Salud mental en centros penales de Costa Rica

A continuación una serie de artículos de prensa publicados en LA NACIÓN de Costa Rica durante el mes de marzo de 2009.

CCSS TIENE UN AÑO PARA ACATAR MANDATO

Sala IV ordena crear hospital para detenidos con problemas mentales

Plan pretende separar a enfermos infractores de la ley de otros pacientes

Ministerio de Justicia aplaude resolución, mientras CCSS guarda silencio

Los magistrados de la Sala Constitucional ordenaron ayer a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) construir y poner en funcionamiento, en un plazo de un año, un centro de tratamiento psiquiátrico para personas inimputables.

Se trata de pacientes con medida cautelar o de seguridad por el sistema penal; es decir, personas que infringieron la ley, pero que los juzgados consideraron que no tenían la capacidad mental para cometer el delito con plena voluntad.

A estos individuos, como parte de las “medidas curativas de internamiento”, en lugar de recluirlos en un centro penitenciario, los internan ahora en el Hospital Nacional Psiquiátrico, junto con el resto de enfermos que allí residen.

La decisión del alto tribunal tiene como fin separar a los pacientes internados por orden judicial de los internados por criterio médico, para evitar que los primeros abusen de los segundos.

En ese centro médico hay al menos uno 70 pacientes con medidas de seguridad.

Un reportaje publicado por La Nación el pasado 1.° de marzo reveló como los enfermos mentales sufren abusos sexuales, extorsiones y constantes agresiones de quienes tienen medidas cautelares.

El recurso de amparo lo presentó la madre de un paciente del Hospital Psiquiátrico.

Razones. La Sala fundamentó su fallo en los derechos contenidos en los “Principios para la protección de los enfermos mentales y el mejoramiento de la atención de la saludo mental” (Naciones Unidas, 1991) y “la Declaración de los Derechos Humanos y de Salud Mental”.

Además tomaron en cuenta testimonios de personas vinculadas con el Hospital Psiquiátrico.

Por ejemplo, la directora de Enfermería, Betty Oviedo, dijo: “Es violatorio de los derechos humanos de las personas con trastornos mentales que están internados en el Hospital Psiquiátrico, tener que compartir los espacios del internamiento con usuarios internados por orden judicial que cumplen criterios de peligrosidad y que mantienen conductas delictivas”.

Este diario intentó obtener una reacción de la Dirección Médica de la CCSS, pero la oficina de prensa de la institución circuló un correo externando la negativa a dar declaraciones: “Las autoridades de la CCSS no se van a referir al tema, hasta no ser notificados y conocer a fondo la resolución”.

Justicia. Los magistrados, además, ordenaron a la ministra de Justicia, Viviana Martín, crear –también en un plazo de un año– una policía penitenciaria que se encargue de la custodia y contención de los internos con medidas cautelares.

Martín aplaudió la resolución del Tribunal. “Por motivos de seguridad no puede estar jamás mezclada la población del Hospital Psiquiátrico”, detalló.

La jerarca añadió que es “razonable” que la policía que se encargue de los pacientes con medidas de seguridad sea la penitenciaria, pues, según dijo, esta debe tener una sensibilidad especial.

Ambos recurridos, CCSS y Justicia, tendrán que informar periódicamente a la Sala sobre las medidas adoptadas para cumplir con lo resuelto en la sentencia.

Mientras entra en operación el nuevo centro, la Sala ordenó a la CCSS separar a los dos grupos de enfermos mentales en un “plazo razonable”.

Entre los miles de archivos de la Asamblea Legislativa se encuentra una propuesta de ley para crear un hospital psiquiátrico penitenciario.

Si se aprobara ese proyecto, por ley quedaría creada la institución que velaría porque las personas condenadas o indiciadas que tengan problemas mentales cuenten con un lugar donde ser tratadas y cumplir con sus condenas o llevar sus procesos.

De aprobarse el proyecto de ley, tanto la Caja como el Ministerio de Justicia estarían al frente de la obra.

Pero, por ahora, esa propuesta, presentada hace más de dos años, sigue en el papel.

En primeras. El expediente 16.269 duerme en el letargo legislativo a la espera de que el Poder Ejecutivo lo convoque en sesiones extraordinarias, o bien que los diputados lo discutan en sesiones ordinarias para acelerar su trámite.

La iniciativa ya cuenta con un requisito: el informe de la subcomisión de Derechos Humanos del Congreso, y está a la espera de recibir dictamen de comisión.

De ahí debe pasar , ya sea a un miniplenario (compuesto por 19 diputados) o al plenario, compuesto por los 57 diputados.

“Ya lo hubiéramos aprobado si el Ejecutivo lo hubiera convocado, pero no es así”, se quejó la diputada Ana Helena Chacón (PUSC), quien junto con Alexánder Mora (PLN) impulsan el plan.

Incluso, en la reciente reforma a la Junta de Protección Social (JPS) quedó separada una partida para financiar esta institución, dijo Chacón.

El viceministro de la Presidencia, Roberto Thompson, aseguró que estudiará el proyecto la próxima semana.

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AUTORIDADES MÉDICAS ALARMADAS POR DIVERSIDAD DE FECHORÍAS

Reos violan, roban y venden drogas en Hospital Psiquiátrico

 Aprovechan su experiencia en las cárceles para controlar a pacientes

 Reclusos también cobran fuertes sumas de dinero por dar “protección”

NICOLÁS AGUILAR R. | naguilar@nacion.com

Un paciente de 19 años con retardo mental no dudó en señalar a quien lo sometía a abusos sexuales en el Hospital Nacional Psiquiátrico, en Pavas, San José.

El personal médico ni siquiera se sorprendió al escucharlo.

El victimario era uno de los 70 reos enviados allí por tribunales y juzgados como parte de “medidas curativas de internamiento”.

Muchos de esos internos, denuncian las autoridades, también roban, asaltan y almacenan o venden drogas en el hospital.

Se trata de personas acusadas o ya condenadas por incendio, violaciones, robos agravados, lesiones graves y asesinatos.

Cuando cometieron esos delitos sufrían algún tipo de demencia, según despachos judiciales.

Algunos se recuperan tras varias semanas de internamiento y entonces aprovechan “habilidades” aprendidas en prisión para “apoderarse y controlar totalmente el Hospital”.

“Es un asunto muy grave y, lamentablemente, es poco lo que podemos hacer”, reconoció Alvaro Hernández, jefe de Servicios Médicos del Psiquiátrico.

Estos pacientes, algunos ya sentenciados a largas penas, otros a la espera de juicio, también amenazan de muerte al personal médico y administrativo.

“Tenemos empleados incapacitados por fracturas de nariz y otras lesiones”, añadió.

Tampoco respetan a los policías que envían para custodiar a quienes tienen juicios pendientes. Hace pocos días casi violan, entre varios, a una mujer policía, informó Randal Picado, subdirector de la Fuerza Pública.

Además, por las condiciones del Psiquiátrico, algunos de los oficiales destacados durante algún tiempo allí terminan sufriendo trastornos mentales y deben luego ser incapacitados para recibir tratamiento especializado.

Venden “protección”. Algunos reos cobran dinero por “servicios de protección”, al mejor estilo de las cárceles nacionales.

En los pasillos, rodeados de jardines, caminan lentamente los internos; algunos hablan solos y van repitiendo incoherencias. Otros miran asombrados al cielo, a un lado, al piso y, de pronto, explotan en carcajadas.

Estas son las víctimas preferidas de la población sometida a medidas judiciales de internamiento. “Todos los días tenemos quejas de familiares por esos cobros. Hay que explicarles qué pasa, pero realmente esto se nos sale de control”, se lamentó Hernández.

Además, cada año, según informes oficiales, entre cinco y siete pacientes son víctimas de violación. “Son situaciones muy dolorosas. Cómo le explico yo al familiar de un paciente que fue violado por una persona que está con una medida judicial, que no pudimos evitarlo y al final es culpa nuestra”, dijo el funcionario.

.Algunos reos permanecen en el Psiquiátrico 15, 20 o más años sin que las autoridades judiciales ordenen su liberación o envío a una cárcel, que —considera Hernández— “es lo que a veces procede”.

Las medidas curativas dictadas por jueces son de acatamiento obligatorio y el reo debe seguir hospitalizado por tiempo indefinido.

Para Abel Jiménez, presidente de la Asociación Costarricense de Jueces (Acojud), se necesita mejorar los canales de comunicación entre el Psiquiátrico y los juzgados de ejecución de la pena, donde resuelven el destino de esos pacientes. “Podemos dialogar sobre casos concretos y hacer propuestas concretas a la Corte”.

Algunos internos se escapan a menudo para “irse de fiesta” pero regresan tiempo después. Otros huyen y nunca regresan.

“Hay 100 fugas al año”, indicó el jefe de servicios Médicos

Solo los reos con juicios pendientes son custodiados por policías, lo cual representa otro serio problema. “Hace poco un policía se durmió y le robaron la pistola. Tuvimos que cerrar un pabellón y coordinar la búsqueda del arma. Gracias a Dios apareció en un basurero”, rememoró el funcionario.

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 El enajenado mental no puede ir a prisión

NICOLÁS AGUILAR R. | naguilar@nacion.com

El 26 de marzo del 2006, un hombre de apellido Delgado mató a machetazos a su mamá en Puna de Biolley, en el cantón de Buenos Aires, Puntarenas.

El responsable no intentó escapar, tampoco parecía nervioso cuando lo detuvieron.

Pese a la gravedad del delito, Delgado no fue enviado a prisión pues en el momento del crimen sufría una “grave perturbación mental” y no podía comprender el carácter ilícito de sus actos.

Está internado en el Hospital Nacional Psiquiátrico, en Pavas, San José, donde permanecerá “por muchos años”.

De acuerdo con el Código Penal, ese tipo de personas son “inimputables”, es decir, no pueden ser sentenciadas pero, a cambio, un tribunal dicta contra ellas “medidas de seguridad curativas” por tiempo indefinido, dependiendo del delito.

El Psiquiátrico debe recibirlos y darles tratamiento inmediato.

Otras personas incurren en delitos cegados por consumo excesivo de drogas o bebidas alcohólicas y, en esos casos, tampoco pueden ser condenados a prisión.

El problema que enfrenta el personal médico a cargo es que estos pacientes, casi siempre, causan serios problemas dentro del sistema hospitalario. Se delega la custodia del sentenciado al Psiquiátrico, pero no se le toma su criterio para la imposición de la medida curativa ni el levantamiento de la pena. “Es un absurdo mantener a una persona muchos años internada cuando la atención máxima recomendada es de un mes”, indicó Álvaro Hernández, jefe de Servicios Médicos .

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‘Chepe’ robaba de todo para irse de fiesta

NICOLÁS AGUILAR R. | naguilar@nacion.com

Este paciente, conocido como Chepe , condenado a medidas curativas por un intento de homicidio, fue por mucho tiempo el peor dolor de cabeza del Hospital Nacional Psiquiátrico.

Al no contar con custodia policial podía desplazarse libremente por el pabellón donde estaba recluido y hacer de las suyas.

Empezó robando pequeñas cosas —monedas que dejaban mal puestas—; después, de todo.

Así lo cuenta el jefe de Servicios Médicos del Psiquiátrico, Álvaro Hernández, quien recuerda al paciente como una persona problemática, incontrolable.

Chepe conocía el Hospital perfectamente y escapaba cada vez que deseaba “enfiestarse”.

“Este tipo de personas saben que tenemos que recibirlos, es una orden judicial, y entonces se escapan y regresan cuando quieren. Son un problema”, añadió.

Otros se la ingenian para introducir drogas al Psiquiátrico y controlar su comercialización.

Chepe también protagonizó peleas con otros internos y fue investigado por diversas fechorías.

Sus correrías acabaron en diciembre anterior cuando, durante una de sus fugas, lo detuvieron tras protagonizar un escándalo en un bar de la ciudad de Puntarenas. Lo encerraron en una celda de la Fuerza Pública y se ahorcó .

Violador en serie. Otro caso que provocó serios trastornos en el Psiquiátrico fue el de un vecino de la zona sur del país, internado por cometer violaciones en serie.

Un tribunal lo declaró inimputable y ordenó medidas curativas por largo tiempo.

Pasó 15 años recluido y abusó de al menos 10 internos. Aunque las autoridades médicas intentaron muchas veces “darlo de alta” para que regresara a su comunidad, el juzgado a cargo del caso no lo autorizaba. Fue el terror de pacientes y del personal hospitalario, especialmente de las doctoras más jóvenes. Finalmente, ordenaron su liberación y no ha vuelto a dar problemas.

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EN POCAS PALABRAS

ÁLVARO HERNÁNDEZ - JEFE DE SERVICIOS MÉDICOS DEL PSIQUIÁTRICO

‘Una población complicada’

¿Qué situación enfrentan con los presidiarios enviados por orden judicial al Hospital Nacional Psiquiátrico?

La mayoría no está por delitos que tengan que ver con su enfermedad de fondo. Son conductas delictivas habituales. De esta manera, estamos acumulando a una población muy complicada. Son personas con farmacodependencias, antecedentes de violencia múltiples, delitos contra la vida, robos agravados y mantienen esas conductas dentro del sistema hospitalario”.

¿Pero qué tipo de problemas provocan, qué hacen?

Se da de todo. Hay violaciones, tanto de mujeres como de hombres. A diario se registran también robos y hasta tráfico y consumo de drogas. Esto no es una cárcel, es un hospital especializado, deben entenderlo.

¿Puede darme un ejemplo concreto, el caso de un reo común internado recientemente?

Claro. Esta semana recibimos a un chico de 17 años, vive en unión libre, tiene dos hijos y lo vinculan con 50 delitos, entre ellos violaciones y robos. También resistencia a la autoridad, hurtos y lo mandan por seis meses para que nosotros lo tengamos en una unidad de niños con trastornos psiquiátricos, cuando esa persona lo que tiene es una conducta delictiva establecida...”

¿Cómo reaccionan los familiares de los pacientes regulares del hospital?

Es tremendo. Recibimos muchas quejas. No entienden por qué sus familiares deben convivir con pacientes que tienen medidas judiciales. Nos obligan a mantener internadas a personas que no tienen ninguna razón médica para estarlo.

¿Qué soluciones han planteado. Qué hacer entonces con los presidiarios que necesitan tratamiento psiquiátrico?

Trabajamos en un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa para crear un centro especializado, adscrito al Ministerio de Justicia. El presupuesto saldría de la Junta de Protección Social y el personal de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esa es la solución, un sitio exclusivo para ese tipo de población.

¿Y cuándo concretarán ese proyecto?

Esperamos que pronto, al menos ya tiene el financiamiento.