la demanda de las familias, hasta ahora el joven tuvo un peculio (sueldo por llamarlo de alguna manera) que se paga en la cárcel, mal o bien, tuvo agua, luz y comida. Ahora tiene que pagar por ellas.
El CNR acompaña en la medida de lo posible intenta que aquellos que han tenido un muy buen desempeño accedan a una plaza laboral para cuando estén en libertad y a veces en lo posible ocupan dicha pasantía desde que están en el internado.
Algunos países extienden la ayuda económica por un tiempo por lo menos un año después de obtenida la libertad.
Hemos tenido casos que nos han pedido volver al CNR a vivir y/o trabajar, nos dicen que se sienten seguros allí. Otros al comienzo llaman para charlar, otros nos visitan, algunos vuelven a caer en el delito pero casi siempre luego de un período de consumo de sustancias adictivas.
Para los jóvenes hay respuestas posibles, hoy no son suficientes. Hoy se puede justificar este desconcertante estado de situación, ya sea por los cambios vertiginosos en lo social, por el poco tiempo que le dedicamos a los niños/as o cualquier otra respuesta y además sabemos que somatizan sus tensiones desembocando en cuadros clínicos agudos, unos; otros, realizando llamados de atención, que quizá los adultos preparados que les rodean no hayan logrado interpretar o no hayan logrado parar a tiempo. Desde lo social (sus familias) tampoco han tomado cuenta de los sucesos que han ido marcando sus cambios. Los actos violentos o “inadaptados”, como lo atestiguan la cotidianeidad y el dolor que provoca el COMCAR y otras cárceles, que diariamente ven aumentada la cantidad de sus “pacientes” de estos “hospitales” para infanto-juveniles, demuestran que quizá hubiese sido necesario actuar antes. Entonces ¿qué ocurre con los actores sociales? ¿con el control, con el acompañamiento?, ¿dónde están puestos los cuidados?, ¿quién cuida a quién?, ¿Cuándo hay que actuar?

miércoles, 5 de agosto de 2009

España: Muchos presos para tan pocos delitos



Fuente: El País
PERE RÍOS 05/08/2009

España tiene la tasa de encarcelamiento más alta de Europa y una de las más bajas de criminalidad - Crecen las voces que abogan por suavizar el Código Penal y favorecer la redención de las penas

El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media.

El extendido tópico de que en España los presos entran por una puerta y salen por otra ni es cierto ni se sustenta en ninguna cifra oficial. Es el país de la UE con la tasa de encarcelamiento más alta y, por el contrario, de los que tienen menor índice de criminalidad: 20 puntos por debajo de la media.

Varias razones explican esta paradoja: la dureza de las penas para los delitos habituales -robo y tráfico de drogas-; el continuo endurecimiento del Código Penal y la incorporación de nuevos delitos; la imposibilidad de redimir condena y la cicatería del Estado para conceder la libertad condicional.

"Las prisiones españolas están llenas de pobres, enfermos y drogadictos. Suman más del 70%. La cárcel se está convirtiendo en el único recurso asistencial y esa no es su función". Mercedes Gallizo, secretaria general de Instituciones Penitenciarias lleva años recordando la función resocializadora que debería tener la cárcel, pero admite que ese principio constitucional está cada día más lejano.

El Código Penal de 1995 originó un aumento de la población penitenciaria que llena a un ritmo acelerado las nuevas cárceles. Hace tres años había 63.800 presos. Ahora son 76.485. La tasa de encarcelamiento se sitúa en España en 166 reclusos por 100.000 habitantes, por delante de Gran Bretaña (153) -que siempre había encabezado la lista- Portugal (104), Francia (96) e Italia (92). Sin embargo, la tasa de criminalidad (infracciones penales por cada mil habitantes), es una de las más bajas de los Quince. La relación del año 2008 la encabeza Suecia (120,4), seguida de Reino Unido (101,6). En España es de 47,6, por delante solo de Grecia (41,2), Portugal (37,2) e Irlanda (25,2).

"Hace ya muchos años que se constata que la tasa de encarcelamiento no guarda relación con la criminalidad, sino con la política penal. Lo que ocurre en España no es que los jueces metan a más gente en la cárcel, sino que pasan mucho tiempo", dice José Luis Díez Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga y director del Instituto Andaluz de Criminología.

El delito principal que han cometido más del 40% de los penados (22.416 reclusos) fue contra el patrimonio y el orden socioeconómico, según los define el Código Penal. En lenguaje más inteligible: robos, tirones y atracos.

"Depende de cómo sea el tirón se puede castigar hasta con cinco años. ¿Debe ir a la cárcel esa persona si ha delinquido por primera vez?", se pregunta Eduardo Navarro, magistrado de la Sección Sexta de la Audiencia de Barcelona, con 20 años de experiencia, 17 de ellos en juzgados de instrucción. "La sociedad no entiende que no sea así. Los incidentes que he tenido como juez han sido por no enviar a alguien a la cárcel", afirma.

Díez Ripollés ratifica que algunas penas son desproporcionadas. "No es razonable que un delito urbanístico se castigue con un máximo de dos años de cárcel, lo mismo que un hurto agravado, porque al final siempre acaban en la cárcel los mismos". Es el inicio de una tela de araña en la que queda atrapado el preso y que él ayuda a tejer en muchas ocasiones, pues los índices de reincidencia se sitúan entre el 40% y el 70%.

El perfil del recluso español apenas ha variado con los años. Es un hombre, de 30 a 40 años y condenado por robo o tráfico de drogas. Las reclusas suponen el 8% del total de la población. La mayoría están condenadas por tráfico de drogas (48,4%).

El llamado Código Penal de la democracia de 1995 que impulsó el ex ministro de Justicia Juan Alberto Belloch eliminó la redención de pena por trabajo o estudio y estableció el cumplimiento íntegro. Eso significa que la mayoría de las condenas se pagan "a pulso", en lenguaje carcelario, y que se aplica en muy pocas ocasiones la secuencia lógica en la vida penitenciaria: prisión preventiva, segundo grado, permisos, tercer grado, libertad condicional y libertad definitiva.

Siete de cada diez penados están en segundo grado, y así pasan la mayor parte de su estancia entre rejas, sin lograr permisos. Solo el 15,1% cumple condena en régimen abierto, y los que logran la libertad condicional suponen el 11%. "Es totalmente innecesario estar tanto tiempo en la cárcel. El cumplimiento íntegro no es bueno desde ningún punto de vista porque aumenta la reincidencia", sostiene José Cid, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, que ha analizado el fenómeno en el libro El incremento de la población reclusa en España entre 1996 y 2006.

El abogado madrileño José Luis Galán lleva en la profesión más de 35 años y sigue en el turno de oficio. Tiene claro que la situación se hace cada más vez insostenible y que urge un cambio legislativo en sentido contrario al incremento punitivo de los últimos años. "Lo que no se puede hacer es buscar el aplauso fácil. No siempre se legisla para sacar votos, porque, si no, no habría impuestos. Hay que cambiar las normas que se aplican para que la cárcel sea el último recurso, no el primero y único", asegura. A renglón seguido reprocha al PSOE la aplicación de una política punitiva que, de manera sustancial, coincide con la del PP. "La izquierda se ha abonado a la chita callando a esa política represora. Cuando no se ha puesto al frente de la procesión, ha ido detrás con el capirote y gran mansedumbre".

Galán también cuestiona que algunas conductas estén tipificadas como delito. "Diga lo que diga el Tribunal Constitucional, es disparatado que las amenazas del marido a la esposa sean delito. Y con la última reforma sobre seguridad del tráfico se han pasado". Ahora hay en España 3.721 presos penados cuyo delito principal es de violencia doméstica, desde un asesinato -una minoría-, a lesiones o amenazas. También hay 816 reclusos por delitos al frente del volante.

"La delincuencia patrimonial de escasa importancia no es razonable que se castigue con penas que comportan la entrada en prisión", dice Díez Ripollés. Con tres matices: que sean delitos graves, que los cometan reincidentes o altos sectores de la sociedad. "A esos solo se los puede intimidar con la cárcel", afirma el jurista. Y es que los delincuentes de cuello blanco que acaban entre rejas son una excepción. Casi nadie discute el efecto ejemplarizante que eso causa en la sociedad, aunque tarden en entrar porque pagan mejores abogados y agotan todos los recursos, muchas veces con el beneplácito de los tribunales.

"El Código Penal es duro con el débil y débil con el duro", asegura Díez Ripollés. "Los tribunales tienden a ser más comprensivos con determinados delitos porque la ley es interpretable", opina la abogada barcelonesa Lidia Lajara, con 16 años de experiencia como penalista. "Hay muchos tipos de jueces y sería injusto no reconocer que muchos creen en la rehabilitación y apuestan por ella", dice José Cid. Lo que ocurre es que las administraciones no les ofrecen la posibilidad de imponer medidas alternativas. "Hay que decir que los jueces de Cataluña somos unos afortunados y que sí podemos imponer penas al margen de la cárcel de las que en otras comunidades no han oído ni hablar", dice el juez Navarro.

"Otra política criminal es posible", afirma el catedrático Díez Ripollés, y las penas alternativas para delitos menores son un ejemplo. Ayudarían a descongestionar las prisiones y reducirían el gasto público. Una medida así cuesta 3,05 euros diarios, y el coste de un preso es de 78,29 euros al día, según un estudio de la Generalitat catalana, la única comunidad con competencias en prisiones.

"No se puede dejar de castigar al delincuente, pero sin tanta dureza y aplicando las políticas que ya han dado resultados en otros países", dice Díez Ripollés. Como en Finlandia, recuerda, que a principio de los ochenta tenía una de las tasas de encarcelamiento más altas de Europa y ahora está a la cola.

La droga y 'los BBC'
Un grupo de presos que cumplía condena en Madrid por tráfico de drogas fue conocido durante muchos años como los BBC: procedían de Bogotá, habían aterrizado en Barajas y acabaron en la cárcel de Carabanchel. En las prisiones españolas hay ahora 15.868 penados con el vigente Código Penal por delitos contra la salud pública, que representan el 27,8% del total. Quedan otros 200 con el código derogado hace 13 años, lo que da idea de la dureza de las penas por esos delitos.

"No puede ser que se condene igual a quien se le pilla con 800 gramos de cocaína que al que se le coge con varios kilos. Y, además, éste saldrá antes porque tiene mejores abogados", advierte el juez Eduardo Navarro. "Por esos 800 gramos de cocaína le pueden caer de 9 a 13 años y medio, seguramente más que por un homicidio, que se castiga de 10 a 15 años".

Mercedes Gallizo también constata que "el pequeño traficante casi siempre acaba cumpliendo una pena muy alta". ¿Debería cambiarse el Código Penal? "No me gusta pronunciarme sobre eso. Es el legislador el que debe analizarlo. Lo que hay que tener claro es que la droga lleva a la cárcel y que las penas son muy altas", dice. "Cuando impones una pena así, duele, porque ves que ese mulero se ha jugado una condena muy alta por 3.000 euros, pero la ley dice lo que dice", añade Navarro. "Con el tráfico de drogas existe muy poca consideración de los jueces. Y no solo para condenar, sino para que se aplique un atenuante de drogadicción", razona la abogada Lidia Lajara. "No se tienen en cuenta las circunstancias personales y sociales del que llega con una bola en el estómago jugándose la vida. Es verdad que la ley no permite considerarlo como estado de necesidad, pero tampoco se puede ser ajeno a los motivos que lo han llevado a delinquir", añade.

Hay otros casos. "Está muy bien que cerremos los psiquiátricos, pero no los hemos sustituido por nada", dice Gallizo. Y eso que el 25% de la población reclusa padece algún tipo de trastorno mental.

Y después están los extranjeros, que son el 37% de los presos. Como no tienen domicilio conocido es más fácil que acaben en prisión preventiva y más difícil que logren un permiso. Muchos son expulsados cuando salen de la cárcel y por haber delinquido una sola vez.

jueves, 30 de julio de 2009

URUGUAY: Informe del Relator Especial de la ONU sobre la Tortura.

Entre los días 22 y 27 de marzo de 2009, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, de Naciones Unidas, el profesor Manfred Nowak, llevo a cabo una visita a Uruguay a invitación del gobierno de dicho país.

En el informe (ver aquí) se hace referencia a las condiciones de detención en comisarías, prisiones, centros para adolescentes e instituciones psiquiatricas.

El informe rescata con claridad las precarias condiciones en que se encuentran los centros penales en el país: “Durante la dictadura militar, el Penal de Libertad se convirtió en un símbolo infame de la tortura y los malos tratos. Dos décadas después, sigue siendo conocido por sus condiciones infrahumanas. En particular, las condiciones en los módulos de acero conocidos como Las Latas, son un insulto a la dignidad de los reclusos, así como a la de los guardias que tienen que trabajar ahí, corriendo ambos riesgo para su vida. Este lugar, en donde los procesados y condenados se alojan como animales en contenedores sobrepoblados durante casi 24 horas al día, es detestable. Debido al acceso restringido al agua, los reclusos se encuentran a menudo forzados a tomar el agua del inodoro, y como resultado, a usar botellas de plástico o bolsas para hacer sus necesidades fisiológicas. También tienen acceso médico limitado, por lo que los detenidos tienen que hacerse cortes en el cuerpo a si mismos, para poder ver a un médico”.

No menos clara es la descripción de los centros para adolescentes “La privación de libertad de adolescentes se utiliza como primer recurso y no como el último. Los adolescentes detenidos en establecimientos de máxima seguridad viven en condiciones extremadamente pobres. En su mayoría, carecen de oportunidades de educación, empleo o rehabilitación, y los menores se encuentran encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día. Las condiciones sanitarias en los centros que visité son terribles. Los adolescentes no tienen inodoros en sus celdas, y en ocasiones tienen que esperar durante horas para que un funcionario les deje ir al baño. Como resultado, tienen que hacer sus necesidades fisiológicas en botellas y bolsas de plástico, las cuales después tiran por la ventana, dejando el lugar con un olor repugnante. Un gran número de adolescentes privados de libertad son adictos o consumidores de drogas. Muchos de ellos reciben sedantes como sustituto a las drogas. Son muy comunes las quejas de golpizas y castigos colectivos durante los motines y rebeliones”.

Especialmente interesantes resulta la lectura de las recomendaciones, útiles para cualquier país de la región que quiera adoptar una política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos.

lunes, 27 de julio de 2009

ESPAÑA: Bestezuelas: qué hacer con los niños criminales

www.abc.es

ALFONSO ARMADA 26-7-2009 05:59:01

Están los hechos, luego vienen las interpretaciones. El 17 de abril, un niño de ocho años fue violado en Motril por otro de 15 mientras su pandilla grababa la agresión en vídeo. El 2 de julio, cinco menores y un adulto violan en Baena a una niña de 13 años a plena luz del día en una piscina pública. El pasado domingo, otra niña de la misma edad es violada en Isla Cristina por siete menores. Los tres hechos ocurrieron en Andalucía y tanto las víctimas como la mayoría de los victimarios eran menores de edad.
El carácter espeluznante de los casos retrotrae a episodios especialmente turbadores, como el de Sandra Palo, la joven que en 2003 fue violada, atropellada y quemada en Getafe por tres menores y un chico de 18 años, o el todavía más inquietante de los británicos Jon Venables y Robert Thompson, que cuando tenían diez años, en 1993, mataron a James Bulger, de dos años, y que fueron puestos en libertad tras haber cumplido ocho años y cuatro meses de internamiento. La alarma y el estupor han vuelto a suscitar un intenso debate sobre la condición «inimputable» de los menores de 14 años en el ordenamiento jurídico español, la idoneidad de la Ley del Menor y las fallas en la educación, en un sistema que parece quedar desnudo y a contraluz cuando ocurren hechos que obligar a buscar palabras que expliquen el espanto.
¿Es preciso rebajar le edad penal para castigar y evitar este tipo de comportamientos? «Si lo que queremos evitar es la comisión de hechos delictivos, lo fundamental es investigar las causas de la delincuencia», dice Octavio García Pérez, profesor titular de Derecho penal de la Universidad de Málaga y autor de libros como «La delincuencia juvenil ante los juzgados de menores» y «Legislación penal del menor». García Pérez cree que a partir de ahí «sería posible actuar sobre las circunstancias que llevan a cometer delitos» y evitarlos: «Cuando nos planteamos rebajar la edad para castigar a edades más tempranas, no nos movemos en esta dirección, pues simplemente sancionamos al que ha cometido un delito, pero ni sabemos por qué lo ha hecho ni hacemos nada para que otros no lo hagan. Castigando al que ya ha cometido un delito no vamos a evitar que se sigan cometiendo delitos porque no estamos combatiendo sus causas. En este sentido, los que abogan por rebajar la edad penal con frecuencia lo justifican en que hay menores con problemas de riesgo social que no están siendo atendidos por las entidades de protección y ante la inacción de éstas, sería necesario que actuara la justicia penal. Sin embargo, si el problema radica en que las entidades de protección no están actuando donde deben, lo que hay que hacer es mejorar su actuación».
Patuca Fernandez Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios de Madrid, y Javier Baeza, sacerdote y educador en la parroquia San Carlos Borromeo, niegan que comportamientos como los de Baena e Isla Cristina queden a menudo impunes: «No es cierto. Las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial no denotan un incremento de los delitos cometidos por menores de edad. Sin embargo, desde el año 2001 se han incrementado exponencialmente las plazas en centros cerrados y semiabiertos. En Madrid en el año 2000 había 3 centros de reforma con unas 45 plazas, en la actualidad hay 15 prisiones de niños en Madrid. Se castiga y se interna a los niños que cometen delitos, bajo un reglamento homólogo al reglamento penitenciario de adultos, pero sin las garantías jurídicas aplicables a estos "porque son menores". Cuando vamos a ver a menores en cárceles de niños no hay ninguna diferencia en la estructura con las cárceles de adultos. No podemos obviar que las personas nos construimos en contextos determinados. ¿Qué contexto es una cárcel para construir o re-construir vidas que comienzan?».
«Sacar a los menores del ámbito del derecho penal ha sido una conquista histórica de la civilización», piensa Luis Carlos Nieto, juez de menores en Ávila. A la pregunta de si se debería rebajar la edad de los menores para ser juzgados, el juez cree que «evitar que la sanción penal se instale en personas que están en un periodo muy temprano de su desarrollo evolutivo es la razón de ser de la justicia de menores. Por eso las medidas que se pueden imponer por la jurisdicción de menores deben centrarse en prevenir futuros comportamientos delictivos del menor desde el convencimiento que la reeducación es un factor que puede contribuir a que hechos delictivos no se repitan. El endurecimiento de las leyes puede tener un efecto simbólico en momentos de conmoción social, pero no tiene relación con una disminución de los delitos. De hecho desde la publicación de la ley todas las reformas, sin excepción, han ido introduciendo en la justicia de menores parámetros del derecho penal de adultos mientras que las estadísticas sobre delitos cometidos por menores permanecen sin variación significativa. Desgraciadamente en el análisis de la delincuencia de menores no siempre prima el rigor basado en datos empíricos para dar respuesta a problemas reales, sino que existe una tendencia a legislar simbólicamente».
«Si nos planteáramos responsabilizar mayormente al menor, ello debería comportar sin ninguna duda ni vacilación también una creciente responsabilidad del entorno social, inmediato (y no tanto), hasta sobrepasar incluso, según casos y circunstancias, el límite de la "penabilidad", de la posible imputabilidad penal». Son palabras de Joan Badía, psicólogo clínico que trabaja en el hospital San Juan de Dios de Barcelona. Y sigue preguntándose: «¿Qué hacían esos menores a esas horas, en qué circunstancias las familias sabían o miraban para otro lado prefiriendo ignorar, no ya tan sólo hechos de la mayor gravedad cual claros crímenes, sino las vivencias, inquietudes y cuitas de sus allegados? De parte de las familias (todas: clásica, monoparental, desestructurada...) toman cada vez mayor relevancia figuras "menores" del maltrato: no por activo, sino por negligencia, desatención, desasimiento, abandono. El legislador, en su momento, debería incorporar medidas claras y eficaces de protección a las familias con prole, con la finalidad de que éstas puedan seguir siendo agentes relevantes de la educación de sus hijos».
Luis Carlos Nieto es contrario a reformar la ley del menor, y menos «en un momento en el que se han producido hechos de especial gravedad y de fuerte repercusión mediática. La valoración y crítica de la ley debe hacerse desde una reflexión serena y profunda que no se puede dar en estos momentos».
Saco de boxeo
¿Hay una quiebra de valores y tabúes? «No creo que se pueda hablar de una quiebra de valores», estima Octavio García Pérz. «Lo que sucede es que a veces a ciertos menores no les llegan los valores porque las instancias que se ocupan de su transmisión no cumplen con su papel. En efecto, hay menores que no tienen familia o si la tienen, ésta no cumple adecuadamente su papel, no van a la escuela y, en consecuencia, no aprenden valores».
Patuca Fernández Vicens y Javier Baeza encienden otra alarma: «Los niños son el saco de boxeo de nuestra sociedad. Los que más sufren los problemas que afectan a la sociedad española: la pobreza se ha incrementado especialmente en los niños de entre 0 y 16 años, la violencia y agresividad de nuestra sociedad, la falta de referentes en la vida pública que sean ejemplo para nuestros chicos, el sistema educativo sometido a los intereses políticos: todo eso hace que nuestros chavales y chavalas sufran y reproduzcan nuestros males. El mundo del menor es la caja de resonancia de los desastres de los adultos. Cuando una sociedad "teme" a los menores, es que está gravemente enferma».

NICARAGUA: 90 enfermos mentales están en las prisiones

El Nuevo Diario

NO CUENTAN CON ATENCIÓN PROFESIONAL, ASEGURA PROCURADORA DE CÁRCELES


* La mayor parte presenta esa condición por el consumo de drogas, igual que los jóvenes del Hospital Siquiátrico de Managua * Los siete mil internos comparten galerones con discapacitados, y tener sólo a uno de ellos en una galería común distorsiona todo, dijo María Auxiliadora Urbina * También denuncia que el régimen de convivencia familiar ha servido para que los beneficiarios vuelvan a delinquir con “técnicas refinadas”

Tania Sirias
END - 21:06 - 25/07/2009

La salud mental es un derecho humano que sigue pendiente en los penales del país, declaró la procuradora de Cárceles, María Auxiliadora Urbina, pues los 90 pacientes mentales que se encuentran recluidos, conviven en las celdas con el resto de privados de libertad.

Urbina demandó la presencia de un siquiatra en los sistemas penitenciarios, pues el discapacitado metal también debe ser atendido por un especialista.

“Cada penitenciaría cuenta con un sicólogo y un médico para atender los problemas de gastritis, o cualquier otra enfermedad, pero también es necesario un experto en siquiatría”, dijo la funcionaria.

Además, comentó que la mayoría de enfermos mentales se encuentra en esta condición debido al consumo de sustancias tóxicas. Al igual que en el Hospital Siquiátrico, en los penales la mayor parte de jóvenes diagnosticados con discapacidad mental se relacionan con el consumo de drogas.
Presos conviven con enfermos
La funcionaria reconoció que la crisis económica está afectando al sistema penitenciario, ya que existe un hacinamiento en las celdas, y los enfermos mentales conviven con el resto de presidiarios.

“Los siete mil internos comparten galerones con los 90 discapacitados mentales, y tener un enfermo mental en una galería común distorsiona todo”, expresó la Procuradora de Cárceles.

“Nuestra demanda es que a los privados se les brinde una atención en salud mental. Recordemos que no es fácil estar recluido, y éstos son enfermos mentales crónicos. Por el momento no contamos con siquiatras en los penales y para poder atenderlos son referidos al Hospital Siquiátrico”, reiteró Urbina.

Además, dijo que el Hospital Siquiátrico está impartiendo cursos de actualización médica a los galenos del penal, y que también se está hablando de la creación de un pabellón especial, y de un espacio propio para poder atender a este tipo de paciente, pero son proyectos futuros.
Posgrado a funcionarios del penal
Estas declaraciones las brindó la procuradora de Cárceles, María Auxiliadora Urbina, durante la inauguración del posgrado en “Ciencias Penitenciarias y Derechos Humanos” dirigido a funcionarios del Sistema Penitenciario Nacional.

En este posgrado están participando 57 funcionarios de todos los penales del país, dijo Urbina, con el objetivo de fortalecer el relevo generacional, pues la mayoría tiene de 28 a 30 años de laborar en el sistema.

“Se deben mejorar las condiciones del privado de libertad, y eso pasa por educar al funcionario”, afirmó Urbina. Además, lamentó que muchos de los privados de libertad cuando cumplen con sus condenas o salen bajo el régimen de convivencia familiar, vuelvan a delinquir y regresan a los penales.

“Esto se debe a que no se les brinda una educación y no se les prepara para una reinserción social y laboral”, señaló la Procuradora.

Agregó que “muchas veces lo penales se convierten en escuelas para refinar las actividades delictivas. Si no le damos herramientas al individuo para que se vaya con una mejor condición, va a regresar. Igual pasa si es un enfermo mental, va a regresar. Nicaragua es un país enfermo, empobrecido que necesita educación y oportunidades”.

domingo, 26 de julio de 2009

EEUU: Polémica por la decisión del gobernador de vaciar las prisiones en Illinois

Por Agencia EFE – 10/07/2009
Chicago, 10 jul (EFE).- Ante la difícil situación fiscal que atraviesa Illinois y la falta de un acuerdo con los legisladores, el gobernador ha anunciado una serie de medidas drásticas que incluyen la liberación de miles de reos, lo que ha levantado la polémica en el estado.
El gobernador demócrata Patrick Quinn, quien está enfrentado a la Asamblea Legislativa por la aprobación del presupuesto y las formas de cubrir un déficit de 9.200 millones de dólares, anunció una serie de "opciones difíciles" para solucionar la crisis.
Además de recortar fondos a servicios y programas sociales que benefician a familias inmigrantes, Quinn anunció 2.600 despidos de funcionarios estatales, de los cuales 1.000 pertenecen al sistema penitenciario de Illinois que perderá recursos por 125 millones de dólares.
Para que ocurra la reducción del personal carcelario, dijo el gobernador, primero tendría que dejar en libertad a unos 11.000 de los 45.500 reclusos alojados actualmente en el sistema penitenciario estatal.
La lista de posibles liberados incluiría a quienes cumplen el último año de sus sentencias, sin contar los convictos por homicidio en primer grado, crímenes sexuales y conspiración para traficar drogas y armas.
Con esta medida, el estado ahorraría 125 millones de dólares, ya que se gastan en promedio 23.000 dólares anuales en el alojamiento de cada prisionero.
Aunque un vocero del gobernador aclaró que "nada es definitivo, todo está a estudio", las reacciones contrarias no se hicieron esperar.
Anders Lindall, vocero del sindicato que representa a los guardias penitenciarios, dijo que el plan de Quinn es "temerario" y socava la seguridad pública, porque las prisiones quedarían sin la custodia adecuada.
"Se pueden revisar sentencias y los programas de rehabilitación, pero nunca actuar bajo la presión del recorte de presupuesto porque pueden aumentar los riesgos en las prisiones estatales y las comunidades que las rodean", dijo al Chicago Tribune.
Quinn respondió que medidas similares han sido adoptadas por otros estados, y afirmó que "en caso de concretarse", se haría bajo condiciones estrictas.
Por su parte, el representante estatal republicano Jim Durkin dijo que "no deberíamos premiar el mal comportamiento como forma de convencer a los legisladores a votar un aumento de impuestos".
Durkin está preocupado además por los despidos porque en muchas ciudades de Illinois, la prisión local es el principal empleador.
Otros legisladores opinaron que ésta sería la última de una serie de "amenazas vacías" del gobernador para obligarlos a votar un incremento en el impuesto al ingreso personal para cubrir el déficit, lo que ha sido negado por la Asamblea en varias instancias.
Sin embargo, la oficina del gobernador dijo que los recortes y despidos ocurrirán aunque Quinn logre el aumento impositivo buscado.
Inclusive, a los 2.600 despidos generales anunciados podrían sumarse otros 2.500 para reducir la plantilla actual de 58.000 funcionarios estatales.
El gobernador vetó esta semana un presupuesto provisional votado por la Asamblea antes del receso, por considerarlo desbalanceado.
Con ese presupuesto el gobierno estatal continuaría funcionando unos meses a la espera de la solución final de los legisladores, que volverán a reunirse la próxima semana para discutir el tema.
Daysi Funes, directora ejecutiva del Centro Romero que atiende a inmigrantes salvadoreños en el norte de Chicago, dijo que se ha creado un caos entre las organizaciones por los rumores sobre quiénes serán los más afectados por los recortes.
El centro encabeza una campaña de llamadas telefónicas de la comunidad hispana a los legisladores para pedirles la aprobación del presupuesto. EFE

CENTROAMÉRICA: III ENCUENTRO REGIONAL VÍAS ALTERNAS “Promoviendo las salidas alternas a la prisión en Centroamérica”

Fuente: DNI Costa Rica

23 y 24 de julio de 2009

En Centroamérica se encuentran aproximadamente 2.897 personas adolescentes y jóvenes privadas de libertad bajo la Justicia Penal Juvenil.

Esto tiene que llamarnos a reflexionar sobre por qué aún las Salidas Alternas a la prisión, no se han convertido en la opción principal que proponen los estándares contenidos en los artículos 37 y 40 de la Convención sobre los Derechos del Niño, la cual fue ratificada por todos los Estados.

Sobre esta problemática y sobre la no consolidación de sistemas especializados de Justicia Penal Juvenil, en un contexto de incumplimiento de los Derechos Económicos y Sociales de las personas adolescentes y jóvenes, tratará el III encuentro del Proyecto “Vías Alternas”.

El Proyecto inició ejecuciones en julio de 2006, gracias al auspicio de la Embajada de Holanda, y cuenta con la participación de las siguientes contrapartes en la región además de DNI-CR: la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), por El Salvador; la Fundación de Protección a los Derechos de Niñas Niños y Adolescentes (FUNPRODE), por Nicaragua; la Comisión de Justicia y Paz, por Panamá; el Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de Tortura y sus Familiares (CPTRT), por Honduras; y el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG).

La presentación oficial del documento se realizará por DNI-CR el viernes 24 de julio a las 09:00 a.m. y se contará con los comentarios del Dr. Elías Carranza Lucero, director del Instituto Latinoamericano para la Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente (ILANUD)

viernes, 24 de julio de 2009

EEUU: El 10% de los presos de las cárceles de EEUU cumplen cadena perpetua y de ellos dos tercios son negros o latinos

NUEVA YORK, 23 Jul. (del corresponsal de EUROPA PRESS, Emilio López Romero)

El 10 por ciento de los presos que purgan su pena en las cárceles de Estados Unidos cumplen condenas a cadena perpetua, de los cuales dos tercios son negros o latinos, según se desprende del último informe de una organización dedicada al estudio de la reforma del sistema penitenciario.

Los números son sorprendentes. De los 2,3 millones de presos que en la actualidad cumplen condena en las cárceles de Estados Unidos, unos 240.000 se enfrentan a toda una vida entre rejas, lo cual representa un récord desde que Sentencing Project inició sus estadísticas en 1984.

El porcentaje de reclusos condenados a pasar el resto de su vida en prisión se eleva al 20 por ciento cuando se trata de California, el estado con la mayor población carcelaria de Estados Unidos, según los datos recogidos por la organización.

De los 170.000 presos que cumplen condena en California, unos 34.000 cumplen una sentencia de por vida, lo que supone el triple de casos de los registrados en 1992, mientras que en otros cuatro estados del país --Alabama, Massachusetts, Nevada y Nueva York-- la proporción es uno de cada seis presos.

La creciente población carcelaria de Estados Unidos y el elevado número de condenados a cadena perpetua ha abierto un gran debate, en medio de la grave crisis económica y los problemas presupuestarios que afrontan muchos estados como California, según recuerda el 'New York Times'.

Las estadísticas recogidas por la ONG revelan que dos tercios de los condenados a cadena perpetua son negros o latinos, y en el caso del estado de Nueva York, sólo el 16,3 por ciento de esos reclusos son de raza blanca.

Y aunque bien es cierto que una gran mayoría de esos presos que pasarán el resto de sus días en prisión fueron condenados por cometer crímenes violentos, los expertos aseguran que cada vez son más los casos de sentencias de por vida por otro tipo de delitos.

La organización también denuncia que ni los sistemas penitenciarios de seis estados de la unión --Illinois, Iowa, Louisiana, Maine, Pennsylvania y Dakota del Sur-- ni el sistema federal ofrecen la posibilidad a los presos que cumplen cadena perpetua la posibilidad de solicitar la libertad condicional.

lunes, 20 de julio de 2009

Uruguay: Ideas contra el delito


Fuente: FABIÁN MURO. El pais de Montevideo.

Las causas de la delincuencia son múltiples. Las posibles soluciones también. En lo único que parece haber consenso entre expertos es que el problema de la seguridad pública no admite respuestas unidimensionales.



Más policías, exclaman unos. Mejores cárceles, piden otros. Más gasto social para mitigar las causas del delito, sostienen de un lado. Del otro se retruca exigiendo mayor severidad en todo.

La seguridad pública -quién lo duda- fue y será uno de los temas más importantes del debate político y social. Las ideas que parten del sistema político para transmitir la sensación de que Uruguay es un país seguro, además, sobran.

Pero el camino que va de la propuesta lanzada al calor de una coyuntura a la definición de una política sostenida y sometida a una evaluación es, en el caso uruguayo, tan largo como sinuoso. Ahora que la carrera hacia el gobierno ya comenzó, la seguridad será uno de los temas más polémicos de la campaña. Este informe es un intento de aportar otros argumentos que los que habitualmente son utilizados por los políticos en plena campaña. A veces por conveniencia, otras por necesidad, las campañas no suelen aportar las ideas más complejas y elaboradas.

Avisos Google

DATOS. Hay una multitud de indicadores que pueden servir como sustento para diagnosticar si se vive en un país más o menos seguro. El "más o menos" es clave: nunca se estará completamente seguro. El delito siempre existió y siempre existirá. El reclamo de seguridad absoluta es un imposible que solo revelaría la poca reflexión que le ha dedicado al tema quien pronuncie el dislate.

Adentrarse en el terreno de datos y números puede resultar tedioso para quien reclama, con tanta legitimidad como impaciencia, soluciones concretas y rápidas. Pero una mirada serena sobre este mundo demuestra que se trata de un fenómeno complejo y que se rehusa a ser encasillado en un único y fijo lugar. Conviene tener presente esas dificultades cuando obviedades como "merecemos un país más seguro", o soluciones supuestamente fáciles como "sacarles el vicio a prepo" son las que más se escuchan.

Uruguay tiene una de las tasas de homicidio más bajas del continente: entre seis y ocho homicidios por 100.000 habitantes. Este es un indicador contundente. Es mucho más difícil que un homicidio se escape de los filtros institucionales. Una rapiña o hurto puede no ser denunciado. Un asesinato rara vez deja de ingresar a las estadísticas.

La tasa de homicidios uruguaya está apenas por encima de la que exhiben países como Canadá. Y es un indicador que se ha mantenido durante décadas, de acuerdo a un estudio realizado por el sociólogo Javier Donnangelo. En comparación, solo San Pablo tiene una tasa de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a un informe de 2006 de The Economist. Las comparaciones, como se sabe, son odiosas. Y más en un tema que hace a la seguridad e integridad del ciudadano. De poco le sirve saber a la persona afectada por una rapiña o una lesión, que tal o cual metrópolis es menos segura que en la que vive.

Pero no parece desmedido pedirles a los que elaboran y aprueban leyes normas y decretos una mirada con un alcance mayor que la que se extiende hasta la esquina.

Más allá de que la tasa de homicidios sea un indicador que podría servir para apaciguar a los ánimos más encolerizados, hay otros que generan justificada alarma: Uruguay tuvo, de 1990 a 2004, un aumento de 176% en las rapiñas. Durante ese mismo período, la cantidad de presos aumentó en un 155%, según datos oficiales del Ministerio del Interior proporcionados para este informe. Uruguay es uno de los países con más presos en relación a su población. La tasa de personas privadas de libertad supera las 200 cada 100.000 habitantes, una de las más altas del continente latinoamericano.

Según datos comunicados a diversos medios por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Álvaro Garcé a principios de este año, Uruguay tiene una tasa de 235 presos por 100.000 habitantes, cuando el promedio latinoamericano es 130. Además, más de la mitad de los reclusos, 65%, no tiene una sentencia judicial que lo declare culpable.

La disparidad entre estos indicadores, que dan cuenta de una aparente paradoja, tiene algunas explicaciones. Una de ellas es que el notorio incremento en el delito de rapiña y en las encarcelaciones comienza a partir de 1995, cuando se aprobó la ley de Seguridad Ciudadana. Ese año es considerado por algunos como el que definitivamente enterró la "primavera democrática" luego del fin de dictadura militar en 1985.

Pero además, la contradicción entre un nivel de violencia que se mantiene y un incremento explosivo de la rapiña, sirve para ilustrar que encarar los problemas de la seguridad pública requiere de métodos y enfoques cada vez más abiertos e interdisciplinarios.

Además de que, como dice el abogado penalista Diego Camaño, se necesitan esfuerzos mancomunados: Policía, sistema político, poder judicial, académicos y otros, "deberían sentarse en una mesa y ponerse de acuerdo sobre qué tipo de medidas implementar y cómo evaluarlas".

En esto coincide el sociólogo y criminólogo Nicolás Trajtenberg, quien hace años se está especializando en el tema del delito, sus causas y las posibles soluciones que se han experimentado en diversos países.

"La situación respecto a la seguridad pública en Uruguay es, en mi opinión, tenebrosa", afirma el académico y agrega: "Si alguno de mis alumnos manejara datos y propuestas con la irresponsabilidad que veo todos los días por parte de políticos, periodistas y otros actores sociales, pierden el parcial y no van a examen. Yo me tiro de los pelos al constatar la ignorancia y la ligereza con la que muchos se manejan".

El académico también hace un mea culpa. Según él, no se ha generado en el país el suficiente conocimiento acerca de la problemática del delito, sus causas y las soluciones que pueden aplicarse. Ni siquiera hay en el mundo académico una carrera de criminología, una materia que él tuvo que estudiar en otros países.

Para Trajtenberg, todo acercamiento a la confección de un modelo que pueda aplicarse con un grado satisfactorio de éxito para combatir el delito debe empezar por plantearse cuatro preguntas:

1) ¿Por qué se cometen delitos?

2) ¿Cómo se miden?

3) ¿Qué se está haciendo al respecto? y

4) ¿Cuáles son los fundamentos normativos y morales para el castigo?

"Para ninguna de estas preguntas tenemos respuestas satisfactorias", remata Trajtenberg y agrega que las encuestas que se han realizado, encomendadas por el Ministerio del Interior a consultoras privadas evidencian serios problemas metodológicos. "Venimos con un atraso en muchas cosas. Este año, por ejemplo, será el primero en el cual se realiza un censo de menores infractores. Lo estamos haciendo en el departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, y en unos meses estarán los resultados". Contar con información veraz, sofisticada y consensuada es un debe del Estado uruguayo, sostiene.

MIRANDO HACIA FUERA. Aún con todos los datos arriba de la mesa, el combate al delito es una materia en la cual no hay consensos, ni acá ni en ninguna otra parte. "Hace poco regresé de un congreso de criminología en Estocolmo", cuenta Trajtenberg. "Y para el cierre, varios de los principales criminólogos del mundo debatieron con la ministra de Justicia. Además de que la ministra poseía un nivel de conocimientos muy sólido, no siempre coincidía con los técnicos".

Un caso al que muchos recurren, tanto para la crítica como para el elogio, es el de Estados Unidos. El Foro Batllista llegó a importar directamente el eslogan "tolerancia cero" para su campaña hacia las elecciones internas. Aplicado durante la década pasada en la ciudad de Nueva York, el modelo de tolerancia cero es exhibido por unos como un gran éxito: se redujeron los delitos violentos casi a la mitad, según algunos de los estudios realizados a partir de esa experiencia. Algunos de los delitos violentos (como violación y rapiña) disminuyeron casi hasta la mitad de los que se registraban antes de la puesta en funcionamiento el modelo.

En resumen, el modelo significó una inversión mucho mayor en seguridad: más policías, con más y mejor equipamiento y una actitud por parte de la Policía más agresiva y omnipresente.

Otros rechazan ese esquema de mano dura. "El modelo de tolerancia cero significó, entre otras cosas, la saturación policial: muchos agentes patrullando. Eso no detuvo el delito. Lo detuvo en esa zona, pero la delincuencia se fue a otros lugares, con menor presencia policial", dice Camaño, docente grado 3 en la Facultad de Derecho, integrante del Instituto de Estudios Legales y Sociales del Uruguay y actuante en casos de repercusión pública, como la defensa de los hermanos Peirano y Alberto Roselli.

Trajtenberg aporta otra reflexión: "Muchas veces se habla de Estados Unidos como si fuera un todo homogéneo, y hay grandes diferencias entre los estados". La pena de muerte, por poner un caso, no se aplica en todos los estados. Y entre aquellos que no la aplican, a veces se exhiben indicadores delictivos más bajos que en aquellos lugares que sí ejecutan a los reos.

Hace casi una década que se había llegado a esta conclusión. De acuerdo a un estudio efectuado por el diario The New York Times en 2000, se determinó que un indicador como la tasa de homicidios era entre 48% y 100% más alta en los estados que aplicaban la pena de muerte que entre los que no lo hacían. Además, un preso con una condena de muerte es mucho más "caro" que uno que no lo está.

"A menudo se piensa en la severidad como única variable", continúa Trajtenberg. "Es cierto que influye, no se la puede descartar. Pero la certeza importa mucho también. Un delincuente no toma únicamente en cuenta la severidad de la pena. Si calcula que es improbable que vaya a ser atrapado, es más probable que siga delinquiendo".

Otra cosa que muchas veces se olvida cuando se importan eslóganes como si fueran latas de sopa Campbell es que por razones culturales e idiosincráticas, una sociedad como la estadounidense posee mecanismos para el "control social blando", afirma Camaño. "Allí donde el Estado no es tan fuerte, no tiene una presencia tan marcada, existe otro tipo de contralor entre los ciudadanos. En Europa, que tiene una tradición de estados benefactores con una fuerte presencia, la gente se apoya más en esos mecanismos para sentirse segura, contenida".

Para el penalista, lo mejor es desprenderse de los razonamientos esquemáticos y simplificadores: "El modelo represivo, el de mano dura, no es patrimonio exclusivo de Estados Unidos".

BENEFACTORES. Del lado opuesto a ese modelo, que ya se vio contiene matices, se exhibe, generalmente por parte de políticos y otros asociados a la izquierda, el o los modelos llevados a cabo por varios de los países europeos que cuentan con una tradición de Estado de Bienestar, como los nórdicos, Inglaterra y otros. Ahí, dicen, el combate contra el delito se concentra en el diseño de políticas públicas que estimulen la equidad social, además de que se aplican políticas punitivas más blandas.

El razonamiento es que si no hay motivos económicos, es menos probable que el potencial delincuente lleve a cabo el crimen. A su vez, si el castigo es menos severo y más humano, la probabilidad de reincidencia sería menor. El ejemplo inglés puede servir para ilustrar algunos de los resultados de este modelo. De acuerdo al British Crime Survey -órgano encargado de recopilar y elaborar los datos relativos a la criminalidad- la delincuencia bajó casi a la mitad en los años que van de 1995 hasta el año pasado.

Las medidas que se aplicaron ahí tienen mucho del rótulo "europeo": policía comunitaria, penas alternativas a la cárcel, inexistencia de la pena de muerte y programas sociales que integran a potenciales jóvenes pandilleros en torno a un proyecto común financiados por dineros públicos, como el que se denominó Acción contra los cuchillos, donde policías, asistentes sociales y vecinos se pusieron de acuerdo para dialogar y estar en contacto continuo con los jóvenes considerados como problemáticos por autoridades y adultos.

El ex subsecretario del Ministerio del Interior Juan Faroppa está de acuerdo con parte de esta línea de razonamiento, pero no toda. "Hay determinadas formas de delitos que son inmunes a los números macroeconómicos. Delitos a los que se los debe atacar desde lo cultural y no desde lo económico. Cuando se habla de la `pérdida de códigos` es este aspecto cultural al que me refiero. Por más que el Estado solucione buena parte del bienestar económico de la población, esos delitos seguirán existiendo; ya están como galvanizados. Pienso en delitos como el hurto, pero también en ciertos aspectos del delito organizado", afirma.

Trajtenberg relata la experiencia laboral en una cárcel en Barcelona. "En comparación con una cárcel uruguaya, había una gran diferencia. Se atendía al recluso con asistentes, psicólogos y las condiciones eran mucho más humanas. Aún así, la reincidencia era relativamente alta, cercana al 30%".

Pero también en el modelo propuesto como "europeo" hay matices. En Inglaterra se es imputable desde los 11 años. Y Londres es la ciudad más vigilada del mundo por las cámaras. En ninguna otra metrópolis se filma tanto a los ciudadanos como ahí. Esa presencia estatal y policial parece directamente inspirada en las visiones más ominosas de George Orwell. "El modelo que propone lidiar con el delito con políticas sociales y públicas, y con una actitud punitiva menos severa, no es patrimonio exclusivo de los estados de bienestar europeos", dice Camaño y deja claro que todos los modelos, provengan de Estados Unidos o la Unión Europea, mezclan, evalúan y prueban, siempre de acuerdo a un equilibrio entre los objetivos políticos y las normas morales que una sociedad adopta.

Hace aproximadamente un mes, el sociólogo argentino Pablo Alabarces, especialista en temas de violencia en el fútbol, relató la mezcla de medidas que el Estado británico tomó para solucionar, efectivamente, el problema de los hooligans. Entre éstas, se incrementó la vigilancia mediante cámaras, se reformó la estructura de los estadios para hacerlos más seguros y amigables para el público y se subió el precio de las entradas considerablemente. Hoy, el fútbol inglés es tan seguro como elitista.

URUGUAY. ¿Cuál es entonces, el modelo uruguayo? ¿Existe? Para algunos, como Diego Camaño, sí: "El modelo uruguayo es claramente represivo, tanto en el discurso como en los resultados", afirma y explica que eso va más allá de la división entre izquierda y derecha: "La ley de Seguridad Ciudadana en el 95 tuvo los votos del Frente Amplio, para asegurar la `gobernabilidad`. Y fue este gobierno, de izquierda, que convirtió el decreto de la dictadura 690/80, que permite detener a alguien para `averiguaciones`, en una ley, la de Procedimiento Policial".

Faroppa rechaza con énfasis la apreciación del abogado y señala que la Corte Interamericana de los Derechos Humanos habilita a restringir estos derechos cuando la sociedad así lo decide y esté amparado en la ley. "Lo que no se puede es restringir los derechos humanos por decreto".

Trajtenberg, por su parte, opina que no hay nada que indique se haya pensado en aplicar un modelo definido y elaborado. "No se ha pensado mucho. En el mundo existe una gran cantidad de conocimiento generado en torno a este tema, donde todo está sujeto a un balance y una evaluación, dado que se trata de dineros públicos. Hay que justificar el dinero invertido con resultados".

Aunque sostenga la importancia de la evaluación costo-beneficio, Trajtenberg también recuerda que se trata de un tema en el cual la moral permea todo el debate. Por eso planteaba que entre las cuatro preguntas fundamentales que una sociedad debe responder está el grado de castigo que ésta se dispone a tolerar. Y para graficar su postura, recurre a un ejemplo extremo: "Sería muy efectivo rociar con gas mostaza a barrios enteros y matar a todos ahí adentro. Eso disminuiría sensiblemente la delincuencia, pero ¿estamos dispuestos a aceptar eso como sociedad?".

Faroppa cree que hay cinco ítems que podrían facilitar un acuerdo entre todos los partidos para elaborar un modelo uruguayo: modernización de la estructura organizativa del Ministerio del Interior; profesionalización y jerarquización de la carrera policial; combate al crimen organizado y el narcotráfico; reforma del sistema carcelario y, finalmente, una discusión sobre el nivel de punibilidad, o castigo, que la sociedad uruguaya está preparada para aceptar.

A poco de abandonar el sillón presidencial, la promesa de Tabaré Vázquez de ser implacable con el delito, y también con sus causas, ha demostrado ser notoriamente difícil de cumplir.

Las drogas bajo ataque
Es imposible encontrar un jerarca o político que no hable del "flagelo" o del "azote" de la droga. También es imposible escuchar la opinión de que el consumo de sustancias ilícitas (o lícitas) no incide en los actos delictivos. Todos coinciden en que la droga (así, sin discriminar entre una y otra) es una de las principales causantes de la delincuencia. Esto a pesar de que no existen datos acerca de dicha incidencia. Que no los haya no depende solo de voluntad política para llevar a cabo los correspondientes estudios. Medir cuánto importó la dosis de pasta base fumada antes de cometer la rapiña requeriría que se le realizara los correspondientes exámenes al delincuente una vez que se lo atrapa, por ejemplo. En un contexto como el uruguayo, en el cual la Policía debe lidiar no solo con el delito sino también con una situación salarial muy grave. Hoy se calcula que el servicio 222 constituye más de la mitad de los magros ingresos que perciben los efectivos policiales. Sin embargo, el combate al tráfico de drogas está entre lo más exitoso que pueda exhibir la Policía y el Ministerio del Interior en la actualidad. En los últimos cinco años, la cantidad de droga incautada -principalmente cocaína y pasta base- ha sido mayor que todo lo que se registró hasta la fecha. Sin embargo, en muchos casos persisten en (o aumentan) los niveles de delincuencia y violencia.

El desafío que plantean los menores
La edad de inimputabilidad ha sido un tema caro a los políticos. Los jóvenes delincuentes son un el desafío para cual el Estado uruguayo aún no ha encontrado la solución, aunque se trate de apenas 500 personas. Un modelo que ha probado ser exitoso es el de Seguridad y Convivencia, aplicado en la ciudad de Medellín. La ONG sueca Save The Children escribe que la "cultura de la autorregulación" es el componente fundamental en este plan. "En lugar de gastar millones en policías que controlen todo, cada comunidad define participativamente reglas de convivencia y las respeta". Esa idea rectora ha conseguido reducir los homicidios a una sexta parte en cinco años, focalizada principalmente en los jóvenes varones y empobrecidos.

Equilibrios
Ricos y pobres
Durante mucho tiempo se sostuvo desde la izquierda que mejorando las condiciones económicas, sociales y culturales de las mayorías, el delito disminuiría. Hoy, con la primera experiencia de gobierno a punto de culminar, ese discurso ha sido sustituido por una heterogénea diversidad de opiniones que en algunos casos divergen de lo que tradicionalmente se postuló, como por ejemplo lo que sostiene Juan Faroppa en la nota central de este informe. Sin embargo, sigue predominando en el oficialismo la idea de que los índices macroeconómicos son decisivos a la hora de buscar las causas del delito, y sus posibles soluciones. Se afirma en un comunicado publicado el mes pasado en el sitio web de Presidencia que "la seguridad pública es un concepto global que depende de las políticas sociales" (donde además se informa que el gasto público en seguridad creció 75% en los últimos cinco años). De ser así, el más reciente informe del Ministerio de Desarrollo Social preocupa. Aunque los niveles de pobreza descendieron casi un 30% desde 2005, la distribución de la riqueza -medido por el Índice Gini, donde 0 es la igualdad total y 1 la desigualdad total- indica mayor desigualdad hoy (0,457) que en 1999 (0,437).